Ricardo Navarro Rodríguez
Expediente 218/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2016
Partes del expediente
- Ricardo Navarro Rodríguez
- Lic. Dina Alicia Madrid Rosas, Administradora de la Aduana de Tijuana
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el trece de junio de dos mil dieciséis, conforme a lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimiento artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el quince de julio de dos mil veintiuno. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial de Toluca, en el Estado de México, el quince de julio de dos mil diecinueve.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de abril de dos mil dieciséis. Vistos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, al cual adjunta la primera de ellas, copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM400160085, de su índice; por tanto, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngase a las autoridades de mérito, ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al celebrarse la audiencia constitucional. Así también, téngase a las autoridades responsables, señalando como domicilio procesal, el ubicado en avenida Línea Internacional, sin número, fraccionamiento Garita de Otay, en esta ciudad, y designando como delegados a los profesionistas que indican, en términos de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo. A fin de dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes, que mediante oficio número SEADS/597/2016, de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del uno de abril de dos mil dieciséis, se acordó la adscripción del licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, como titular de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Ello, para que en su caso, de conformidad con el numeral 52 de la Ley de Amparo, puedan plantear como causa de recusación, cualquiera de los impedimentos señalados en el artículo 51 del referido ordenamiento legal. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de dos mil diez, materia Común, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el escrito firmado por los quejosos Ricardo Navarro Rodríguez, y José Juárez, en atención a su contenido, se les tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso; al efecto manifiestan que es de su interés señalar como autoridades responsables en el presente juicio de amparo, al Subadministrador de la Aduana de Tijuana, y al Verificador adscrito a la Aduana de Tijuana, Alberto Gálvez Ruiz; asimismo exhiben copias suficientes de su escrito de demanda y aclaratorio de la misma. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 todos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ricardo Navarro Rodríguez y José Juárez, por su propio derecho, contra actos de la Administradora de la Aduana de Tijuana, con residencia en esta ciudad; sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo sin falta dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de todas las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibidas que en caso de ser omisas a lo anterior, se presumirán de ciertos los actos que se les atribuyen y con apoyo en lo dispuesto en el citado artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se impondrá en su contra una multa de cien días equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del seis de abril de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Se faculta a la actuaria de la adscripción, para que una vez apersonada en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables en este juicio de amparo, si éstas se niegan a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la Ley de Amparo. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, Constitucional, y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. En atención a lo establecido en el numeral 64, de la ley de la materia, se hace saber a la parte quejosa y a las autoridades responsables, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra una causa de notoria improcedencia, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidos que de no hacerlo así, con apoyo en los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, se impondrá en su contra una multa de treinta días equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas documentales, las exhibidas por la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, las cuales consisten en: Copia simple del acta de inicio de tres de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM400160085, signado por el Subadministrador de la Aduana de Tijuana, residente en esta ciudad; y Copia simple del oficio 800-13-00-00-00-2016-1476, con número de control OVM270216, de uno de febrero de dos mil dieciséis, signado por la Subadministradora de la Aduana de Tijuana. Por otra parte, en relación con la documental pública que describe en el número tres de su capítulo de pruebas, consistente en título de propiedad debidamente apostillado y traducido, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que no fue anexada al ocurso de demanda que se atiende. En términos del artículo 13, de la Ley de Amparo, se designa como representante común, a Ricardo Navarro Rodríguez, sin perjuicio de que el diverso quejoso pueda sustituirlo. Por último, por lo que respecta a su diversa solicitud en el sentido de que se le expida copia certificada del presente proveído, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la constancia que indica, previa su identificación con documento oficial vigente y recibo de estilo que se deje asentado en autos, autorizando para recibirla a los autorizados que señaló en su escrito inicial de demanda.
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