Ricardo Narváez Pérez
Expediente 240/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Narváez Pérez
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio 22857/2018, signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ..., mediante el cual acusa recibo del oficio 2225, con el que se le envió el oficio 2277, derivado del juicio 422/2017 del índice de este Juzgado, donde se transcribió la interlocutoria dictada en el incidente de separación de autos, relativo al juicio de amparo 422/2017 del índice de este Juzgado, así como tres boletas de turno, copia certificada del juicio de amparo citado en dos tomos; asimismo, se le tiene informando que aceptó la competencia declinada asimismo, informa que admitió a trámite dicho juicio, registrándole bajo el número de toca 641/2018 de su índice.
- Principal
Por recibidas las documentales de cuenta consistentes en el oficio 2277, signado por el titular de este órgano jurisdiccional, que contiene la interlocutoria dictada en el incidente de separación de autos relativo al juicio de amparo 422/2017, del índice de este juzgado, con el que se remiten tres boletas de turno, y copia certificada del juicio de amparo de referencia en dos tomos. Ahora, en acatamiento a la citada interlocutoria de once del mes actual, este juicio de amparo se ocupará únicamente de los actos reclamados, consistente en: la orden de reaprehensión librada por la juez Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y su ejecución, atribuida al Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el estado de Oaxaca, con residencia en la citada localidad; regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número 240/2018, que le corresponde. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo resulta necesario verificar si este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, es competente para conocer de la misma, por ser éste un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Al respecto, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El numeral transcrito establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de la jurisdicción ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige una ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde ha de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución puedan realizarse o se hayan realizado. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, esto es, el sitio donde los actos reclamados han de ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor del juez ante el que se presente la demanda. Establecido lo anterior, debe destacarse que en el caso, el peticionario de amparo, esencialmente, reclama a través de este juicio de amparo la orden de reaprehensión librada en su contra, acto que atribuye a la juez Octavo de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y su ejecución, atribuida al Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el estado de Oaxaca, con residencia en la citada localidad. Aunado a ello, el aquí quejoso en la demanda de amparo señala que tiene su domicilio ubicado en la calle de Hidalgo número diecinueve, de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, Oaxaca. En este tenor, con base en los antecedentes expuestos, resulta evidente que el acto reclamado a través de esta vía constitucional, por su naturaleza, tienen ejecución en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, esto es, fuera de la circunscripción correspondiente a este órgano jurisdiccional; en consecuencia, es obvio que se surte la primera regla competencial, que es el lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, es decir, es juez competente aquél en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde el acto de ejecución se realiza. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En ese orden, en términos del punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, la competencia se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por ser éste el que tiene competencia en el lugar de residencia del aquí quejoso, del lugar donde todas las autoridades responsables tienen su residencia y donde se ejecuta o deba ejecutarse el acto reclamado, al establecer: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. [.]". Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37, párrafos primero, así como el ordinal 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; corresponde al juez de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, conocer de este juicio de amparo, motivo por el cual, este Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, declara carecer de competencia legal para resolver este asunto; por lo que, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec. En consecuencia, remítanse las constancias de cuenta consistentes en el oficio 2277, signado por el titular de este órgano jurisdiccional, que contiene la interlocutoria dictada en el incidente de separación de autos relativo al juicio de amparo 422/2017, del índice de este juzgado, con el que se remiten tres boletas de turno, y copia certificada del juicio de amparo de referencia en dos tomos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; para que, por su conducto, lo remita al juez de Distrito en el estado de Oaxaca en turno, con residencia en dicha localidad. Con las copias relativas fórmese cuaderno de antecedentes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes
- Ricardo López Pérez184/2016
- Ricardo Márquez Sandoval240/2020
- Ricardo Moya Espinosa361/2019
- Ricardo Narvaez Pérez.459/2017
- Ricardo Narvaez Perez537/2018
- Ricardo Narváez Pérez422/2017
- Ricardo Narváez Pérez407/2017
- Ricardo Narváez Pérez440/2017
- Ricardo Pacheco Rodriguez306/2020
- Ricardo Salgado Mendoza567/2015
- Ricardo Santiago Álvarez Sangerman319/2020
- Ricardo Santos Elorza87/2018