Ricardo Montalvo Macias

Expediente 568/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
568/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Montalvo Macias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que se admite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, el cual se registró como amparo en revisión 522/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito enviado vía electrónica por el autorizado del quejoso *************, mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyanse las demás copias entre las partes. Por tanto, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase el aludido escrito al Tribunal Colegiado que corresponda así como una copia más de dicho escrito, destinado al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese tribunal, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase...

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el secretario de acuerdos, por medio del cual acusa recibo el oficio 13109/2023, a través del cual se le comunicó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa la sentencia de doce de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 568/2023, y R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. ... 2. Trámite del juicio. ... C O N S I D E R A N D O I. Competencia. ... II. Fijación de lo reclamado. ... III. Existencia del acto reclamado. ... IV. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues de las constancias remitidas por la responsable se aprecia que el acuerdo reclamado fue notificado a la persona quejosa el trece de abril de dos mil veintitrés, mediante publicación en el boletín jurisdiccional. Notificación que surtió efectos al tercer día hábil siguiente de esa publicación, de conformidad con el artículo 65, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al ser el aplicable, por criterios de temporalidad -por ser posterior- y de especialidad -al ser exactamente aplicable a este tipo de notificación-, en contrapartida con el diverso precepto 70 de la misma normatividad, ello además en atención a los principios pro persona, y pro actione, contenidos en los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal como apoya la tesis XIII.2o.C.A.2 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con registro 2021895, del contenido siguiente: "NOTIFICACIONES POR BOLETÍN JURISDICCIONAL EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 65, PENÚLTIMO PÁRRAFO Y 70 DE LA LEY FEDERAL QUE LAS RIGE, EN CUANTO AL MOMENTO EN QUE SURTEN EFECTOS, DEBE RESOLVERSE CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, EN EL SENTIDO DE QUE PREVALECE EL PRIMER PRECEPTO SOBRE EL SEGUNDO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016). Del artículo 65, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir del 14 de junio de 2016, se advierte que las notificaciones por boletín jurisdiccional surtirán efectos al tercer día hábil siguiente a aquel en que se haya realizado la publicación relativa; sin embargo, el artículo 70 del mismo ordenamiento dispone que las notificaciones surtirán efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueren hechas. Ahora, para resolver esa antinomia, al estar involucrado el derecho humano de acceso a la justicia, debe atenderse al mayor beneficio para el actor en el juicio contencioso administrativo federal y, por ende, establecer que la norma especial (artículo 65, penúltimo párrafo), prevalece sobre la general (artículo 70). Lo anterior, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, conforme al cual todas las autoridades deben aplicar el principio pro persona, esto es, realizar la interpretación que más favorezca a los derechos de la persona, de modo que cuente con dos días más para impugnar la resolución que le perjudique." En consecuencia, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a contabilizarse al cuarto día siguiente hábil a aquél en que se realizó la publicación en el boletín jurisdiccional, por lo que el lapso para la presentación de la demanda transcurrió del diecinueve de abril al once de mayo, ambos de dos mil veintitrés, debiendo descontarse los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno, cinco, seis y siete de mayo, todos del año en cita, por tratarse de días inhábiles y al ser sábados y domingos, en atención a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En atención a lo anterior, si la demanda de amparo fue recibida el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, es claro que su presentación fue oportuna. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, tratándose del acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictado por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio ********************, en virtud de que las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna en su contra, y toda vez que este juzgado no advierte de oficio que se actualice una de ellas, es que se procede al estudio de fondo del asunto. Ello además, porque este juicio de amparo resulta procedente en contra del acto reclamado en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, al tratarse de una determinación emitida después de concluido el juicio, que reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado y ordenó el archivo definitivo del asunto. Sin que se inadvierta que en su artículo 58, facción II, inciso a), numeral 1, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece un medio de defensa en contra de los actos que dan cumplimiento a una sentencia en los juicios de la materia, consistente en el recurso de queja, sin embargo, en su literalidad se advierte que dicho precepto establece lo siguiente: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia." Por lo que, de una interpretación auténtica de dicha disposición se obtiene que en la misma únicamente se prevé que procede el recurso de queja, en lo que interesa, en contra de "la resolución que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia", esto es, de forma expresa sólo posibilita impugnar mediante el recurso de queja la resolución mediante la cual la autoridad condenada intenta dar cumplimiento a la sentencia dictada, tan es así que derivado de tal circunstancia, por ejemplo, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.A. J/34 A (11a.), determinó que la última resolución en el procedimiento de ejecución para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tenía que ser aquella resolución dictada por la autoridad condenada por medio de la cual intenta dar cumplimiento a una resolución de queja por defecto. Luego, es que la normativa transcrita no establece específicamente que se podrá interponer recurso de queja contra el acuerdo dictado por la sala sustanciadora, en la que declare cumplida la sentencia definitiva dictada en juicio -acto reclamado en este asunto-, por lo que de establecerse que tal precepto permite la promoción de dicho medio de defensa en este caso específico, está sujeto a interpretación adicional -al no estar establecido así expresamente por la norma-, por lo cual se actualiza la excepción establecida en el artículo 61, fracción XVIII, en su último párrafo, de la Ley de Amparo, y en esos términos es que la persona aquí quejosa estuvo en libertad de interponer dicho recurso o acudir directamente a esta instancia constitucional, razones por las que resulta procedente el presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior por analogía, con base en sus consideraciones, la tesis XXIV.1o.7 A (11a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con registro 2026209, del contenido siguiente: "INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY AGRARIA. ES INNECESARIO AGOTAR ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN ACTOS OMISIVOS O NEGATIVOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, AL SER DICHO PRECEPTO OBJETO DE UNA INTERPRETACIÓN ADICIONAL, LO QUE CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: La parte actora obtuvo sentencia favorable en un juicio agrario, pero promovió juicio de amparo indirecto contra la negativa de ejecutarla por el Tribunal Unitario Agrario y, en consecuencia, contra la negativa tanto de inscribir dicha sentencia en el Registro Agrario Nacional, como de la expedición de los certificados de derechos agrarios correspondientes. El Juez de Distrito desechó la demanda con base en que no agotó el principio de definitividad; contra dicha determinación interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es innecesario agotar la inconformidad prevista en el artículo 191 de la Ley Agraria, previamente a promover el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman actos omisivos o negativos de ejecución de una sentencia, al ser dicho precepto objeto de una interpretación adicional respecto de la procedencia de ese medio de impugnación, que puede tener resultados diferentes, lo que constituye una excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que -en materia administrativa- el amparo sólo procederá, entre otros casos, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que, en su caso, procedan. En ese sentido, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En ese contexto, la interpretación literal -o gramatical- del artículo 191, penúltimo párrafo, de la Ley Agraria, lleva a considerar que la inconformidad procede única y exclusivamente contra los términos de la ejecución de la sentencia agraria, siendo la parte procesal que obtuvo sentencia favorable quien tiene la posibilidad de inconformarse. Por tanto, dicha porción normativa puede dar lugar a una interpretación gramatical y a una extensiva contra tal negativa, o sea contra actos omisivos o negativos de ejecución, al margen de que ése no fue el espíritu del legislador. Por consiguiente, procede entonces promover el juicio de amparo indirecto con base en la excepción a la regla del principio de definitividad, precisamente porque la procedencia del medio de defensa se sujeta a interpretación adicional; de ahí que el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso, en su caso, o acudir al juicio de amparo." VI. Estudio. Es inoperante un concepto de violación hecho valer por la parte quejosa e infundados los restantes, sin que se advierta motivo para suplirlos en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, y conforme a la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007681, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS." Así es, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, con el fin de evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada, en esencia, argumenta lo siguiente: a) Que la resolución reclamada es violatoria del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece fundamentación y motivación. b) Que la sala no demostró que los cálculos efectuados por la autoridad responsable eran correctos, al margen que negó la apertura de un incidente de liquidación, a pesar de estar obligada a ello conforme al artículo 39 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, con lo cual careció de elementos objetivos para determinar que la sentencia había sido cumplida en sus términos. Para lo cual refiere que resulta aplicable el criterio 1ª. XXXVIII/2009, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las determinaciones emitidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo directo 4/2021 y el amparo en revisión 151/2020, de su índice. c) La Sala responsable ordenó archivar el expediente sin que el procedimiento haya culminado, ya que la autoridad demandada no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida a su favor, lo cual ha violentado sus derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, es por ello que debe otorgarse el amparo para que la Sala responsable no sólo dicte un acuerdo del cual pretende evadir su responsabilidad, sino para que respete el derecho humano de la persona quejosa a una justicia pronta y expedita, con la finalidad de resguardar su garantía de ejecución. d) Que se declaró cumplida la sentencia sin tomar en cuenta que en el oficio de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, no coincidía la información plasmada en la "TABLA 1. PENSIÓN QUE SE DEBIÓ PAGAR" y la evolución de sueldos inserta en las páginas tres y cuatro de catorce, DPyRL/DTyDP/JP/219/2021, en tanto que no coinciden con los años 2009, 2015 y 2016, generando incertidumbre jurídica. Precisado lo anterior, como se adelantó, resulta inoperante un concepto de violación hecho valer por la parte quejosa e infundados los restantes, por las razones que se expondrán a continuación. Por cuestión de orden, se analizará en primer término la violación procesal alegada por la parte quejosa, sistematizada en el concepto de violación d) en el sentido de que la Sala regional responsable, declaró cumplida la sentencia sin tomar en cuenta que en el oficio de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, no coincidía la información plasmada en la "TABLA 1. PENSIÓN QUE SE DEBIÓ PAGAR" y la evolución de sueldos inserta en las páginas tres y cuatro de catorce, DPyRL/DTyDP/JP/219/2021, en tanto que no coinciden con los años 2009, 2015 y 2016, generando incertidumbre jurídica; ello, es así, en tanto que de resultar fundada tal cuestión, haría innecesario el estudio de los argumentos restantes relativos a combatir dichos cálculos, determinados por la autoridad demandada en la resolución de cumplimiento. Al respecto, cabe precisar que tal concepto de violación es inoperante, en tanto que la persona quejosa no combate los argumentos torales que sostienen el acuerdo reclamado, mediante los cuales la autoridad responsable dio contestación a esas alegaciones, sino que solo sostiene una postura contraria a lo resuelto. Respecto de lo cual, la parte quejosa nada controvirtió de manera eficaz, aunado a que partía de una premisa falsa sustentada en que la Sala responsable fue omisa en tomar en consideración los montos que indica para comprobar lo injustificado de los cálculos de los incrementos a la cuota pensionaria, lo cual no es cierto. En apoyo, por las razones que a sustentan, se cita el criterio jurisprudencial 2a./J. 108/2012 (10a.), emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2001825, y de contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." En otra parte de los conceptos de violación, los cuales fueron sistematizados como incisos a), b) y c), la parte quejosa reclama la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, señalando que es violatoria del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se encuentra fundada y motivada, así como deficiencias que impiden determinar que se verifique que las cantidades cuantificadas con motivo del cumplimiento de la sentencia, fueran las correctas. Son infundados tales planteamientos, en primera porque contrario a lo sustentado por la parte quejosa, la responsable cuenta con la obligación oficiosa de verificar el cumplimiento de la sentencia en cuestión, tal como lo visibiliza la tesis (I Región) 8o.57 A (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, con registro 2016642, la cual se comparte y, es del contenido siguiente: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SU CUMPLIMIENTO DEBE REVISARSE OFICIOSAMENTE, INCLUSIVE EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA EMITA UNA NUEVA DETERMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA INTERLOCUTORIA DE QUEJA. El artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que las Salas, Secciones o el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán requerir y revisar oficiosamente el cumplimiento de sus sentencias. Por otra parte, la fracción II de dicho precepto no establece expresamente que la resolución administrativa emitida por la autoridad demandada en cumplimiento a una interlocutoria que declaró fundada una queja interpuesta por el actor, sea revisada oficiosamente por dicha autoridad jurisdiccional. No obstante, esta última porción normativa debe interpretarse a la luz del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, entre otras cosas, establece el principio de plena ejecución de las resoluciones judiciales, que implica que aquellas determinaciones que han causado estado se materialicen en su totalidad; es decir, que cabalmente se realicen las conductas de dar, hacer o no hacer ordenadas por la autoridad jurisdiccional. En estas condiciones, si bien es cierto que algunas legislaciones procesales establecen la obligación del juzgador de velar por el pleno cumplimiento de sus determinaciones, para lo cual llevará a cabo oficiosamente los actos necesarios para lograrlo, como sucede con la Ley de Amparo, también lo es que otras contienen un principio de impulso procesal de las partes, comprensible por su propia naturaleza, como sucede en los procesos mercantiles. Así, el intérprete de la norma habrá de analizar el sistema normativo correspondiente, según sus características, para determinar cuál es la situación que prevé en el caso concreto. De esta manera, la fracción I del precepto 58 citado, que establece la revisión oficiosa del cumplimiento de la sentencia de nulidad, debe servir de base para llenar la laguna normativa de la diversa fracción II. Por tanto, para hacer efectivo el principio señalado, aun cuando el actor no desahogue la vista otorgada para manifestarse sobre el cumplimiento dado a una interlocutoria de queja, ello no es impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revise oficiosamente si la autoridad demandada acató el fallo de nulidad y el de la queja. Esto es, la omisión de desahogar la vista aludida podrá tener repercusiones como la preclusión procesal, pero, se insiste, no al grado de que la Sala, Sección o el Pleno omita analizar si se acató o no su sentencia." En ese sentido, se tiene que precisamente la Sala responsable determinó declarar cumplida la sentencia emitida en el juicio de origen, al considerar esencialmente, entre otros aspectos, que las manifestaciones de la parte actora no demostraban que el acatamiento de la sentencia fuera deficiente o defectuoso, ya que sí verificó que en el oficio de cumplimiento, la autoridad demandada desglosó las operaciones aritméticas y precisó los elementos que tomó en consideración para calcular los incrementos de la cuota diaria pensionaria, pues indicó que las operaciones aritméticas que utilizó para obtener los porcentajes de incremento aplicables a la pensión de la parte actora resultan suficientes para que se advierta el procedimiento que realizó para llegar a tal determinación. Es así, porque del acto reclamado se advierte que, como lo refirió la Sala responsable, la autoridad demandada sí precisó los elementos que tomó en consideración para calcular los incrementos salariales conforme a lo previsto en el precepto legal señalado por la persona quejosa, para lo cual detalló los porcentajes de incremento que correspondían a cada uno, así como los elementos y operaciones que empleó para obtenerlos; ello, sin que se inadvierta que en la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad, la controversia se centró en el derecho subjetivo inherente al incremento de su pensión conforme a los incrementos básicos de los trabajadores en activo, en proporción, así como temporalidad, y no así sobre una cantidad en específico. De ahí que no le asista la razón, pues contrario a lo que expone, la Sala responsable sí fue exhaustiva en su estudio, pues advirtió que la autoridad demandada sí había expuesto los procedimientos aritméticos mencionados, sin que fuera posible corroborar de oficio si dichos procedimientos son correctos, pues esa cuestión no fue parte de los efectos de la nulidad decretada, sino que debe ser en un nuevo procedimiento donde, en su caso, la parte quejosa combata la legalidad de los resultados y procedimientos obtenidos, como acertadamente lo precisó la autoridad responsable, al indicar que: "[.] de acceder a la pretensión de la actora implicaría una nueva litis relacionada con la cuantía exacta del asunto, lo cual debe ser analizado en una sentencia de fondo y no así en un fallo interlocutorio como el que en este momento se emite.". Ello, ya que la determinación de cumplimiento debe ceñirse a los efectos decretados en la sentencia, pues ir más allá de ellos implicaría pronunciarse sobre cuestiones novedosas que no fueron materia de litigio y sobre las cuales la autoridad que está dando cumplimiento, no tendría oportunidad de defenderse, pues el procedimiento de ejecución no tiene esa finalidad, sino que únicamente se encarga de asegurar el debido cumplimiento de lo sentenciado, es decir, sin variar la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 301, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 165807, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, se insiste, toda vez que la sentencia definitiva de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, fue para el efecto de que la autoridad demandada fundara y motivara el ajuste que realizara a las diferencias de la retroactividad salarial aplicada a la cuota pensionaria -actualizada conforme a la normativa fiscal-, así como las inherentes al concepto de gratificación anual, por lo que como sostuvo la Sala responsable, el oficio en cuestión se constituye como un nuevo acto administrativo, por lo que la verificación de si los cálculos efectuados resultan o no correctos y si la fundamentación y motivación fue debida o no -no ausente o insuficiente-, debe ser materia de impugnación si así lo estimara la aquí parte quejosa, mediante los medios de defensa que considere conducentes. Ello, máxime que no se estableció lineamiento o parámetro alguno en la forma en que debía realizarse ese cálculo, puesto que como se precisó, se decretó la nulidad parcial del acto impugnado para que éste fuera fundado y motivado por la autoridad demandada. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene que partir de que el artículo 17, párrafos segundo y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho a favor de toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; asimismo, señala que las leyes establecerán los mecanismos necesarios para que se garantice el acceso a la jurisdicción y la plena ejecución de las sentencias. Así, como se adelantó, resulta correcto lo determinado por la Sala responsable en el auto reclamado, en el que declaró cumplida la sentencia, tomando en consideración que la parte demandada demostró los cálculos correspondientes, y con la cual cumple con la exigencia impuesta en la resolución del juicio de nulidad, porque lo que interesa en este punto, es dar a conocer a la parte actora de manera fehaciente, los datos que sustentan el resultado final de la cuantificación efectuada por la autoridad, a efecto de que esté en condiciones de controvertir esa determinación en caso de existir desacuerdo en cuanto a los resultados obtenidos. Lo cual se considera congruente, toda vez que como se precisó al inicio del estudio del concepto de violación, la sentencia definitiva de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se emitió a efecto de que la autoridad demandada, fundara y motivara el acto a través del cual diera a conocer el ajuste a las diferencias de la cuota pensionaria conforme al periodo que indicó, así como lo relativo a las diferencias por concepto de gratificación anual y su respectiva actualización conforme a la normativa en materia fiscal que indicó, sin expresar lineamiento o parámetro alguno en la forma en que debía realizarse ese cálculo; de allí que también se considere congruente que la Sala responsable dejara expedito el derecho de la demandante [actor, aquí quejoso], para promover los medios de defensa que estimara oportunos en contra de la resolución de cumplimiento (contenida en el oficio SP/DPSHT/5925/2022, de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós), que consideró se constituye como un nuevo acto administrativo. Sin que en el caso resulte aplicable el criterio 1ª. XXXVIII/2009, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 167486 y de rubro "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO)", en tanto que ahí se realiza una interpretación de una codificación local relativa al entonces Distrito Federal [ahora Ciudad de México], así como al Código de Comercio, y tal normativa no regula el acto aquí reclamado. Ello, al margen de que las resoluciones que cita, emitidas por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, por si solas no resultan vinculantes para este órgano jurisdiccional, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo. Todo ello, con independencia de que la parte quejosa fue omisa en formular argumentos tendentes a combatir frontalmente la consideraciones contenidas en el acto reclamado, inherentes a la negativa de la apertura del incidente de liquidación, ni a que la autoridad evidenció que la parte actora tampoco ofreció prueba pericial en materia contable, sino que solo sostuvo una postura contraria a lo resulto, sin que esta deficiencia, como se adelantó, pueda ser suplida acorde al artículo 79 de la Ley de Amparo, en tanto que no fue materia de la litis en el juicio de nulidad, como acertadamente lo destacó la Sala responsable, y como se aprecia tanto de la sentencia definitiva, como de la resolución interlocutoria derivada de la queja interpuesta en la etapa de cumplimiento. Finalmente, también en cuanto a su concepto de violación enlistado como inciso c), la parte quejosa señaló que la sala responsable al declarar cumplida la sentencia y consecuentemente el archivo del expediente, sin que el procedimiento haya culminado, violenta su derecho de acceso a la justicia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, en contravención con el artículo 17 constitucional, es por ello que debe otorgarse el amparo para que la Sala responsable no sólo dicte un acuerdo del cual pretende evadir su responsabilidad, sino para que respete el derecho humano de la persona quejosa a una justicia pronta y expedita, con la finalidad de resguardar su garantía de ejecución. Es infundado tal concepto de violación, porque como se precisó, el actuar de la Sala responsable no resulta incorrecto, en esencia, porque la sentencia definitiva se emitió para efectos de fundamentación y motivación del nuevo acto administrativo, por lo que el análisis de fondo de la resolución de cumplimiento, por cuanto a si los cálculos resultan correctos o no, así como si resultan adecuados los elementos sobre los que la autoridad demandada sentó las bases para tal cálculo, son materia de impugnación del nuevo acto administrativo, respecto del cual la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacer valer los medios de defensa que correspondan. En conclusión, al resultar inoperante un concepto de violación e infundados los restantes y, al no advertirse que se configure alguna violación que subsanar mediante la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, debe negarse el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se niega el amparo y protección de la justicia federal a********************, respecto de la resolución de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de nulidad ********************, por la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe, hoy doce de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

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