Ricardo Raymundo Rodriguez Ramirez

Expediente 170/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
170/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Raymundo Rodriguez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, y que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, misma que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente, en la carátula, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Ricardo Raymundo Rodríguez Ramírez, quien se ostenta como apoderado jurídico de José Arturo Chávez Contreras; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se le tiene manifestando que en el presente asunto se actualiza una causal de sobreseimiento. Por otra parte, glósese a estos autos el informe con justificación rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, con un anexo que acompaña. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las que acompaña. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el informe y anexo de cuenta, así como el escrito de la parte quejosa, en concepto de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, de las manifestaciones vertidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y de la constancias que acompaña como justificación a su informe, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de lo manifestado por la parte quejosa; se desprende que mediante determinación de nueve de marzo del año en curso, la autoridad responsable acordó lo correspondiente, respecto al escrito presentado por Ricardo Raymundo Rodríguez Ramírez, apoderado jurídico de la parte quejosa dentro el expediente laboral 299/2015/E3, la cual le fue notificada en dieciocho de marzo del año actual, según la constancia respectiva realizada por la actuaria adscrita a dicho tribunal. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de los actos reclamados han desaparecido de modo absoluto, pues los actos en estudio ya fueron subsanados por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Ricardo Raymundo Rodríguez Ramírez, quien se ostenta como apoderado jurídico de José Arturo Chávez Contreras; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se le tiene manifestando que en el presente asunto se actualiza una causal de sobreseimiento. Por otra parte, glósese a estos autos el informe con justificación rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, con un anexo que acompaña. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales, las que acompaña. Como lo solicita, téngase como domicilio de su parte, el que señala y, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el informe y anexo de cuenta, así como el escrito de la parte quejosa, en concepto de esta juzgadora, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, de las manifestaciones vertidas por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y de la constancias que acompaña como justificación a su informe, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de lo manifestado por la parte quejosa; se desprende que mediante determinación de nueve de marzo del año en curso, la autoridad responsable acordó lo correspondiente, respecto al escrito presentado por Ricardo Raymundo Rodríguez Ramírez, apoderado jurídico de la parte quejosa dentro el expediente laboral 299/2015/E3, la cual le fue notificada en dieciocho de marzo del año actual, según la constancia respectiva realizada por la actuaria adscrita a dicho tribunal. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de los actos reclamados han desaparecido de modo absoluto, pues los actos en estudio ya fueron subsanados por la citada responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver. Como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere, la cual quedará a su disposición en la Secretaría del Juzgado, al ser parte compareciente en el presente asunto, esto es, parte formal y material e incluso, encontrarse adscrito a este juzgado de distrito, en términos del artículo 4° del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; o bien, puede obtenerla a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, (una vez que solicite a este tribunal la autorización correspondiente, precisando el usuario para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

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