Ricardo Jacobo Vázquez Rasgado
Expediente 26/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ricardo Jacobo Vázquez Rasgado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista la razón actuarial de esta fecha, asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, donde hace constar que no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso, en el sentido de notificar personalmente a la parte quejosa, en razón que no se indica a qué colonia o barrio corresponde la Calzada Teniente Azueta, sin número, esquina ferrocarril, altos, Código Postal 70690; no obstante lo anterior, toda vez que a una cuadra de las instalaciones de este Juzgado de Distrito, existe la referida Calzada, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de enero de dos mil dieciocho, procedió a la búsqueda del citado domicilio, localizando un inmueble ocupado como despacho jurídico, de color gris, siendo atendida por una persona del sexo masculino, quien dijo responder al nombre de Eusebio Suárez Martínez, y le informó que no conoce al quejoso y que no ha autorizado su domicilio para recibir notificaciones; por lo que continuó con su búsqueda entre la Calzada Teniente Azueta y esquina Ferrocarril, localizando un taller de bicicletas y un edificio con las leyendas "Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Marina" y "MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA", los cuales se encontraban cerrados; posteriormente, siendo las catorce horas con cinco minutos del treinta de enero de la presente anualidad, se constituyó en las instalaciones de Correos de México, siendo atendida por Andrés Jiménez, empleado de dicha dependencia, a quien al preguntarle a qué colonia corresponde el Código Postal 70690, le informó que a las colonias Guadalupe y San Pablo Norte, pero que en esas colonias no existen la Calzada Teniente Azueta ni calle o avenida Ferrocarril, por lo cual no le fue posible realizar la notificación personal del citado acuerdo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se ordena notificar al quejoso el aludido acuerdo, y las notificaciones que surjan en este juicio, incluidas las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publican en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio cierto en esta ciudad para recibir notificaciones.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo que promueve el quejoso Ricardo Jacob Vázquez Rasgado contra actos de la Superintendencia, Zona Tehuantepec de la Comisión Federal de Electricidad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: Pues bien, en el caso, del escrito de demanda se advierte que el quejoso Ricardo Jacob Vázquez Rasgado, promueve demanda de amparo contra actos de la Superintendencia, Zona Tehuantepec de la Comisión Federal de Electricidad. De quien reclama: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil catorce, mediante el cual solicitó el pago del derecho de servidumbre e indemnización respecto del bien inmueble del que es propietario. Y como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que con fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce presentó escrito en la oficina de Superintendencia, Zona Tehuantepec de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual solicitó el pago de derecho de servidumbre, así como el pago de la correspondiente indemnización a que tiene derecho respecto del bien inmueble del que es legítimo y legal propietario. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el acto que se señala como reclamado no es susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo, en virtud que no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de una relación entre particulares. Con el objeto de demostrar esa conclusión, es necesario conocer el texto de los artículos mencionados, en ellos se prevé: .... Del análisis conjunto de tales preceptos, se deduce que la procedencia del juicio de amparo requiere que a través de éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose como tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no establece una definición clara de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos precedentes con el fin de dilucidar ese concepto y estableció que es aquélla que con fundamento en una ley de orden público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí, ante sí y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Por lo tanto, para considerar a una autoridad como responsable en el juicio de amparo debe atenderse a lo siguiente: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, la que se lleva a cabo entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y el interés social. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de su potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del gobernado. De esta manera, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de tales relaciones, es decir, de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Es aplicable a lo anterior, la tesis que dispone lo siguiente: En ese tenor, el concepto de autoridad para efectos del amparo excluye los actos de particulares, siempre y cuando éstos no realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en términos de la fracción II del artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Ahora, resulta indispensable determinar si el acto reclamado en esta vía consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición presentado en la Oficina de Superintendencia, Zona Tehuantepec, de la Comisión Federal de Electricidad el dieciocho de marzo de dos mil catorce, tiene el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual es necesario destacar que la petición debe presentarse a un funcionario público o servidor público con dicho carácter, es decir, en una relación jurídica de supra a subordinación, entre gobernante y gobernado, con lo que surge el derecho de éste último a que se le dé contestación por escrito y pueda acudir al juicio de amparo contra su transgresión. Así, tal violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se da cuando la solicitud es formulada ante una autoridad en su carácter de particular, esto es, en una relación de coordinación, dado que en ese supuesto la posición del quejoso frente a la autoridad, no es la de un gobernado. En este contexto, se hace patente precisar la naturaleza de la "petición" de que se trata, con el fin de determinar si en el caso la señalada como autoridad responsable actúa en su calidad de ente de derecho público. Ahora, del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama omisión de dar respuesta a su escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil catorce, mediante el cual solicitó el pago del derecho de servidumbre e indemnización respecto del bien inmueble del que es propietario. En ese sentido, resulta inconcuso que la solicitud se planteó a la responsable en un plano de igualdad, ya que lo pedido se originó para exigir el pago del derecho de servidumbre que se constituyó en los terrenos del quejoso sin su consentimiento, por la instalación de cuatro torres que sostienen la línea eléctrica de 115000 voltios identificada con el número ARR-73580-JUD, afectándole ochocientos metros aproximadamente; de ahí, que la falta de contestación al escrito en cuestión no constituya un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de un escrito dirigido a una empresa productiva del Estado en un plano de igualdad, en su carácter de particular, esto es, en una relación de coordinación, para exigir el pago de una contraprestación. Ciertamente, se trata de un acto de omisión cuya génesis radica en el plano de coordinación que existe entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, por la exigencia del pago de una servidumbre y sin la intervención de la facultad de imperio, ya que no existe el elemento relativo a la supra a subordinación, pues al acudir ante ese organismo y elevar la solicitud lo hizo en su carácter de particular y no así de gobernado. Asimismo, de conformidad con la petición del quejoso es evidente que pretende la obtención de un pago con motivo de la constitución de una servidumbre constituida sobre sus terrenos, donde no existe un vínculo de gobierno entre el particular y el ente público, es decir, una relación de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación derivada de la constitución de dicha servidumbre; de ahí que se considera que no existe una relación entre autoridad y gobernado. En ese contexto, si la petición no se realizó a un funcionario en su calidad de autoridad, sino en su carácter de particular, para exigir el pago de una contraprestación derivado de la constitución de una servidumbre, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente; pues en todo caso, ante la negativa de realizar el pago de lo reclamado, el promovente se encuentra en aptitud de exigir dicho pago en la vía correspondiente ante los tribunales ordinarios. Por lo expuesto, el escrito de la parte quejosa cuya omisión de respuesta reclama, de ninguna forma puede considerarse como "derecho de petición" en términos del artículo 8º de la Constitución Federal, pues en éste, más que ejercer el referido derecho, se encuentra encaminado a que la autoridad se pronuncie sobre una cuestión que no puede ser considerada como una relación de supra a subordinación, sino entre particulares, lo cual patentiza la causa de improcedencia que se invoca, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 5, fracción II, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Jacob Vázquez Rasgado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que señala, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alexander Antonio Cabrera, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que se encuentra registrado en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente por autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que señala, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que no se encontró registro alguno a su nombre en el citado Módulo, lo mismo que en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado. Finalmente, para los efectos de la publicidad de esta resolución, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que la parte quejosa no manifestó durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta resolución; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.
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