Ricardo Salazar Perez

Expediente 324/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
324/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Salazar Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la materia de cuenta, se acuerda lo siguiente: Del estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de once de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio de garantías, sin que las partes quejosa y tercera interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de garantías. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables...

  2. Incidental

    IV. Uruapan, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. De la cuenta secretarial se advierte que, en proveído de esta fecha, dictado en el expediente principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se tuvo por consentido el acuerdo de once de octubre del año en curso, que declaró por cumplida la sentencia ejecutoriada, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, tercer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de este proveído, lo que significa que únicamente se conservarán el acuerdo y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, once de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sahuayo, Michoacán, mediante diversos oficios, de entre los cuales destacan los registrados bajo los números de orden 22323, 764, 4875, 7523 y 13462, informó respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y al efecto, remitió copia autorizada de las constancias correspondientes (fojas 190, 191, 206 a 210, 272 a 279, 292 a 295 y 305 a 310). En proveído de diecisiete de agosto del año en curso (foja 311), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el último de los referidos comunicados, esto es, el registrado con el consecutivo 13462 (fojas 305 a 310), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad requerida, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Por tanto, este Juzgado de Distrito procede a resolver si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sobre el particular, resulta ilustrativa la siguiente tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Al respecto, se establece lo siguiente: Por sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado de Distrito, se concedió al quejoso, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 167 a 181). Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sahuayo, Michoacán, el cumplimiento al fallo protector (fojas 185 a 187), debiendo realizar lo siguiente: Declare nulo todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 531/2016, a partir del emplazamiento practicado a la demandada Enriqueta Pérez de Anda, el tres de junio de dos mil dieciséis, incluyendo la sentencia y actos de ejecución que hayan sido dictados con posterioridad. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Sahuayo de Morelos, Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, así como a todos los actos de ejecución que hubieren derivado de los reclamados en el presente juicio, por ser consecuencia de los que se estimaron inconstitucionales. Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Sahuayo, Michoacán, remitió a este órgano jurisdiccional diversos comunicados con las constancias respectivas, de entre los cuales destacan los registrados bajo los números de orden 22323, 764, 4875, 7523 y 13462, ordenándose en proveído de diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, con el último de los referidos comunicados, a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga (foja 311). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, párrafo segundo. Ahora, del examen de las constancias de referencia, se desprende que el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Sahuayo, Michoacán, efectúo lo siguiente: En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, declaró nulo todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 531/2016, a partir del emplazamiento practicado a la demandada Enriqueta Pérez de Anda, llevada a cabo el tres de junio de dos mil dieciséis (foja 190). Asimismo, en acuerdo de diez de enero de dos mil dieciocho, ordenó girar el oficio 19/2018, al licenciado Manlio Gallegos Barragán, Notario Público número 39, con ejercicio y residencia en Sahuayo, Michoacán, para que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, elabore la cancelación de la escritura pública número diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve, volumen (CCLXII), de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete; de igual manera, remitió el comunicado 17/2018, al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, para que proceda a realizar los trámites inherentes a la cancelación de la referida escritura pública número (fojas 208 y 209). Posteriormente, mediante oficio 515/2018, de treinta de abril del año en curso, ordenó al Receptor de Rentas, con sede en Briseñas, Michoacán, proceda a realizar los trámites inherentes a la cancelación de la inscripción catastral de propiedad que se realizó en favor de Luis Salazar Hernández, con clave 16-2002-011-0001-01-01-002-2251-00-000, respecto del inmueble ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria, número 23, en Briseñas, Michoacán, con motivo de la tramitación del juicio ordinario de origen (foja 294). Circunstancia, por la que las referidas autoridades, procedieron a realizar lo siguiente: El licenciado Manlio Gallegos Barragán, Notario Público número 39, con ejercicio y residencia en Sahuayo, Michoacán, canceló la escritura pública número diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve, volumen CCLXII, de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, relativa a la escritura de adjudicación de inmueble que en rebeldía de Enriqueta Pérez de Anda, otorgó el Juez responsable, en favor de Luis Salazar Hernández, respecto del inmueble ubicado en calle Guadalupe Victoria, número 23, en Briseñas, Michoacán, materia del acto reclamado (fojas 272 a 279). El Director de Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en Morelia, Michoacán, mediante oficio RPP/DAT/513/2018, registrado con el consecutivo 2504, informó que realizó la cancelación de las anotaciones registrales de dicha escritura (fojas 225 a 235). De igual manera, el Receptor de Rentas de Briseñas, Michoacán, realizó la cancelación de la inscripción catastral de propiedad que se efectuó en favor de Luis Salazar Hernández, con clave 16-2002-011-0001-01-01-002-2251-00-000, respecto del citado inmueble ubicado sobre la calle Guadalupe Victoria, número 23, en Briseñas, Michoacán, para quedar nuevamente a nombre de Enriqueta Pérez de Anda (fojas 305 a 310). En consecuencia, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin exceso ni defecto. Con lo anterior, dése vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE...

  4. Principal

    IV. Uruapan, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio con anexos de cuenta, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Sahuayo, Michoacán, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de julio del año en curso, informa respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y al efecto, remite las constancias con la que pretende acreditar dicha circunstancia. Por tanto, con apoyo en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con las constancias de referencia, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio y en el momento procesal oportuno, resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que existan en el expediente y los datos aportados por la autoridad en cuestión. Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA...

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