Ricardo Moya Espinosa

Expediente 361/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
361/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Moya Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de dieciséis de agosto del año en curso (fojas 25 a 31), mediante el cual se desechó su demanda de amparo, dentro del plazo que para tal efecto establece el primer párrafo, del artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjuntos 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que la Fedataria adscrita a este Juzgado, hace constar que no le fue posible notificar al quejoso RICARDO MOYA ESPINOSA, el proveído de dieciséis de este propio mes de agosto (fojas 25 al 31), en virtud que al constituirse en el barrio Lieza de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, en busca de la calle o avenida Río Atoyac, tercera sección, y cerciorada de ser el barrio correcto, por así habérselo informado diversos vecinos de ese lugar, quienes al preguntarles por la calle o avenida Río Atoyac, le manifestaron que en ese barrio no existen secciones y que tampoco la calle o avenida Atoyac; información que le reiteró personal de Correos de México. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones que perjudican la pronta y expedita administración de la justicia federal, con apoyo en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al aludido quejoso el presente acuerdo, así como el diverso de dieciséis del mes actual, y los acuerdos subsecuentes, aun los de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto cumpla el amparista con la carga procesal de señalar domicilio cierto y exacto en esta ciudad, donde puedan practicársele sus notificaciones. Sirve de apoyo la tesis aislada número IU-28 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII (Abril de 2006), Página 1058, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, intitulada:

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio OCC/C13/JDM/61/2019, del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio 111.1594, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con esta misma residencia, y anexo, consistente en la demanda de amparo promovida por RICARDO MOYA ESPINOSA, contra actos del titular de ese juzgado. Ahora, téngase por recibido el oficio 111.1594, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, y anexo, consistente en la demanda de amparo promovida por RICARDO MOYA ESPINOSA, al haber sido señalado como autoridad responsable el titular de ese órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo correspondiente. Por las razones y fundamentos que tomó en consideración el juez declinante, mismos argumentos que hace suyos esta funcionaria, por compartirlos sustancialmente, y con apoyo en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de que se trata. Ahora, vista la demanda de amparo que promueve RICARDO MOYA ESPINOSA, contra actos del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro respectivo bajo el número 361/2019. En el caso, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera, la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 1.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: ... Así, en el presente asunto, el acto reclamado, al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, se hizo consistir en la resolución emitida el dieciocho de julio del año en curso, en el incidente de incompetencia por razón de la materia, dentro del juicio ordinario civil 16/2019, del índice de ese juzgado. En la especie, se aprecia de manera manifiesta e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan:... De la interpretación sistemática y armónica de los preceptos legales antes citados, se observa que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, el promovente deberá aducir que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Federal, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, cabe referir que paria determinar la procedencia del juicio de amparo en los caos en los que se analicen temas de competencia, el legislador estableció en la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que éste procede en los supuestos en los que la autoridad determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014, precisó que era necesario indicar el alcance de la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto en material de competencia, pues si bien éste procede contra los actos le autoridad que determinen declinarla o inhibirla, ello debe ser bajo la condición de que esas resoluciones tengan el carácter de definitivas. Lo anterior, a fin de fijar cuándo se produce la afectación personal y directa a la esfera ¿le derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, el Máximo Tribunal de la Nación destacó que aun cuando no se tiene certeza si el legislador tuvo, o no, la intención de identificar a las cuestiones competenciales como sustantivas o de imposible reparación, lo que verdaderamente era trascendente era que si bien existe disposición expresa, en la que el legislador estatuyó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinaran la competencia, lo cierto era que ello debiera interpretarse literalmente y aseverar que, por el solo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo será procedente, indefectiblemente cuando se reclamen cualquier tipo de actos relacionados con un pronunciamiento relacionado con la competencia. De ahí que en esa ejecutoria la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la decisión de una autoridad, de declararse incompetente, o la solicitud que hacía una autoridad a otra para que se inhibiera en el conocimiento de un asunto, no podían considerarse determinaciones que justificaran la procedencia del juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en vigor, sino sólo en el caso de que aquélla se tornara DEFINITIVA, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque era en esos momentos del trámite cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Ahora bien, tales consideraciones fueron retomadas por el Máximo Tribunal de la Nación al resolver la diversa contradicción de tesis 216/2014, en la que extendió el alcance de la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, y determinó que también procede el juicio de amparo bi-instancial contra las resoluciones que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, dado que se tratan de determinaciones definitivas, porque producen una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, por lo que esos actos también son impugnables a través del juicio de amparo indirecto. Razón por la cual, ese Tribunal Pleno estimó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, debe hacerse extensiva a los supuestos en los que se deseche o desestime una excepción y/o incidente de incompetencia, al considerarse definitivos. Por tanto, atento a lo determinado por el Máximo Tribunal de la Nación, para que proceda el juicio de amparo indirecto contra resoluciones vinculadas con el tema de competencia es necesario que se trate de actos definitivos que produzcan una afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, en términos de lo que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es hasta ese momento en que se producen todas las consecuencias del acto reclamado. En el caso en concreto, si el quejoso RICARDO MOYA ESPINOSA reclama en el presente asunto la resolución de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 16/2019, que promovió contra la persona moral Comisión Federal de Electricidad, en el que el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, resolvió declarar fundado el incidente de incompetencia por razón de la materia planteado por la demandada, y determinó que ese juzgado es legalmente incompetente para conocer del juicio ordinario civil promovido por el aquí quejoso, ordenando remitir los autos al Tribunal Unitario Agrario, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que de aceptar la competencia, resuelva la controversia, es evidente que dicha determinación no tiene el carácter de definitiva para la procedencia del juicio de amparo, y con ello, la actualización del agravio personal y directo que pretende el quejoso, pues ello, en su caso ocurrirá una vez que el Tribunal Unitario Agrario a quien se le declinó la competencia, la acepte, y sólo en ese momento será cuando el promovente de amparo se encuentre en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, Constitucional, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, no resulta inadvertido que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Por otra parte, toda vez que el quejoso RICARDO MOYA ESPINOSA, en su escrito de demanda señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Río Atoyac sin número, Barrio Lieza, Tercera Sección, en Tehuantepec, Oaxaca, se comisiona a la Actuaria adscrita a este juzgado, para que se constituya en el domicilio antes precisado, y con sujeción a las disposiciones legales que para las notificaciones personales se establecen en la Ley de Amparo, notifique personalmente este auto al aludido quejoso, o a cualquiera de sus autorizados; asimismo, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, siguiente al en que sea legalmente notificado, señale domicilio en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, sede de este Juzgado, a efecto de recibir las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones personales que surjan en este expediente se le harán mediante lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Este criterio jurisprudencial es aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Con fundamento en el artículo 24, fracción II, de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, porque en esos términos lo solicita. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la - Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, sé suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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