Ricardo Onofre Urias Herrera
Expediente 1099/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 44 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1099/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 31/12/2021
Partes del expediente
- Ricardo Onofre Urias Herrera
- juez Noveno de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del incidente no especificado de liquidación de garantía y contragarantía, instado en los autos del juicio de amparo 1099/2018-F, promovido por Ricardo Onofre Urías Herrera, contra actos del Juez Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. R e s u l t a n d o I. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Ricardo Onofre Urías Herrera, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del juez Noveno de lo Civil de esta ciudad, y de otras autoridades. II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, registrándola con el número 1099/2018-F. III. Por interlocutoria de quince de agosto de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados, para el efecto siguiente: "[.] se concede la suspensión definitiva a Ricardo Onofre Urías Herrera, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, no se le prive de la posesión ni sea lanzado del bien inmueble ubicado en avenida Del Fuerte número 10, interior 5, colonia Murúa, delegación Otay Centenario, en esta ciudad; ello con motivo de alguna orden emitida por las autoridades responsables; en el entendido de que la medida cautelar concedida, no surtirá efecto alguno si ya se llevaron a cabo los anteriores actos, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal; lo anterior, hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal de donde deriva el presente incidente de suspensión [.]". Y se fijó una garantía por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, moneda nacional), para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar, que serviría para reparar los daños y perjuicios que en su caso se ocasionaran al tercero interesado. IV. Mediante escrito recibido el uno de abril de dos mil diecinueve, la parte quejosa exhibió la póliza número 1987480-0000, expedida por Liberty Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad fijada, por lo que el día dos siguiente, se acordó lo conducente y se hizo del conocimiento de las partes esa circunstancia. V. El treinta de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo (fojas 303 a 319), misma que fue confirmada mediante resolución de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 385 a 388). VI. El cinco de junio de dos mil diecinueve, Luis Alfonso Olachea Villanueva, en su carácter de tercero interesado, promovió incidente no especificado de liquidación de garantía y contragarantía, siendo la primera otorgada por el quejoso para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados. VII. En auto de diez de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el citado incidente en el juicio de amparo en que se actúa, y se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. VIII. En proveído de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por concluido el plazo otorgado a las partes en relación con el presente incidente, se abrió la dilación probatoria respectiva, y por acuerdo de dieciséis de julio de ese mismo año, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa al incidente no especificado de liquidación de garantía y contragarantía, la cual tuvo verificativo el diecinueve de julio de la citada anualidad. Emitido el fallo en el presente incidente no especificado, el tercero interesado interpuso recurso de queja en su contra; medio de impugnación que se radicó con el número 25/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que en sesión celebrada el veintiuno de mayo del año próximo pasado, declaró fundado el recurso de queja interpuesto, revocando la resolución incidental recurrida y ordenó la reposición del procedimiento en los términos ahí expresados. IX. En estricto cumplimiento con la resolución emitida por la superioridad, este juzgado de distrito realizó lo propio (llamó a la presente incidencia a Liberty Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien expidió la póliza de fianza número 1987480-0000, para que compareciera a defender sus derechos y a oponer las excepciones y defensas que estimara procedentes). X. En proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por concluido el plazo otorgado a las partes en relación con el presente incidente, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, tiene competencia para conocer y resolver el presente incidente de liquidación de garantía y contragarantía (siendo la primera otorgada por la parte quejosa para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados), con fundamento en los artículos 66, 67 y 156 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 622, tomo XLIII, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN, DAÑOS CAUSADOS POR LA. COMPETENCIA PARA RESOLVER SOBRE ELLOS. El artículo 24 de la Ley de Amparo, en su parte final, establece como excepción, el caso del incidente de suspensión, en el cual la jurisdicción del Juez de Distrito no termina sino hasta cuando haya sido ejecutada la sentencia de amparo, no pudiendo afirmarse que haya concluido el juicio, mientras exista algo por ejecutar, como acontece, sin duda alguna, cuando no han sido satisfechos los daños y perjuicios causados por la suspensión, de cuyo monto responde la fianza respectiva. El otorgamiento de ésta, así como su cancelación, compete al Juez que admitió y calificó dicha fianza, de lo cual se infiere que, cuando se trata de hacer efectivos los daños y perjuicios mencionados, corresponde a los Jueces de Distrito y, en su caso, a las autoridades que decretaron la suspensión, conocer el procedimiento que para tal fin debe de seguirse, y cuando se niegue a tramitar el incidente sobre la reclamación de daños y perjuicios, causados por la suspensión, la queja que se enderece contra ellos, resulta fundada." Segundo. Es infundado el incidente de liquidación de garantía y contragarantía, con motivo de la suspensión otorgada al quejoso para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva, el cual fue promovido por el tercero interesado, pues con las pruebas rendidas, no acreditó ni presuntivamente la pérdida o menoscabo que sufrió en su patrimonio con motivo de la suspensión de los actos reclamados o relacionados con la privación de alguna ganancia lícita como consecuencia de la medida cautelar concedida. Los artículos 2108, 2109 y 2110 del Código Civil Federal, disponen: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." "Artículo 2110. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse." De lo anterior, se advierte que tratándose de la acción de pago de daños y perjuicios, en el caso, con motivo de la suspensión del acto reclamado, el incidentista está obligado a acreditar los elementos siguientes: 1) La presencia de un tercero interesado en el respectivo juicio de amparo. 2) El otorgamiento de la medida cautelar, cuya vigencia de sus efectos se hubiere condicionado a la exhibición de una garantía. 3) La emisión de una sentencia constitucional que no hubiere resultado favorable al quejoso o acuerdo de sobreseimiento que hubiere causado ejecutoria o revista esa característica; y, 4) La demostración presuntiva a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada. Sirve de apoyo, la tesis I.3o.C.106 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2655, libro 64, marzo de 2019, tomo III, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dispone: "DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN. LA DEMOSTRACIÓN DEL INCIDENTISTA, DE HABERLOS RESENTIDO, DEBE SER PRESUNTIVA [ABANDONO PARCIAL DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS I.3o.C.120 K (9a.)]. Este órgano colegiado, en una nueva reflexión, determina que la demostración por parte del incidentista de haber resentido daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada, debe ser presuntiva, ya que con la promoción de un juicio de amparo y, la obtención de una sentencia que sobreseyera o negara el amparo y que hubiere causado ejecutoria, se origina una afectación al tercero interesado, en tanto que se ve privado del disfrute de un derecho que le corresponde. Por tanto, es desproporcional solicitarle que la demostración de haber resentido daños y perjuicios sea plena, pues de los autos del juicio de amparo puede advertirse presuntivamente si resintió o no una afectación. Esto es acorde con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció que, en cuanto a la demostración de los perjuicios, es innecesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer de un bien; de manera que basta con la narración o explicación de los hechos de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado. Por lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito se aparta parcialmente del criterio sostenido en la tesis I.3o.C.120 K (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1983, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS. BASTA LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y LA NEGATIVA O SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO PARA QUE SE ACTUALICE EL PAGARLOS.", en la parte que establece: "...4) La demostración plena a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada.", para que ahora se lea: "...4) La demostración presuntiva de que el incidentista resintió daños o perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión decretada". Bajo ese contexto, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo 1099/2018-F, así como de las pruebas ofrecidas por la actora incidentista, se advierte lo siguiente: El primer elemento se encuentra acreditado, dado que en el juicio de amparo 1099/2018-F, se tuvo como tercero interesado a Luis Alfonso Olachea Villanueva, hoy incidentista. El segundo elemento también está demostrado, pues mediante resolución de quince de agosto de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva respecto a la ejecución del acto reclamado, y se condicionó a que dicha medida cautelar, la cual surtió sus efectos desde luego, dejaría de surtirlos si la parte quejosa no exhibía, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma, garantía a disposición de este juzgado para asegurar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, situación que quedó solventada con la exhibición de la garantía por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos, moneda nacional). El tercer elemento se acredita con la sentencia dictada por el juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo (fojas 303 a 319), misma que fue confirmada mediante resolución de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad (fojas 385 a 388). Sin embargo, en cuanto al cuarto elemento consistente en la demostración presuntiva a cargo del incidentista de haber resentido daños o perjuicios con motivo de la suspensión decretada, se considera que no se acredita por las razones siguientes. El numeral 2108 del Código Civil Federal, establece que por daño debe entenderse la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación; el diverso 2109 del ordenamiento civil, señala que el perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación; en tanto que su artículo 2110 dispone, que los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación. A su vez en la contradicción de tesis 42/2014, sustentada por las salas Primera y Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que por daño debe entenderse la pérdida o menoscabo que le acarrea al tercero perjudicado (interesado), no disponer desde el momento en que se concede la suspensión y mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme a la sentencia reclamada, es decir, la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que debió recibir el tercero, en virtud de la condena, durante el lapso que duró el juicio de amparo, por no haber podido disponer de la misma; por su parte, los perjuicios son la privación de las ganancias lícitas que obtendría éste de tener bajo su dominio, durante el tiempo que dure el correspondiente juicio de garantías, la respectiva prestación pecuniaria, equivalente al rendimiento que en el mismo periodo produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje las condiciones del mercado de dinero. En este sentido, establece el artículo 2110 del citado ordenamiento, que los daños y perjuicios deben ser consecuencia de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o necesariamente deban causarse, debiendo existir una relación inmediata y directa, es decir, una causa y efecto entre la conducta del agente y el causante, y el menoscabo patrimonial y la ganancia probablemente lícita que se dejó de percibir. En ese orden, los daños y perjuicios deberán ser demostrados aunque sea de manera presuntiva como una consecuencia directa e inmediata de la suspensión otorgada, pues esta acción incidental deriva de la suspensión concedida. Lo anterior, sin duda, pone de manifiesto que corresponde al promovente del incidente relativo, la comprobación de los daños y perjuicios que estima se le ocasionaron con la suspensión definitiva otorgada; lo que no sucede en la especie, toda vez que el incidentista no demostró la afectación que afirma resintió en virtud de la concesión de la medida cautelar definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio constitucional 1099/2018-F, tomando en cuenta que como se analizó previamente, el incidentista hizo depender la procedencia de su reclamo en el hecho de que por la concesión de la medida cautelar definitiva al quejoso, no pudo tomar posesión del inmueble materia del juicio natural y a su vez obtener ganancias con motivo de la renta del mismo. De las constancias obrantes en autos se desprende que en el estudio del juicio de origen, el doce de junio de dos mil dieciocho, el juez Noveno de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, radicó el escrito presentado por Luis Alfonso Olachea Villanueva demandando en la vía sumaria de desahucio a Josué Abraham Tarazona Palma; ordenó el emplazamiento del demandado, solicitándole estar al corriente en las rentas, con prevención que de no hacerlo desocupara el inmueble dentro de los cuarenta días siguientes, autorizando al ejecutor embargar bienes suficientes para cubrir las pensiones insolutas y ponerlos en depósito de persona designada por la actora. Sin embargo, la suspensión definitiva otorgada el quince de agosto de dos mil dieciocho, se concedió para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y el quejoso (no así el demandado en el juicio de origen Josué Abraham Tarazona Palma) no fuera desposeído del bien inmueble en cuestión, materia del juicio sumario de desahucio 1052/2018, del índice del Juzgado Noveno de lo Civil de esta ciudad. En razón de lo anterior, se advierte que con motivo de la suspensión definitiva decretada en el presente asunto, aparentemente se impidió que en su momento se pusiera en posesión material y jurídica al tercero interesado (hoy incidentista); cuestión que si bien demuestra el vínculo o relación de causa-efecto entre el daño y perjuicio causado y la inejecución del acto reclamado, en tanto que por virtud de la concesión de esa medida cautelar definitiva se impidió que la parte actora dispusiera del mencionado bien inmueble, empero, en forma alguna evidencia precisamente los daños y perjuicios que se dice resintió, los que, como se ha expuesto, deben demostrarse plenamente, y en el caso, es insuficiente para tal efecto, el mero retardo en la disposición del bien inmueble por el transcurso del tiempo y que le pudiera haber generado una determinada cantidad por concepto de rentas. Se sostiene lo anterior, porque si bien el impedimento de haber incorporado en su esfera dicho bien inmueble, por haber estado surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida al quejoso, le pudo causar daños y perjuicios, no significa que únicamente debiera acreditar esa probabilidad, sino que resulta indispensable la prueba indiciaria de que efectivamente se ocasionaron esos daños y perjuicios; pues tales afirmaciones no constituyen una situación concreta, en el sentido de que por el solo hecho de afirmar que el inmueble pudo haber sido rentado en la determinada cantidad, ello efectivamente aconteciera, lo que deviene insuficiente. Aunado a que no existe constancia en autos que demuestre fehacientemente, que el demandado en la instancia ordinaria Josué Abraham Tarazona Palma, no justificó estar al corriente en el pago de las rentas y que como consecuencia tuvo que desocupar el inmueble arrendado, es decir, resulta incierto que tal bien raíz, independientemente de la medida cautelar otorgada al quejoso Ricardo Onofre Urías Herrera, se pudiera haber dado en arrendamiento a terceras personas, de ahí que no se evidencia el supuesto de que se dejaron de percibir rentas, tal y como lo arguye el aquí incidentista. Sin que se soslayen las pruebas ofrecidas por el tercero incidentista, esto es, la presuncional, instrumental de actuaciones y documental privada consistente en la planilla en la que se desglosan los meses en los que aduce dejó de percibir las cantidades que refiere por concepto de rentas correspondientes al inmueble ubicado en avenida del Fuerte número 10, interior 5, colonia Murúa, delegación Otay Centenario, en esta municipalidad, mismas que se estiman valoradas en términos de los artículos 218 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 119 de la Ley de Amparo, toda vez que con las mismas únicamente se demuestra la existencia del juicio de amparo 1099/2018-F, del que emana el presente incidente, y diversas cantidades que aduce dejó de percibir por concepto de rentas del citado inmueble; sin que con las mismas se acredite ni siquiera indiciariamente que el tercero interesado dejó de percibir la suma de dinero que dice por derecho le correspondía. En ese orden de ideas, resulta evidente que en el caso, con las simples aseveraciones de probabilidad, instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana y documental que ofreció el incidentista, no es suficiente para acreditar los supuestos daños y perjuicios que dice resintió al no haber tomado posesión del inmueble materia del juicio de origen por virtud de la suspensión definitiva concedida en el amparo indirecto, toda vez que como se apuntó, no demostró que efectivamente el inmueble se hubiera podido dar en arrendamiento y con motivo de la suspensión definitiva hubiera sufrido un menoscabo en su patrimonio o que hubiera dejado de percibir una ganancia lícita que debería haber obtenido con el cumplimiento de alguna obligación, por tanto, los argumentos del quejoso incidentista se consideran no probados. En las relacionadas condiciones y toda vez que el incidentista no probó presuntivamente los supuestos daños y perjuicios ocasionados con la concesión de la medida cautelar definitiva, lo procedente es declarar infundado el presente incidente de liquidación de garantía y contragarantía promovido por el tercero interesado Luis Alfonso Olachea Villanueva. Arribar a una determinación diferente, equivaldría a sostener que con la simple tramitación del juicio de amparo y con el solo otorgamiento de la suspensión provisional o definitiva, el hecho de no obtener la parte quejosa una sentencia favorable, le causa un daño o perjuicio al tercero interesado, lo cual relevaría a este último de la carga procesal mínima que tiene de establecer los hechos o actos que directamente vinculan a la medida cautelar con el deterioro o perjuicio en su patrimonio, o bien, en el menoscabo a una posible ganancia lícita, aspecto que el máximo tribunal del país interpretó, como forma mínima y, en el caso, no se cumplió. Resultan aplicables las tesis XXVII.1 K y VI.2o.C.296 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visibles en las páginas 649 y 1061, junio de 2002 y mayo de 2009, tomos XV y XXIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto respectivamente dicen: "DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN CAUSARSE CON LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CARGA DE LA PRUEBA EN EL INCIDENTE RELATIVO. Del texto de los artículos 125 y 129 de la Ley de Amparo, se advierte que la garantía otorgada por la parte quejosa para obtener la suspensión del acto reclamado, responde por los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a un tercero con motivo de la concesión de la suspensión, si no se obtiene sentencia favorable; y que el que pretenda hacer efectiva la responsabilidad proveniente de esa garantía, debe tramitar un incidente ante la autoridad que conoció de la suspensión, cuando la sentencia no sea favorable al accionante de amparo. Lo anterior, sin duda, pone de manifiesto que corresponde al promovente del incidente relativo la comprobación de los daños y perjuicios que se le ocasionaron con la suspensión otorgada y, bajo ningún supuesto, es dable sostener que la carga probatoria debe arrojarse a la parte quejosa, ya que ésta no se encuentra en aptitud de determinar y cuantificar dichos conceptos. Además, al estar debidamente plasmados los requisitos de procedencia de dicho incidente, en los dispositivos mencionados con antelación, no puede válidamente hacerse uso de las reglas que rigen un juicio ordinario, pues la acción incidental del reclamo por daños y perjuicios deriva directamente de la suspensión otorgada en un juicio de garantías." "INCIDENTE DE DAÑOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ACTOR DEBE INDICAR EN QUÉ CONSISTIÓ EL MENOSCABO A SU PATRIMONIO, SU RELACIÓN DIRECTA CON AQUÉLLA Y LA MANERA DE CALCULARLO. De acuerdo a lo establecido por el artículo 129 de la Ley de Amparo, el incidente de reclamación de daños y perjuicios, para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión, debe sustanciarse conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo artículo 81 señala que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, precepto que al relacionarlo con los diversos numerales 2108 y 2110 del Código Civil Federal, que rige en toda la República en asuntos del orden federal, según su artículo 1o., se obtiene que si se ejerce una acción, en reclamo del pago de daños, la parte actora debe determinar con precisión en su demanda en qué consiste el menoscabo sufrido a su patrimonio y exponer, razonadamente, por qué ese daño es consecuencia inmediata y directa del incumplimiento de la obligación, en virtud de que sólo los hechos planteados por las partes pueden ser materia de prueba; así, el material probatorio que aporten las partes debe estar destinado a demostrar los hechos constitutivos de la acción y los hechos relatados por el demandado al oponer excepciones y defensas. Por tanto, si la parte actora incidental reclama el pago de daños derivados del otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo, debe indicar en qué consiste el menoscabo a su patrimonio y exponer, razonadamente, por qué ese daño es una consecuencia inmediata de la suspensión del acto reclamado lo que, desde luego, implica señalar la manera en que el monto del daño debe ser calculado." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 67, 156 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Es procedente la vía incidental intentada por el tercero interesado Luis Alfonso Olachea Villanueva. Segundo. Se declara infundado el incidente de liquidación de garantía y contragarantía, promovido por Luis Alfonso Olachea Villanueva, en términos del último considerando de la presente resolución.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por el tercero interesado, al respecto dígasele que este tribunal federal resolverá el incidente no especificado de liquidación de garantía y contragarantía a que hace referencia a la brevedad posible, tomando en consideración la carga de trabajo, el esquema de labores del órgano jurisdiccional, virtud de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los asuntos que se encuentren pendientes de resolución celebrados con anterioridad al mismo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado del tercero interesado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídanse las fotocopias que solicita. Por tanto, dígase al ocursante que deberá generar la cita respectiva a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ" para el trámite correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por el tercero interesado, al respecto dígasele que este tribunal federal resolverá el incidente no especificado de liquidación de garantía y contragarantía a que hace referencia a la brevedad posible, tomando en consideración la carga de trabajo, el esquema de labores del órgano jurisdiccional, virtud de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los asuntos que se encuentren pendientes de resolución celebrados con anterioridad al mismo. Finalmente, fórmese el cuadernillo provisional correspondiente y una vez que se dicte la resolución en este asunto, sin previo acuerdo, deberá agregarse al incidente de suspensión. Notifíquese.
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