Ricardo Noel Carreon Hernandez

Expediente 1711/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1711/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Noel Carreon Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la cuenta y certificación secretarial que anteceden, así como el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) en contra del auto dictado con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que promovió; dentro del término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que establecen los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este cuaderno como asunto totalmente concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto mediante el cual se desechó la demanda, por tanto, no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 20/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Ricardo Noel Carreón Hernández, a través del cual cumple con la prevención formulada en autos; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y en atención a su contenido, se le tiene por cumplido el requerimiento, por tanto; 3).- Desechamiento. Vista la demanda de amparo que promueve contra actos del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades de dicho municipio; con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA la demanda de amparo, dado que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contra actos que no provengan de autoridades, prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1 y fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior porque el Presidente Municipal de Cuernavaca y demás autoridades señaladas como responsables de dicho municipio, no tienen el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo, puesto que el acto que se les atribuye consiste en la retención del cincuenta por ciento del salario del quejoso, lo que tiene su origen en una relación jurídica de los integrantes de esa institución municipal como patrón con su trabajador en la que ambos actúan en un mismo plano de igualdad, respecto descuentos en sus salarios, en la que existe una relación de coordinación y, por ende, los conflictos que al respecto se susciten deben resolverse por los tribunales laborales establecidos para ello, concretamente a través del juicio laboral burocrático previsto en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Así, acorde al fundamento señalado, el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, no todo acto atribuible a un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino sólo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que suponga el ejercicio de facultades sustentados en el orden público e interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; pero también los entes de la administración pública pueden actuar como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios, conocidos comúnmente como relaciones de coordinación que son entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, y para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales. Por tanto, como el acto reclamado es la retención del cincuenta por ciento del salario del quejoso que se desempeña como analista administrativo en la Dirección de Conservación de Bosques y Barrancas, entonces dada su naturaleza deja en evidencia que entre el trabajador del que surgió dicho derecho laboral y el ente patronal aquí señalado como autoridad responsable, existió una relación de coordinación y no de supra a subordinación, de modo que la presente instancia constitucional resulta improcedente. En efecto, al retener el cincuenta por ciento del salario del quejoso, las autoridades responsables, actuaron como patrón, por lo que dicha relación es de coordinación y no de supra a subordinación, es decir, el Estado-patrón, no actúa frente el trabajador burócrata como autoridad sino como particular. Y tal relación de índole laboral tiene su fundamento en el artículo 114, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de acuerdo al cual, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores. Sobre el tema es aplicable la Jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, Materias Común, Laboral, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Por tanto, en el presente asunto el tipo de relación que existe entre el derecho que reclama el quejoso y las autoridades responsables, es laboral, pues en la demanda dicho quejoso expresó que el acto reclamado consiste en la retención del cincuenta por ciento de su salario por parte de su patrón. Además, dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso las autoridades señaladas como responsables no tienen ese carácter para efectos del juicio de amparo; de ahí que resulte innecesario sustanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. Aunado a que para arribar a esta conclusión, no se requieren sesudas reflexiones ni un estudio interpretativo de las normas que lo prevén, sino tan sólo la aplicación directa de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que expresamente establece que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Macario Oviedo González, quien autoriza y da fe

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