Ricardo Ocampo Mederos
Expediente 771/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ricardo Ocampo Mederos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dictada por este Juzgado de Distrito, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil veintidós AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las doce horas del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 771/2022, promovido por Ricardo Ocampo Mederos, por conducto de su apoderado; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida el encargado del despacho acuerda: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la instrumental de actuaciones, presuncional y documentales ofrecidas por el quejoso; así como las documentales remitidas por la Junta responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el período. Luego, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo 771/2022; y, RESULTANDO 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito enviado en línea, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el trece de mayo de dos mil veintidós, y remitido a este Juzgado el dieciséis del citado mes y año, Ricardo Ocampo Mederos, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos e Instituto Mexicano del Seguro Social, que hizo consistir en: ". la omisión por parte de la responsable en actuar conforme los plazos y términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no ha llevado a cabo el procedimiento de ejecución contenido en el título quince de dicha ley, no tomando las medidas necesarias para que el hoy quejoso tenga acceso a una justicia pronta, expedienta e imparcial paralizando el procedimiento laboral. .el incumplimiento y desacato de la conducta impuesta a la autoridad responsable en el fallo del laudo de 13 de marzo de 2020." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de amparo de que se trata, la cual quedó registrada con el número 771/2022, misma que en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, en el que se mandó pedir informe justificado a la Junta responsable. En el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Además, en este asunto, no se atribuyó el carácter de tercero interesado a ninguna persona. Se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se inició previos diferimientos al tenor del acta que antecede. Finalmente, en proveído de doce de julio del presente año, se regularizó el procedimiento y se ordenó girar oficio al instituto responsable para que rindiera su informe justificado; y, CONSIDERANDO I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdos generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclaman actos derivados de un expediente tramitado dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: a). De la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la omisión de tomar las medidas para llevar a cabo la ejecución del laudo, pues no ha acordado el escrito presentado el doce de abril de dos mil veintidós, registrado con folio 0009739, a través del cual se solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y/o en su caso embargo sobre bienes de la parte demandada en el juicio laboral 907/17; se pidió se tuviera a salvo el derecho de la parte actora para el pago de incrementos y en su momento se aperturara el incidente de liquidación respectivo; se solicitó se hicieran efectivos los apercibimientos con los que se conminó a las demandadas en auto de ocho de febrero del año en curso; y se delegó poder en favor de diversas personas. b). Del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de cumplir con el laudo dictado en el expediente laboral 907/17. III. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la Junta responsable, pues así lo manifestó su Presidenta al rendir el informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que obran en el expediente laboral de origen, las que fueron enviadas en copia certificada; documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones; y por lo que ve al Instituto Mexicano del Seguro Social, se presume cierto el acto atribuido de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues no lo rindió pese a estar notificado para ello. Sin que obste que se haya llamado únicamente como autoridad responsable a la Junta, como órgano colegiado y no a la Presidenta, y se pudiera considerar que no fue escuchada esta última en el presente juicio de amparo en defensa de su acto; ello porque la Presidenta forma parte de ese órgano colegiado, aunado a que fue quien rindió el informe justificado, por lo que no puede ser ajena al acto que se le atribuye. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 57/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200702, de rubro y texto siguientes: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ESTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Como la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo actos de tracto sucesivo, no son aplicables los plazos establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, de ahí que la demanda se considere presentada en tiempo. V. Causales de improcedencia respecto del acto reclamado referido en el inciso a) del considerando II de esta determinación. Se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. De las constancias que obran en autos se aprecia que el doce de abril de dos mil veintidós, la parte actora, aquí quejosa, por conducto de su apoderado, presentó escrito ante la autoridad responsable, quien le asignó el folio 0009739, a través del cual, solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y/o en su caso embargo sobre bienes de la parte demandada en el juicio laboral 907/17; pidió, se tuviera a salvo el derecho de la parte actora para el pago de incrementos y en su momento se aperturara el incidente de liquidación respectivo; también solicitó se hicieran efectivos los apercibimientos con los que se conminó a las demandadas en auto de ocho de febrero de este año; y delegó poder en favor de diversas personas. El ocho de julio del año que transcurre, la Presidenta de la junta responsable, respecto del citado ocurso, ordenó decir al promovente que no había lugar a acordar favorable su petición y que debía estarse a lo acordado el ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se le informó que el laudo emitido en ese asunto, no contenía cantidad líquida a ejecutar quedando a salvo su derecho para actuar conforme al artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo; por otro lado, se ordenó requerir por última ocasión a las demandadas para que dentro del término de diez días dieran cumplimiento voluntario al laudo, con el apercibimiento respectivo; y por lo que ve a las personas propuestas, se tuvo al promovente delegando poder en su favor, pero asentó que una vez que acreditaran cumplir con los requisitos de ley, se les reconocería la personalidad ostentada; acuerdo que fue notificado a la parte actora por medio de boletín laboral el trece de julio del actual, como se aprecia en el sello correspondiente; fecha en que cesaron los efectos del acto reclamado. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo que procede sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la propia Ley. No se inadvierte que el quejoso en su demanda de amparo, específicamente en el apartado del acto reclamado de manera genérica reclamó la omisión de tomar las medidas necesarias para ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral de origen, la cual en realidad no tiene existencia jurídica y se sobreseería en el juicio, ya que no podría constreñirse al Presidente de la junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al presidente ejecutor, dada la necesaria intervención del actor; y en esos casos, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente y de realización incierta al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, página 844, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de 2010025, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Sin embargo, como quedó precisado en el inciso a) del II considerando de esa resolución, del estudio integral de la demanda de amparo, se advirtió que la parte quejosa reclama en esta instancia, la omisión de la Junta responsable de no acordar su escrito a través del cual solicitó se dictara auto de requerimiento de pago y en su caso embargo sobre bienes de la parte demandada. VI. Causales de improcedencia respecto del acto reclamado referido en el inciso b) del considerando II de esta resolución. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado consiste en la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral de origen. Respecto al tema que se trata, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la Jurisprudencia número 2a./J. 34/2018 (10a.), estableció de manera genérica que de existir mecanismos en las leyes que rigen los actos de las autoridades, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrán hacer efectivas otras medidas contra el infractor. El órgano máximo de justicia, destacó que cuando existan entre las partes relaciones de coordinación los sujetos involucrados actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes, y en esos casos el tribunal cuenta con plenitud de jurisdicción para hacer cumplir las sentencias o laudos, atendiendo al procedimiento instaurado para ese efecto en la legislación respectiva. Dicha ejecutoria dio origen a la Jurisprudencia número 2a./J. 34/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Lo anterior se estima aplicable al caso, tomando en consideración que la Ley Federal del Trabajo, aplicable, contempla procedimientos para que las Juntas laborales consigan el cumplimiento de los laudos, a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, además se establece la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de dictar auto de ejecución y de comisionar a un actuario de su adscripción para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo; aunado a que en esos casos, las partes se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Y como sucede con cualquier particular, las autoridades demandadas pueden ser vencidas a través de dichos instrumentos legales con que cuentan las Juntas para que se logre el cumplimiento de los laudos y, por ende, las autoridades demandadas no actúan en un esquema de supra a subordinación -como condición para la categorización de un acto de autoridad-, sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. En esas condiciones, el incumplimiento por parte del instituto demandado, a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia estudiada, acorde a la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. VII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Ricardo Ocampo Mederos, por conducto de su apoderado, contra las omisiones reclamadas a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y al Instituto Mexicano del Seguro Social; en términos de los considerandos V y VI de este fallo. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta determinación, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la segunda certificación secretarial que antecede de la que se desprende que de una revisión que se hizo al escrito inicial de demanda, se advirtió que la parte quejosa también señaló con el carácter de autoridad responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que se haya librado oficio para que rindiera su informe justificado; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia por disposición expresa del ordinal 2º, se regulariza el procedimiento, para el efecto de girar el oficio correspondiente y notificarle el auto admisorio, para que esté en aptitud de rendir su informe justificado. Asimismo, agréguese el oficio signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual remite copia certificada del acuerdo que dictó el ocho de julio del año en curso, mediante el cual contestó el escrito registrado con número de folio 009739; con su contenido y constancias anexas dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las doce horas del diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual remite copia certificada de las constancias requeridas el veinticuatro de junio del año en curso; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe
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