Ricardo Pérez Campos

Expediente 882/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
882/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Pérez Campos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el proveído de cuatro de noviembre del año en curso por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Ricardo Pérez Campos, contra actos del "Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio 11"; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 882/2019. Ahora, de la demanda se advierte que el justiciable reclama los actos siguientes: 1. El acuerdo de fecha 28 de octubre del 2019 emitido por la autoridad responsable en la carpeta judicial 002/1521/2019-0, por el cual determina fijar como fecha para la celebración de la audiencia inicial el día viernes 8 de noviembre del 2019, a las 12 horas y 2. "Todos los actos y consecuencias que se deriven y se puedan derivar del acto reclamado marcado con el inciso 1) como son entre otros de manera enunciativa y no limitativa que la autoridad responsable resuelva vincularme a proceso, reclasifique el tipo penal por el que fui citado; se me imponga como medida cautelar la prisión preventiva; y me encuentre privado de mi libertad personal todo el tiempo que dure la etapa de investigación". Ahora, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con el dispositivo 5, fracción I, ambos de la ley de la materia. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), localizable en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos indicados, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Al respecto, es orientadora la jurisprudencia que aparece publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Asimismo, el agravio a que se hizo mención debe ser actual, es decir, que la afectación se esté produciendo; personal, entendiendo como tal que afecta a quien solicita el amparo y no a otra persona; y directo, que la afectación que sufra el gobernado derive precisamente del acto reclamado por el que se promueve la demanda. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 135 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 199-204, Primera Parte, del rubro: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL". En esa tesitura, se estima que los actos reclamados, no le causan ningún perjuicio al quejoso. Lo anterior es así, ya que el acuerdo mencionado y sus consecuencias que deriven, en que se citó al justiciable a la audiencia inicial ante el juez de control correspondiente, a efecto de que se lleve a cabo la formulación de imputación, no ocasiona un perjuicio en la esfera de derechos del quejoso como es el derecho a la libertad o algún otro, pues la facultad que ejerce el juez de control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia aludida, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, ya que en el caso, este no tiene incorporada a su esfera de derechos alguno que lo posibilite a impugnar su citación a dicha etapa previa a juicio; máxime que el eventual perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta determine si resulta procedente o no librar la orden de aprehensión correspondiente, en caso de que así lo solicitara el Agente del Ministerio Público. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, Diciembre de 2018, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta la citada causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos. En relación con la petición para que se permita la consulta del expediente electrónico, dado que se proporciona el nombre de usuario correspondiente, procédase en los términos solicitados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, así como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) mencionada(s). Por lo que hace a la práctica de notificaciones personales vía electrónica, dado que en principio señaló para ese efecto un domicilio y, a fin de tener certeza de dicho aspecto, requiérase a la parte promovente, que en el plazo de tres días, indique la forma específica en que deban realizarse las notificaciones que tengan carácter de personal, esto es, en el domicilio que señaló para tal efecto, o bien, en forma electrónica. Se apercibe al promovente de amparo que de no realizar pronunciamiento alguno, las subsecuentes que tengan tal carácter, se efectuarán en el domicilio que proporcionó en la demanda.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

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