Ricardo Olvera Rodriguez
Expediente 1482/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ricardo Olvera Rodriguez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la determinación en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años y cumplido aquél, deberá destruirse dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula del mismo, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que exhibió en este asunto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el informe justificado y anexo remitidos por el Magistrado Presidente de la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Secretario de Acuerdos de su adscripción. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, especialmente de la demanda constitucional, atento a lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1 , se desprende que los actos que efectivamente se reclaman se hacen consistir en: 1 De conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 32 del tomo XI, abril de 2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", y de la tesis P. VI/2004 del Alto Tribunal, publicada en la página 255 del tomo XIX, abril de 2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". De la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: ? la omisión de velar por el cumplimiento y de aplicar los mecanismos creados para obligar a la autoridad demandada en el expediente 1783/20-25-01-2-OT, a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el mismo. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, por ende, documento público en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en concepto de esta juzgadora, que en el caso se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley.". Por su parte, el artículo 61, fracción XXII, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y; [.].". De lo anterior, se desprende -en lo que interesa- que el juicio constitucional es un medio de control, pues tiene por objeto reparar las violaciones que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos. A su vez, de la fracción XXII del artículo 61 de la propia ley se obtiene que el juicio es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo. En esa medida, es dable señalar que la relatada causa de improcedencia se actualiza cuando el juicio de amparo no puede alcanzar su objetivo protector, es decir, cuando el acto reclamado no puede surtir efecto material alguno en la esfera jurídica del quejoso por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen. Ello, porque de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional se tornaría legalmente imposible restituir al promovente en el goce del derecho vulnerado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria del amparo. Ilustra lo anterior, en lo conducente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad.". 2 En el caso, debe decirse que de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, así como de los antecedentes expresados por la promovente, bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda, se desprende lo siguiente: 1. El veintinueve de enero de dos mil veintiuno, la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictó sentencia definitiva en el expediente 1783/20-25-01-2- OT , promovido por la quejosa, mediante la cual se declaró la nulidad de la resolución ahí impugnada. 2. El siete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad demandada Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de San 2 Registro digital: 196442. Instancia: Segunda Sala. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: 2a. XLVIII/98. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, abril de 1998, página 241. Tipo: Aislada. Luis Potosí, interponiendo recurso de revisión fiscal; medio de impugnación que fue desechado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 3. El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno el aquí quejoso, por conducto de su abogado autorizado, interpuso recurso de queja por incumplimiento de la sentencia. 4. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, la Sala responsable, resolvió fundado el recurso de queja por lo que requirió a la autoridad demandada para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 5. El dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad demandada, emitió resolución administrativa en cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada por la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los autos del expediente 1783/20-25-01-2-OT, del que derivan los actos reclamados. 6. En virtud de lo anterior, el veintiocho de noviembre de la presente anualidad, la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa agregó a los autos del controvertido de origen el citado cumplimiento, ordenando dar vista con el mismo a la parte actora -aquí quejosa-. De lo anterior, es posible advertir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia, pues si bien es cierto que subsiste la omisión de la responsable de requerir el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente 1783/20-25-01-2-OT, también lo es que, la autoridad demandada en el juicio de nulidad, ya emitió la resolución administrativa en pretendido cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada por la Sala Regional de San Luis Potosí del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro de los autos del expresado juicio. Circunstancia que evidencia que la subsistencia de la omisión reclamada no puede surtir efecto legal o material alguno, en tanto que ha dejado de existir el objeto o la materia de ésta, con motivo del actuar de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, al haber emitido la determinación correspondiente con la que pretende dar cumplimiento a la resolución emitida en juicio administrativo. Luego, si en el particular, la autoridad demandada en el juicio natural ya emitió pronunciamiento en cumplimiento a la sentencia definitiva, es patente que la omisión de la responsable de requerir el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, no puede surtir efecto material alguno, en tanto que dejó de existir su objeto o materia, de tal forma que una concesión del amparo no podría alcanzar su objeto protector, en tanto que sus efectos no podrían concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen. En tal virtud, se considera que, en relación en con el acto reclamado, consistente en la omisión de la responsable de velar por el cumplimiento y de aplicar los mecanismos creados para obligar a la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 2011/20-25-01-2-OT, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; hágase personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Ricardo Olvera Rodríguez, contra actos de la Sala Regional de San Luis Potosí, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con copias y anexos que se acompañan; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1482/2022-V. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita. Requiérase a la responsable para que en caso de que sea cierto el acto que se le atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a la autoridad responsable que preferentemente deberá remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, téngase como tercero interesada a la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quien deberá ser emplazada por medio de oficio que al efecto se le envíe, de conformidad con la fracción II, inciso b), del artículo 26 del ordenamiento legal en cita, remitiéndole copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber la fecha y hora que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional para que si lo estima conveniente comparezca a éste juicio a hacer valer lo que a su derecho convenga. En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en su doble aspecto, legal y humana, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Ramsés Amilkar Barajas Villalobos e Iván Alejandro Martínez Villareal, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Omar Clemente Estrada Reyes, Mayra Alejandra Jasso Aguilar y Ana del Rocío Rodríguez Granados, al no contar con el requisito anterior. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto a través del usuario que señala. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese; hágase por oficio a la tercero interesada a la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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