Ricardo Sánchez Sánchez
Expediente 299/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ricardo Sánchez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de doce de abril de dos mil dieciocho, dictada en los autos de la queja 35/2018. Acúsese recibo. Así, dicha resolución en su único punto resolutivo indica: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por..., en contra DEL ACUERDO DE veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, dictado el Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el juicio de amparo indirecto número 299/2018-VI-'A'." Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el cual acusa recibo del recurso de queja hecho valer en el presente juicio e informa que se admitió con el número 35/2018. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa, a través del cual desahoga en tiempo y forma la prevención formulada el diecinueve de febrero del año en curso; por tanto, se provee: ACTO RECLAMADO. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión en el cumplimiento del laudo de catorce de noviembre de dos mil catorce, dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, relativo al juicio laboral SAT/09/2010; es decir la abstención del cumplimiento al pago de lo que resultó del citado laudo, por parte de diversas autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Tequixquiac, Estado de México. DESECHAMIENTO. Lo anterior, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En relación con los actos que atribuye a: 1.- Ayuntamiento Constitucional de Tequixquiac, Estado de México; 2.- Presidente del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; 3.- Síndica del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; 4.- Regidores (1° al 10°) del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; 5.- Tesorero del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; y, 6.- Director Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Tequixquiac, Estado de México. Se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad, responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para determinar a quiénes se debe considerar como autoridades para efectos del juicio de amparo, el último de los preceptos invocados señala que se atribuye ese carácter a la autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, a la que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO..." El elemento que define en qué casos se está en presencia de un acto de autoridad es su naturaleza, en tanto afecte la situación jurídica de un particular además de que sea realizado con motivo de relaciones de supra a subordinación, que son las que se dan entre gobernantes y gobernados, en donde los primeros desempeñan frente a los segundos, actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad (su existencia depende solo de la autoridad), imperatividad (se impone aun contra la voluntad del gobernado) y, coercitividad (no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública). De igual manera, existen las relaciones de coordinación, en las cuales, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para dirimir las controversias que se suscitan entre ellas y ambas partes estarán en el mismo nivel. Entonces, para determinar si las autoridades señaladas como responsables, son autoridades para efectos del juicio de amparo, deberá examinarse, en principio, el tipo de relación jurídica establecida a fin de determinar si ésta se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y que el ente al que se atribuye el acto reclamado actúe en un plano superior. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. Lo anterior, se desprende de la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS..." Precisado lo anterior, en el caso, el presente asunto deriva del juicio laboral SAT/09/2010, en el que el quejoso es parte actora, y cuyo reclamo en la presente instancia constitucional estriba esencialmente en la omisión del incumplimiento al pago del laudo de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce dictado por la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por parte de diversas autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Tequixquiac, Estado de México. En ese tenor, el acto que el quejoso reclama de las autoridades señaladas con anterioridad, no constituye un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo; en virtud que dichas autoridades, a quien la parte quejosa atribuye el acto reclamado, no tienen el carácter de autoridades responsables para efectos de la presente instancia constitucional, porque fueron parte demandada en el juicio natural y pese a que por su naturaleza puede atribuírsele el carácter de autoridades, en el caso, no encuadra en la hipótesis prevista en la ley para considerarla como responsables en el juicio de amparo. Lo anterior es así, teniendo en cuenta que en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, las autoridades municipales de que se trata, no actúan con el carácter de autoridad, sino que se asemeja a un particular (patrón), en contra del cual se dictó el laudo que se debe cumplir obligatoriamente, para lo cual la Ley del Trabajo de los Servidos Públicos del Estado, y Municipios, prevé el procedimiento de ejecución forzosa, facultando al tribunal correspondiente, para que instado por la parte ejecutante, dicte las determinaciones necesarias para lograr el cumplimiento del laudo. En virtud de lo expuesto, se colige que la omisión reclamada en esta vía no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, ya que se atribuye a la autoridad demandada que, en su calidad de patrón, figuró en el juicio laboral como parte y actuó durante la tramitación del juicio laboral, incluso, en la etapa de ejecución, en un plano de igualdad y bilateralidad con la parte actora, aquí quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII Tomo 3, Agosto de 2013, Décima Época, con el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO...". Asimismo, apoya el sentido de la presente sentencia, la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, página 1956, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN..." En consecuencia, procede desechar la demanda respecto a los actos reclamados al Ayuntamiento Constitucional de Tequixquiac, Estado de México; Presidente del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; Síndica del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; Regidores (1° al 10°) del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; Tesorero del Ayuntamiento de Tequixquiac, Estado de México; y, Director Jurídico del Ayuntamiento Constitucional de Tequixquiac, Estado de México, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa
- Principal
"...Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por...quien señala ser representante de la parte quejosa...regístrese bajo el número 299/2018-VI-B. PREVENCIÓN Ahora bien, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones I y III en relación con el numeral 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días legalmente computados, realice bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1.- Exhiba la documental que permita acreditar fehacientemente que Darío Enrique Herrera Granados, tiene la personería con la que se ostenta como representante de la parte quejosa...dado que no exhibe documento idóneo con el cual lo acredite. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 48, Tomo IV, Julio de 1996, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." No es óbice los anexos exhibidos, toda vez que se trata de copias fotostáticas, que tienen un sello original de la caja principal de...ya que estos no pueden sustituir al documento que legalmente expedido (copia certificada) demuestre que ante la responsable tiene reconocida la personalidad. 2. Deberá señalar si es su deseo tener como acto reclamado no acordar favorablemente la promoción presentada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, en el expediente número SAT/09/2010, del índice de la Sala Auxiliar en Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el que solicitó la planilla de liquidación por la cantidad de...así como que dictara auto de ejecución. 3. Si su respuesta a lo anterior es afirmativa, deberá indicar si es su deseo tener como autoridad responsable a la Sala Auxiliar en Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. Sustenta lo señalado, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, a página 186, tomo XII, Septiembre de 1993, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo." En la inteligencia que las autoridades responsables deben estar designadas correctamente en la demanda de amparo, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa; de ahí que puede existir confusión de qué funcionario debe acudir al juicio con el carácter de responsable. 4. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte quejosa que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir diecisiete juegos de copias del mismo para cada una de las partes (autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrito), incluyendo del documento con el que acredite su personalidad. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Así como, la tesis 2a./J. 124/2016 (10a.), visible en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." APERCIBIMIENTO Apercibida la parte quejosa que de no desahogar la prevención en el término indicado, respecto a los puntos marcados con los números 2 y 3, se admitirá únicamente por el acto y autoridades que señala como responsables en su escrito inicial de demanda, a su vez, de no desahogar lo establecido en el punto 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado. Asimismo, se tienen por autorizadas las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las demás partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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