Ricardo Moisés Flores Castro

Expediente 1500/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1500/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Moisés Flores Castro
  • Ricardo Moisés Flores Castro y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio firmado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 21470/2017; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 8790, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, anexó el toca 1702/2015, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en dicha localidad, así como dos tomos, de la causa penal 79/2015, de la estadística del Juzgado Séptimo de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, y otro tanto de la diversa causa penal 18/2014-C, del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado, con sede en Tijuana, Baja California; por tanto, al ser innecesaria su retención, remítanse los mismos a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia Mexicali.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causa estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De igual forma, en observancia a lo previsto en el punto décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo general, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por lo tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente, se fija como fecha probable para ello el veinticuatro de octubre de dos mil veintiuno. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico de Toluca, el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  4. Principal

    EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA RICARDO MOISES FLORES CASTRO Y OTROS, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Téngase por recibido el oficio número 8790, proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, el cual contiene la trascripción del proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, dictada dentro del juicio de amparo directo penal 593/2016-I, y cinco anexos, promovido por Rogelio Moises Flores Córdova, Ricardo Moises y Jesús Rogelio, ambos de apellidos Flores Castro, virtud de haberse declarado incompetente para conocer del juicio de amparo incoado contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Se acepta competencia Toda vez que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la magistrada presidente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, en el juicio de amparo directo 593/2016, declaró que dicho tribunal carece de competencia legal para conocer de dicho asunto, en términos del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo; por tanto, en observancia del citado precepto legal, comuníquese que este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada, fórmese juicio de amparo bajo el número 1500/2016, promovido por Rogelio Moises Flores Córdova, Ricardo Moises y Jesús Rogelio, ambos de apellidos Flores Castro, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Se desecha demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; así del análisis de la demanda que se atiende, se advierte que los quejosos señalan como acto reclamado el siguiente: "[.] IV. ACTO RECLAMADO. La SENTENCIA dictada en GRADO DE APELACIÓN en Segunda Instancia, bajo la TOCA PENAL NÚMERO 1702/2015 por la TERCERA Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en la que se MODIFICA la Resolución Impugnada, dictada por el C. Juez Séptimo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en la causa penal número 079/2015, en perjuicio de los impetrantes y a favor de los recurrentes de la Causa Natural, que se les instruyó por EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD previsto y sancionado por el Numeral [sic] 292 Y [sic] 293 del Código Penal para el Estado de Baja California en vigor. Resolución en la que la autoridad responsable realizó una INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, al efectuar una INCORRECTA VALORACIÓN DE PRUEBAS E INDEBIDA JUSTIPRECIACION DEL CONTENIDO EN EL SUMARIO, por consecuencia y meridianamente aconteciendo la falta de FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, al MODIFICAR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA VÍA RECURSO DE APELACIÓN." En ese tenor, es preciso puntualizar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por tanto, del contenido de la demanda de derechos fundamentales, se advierte que los quejosos en el apartado que denominan "V. FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO", manifiestan desconocer la fecha en la cual fueron notificados de la resolución que constituye el acto reclamado. Sin embargo, contrario a lo expuesto por los quejosos, de las constancias remitidas por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, se advierte la certificación de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, realizada por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo (foja 54 de los presentes autos), así como la notificación efectuada por medio del Boletín Judicial del Estado, en el que se hizo la publicación de ley de la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis -señalada como acto reclamado-, la que se realizó el cuatro de abril de dos mil dieciséis, de conformidad con lo previsto, entre otros, en los artículos 64, párrafo tercero, 65, 70 y 339 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, y 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California (visible a foja 41 del tomo I de pruebas); constancias de las cuales se establece que los quejosos en su carácter de víctima u ofendido en el proceso penal de que se trata fueron legalmente notificados, al asistirles el carácter de parte en términos del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que de conformidad con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la víctima u ofendido, actualmente no desempeña el papel de simple espectador durante el desarrollo de las diversas etapas del procedimiento penal sino de interventor activo, pues el legislador le otorgó un conjunto de derechos, para reconocerle legitimidad de actuar como "parte" en cada uno de esos segmentos procedimentales. En este sentido, el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte, no es simplemente en atención a que es uno de los sujetos que interviene en el proceso penal, sino por la posición que guarda frente a todas las etapas procedimentales. Máxime, que los quejosos tenían pleno conocimiento del recurso de apelación interpuesto por los sentenciados en la causa penal 79/2015, contra la sentencia definitiva dictada en su contra, así como de la formación del toca penal 1702/2015 ante la sala responsable, tal y como se evidencia de las constancias que obran a fojas de la veintidós a la veinticinco del aludido toca. Por tanto de lo hasta aquí expuesto, se hace patente que los quejosos en su carácter de parte dentro del proceso penal, fueron legalmente notificados por medio del Boletín Judicial del Estado de dicha resolución en cuatro de abril de dos mil dieciséis, y por otro lado, cobra relevancia el sello de recepción de la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, en el cual se aprecia que el escrito de demanda de amparo fue presentado el cinco de mayo del mismo año; por lo que, resulta evidente que el plazo de quince días, con el que contaban los quejosos para presentar la demanda de amparo, trascurrió con exceso, de ahí que en la especie se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, como adelante se expondrá. En efecto, el citado numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, de la legislación en comento, textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [...]." El precepto legal antes transcrito, consigna la causa de improcedencia que establece que contra actos consentidos tácitamente, el juicio de amparo resulta improcedente, debiéndose entender por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Para actualizarse la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere que el acto que se reclame haya sido consentido tácitamente por la parte quejosa, es decir, que encontrándose esta última en posibilidad de instar el juicio constitucional dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo, no lo hubiera hecho. En esa tesitura, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos que la propia ley señala. Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que el término general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales es de quince días, contados a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los preceptos legales antes invocados -artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo- textualmente dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En este orden de ideas, el artículo 17 antes transcrito prevé que por regla general el plazo para promover la demanda de amparo es de quince dias, con las únicas excepciones ahí previstas, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se precisa que el plazo para promover el juicio de amparo se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora, si los quejosos -víctima u ofendido- tuvieron conocimiento del acto reclamado en su calidad de parte dentro del procedimiento penal desde el cuatro de abril de dos mil dieciséis, lo que se desprende de la certificación realizada por la autoridad responsable (foja 54 de los presentes autos), así como de la notificación por medio de Boletín Judicial (foja 41, tomo I de pruebas); y, su demanda de amparo la presentaron hasta el cinco de mayo de la anualidad que transcurre, claramente se advierte que transcurrió en exceso el plazo de quince días, a que se refiere el artículo 17 en relación con el 18, ambos de la Ley de Amparo. Aunado a lo antes expuesto, se debe precisar que en el presente asunto el plazo para la presentación de la demanda de amparo contra la resolución reclamada, debe sujetarse al término de quince días, pues quien la promueve es quien tiene el carácter de víctima u ofendido en el proceso penal de origen, el cual no resiente acto privativo de libertad personal alguno, por lo que no se puede considerar que está en el hipotético de excepción que prevé el numeral 17 de la Ley de Amparo. Ilustra al efecto, la tesis XXI.4o.7 P del entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1644, julio de 2004, tomo XX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "AMPARO EN MATERIA PENAL. LA DEMANDA INTERPUESTA POR EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO DEBE SUJETARSE AL TÉRMINO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. El término para la presentación de la demanda de amparo contra la sentencia definitiva derivada de un proceso penal debe sujetarse al de 15 días previsto en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si quien lo interpone es el ofendido o víctima del delito, al no ser éste quien resiente el acto privativo de libertad personal, ni se advierte que existan en su perjuicio actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales, para considerar que se está en el caso de excepción que señala la fracción II del diverso 22 de la Ley de Amparo." Criterio aplicable, virtud de que no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Así las cosas, es evidente que no es oportuna la promoción de la demanda de amparo, en virtud de que los plazos transcurrieron como se precisa a continuación: Fecha en que se notificó el acto o resolución que se reclama Surtió efectos Plazo de 15 días para promover demanda de amparo Fecha de presentación de la demanda Días inhábiles 4 de abril de 2016 4 de abril de 2016 5 al 25 de abril de 2016 5 de mayo de 2016 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de abril de 2016 (por ser sábados y domingos) En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 17 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos Rogelio Moises Flores Córdova, Ricardo Moises y Jesús Rogelio, ambos de apellidos Flores Castro, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Domicilio y autorizados Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona para tal efecto, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Francisco Manuel Valdes Cruz y Jorge Alejandro Sánchez Acosta, hasta en tanto, registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; así como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expdiente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto....". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.

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