Ricardo Rodriguez Ramirez
Expediente 1426/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ricardo Rodriguez Ramirez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en atención a su contenido, se provee: Téngase al citado funcionario informando que se declaró firme el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 508/2022, en el que la Superioridad desechó el recurso de queja intentado. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta. Destrúyase el legajo de copias certificadas que se remite, por ser innecesarias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 102, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se levanta la suspensión decretada en el presente juicio, se reanuda el procedimiento y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, como del estado que guardan los autos, se advierte que mediante diversos proveídos de trece de septiembre y veintiséis de octubre, ambos del presente año; se reservó acordar respecto de los escritos presentados por la parte quejosa; por tanto, se provee: Por cuanto hace al primero de los referidos ocursos, registrado con el progresivo de correspondencia interna 13544, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 75 de la Ley de la materia, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, requiérase al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente acuerdo, se sirvan remitir las constancias relativas al expediente 792/2009 de su índice, a que se alude en el escrito antes referido, enviándose para tal efecto copia simple del ocurso de mérito. Apercíbase al titular de la citada dependencia que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, y 254 de la legislación en cita. Por otro lado, con su diverso escrito, registrado bajo el consecutivo 13545, el quejoso de mérito solicita se acuerde la prueba pericial en materia de topografía, con la finalidad de acreditar la ubicación del predio materia de la controversia y con su ocurso registrado con el número de control interno 15805, solicita se requiera a la autoridad que en derecho proceda, los documentos virreinales de la comunidad de la .que refiere es parte, para que se consideren en el desahogo de la aludida prueba pericial topográfica y se determine si la superficie que el quejoso manifiesta tiene en posesión, está o no inmersa en la superficie que amparan los aludidos documentos. Al respecto, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 119, de la Ley de Amparo, cuando las partes tengan que rendir alguna clase de pruebas, a fin para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia y en virtud de que por proveído de veinticinco de febrero del año que transcurre, se admitió la demanda instada por la parte quejosa, en el que se señalaron las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, al haberse ofertado las probanzas de que se trata, hasta el ocho de septiembre y veinticinco de octubre, ambos de esta anualidad, es dable concluir que dichos medios de convicción no se ofrecieron con la oportunidad señalada en el numeral antes indicado y en esa virtud, procede desechar la pericial y documental de que se trata, al haberse ofrecido de manera extemporánea. Sirve de apoyo a la anterior, por su contenido, la Tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos setenta y dos, del tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO. OPORTUNIDAD DE SU ANUNCIO, AUN CUANDO LA AUDIENCIA SE DIFIERA DE OFICIO. Es cierto que de acuerdo con la tesis de jurisprudencia número 232 visible en la página 400 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-985, Octava Parte, jurisprudencia común al Pleno y a las Salas, deben admitirse las pruebas testimonial y pericial, cuando la audiencia constitucional ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito y no a petición de las partes. Sin embargo, esto no significa que en todos los casos en que se difiere de oficio la audiencia se deban admitir las pruebas testimonial y pericial que no fueron anunciadas con la debida oportunidad. El alcance de la citada tesis, es el de que las partes no queden en estado de indefensión, para el caso de que tuvieran que probar un hecho desconocido hasta el momento de fijarse la litis constitucional, como en los casos en que la autoridad responsable rinde su informe con justificación en que niega el acto reclamado, y dicho informe se recibe en una fecha cercana a la audiencia, lo que motiva su diferimiento de oficio, para que las partes se impongan de su contenido. En este supuesto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia invocada y pueden y deben admitirse las pruebas testimonial y pericial aunque no se hayan anunciado para la primera audiencia, a fin de que las partes tengan oportunidad de controvertir dicho informe, por ser esta cuestión un elemento de la litis constitucional que el quejoso y el tercero perjudicado pueden desvirtuar por los medios probatorios permitidos por la Ley de Amparo. Por el contrario, no resulta aplicable esta tesis y por lo mismo no deben admitirse tales pruebas, si no fueron anunciadas oportunamente para la primera audiencia, y esta es diferida de oficio por el Juez de Distrito, cuando los hechos que se pretenden demostrar resultan plenamente conocidos por las partes antes del diferimiento, como acontece cuando el quejoso trata de acreditar con la prueba testimonial aludida cuestiones que él mismo conocía desde el momento en que promovió la demanda de garantías. En este caso, no es aplicable la tesis en comento porque se quebrantaría con ello el principio de igualdad procesal, creándose una ventaja en favor de una de las partes, lo que es legalmente inaceptable.". Notifíquese personalmente.
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