Ricardo Moreno Flores
Expediente 799/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Moreno Flores
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, a dos de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Moreno Flores, contra los actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio actuando como Tribunal de Enjuiciamiento y otra autoridad; Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 799/2023. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, de la demanda de amparo de cuenta se advierte que el promovente reclama lo siguiente: "IV. Acto reclamado. Se reclama lo siguiente: Del Juez Milton Moctezuma Vega Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio actuando como Tribunal de Enjuiciamiento: La omisión de explicar al sentenciado las consecuencias de dispensar la celebración de la audiencia de explicación de sentencia. La omisión de dar a conocer al sentenciado las consecuencias de interponer o no el recurso de apelación respecto de una sentencia condenatoria de primera instancia que impuso pena de prisión privativa de la libertad. Del Congreso de la Unión: a) La omisión legislativa de no establecer la forma en que el Tribunal de Enjuiciamiento debe actuar bajo el supuesto de que las partes soliciten la dispensa de la audiencia de lectura y explicación de sentencias, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales solo prevé el caso en que una vez iniciada su celebración no estuviere presente ninguna de las partes. Ahora bien, de su escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes del acto reclamado lo siguiente: 1. El suscrito fue sujeto a procedimiento substanciado bajo la causa penal 458/2018 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. 2. En audiencia oral celebrada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del proceso penal 458/2018 el quejoso fue condenado por la comisión del delito de trata de personas en la hipótesis de quien consigna, traslade y promueva para sí a una persona por medio de la violencia física o moral, para someterla a explotación sexual, previsto y sancionado en los artículos 5°, párrafo primero y 6°, fracción I de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 3. En audiencia de nueve de septiembre de dos mil diecinueve se celebró la audiencia de individualización de sanciones en la que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en su carácter de Tribunal de Enjuiciamiento, impuso una pena de nueve años de prisión y setecientos cincuenta días de multa y se fijaron las dieciséis horas del diecisiete de septiembre del mismo año para la celebración de la audiencia de lectura y explicación de sentencia. 4. El doce de septiembre de ese mismo mes y años, ante la oficialía de partes del Centro de Justicia Penal Federal, tanto el quejoso como su entonces defensor particular -licenciado Sergio Arana Monroy- solicitaron la dispensa de la lectura y explicación de la sentencia. 5. Por auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez de Distrito actuando como juez de enjuiciamiento canceló la celebración de esa audiencia y ordenó la notificación de la sentencia a las partes. 6. El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el juez responsable declaró concluida la audiencia de debate en todas sus fases y dictó la sentencia correspondiente; la cual le fue notificada de forma personal al quejoso al interior del Centro Penitenciario de Puebla, donde se encuentra recluido. 7. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, vistos los registros de la causa penal se indicó que había transcurrido el término con el que contaban las partes para recurrir la resolución de diecisiete de septiembre del mismo año sin haberlo hecho. Entonces, declaró que desde el dos de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria dicha sentencia. " En mérito de lo cual, respecto a los actos reclamados al Juez que señala como responsable consistentes en las omisiones de explicar al sentenciado las consecuencias de dispensar la celebración de la audiencia de explicación de sentencia y la de dar a conocer al sentenciado las consecuencias de interponer o no el recurso de apelación respecto de una sentencia condenatoria de primera instancia que impuso pena de prisión privativa de la libertad, así como la omisión legislativa de no establecer la forma en que el Tribunal de Enjuiciamiento debe actuar bajo dichos supuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De lo transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el quejoso pretende reclamar diversas omisiones por parte del Juez responsable, actuando como Tribunal de Enjuiciamiento, acontecidas antes de que declarara ejecutoriada la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso dentro del proceso penal 458/2018, por la comisión del delito de trata de personas en la hipótesis de quien consigna, traslade y promueva para sí a una persona por medio de la violencia física o moral, para someterla a explotación sexual, previsto y sancionado en los artículos 5°, párrafo primero y 6°, fracción I de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Sin embargo, el propio impetrante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, como parte de los antecedentes del acto reclamado, que el Juez responsable en dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve declaró que desde el dos de octubre de dos mil diecinueve causó ejecutoria dicha sentencia emitida el cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora, resulta pertinente destacar el contenido de los artículos 412 y 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber: "Artículo 412. Sentencia firme. En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables sin necesidad de declaración alguna." "Artículo 413. Remisión de la sentencia. El Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a aquél en que la sentencia condenatoria quede firme, deberá remitir copia autorizada de la misma al Juez que le corresponda la ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Dicha disposición también será aplicable en los casos de las sentencias condenatorias dictadas en el procedimiento abreviado." "Artículo 102. Puesta a Disposición. El Juez o Tribunal de enjuiciamiento, dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al Juez de Ejecución y a la Autoridad Penitenciaria. Cuando el sentenciado se encuentre privado de la libertad, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, lo pondrá a disposición del Juez de Ejecución. Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne voluntariamente, y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata. En caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y se dicte una sentencia condenatoria con otorgamiento de sustitutivo penal, el Juez de Ejecución lo prevendrá para que en un plazo de tres días manifieste si se acoge a dicho beneficio, bajo el apercibimiento que de no pronunciarse se ordenará su reaprehensión. Dispositivos legales en los cuales se establece que cuando no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables sin necesidad de declaración alguna, así como de que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento, dentro de los tres días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al Juez de Ejecución, poniendo al sentenciado a disposición del Juez de Ejecución. De lo cual resulta indudable que en el caso concreto ha ocurrido un cambio en la situación jurídica del impetrante de amparo, pues las consecuencias jurídicas de las omisiones reclamadas antes de que la sentencia definitiva fuera declarada ejecutoriada fueron superadas procesalmente al haberse emitido el auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, a través del cual el Juez responsable declaró que desde el dos de octubre de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia condenatoria dictada en su contra, siendo éste estadio procesal el que ahora afecta su libertad personal; por lo cual, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones respecto de las omisiones reclamadas, al no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (ejecución de sentencia). Máxime que dicha conducta procesal -dispensa de la lectura y explicación de la sentencia- fue solicitada por el propio el quejoso junto con su entonces defensor particular; de ahí que ahora no pueda desconocerla. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DE DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa. Apoya tal consideración, por analogía, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Época: Novena Época Registro: 169410 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Junio de 2008 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Página: 270 SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. De igual forma, la tesis con datos de identificación, rubro y texto siguientes: Registro digital: 2017544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/18 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Desechamiento que se hace extensivo respecto al diverso acto reclamado consistente en omisión atribuida al Congreso de la Unión ello al haber resultado improcedente el juicio de amparo respecto de los actos de aplicación impugnados. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, cuyo rubro dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." AUTORIZADOS Se tiene por autorizados a los profesionistas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por estar debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, así también, con las limitaciones a que se refiere el citado artículo, las diversas personas que refiere por así solicitarlo el promovente. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario EDUARDOTELLEZ, para la notificación electrónica y consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE ELECTRONICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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