Ricardo Ramírez Romero o Israel Romero Millan
Expediente 236/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2017
Partes del expediente
- Ricardo Ramírez Romero o Israel Romero Millan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Por otra parte, dado que no es necesaria la retención del anexo remitido por la juez responsable en apoyo a su informe de ley, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 236/2017, promovido por Ricardo Ramírez Romero o Israel Romero Millan, contra un acto de la juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, turnado a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. II. El inconforme narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. En la misma fecha de su presentación se admitió bajo el orden 236/2017; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado responsable; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que en su momento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del análisis integral de la demanda y de las constancias de autos, se aprecia y se precisa que el acto reclamado de la juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, es la omisión de resolver el beneficio penitenciario de la remisión parcial de la pena, relativo al expediente de ejecución 742/2016. TERCERO. Al rendir informe justificado (fojas 19 y 20), la juez responsable refirió que no es cierto el acto reclamado; no obstante, esa negativa se desvirtúa con las manifestaciones expuestas en dicho comunicado en el sentido de que aún se encuentran pendientes diligencias que efectuar, y con motivo de ello, que no se haya resuelto la solicitud del beneficio penitenciario solicitado; consideraciones constatadas con la documental enviada en apoyo al referido informe, que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí que se establezca su existencia. Más aún, si se toma en consideración que a la fecha en que se emite esta resolución, no hay constancia de que se hubiese emitido resolución en relación con el fondo de lo pedido. CUARTO. Al no advertirse causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni por este juzgado de Distrito, de oficio, su actualización, procede el análisis de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al ser innecesaria su transcripción. Ilustra al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional que solicita. En ese orden, es indispensable relatar los antecedentes que se aprecian del expediente de ejecución de origen, pues en ellos habrá de sustentarse el sentido de la presente determinación: Mediante oficio de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis (foja 1, anexo), el jefe de Unidad Departamental de la Dirección de Turno de Consignaciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, remitió por cuestión de turno al Juzgado Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales, el escrito recibido en la misma fecha signado por el quejoso, en que solicitó el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena, y ofreció diversas documentales. En acuerdo de veintinueve de diciembre siguiente la autoridad responsable tuvo por recibido dicho impreso, ordenando se procediera a certificar las condiciones en que se recibía, por lo que en proveído de treinta del mes en cita, entre diversas cuestiones, por una parte, le designó defensor público especializado en ejecución de sanciones penales de la Dirección General de Servicios Legales de la Ciudad de México, quien aceptó y protestó el cargo conferido en la misma fecha, y por otra, le previno para que en el plazo de tres días precisara el efecto y alcance que pretendía dar a los medios de convicción ofrecidos (fojas 91 a 97, anexo). Por escrito recibido el cuatro de enero de dos mil diecisiete, la defensa del peticionario desahogó la prevención apuntada; de ahí que en auto de cinco del mes mencionado se dio inicio al trámite correspondiente al beneficio penitenciario solicitado, que implicó, en principio, otorgar vista al agente del Ministerio Público adscrito; cuestión que motivó reservar los aspectos relativos a la admisión de pruebas del amparista y las diversas peticiones formuladas (fojas 110 a 115, anexo). Desahogada la vista por la representación social en escrito de seis de enero del año en curso, mediante determinación de la misma fecha se proveyó lo conducente a las pruebas ofrecidas por las partes, consecuentemente la responsable requirió, con el apercibimiento respectivo, de cada una de las siguientes autoridades, las constancias e información que se destacan: Del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, expediente técnico (estudios técnicos que se hubiesen practicado al sentenciado y partida jurídica), actas de sanciones que llegara a tener, indicara las fechas en que compurgará el cincuenta y sesenta por ciento de la pena impuesta, así como el total, debiendo indicar a partir de cuándo comienza el cómputo correspondiente, anexar el soporte de los cursos y días laborados con que contara el solicitante, e informara lo relativo a la evaluación de su evolución y del tratamiento técnico progresivo. De la Dirección Ejecutiva de Control y Seguimiento de Sentenciados en Libertad de esta ciudad, informara si con anterioridad se había concedido al justiciable diverso beneficio penitenciario, y de ser el caso, si lo había cumplido o había sido revocado. De la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, informara si el quejoso está sujeto a diverso proceso del orden común o federal, si ha sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y de la misma naturaleza al que fue materia de la causa penal de origen (lesiones calificadas). Del director del Archivo Nacional de Sentencias y Estadística Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, si el inconforme cuenta con ingresos anteriores a prisión y si está sujeto a algún proceso del orden federal. Del director de Control de Sentenciados en Libertad de la institución mencionada en el punto anterior, si el peticionario cuenta con beneficios penitenciarios federales vigentes. Asimismo, solicitó al Juzgado Décimo Sexto Penal y Juzgado Cuarto Penal de Delitos No Graves, ambos de esta ciudad, respectivamente, el estado en que se encontraran las causas penales 297/2009 y 129/2004, y en relación con ellas, copia de la sentencia ejecutoriada, de los incidentes promovidos en relación con la pena impuesta, informara la fecha de detención, el estado que guardara la multa y reparación del daño, la hipótesis del delito por el que se condenó, si en el caso se concedió algún sustitutivo de la pena de prisión o la suspensión de la ejecución de esta, y lo relativo a su cumplimiento, así como el número de presentaciones realizadas y el registro administrativo adoptado (fojas 117 a 123, anexo). Así, mediante las siguientes actuaciones tuvo a cada una de las autoridades relacionadas dando cumplimiento a lo solicitado: Doce y veinticuatro de enero del año que transcurre al segundo de los órganos jurisdiccionales mencionados y a la autoridad indicada en el punto 3 anterior (fojas 135, 138 y 277, anexo); y Dieciséis, diecisiete, dieciocho, veintitrés y veinticinco del mes en cita, respectivamente, a las autoridades señaladas en los puntos 4, 5, 2, 1 y al restante juzgado (fojas 140, 142, 147, 239 y 799, anexo). Luego, en comparecencia de esta última data (foja 800, anexo) la representación social adscrita solicitó que, con motivo de anteriores ingresos a prisión del quejoso, se allegaran idénticas constancias a las anteriormente solicitadas a diversos órganos jurisdiccionales, sólo que ahora en relación con las causas penales 286/2003 y 245/2004, de los Juzgados Sexagésimo Tercero y Quincuagésimo Sexto Penales de esta ciudad, respectivamente, que al ser procedente dicha petición se giraron los oficios correspondientes; solicitudes que a consideración de la autoridad judicial responsable, se tuvieron por cumplidas en proveídos de tres y diez de febrero siguientes (fojas 839 y 979, anexo). Posteriormente, a través de acuerdo de quince de este último mes (foja 980, anexo), la responsable puso los autos del expediente de origen a la vista de las partes, para que en un plazo de tres días manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Por impreso presentado en la fecha última en cita (fojas 983 a 985), el quejoso solicitó se le hiciera del conocimiento el estado en que se encontraba la solicitud del beneficio penitenciario de que se trata, y se efectuara en presencia de su defensor, por lo que en comparecencia de dieciséis de dicho mes se asentó razón de la diligencia practicada sobre el particular (foja 988, anexo). En desahogo de la vista otorgada, la agente del Ministerio Público adscrita, pidió se recabaran de forma completa las constancias de la referida causa 286/2003 del Juzgado Sexagésimo Tercero Penal de esta ciudad, así como las relacionadas con la diversa 23/2012, que previa reserva al no haber transcurrido el plazo concedido a las partes, en proveído de veintisiete de febrero de este año se declaró procedente dicha petición (fojas 989, 990 a 992, anexo), por lo que en acuerdos de seis de marzo pasado (fojas 1037 y 1084, anexo) se tuvo al órgano jurisdiccional aludido dando cumplimiento a lo solicitado. Después, derivado de la comparecencia de la representante social adscrita, el catorce del mes en cita (fojas 1085 y 1086, anexo) se ordenó al director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, corrigiera la partida jurídica del peticionario, pues se advertía la causa penal 23/2012 del Juzgado Sexagésimo Tercero Penal de la Ciudad de México, que no había sido registrada como un antecedente más; sin embargo, a través del oficio recibido el veinticuatro del mencionado mes (foja 1089), dicho servidor público indicó que el sentenciado purgaba su pena en diverso centro de reclusión, de ahí la imposibilidad de atender la solicitud de la representación social. Así, nuevamente en proveído de veintiocho de marzo del año en curso (foja 1094) se pusieron a la vista de las partes los autos, para que en un plazo de tres días formularan alguna manifestación. En ese tenor, en desahogo de la vista concedida, por una parte, la agente del Ministerio Público adscrita solicitó se girara oficio al director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, para verificar si el ofendido aún formaba parte de la población ahí recluida; y por otra, la defensa pidió se requiriera al director del centro de reclusión en que se encuentra el inconforme para que actualizara el cómputo de los días laborados por este; peticiones que fueron acordadas favorablemente el cuatro de abril de este año (fojas 1099 a 1101, anexo), sin que de autos se advierta el resultado correspondiente. Bajo las anteriores precisiones, es válido establecer que no asiste la razón al quejoso cuando refiere que existe violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en la especie, la juez responsable ha llevado a cabo diversas diligencias para allegarse de las constancias necesarias que le permitan resolver integralmente la solicitud del beneficio penitenciario destacado. De ahí lo infundado del concepto de violación relativo, pues si bien a la fecha no se ha resuelto la referida petición, ello se encuentra justificado con las actuaciones que han quedado descritas previamente, por lo que se estima que el proceder de la responsable no es violatorio de los derechos públicos subjetivos del peticionario de amparo, dado que se pone de manifiesto que si bien ha transcurrido un plazo razonable entre la fecha de la solicitud correspondiente (veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis), y aquella data en que se presentó la demanda de amparo (diecisiete de marzo de dos mil diecisiete), e incluso, a la fecha no se tiene conocimiento de que se haya resuelto el planteamiento del inconforme, no menos cierto es que esa dilación no le es atribuible a la responsable, sino a las partes con motivo de los elementos de prueba que solicitaron se recabaran; de ahí que existan diligencias pendientes por realizarse, y consecuentemente, a la fecha de presentación, la responsable aún no se encontraba en condiciones de emitir la determinación pretendida. A manera de sustentar esto último, se constata que aún no se ha notificado al ofendido respecto del beneficio penitenciario solicitado por el sentenciado, y destaca que con fecha posterior a la presentación de la demanda, la defensa del quejoso solicitó se actualizara el registro de los días laborados al interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, petición de la defensa que incluso va dirigida en su beneficio. Y es que, proceder en diverso sentido al que ahora se emite en esta resolución, bajo la pretensión del peticionario a efecto de que la autoridad responsable resuelva su solicitud, en ponderación con la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, se posibilitaría acceso a una pronta administración de justicia; sin embargo, esta no sería efectiva, como lo exige dicho precepto, con lo que se llegaría al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En esas condiciones, es inconcuso que la autoridad responsable ha realizado las actuaciones correspondientes para allegarse de medios de convicción que permitan resolver de manera integral la solicitud, con lo que puede establecerse que no ha omitido injustificadamente emitir pronunciamiento sobre el particular, sino que en ejercicio de la función jurisdiccional ha posibilitado la debida integración del expediente. Por tanto, al ser infundados los conceptos de violación, sin que hubiese materia para suplirlos en su deficiencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Ricardo Ramírez Romero o Israel Romero Millan que solicitó contra la omisión de resolver el beneficio penitenciario de la remisión parcial de la pena, relativo al expediente de ejecución 742/2016, atribuida a la juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la última consideración de esta sentencia, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó Ricardo Ramírez Romero o Israel Romero Millan, contra la omisión de resolver el beneficio penitenciario de la remisión parcial de la pena, relativo al expediente de ejecución 742/2016, atribuida a la juez Cuarto de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a diez de abril de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio de cuenta y anexo; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba en este juicio, la documental que se acompaña al comunicado que se provee, que se desahoga en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias referidas, fórmese por separado un anexo, respetando entresello, folio y rúbrica.
- Principal
Ciudad de México, a tres de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se aprecia que está señalado el veinte de abril de dos mil diecisiete, a las diez horas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, es procedente diferirla de manera anticipada, dado que en esa temporalidad se otorgó licencia al titular de este órgano de control constitucional, aunado a que el secretario Encargado del Despacho designado sólo estará autorizado para practicar diligencias y dictar providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en ese sentido, para tal efecto, se fija el cuatro de mayo de dos mil diecisiete a las nueve horas con cuarenta minutos.
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