Ricardo Santiago Salinas

Expediente 1437/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1437/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Santiago Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso al que se anexó el juicio de amparo 1437/2022-VI del índice de este órgano federal, con motivo de la incompetencia planteada; asimismo, comunica que aceptó la misma; de lo que se toma conocimiento. En consecuencia, archívese este expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que este juzgado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda, en razón de que el acto reclamado constituye una resolución que se equipara a una actuación que pone fin al juicio de origen, de conformidad con el artículo 21, inciso j) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito de Ricardo Santiago Salinas, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de catorce de diciembre del presente año. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama en esencia: El proveído de catorce de noviembre del presente año, emitido por la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 740/2022, por el cual inadmitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del auto de seis de octubre del presente año, por medio del cual el Juez Décimo Civil de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, a su vez, inadmitió la tercería excluyente de dominio intentada en el expediente civil 511/2021 de su estadística. INCOMPETENCIA Ahora bien, este órgano de control constitucional advierte que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo con base en las siguientes consideraciones: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional..." De ese modo, el acto reclamado consistente en el proveído de catorce de noviembre del presente año, emitido por la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 740/2022, por el cual inadmitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del auto de seis de octubre del presente año, por medio del cual el Juez Décimo Civil de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, a su vez, inadmitió la tercería excluyente de dominio intentada en el expediente civil 511/2021 de su estadística; constituye una determinación que, sin decidir el juicio en lo principal, pone fin al juicio, en tanto que no permite que se le dé trámite a la acción planteada por la aquí parte quejosa, dando por concluida esa acción. Esto es así, tomando en consideración que el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, indica que un juicio inicia con la presentación de la demanda, por lo que en caso de no ser admitida o ser desechada, el auto que así lo determina, constituye uno que sin decidirlo en lo principal, da por concluido el procedimiento del que deriva el acto reclamado. Luego, si bien es cierto que el escrito en el cual la parte quejosa denunció la tercería, no se refiere formalmente a una demanda, el artículo 2.271 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que las tercerías excluyentes se substanciarán conforme a las reglas del juicio ordinario y, atendiendo al diverso numeral 2.108 de esa misma legislación, que refiere que todo juicio iniciará con la demanda; se concluye que el auto que inadmite una tercería excluyente es equiparable al auto por el cual no se admite una demanda. Esto es así, ya que la naturaleza jurídica de las tercerías excluyentes de dominio, tanto material como formalmente, es la de ser un juicio autónomo, pues en ésta se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, o sea, la materia de la controversia que versa en la tercería es distinta a la del juicio que la origina. En el caso concreto, la acción principal proviene de un juicio ordinario civil relativo a la reivindicación de un inmueble y en la tercería que promovió la parte quejosa, lo que pretende es que dicho bien no sea considerado dentro de las prestaciones reclamadas pues, aduce, es de su propiedad y no del demandado. Así, el quejoso se constituye como un tercero ajeno a la controversia principal (juicio ordinario civil) y, al ejercer una nueva acción (tercería excluyente de dominio) debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son la parte en el juicio principal, como lo señala el artículo 2.270 del código adjetivo antes mencionado; por lo que esa acción se tramita por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 59/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, visible a página 83, del rubro y texto siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE. De los artículos 1362 y 1368 del Código de Comercio se desprende que las tercerías excluyentes, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, lo cual materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. El tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, todo esto evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. En esas condiciones, la resolución que se emite en una tercería excluyente, una vez que causa ejecutoria, no puede ser modificada o anulada por la que se dicte en el juicio que le da origen. Además el artículo 1369, del mencionado ordenamiento, les da la calidad de juicios, sin que pueda estimarse que por la vinculación de la tercería con el juicio que la motiva se trate de un incidente, pues tal vinculación constituye una característica propia de las tercerías excluyentes, las cuales tienen su origen en la afectación judicial sobre bienes de la parte demandada, respecto de los cuales el tercerista alega tener mejores derechos." Por analogía en su razonamiento, apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 94/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2013, visible a página 498, del rubro y texto siguientes: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013." Bajo esa óptica, se desprende que la determinación combatida es una resolución que se equipara a una actuación que pone fin al juicio, ya que inadmite un recurso interpuesto en contra de un auto que da por concluido el litigio sin decidirlo en lo principal, esto es, sin resolver las pretensiones del tercerista; por lo que es impugnable mediante el juicio de amparo directo, tal y como lo establece el artículo 170 de la Ley de Amparo, pues mediante esa vía procede impugnar las determinaciones respecto de las cuales sin resolver el asunto en lo principal lo den por concluido. Sirve de apoyo la Tesis Aislada II.1.C.148 de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, visible a página 701, del rubro y texto siguientes: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN AQUÉLLA SE DICTE, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si en juicio ejecutivo mercantil ocurre como parte interesada un tercero, por afectársele un determinado derecho y, por ello, promueve tercería excluyente de dominio, aun cuando su procedimiento se tramite por cuerda separada en relación con el juicio natural, ello sólo significa que por la naturaleza de su tratamiento procedimental, la resolución que decide el fondo de la misma tiene el carácter de interlocutoria, pues si ahí se resolvió sobre la procedencia o improcedencia de esa tercería, tal fallo debe considerarse como una sentencia definitiva por haberse resuelto el fondo de esa cuestión. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial." También se invoca por igualdad de razón la jurisprudencia 1a./J. 97/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2017, visible a página 241, del rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad." En ese sentido, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que se surte la competencia a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito, por tanto, remítase la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, en turno, para lo que tenga a bien determinar, solicitando de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. Intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que deberá constar copia certificada de las constancias necesarias, para los efectos legales correspondientes. CONSULTA VÍA INTERNET Como lo solicita, en su escrito de cuenta, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías al usuario ********************y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Ricardo Santiago Salinas; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1437/2022-VI. PREVENCIÓN De inicio, debe indicarse que el numeral 114 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está facultado para requerir al promovente con el propósito de que aclare su demanda cuando existan deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. Así, una vez analizada integralmente la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma que impiden a este órgano federal proveer lo que en derecho corresponda. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción I y 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: a) Exprese bajo protesta de decir verdad la fecha en que fue notificado o tuvo conocimiento del auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el toca de apelación 794/2022, del índice de la Segunda Sala Colegiada Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, pues de su demanda no se aprecia ese dato. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a) de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.". b) En vía de ampliación de antecedentes, deberá realizar una transcripción completa del auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 794/2022, emitido por la Segunda Sala Colegiada Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, así como del proveído de seis de octubre de dos mil veintidós; o bien, exhiba copias de éstos en caso de contar con ellas, lo anterior con motivo de que en el capítulo respectivo realiza una breve descripción de los mismos; sin embargo es necesario conocer la totalidad de su contenido a efecto de determinar la lititis en el presente contradictorio constitucional. c) Como parte de los antecedentes manifieste bajo protesta de decir verdad si contra el acto reclamado, promovió algún medio de impugnación o algún otro juicio de amparo contra los mismos que son materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la ley de amparo, en su artículo 261, establece pena de prisión y multa en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; por lo que se le apercibe que, en caso de hacerlo, al resolverse este asunto se dará vista al agente del Ministerio Público Federal competente para la investigación correspondiente. d) Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito con que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir el mismo número de copias que adjuntara al presentar su demanda de amparo, para correr traslado a las partes. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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