Ricardo Vargas Higuera

Expediente 915/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
915/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Vargas Higuera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 915/2020-III; y, R e s u l t a n d o Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en esta ciudad, remitido el veintiséis siguiente a este órgano jurisdiccional por razón de turno, Ricardo Vargas Higuera, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (en su denominación correcta) y otra autoridad, por los actos que se precisarán más adelante en el considerando segundo. Segundo. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de noviembre de la anualidad pasada se admitió a trámite la demanda que se registró con el número 915/2020-III, se dio la intervención que legalmente le compete a la representante social federal de la adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional. Tercero. Reanudación del procedimiento. El veinticuatro de febrero actual se ordenó la continuación del procedimiento que se suspendió con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada en nuestro país por la enfermedad Covid-19, por lo que se señaló nueva fecha para la audiencia de ley, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos reclamados se ejecutaron dentro del territorio comprendido dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México: 1) Las medidas de protección emitidas en la carpeta de investigación CUA/FVG/VGC/032/077261/20/03, consistentes en: - Prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas de identidad resguardada de iniciales MLCC, DRC y KVC. - Limitación para acercarse o comunicarse al domicilio de las víctimas, ubicado en Hacienda Real de Tultepec, Oriente 253 B, fraccionamiento Hacienda Real de Tultepec, Estado de México. - Separación inmediata del referido domicilio. - Ingreso de las víctimas a ese inmueble. 2) La emisión de la orden de arresto contra el impetrante. Del Encargado de Grupo de la Policía de Investigación del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México: 3) El cumplimiento y ejecución de las medidas de protección y de la orden de arresto. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos consistentes en la orden de arresto y su ejecución, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe con justificación y el impetrante no ofreció prueba idónea para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reprochados a las autoridades indicadas, lo procedente es sobreseer en este juicio al tenor de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite y el Encargado de Grupo de la Policía de Investigación, ambos del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, confirmaron su participación en la emisión y ejecución de los restantes actos combatidos, razón por la que se tienen por ciertos los actos atribuidos a las autoridades indicadas en el respectivo ámbito de sus competencias. La certeza de que se habla se corrobora también con las copias certificadas de la carpeta de investigación CUA/FVG/VGC/032/077261/20/03 (que obran en el incidente de suspensión y que se tienen a la vista al emitir este fallo) de las actuaciones y audiencias practicadas en la carpeta auxiliar 226/2020 y carpeta administrativa 836/2020; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197, 202, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Quinto. Causales de improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público. En el presente asunto, este órgano de control constitucional advierte -de manera oficiosa- que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que cesaron los efectos de las medidas 2) de protección emitidas en la carpeta de investigación CUA/FVG/VGC/032/077261/20/03, por haber sido sustituidas procesalmente por las medidas cautelares impuestas al quejoso con motivo del auto de vinculación a proceso dictado en su contra el nueve de diciembre de dos mil veinte en la carpeta administrativa 836/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México. La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional en el que concluye la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, en virtud de una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera de derechos del agraviado queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado transgresor de derechos fundamentales. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se estima violatorio desapareció, o bien, por un acto posterior fenecieron las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del gobernado es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 9/984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, por lo que esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso concreto, como se dijo, el amparista se duele de que se decretaron diversas medidas de protección en favor de las víctimas de identidad resguardada de iniciales MLCC, DRC y KVC, las cuales fueron decretadas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la indagatoria CUA/FVG/VGC/032/077261/20/03. En ese tenor, se considera que los efectos jurídicos de tales medidas han sido sustituidos procesalmente por las diversas medidas cautelares que fueron emitidas en la carpeta administrativa 836/2020, por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, que radicaron en: - Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas de identidad resguardada de iniciales MLCC, DRC y KVC. - Prohibición para reunirse o acercarse o comunicarse al domicilio en el que habitan las víctimas. - Separación del referido domicilio. Ante ello, resulta evidente que esta nueva determinación (nueve de diciembre de dos mil veinte) implica que subsistan las prohibiciones impuestas al agraviado; motivo por el cual las partes intervinientes en la carpeta administrativa 836/2020 deberán ceñirse a lo resuelto por el Juez de Control que conoce del proceso penal instaurado contra el promovente del amparo, no así por el representante social que integra la carpeta de investigación CUA/FVG/VGC/032/077261/20/03. Por lo anterior, es claro que las medidas de protección primigenias de manera alguna violenta los derechos fundamentales del impetrante por haber cesado sus efectos, ya que es la determinación dictada en la carpeta administrativa 836/2020 el nueve de diciembre pasado la que incide en la vigencia y ejecución de esas medidas y, por ende, es ésta la que impera sobre aquellas. De ahí que si las medidas cautelares que se dictaron con motivo de la vinculación a proceso del agraviado implicaron dejar sin efectos las anteriores medidas de protección que se decretaron durante la investigación inicial por el representante social responsable, resulta válido sostener que éstas dejaron de tener efectos legales propios por haber sido sustituidas procesalmente por la nueva determinación que impuso medidas cautelares en el proceso penal mencionado. Resulta ilustrativa, por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , que establece: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Continúese con la tramitación del presente asunto conforme al Acuerdo General 21/2020, atendiendo a que por Circular SECNO/10/2021 se levantó la suspensión decretada por su similar CAP/2/2020 relativa a la "Propuesta de medidas en relación con los contagios de la enfermedad Covid-19 en los órganos jurisdiccionales del Segundo Circuito", misma que fue extendida por las diversas SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del veintiocho de diciembre del año pasado y en su lugar se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno para su verificativo. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia de ley a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por acuerdo de dieciséis de diciembre ulterior, remite diversas constancias relativas a la carpeta auxiliar 226/2020 y a la carpeta administrativa 836/2020; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese, personalmente al quejoso en el domicilio ubicado en ... vía electrónica a la agente del Ministerio Público Federal adscrita,

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el informe justificado de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite del Centro de Justicia para las Mujeres de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. Atendiendo a que la autoridad oficiante adjuntó al informe previo que rindió en el incidente de suspensión copia certificada de la carpeta de investigación ******************** (indagatoria de la que derivan los actos reclamados); téngase a la vista dicha documental al momento de resolver este asunto, en el entendido que queda a disposición de las partes para su consulta en el local que ocupa este juzgado. Por otra parte, el representante social manifiesta que el uno de diciembre de esta anualidad se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas de protección en la carpeta auxiliar ********************, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, determinó ratificar dichas medidas por el plazo de sesenta días. Por tanto, toda vez que se considera necesario para la debida resolución de este asunto, así como para advertir si se actualiza alguna causal de improcedencia, con fundamento en los artículos 62 y 75 de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, informe el estado procesal de la carpeta auxiliar ******************** y remita copia certificada de las actuaciones que la integran. Con el apercibimiento que de ser omiso o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización a que alude la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 259 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis número P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Así como también la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de título: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL."

  4. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso, en atención a su petición de acceso al expediente electrónico, se autoriza al usuario "LAWYER34", para lo cual se encuentra disponible el expediente electrónico en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlin ea. Toda vez que el domicilio que señala se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez); hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio anterior; todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos de la fracción XIX, del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus Covid-19, téngase como correo electrónico y números telefónicos, los que indica a fin de que este Juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Finalmente, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.

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