Ricardo Palma Bravo
Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/07/2021
Partes del expediente
- Ricardo Palma Bravo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad. En atención a su contenido, en su oportunidad remítase la copia que se solicita e infórmese que el juicio en que se actúa se encuentra concluido, por lo que se ordenó su archivo. Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo, que en autos no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el entendido que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a primero de marzo de dos mil veintiuno. Vistas la certificación, aviso y razones actuariales de cuenta, se advierte que la parte quejosa no generó cita en este juzgado, ni contactó al actuario de esta adscripción en la temporalidad que se le concedió, a fin de notificarle personalmente el proveído de dieciocho de febrero del año en curso; consecuentemente, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 21 del Acuerdo General 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, notifíquesele tal determinación mediante lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En cumplimiento a lo ordenado, se notifica por lista a la parte quejosa el auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno: Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda, en que aparece como quejoso Ricardo Palma Bravo, contra los actos reclamados de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad, y otras autoridades; de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 9/2021. Ahora, este juzgado estima que se actualiza, en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, este último numeral dispone que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de instar la acción constitucional por la parte agraviada, es decir, podrá promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, lo cual podrá realizar por sí, por conducto de su representante, defensor cuando provenga de una causa criminal, y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Ahora, tomando en consideración la forma en que fue presentada la demanda, debe tenerse presente que el artículo 45 del acuerdo general mencionado, dispone que para acceder a los medios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. En el caso, del análisis de la demanda, se advierte que no reúne los requisitos que establece el acuerdo general mencionado, pues está firmada electrónicamente por Griselda Palma Bravo, no así por quien aparece como quejoso, pues la firma electrónica de este último constituye un requisito indispensable (atendiendo a la forma en que fue presentada la demanda), pues sólo de esa manera se advertiría la manifestación inequívoca de su voluntad para instar la acción constitucional de que se trata. Sin que de la lectura integral de la demanda se aprecie la actualización de alguno de los supuestos de excepción que prevé el diverso numeral 42 del acuerdo mencionado, en que no es exigible que la demanda de amparo esté firmada electrónicamente, aunado a que no se reclama alguno de los actos previstos en el dispositivo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, en los términos en que se presentó la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desecharla de plano. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J.32/2018 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de 'instancia de parte agraviada' contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Con la precisión que si la persona que aparece como quejoso no cuenta con firma electrónica, tiene a salvo su derecho para que pueda presentar otra demanda -físicamente- en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad -una vez que reanude labores-, en que necesariamente deberá estampar su firma de manera autógrafa. Notifíquese única y exclusivamente esta determinación a quienes aparecen como autorizados en el domicilio proporcionado, en el entendido que tal autorización sólo es para entender dicha diligencia; lo anterior, en razón de que si como se dijo, no se advierte -ante la ausencia de firma-, la voluntad para instar la acción constitucional, consecuentemente tampoco se evidencia la voluntad para designar autorizados ni domicilio, de ahí que las subsecuentes determinaciones deberán practicarse mediante lista. Finalmente, se instruye a quien corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Notifíquese personalmente al promovente
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