Ricardo Morales Aguilar

Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
242/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Morales Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta 405/2022 del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja Q-58/2022 de su índice, de lo cual se advierte que el tribunal de alzada resolvió declarar infundado el recurso de queja. Acúsese recibo a la superioridad. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. Intégrese a los autos el expedientillo que se ordenó formar con motivo de la sustanciación del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del presente asunto. DESTINO DE EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE, de conformidad con el diverso 21, inciso d), del acuerdo general citado, porque se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá destruirse el juicio de amparo en que se actúa, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el tercer párrafo del artículo 21 del acuerdo normativo. ANOTACIÓN EN CARATULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta del quejoso ********************por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de diez de marzo de dos mil veintidós; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley en cita, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar la demanda de amparo promovida por la quejosa ********************contra actos del Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, y otra. Ahora bien, en virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes, como lo prevé el numeral 101 de la ley de la materia; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en Turno, el informe justificado sobre la materia de la queja, al cual deberán anexarse el recurso, copia del mismo y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. SE ORDENA HACER DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente en atención al artículo 39 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, así como la Circular CAR 02/CCNO/2020 de doce de marzo de dos mil veinte, emitida por la Secretaría de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la analista jurídico SISE para hacer disponible el expediente electrónico del presente juicio de amparo con el recurso de revisión citado con antelación. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, diez de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Morales Aguilar, contra los actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese bajo el número 242/2022. DESECHAMIENTO DEMANDA Precisado lo anterior, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, el auto de formal prisión o preventiva de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, dictado dentro del proceso 23/2016 del índice del juzgado responsable, así como su ejecución al Director del Centro Penitenciario de Puebla. Así mismo, refirió que promovió diverso juicio de amparo en contra de la autoridad judicial señalada como responsable, que se radicó en este juzgado federal con el número 475/2021, a través del cual, reclamó la dilación, omisión o demora por falta de notificación de su situación jurídica (acto que reclama en esta vía), juicio en el cual se decretó el sobreseimiento; manifestaciones que constituyen una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad en su artículo 2, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. Lo que se corrobora con las actuaciones derivadas del juicio de amparo indicado, promovido por el propio quejoso, cuyo contenido se invoca como un hecho notorio para el suscrito conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tener conocimiento de dicho asunto como titular de este juzgado. De las constancias derivadas del juicio de amparo 475/2021, concretamente de la promoción 8923 recibida el dos de junio de dos mil veintiuno, se advierte que el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, determinación que se le notificó en la misma fecha a las veintiún horas con treinta minutos y, al día siguiente, a su defensor particular (fojas 487 a 514 del archivo digital relativo a tal promoción). Incluso en la constancia de notificación practicada a su defensor se asentó que apeló el auto de formal prisión en esa misma diligencia, esto es, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior, permite establecer que en el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que impone desechar de plano la demanda que se provee, al surtirse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando la demanda es promovida fuera del plazo previsto en la ley, pues en tal supuesto el acto reclamado debe considerarse consentido tácitamente. Al respecto, el plazo para promover el juicio de amparo es el genérico de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, salvo los supuestos previstos en el citado artículo, el cual en términos del diverso 18, ambos de la Ley de Amparo se computa, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En el caso, es evidente que la notificación al quejoso respecto al auto de formal prisión que reclama ocurrió el veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, mientras que su defensor fue notificado de la misma determinación al día siguiente; ahora bien, tomando en consideración lo previsto en el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "Artículo 48.- Los términos judiciales establecidos en este Código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica." Tal precepto no prevé cuándo surte efectos una notificación, sin embargo, al establecer que los términos judiciales son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, ello lleva a concluir que surte efectos en el momento en que se practica. Por tanto, tomando como parámetro la última notificación para efectos del cómputo, el plazo con que contaba para reclamar dicho acto corrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del veintitrés de marzo y concluyó el quince de abril, ambos de dos mil veintiuno, descontando del mismo los días veintisiete, veintiocho y treinta y uno de marzo; uno, dos, tres, cuatro, diez y once de abril de ese año, por haber sido inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, como la demanda se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, el ocho de marzo de dos mil veintidós, es evidente que ello se hizo en forma extemporánea, consintiendo tácitamente el quejoso los actos que reclama en esta vía. Máxime que aun cuando se tramitara la demanda de ninguna manera podría cambiar el resultado, lo cual hace innecesario admitirla, pues no variaría la conclusión alcanzada en este proveído, de ahí que resultaría estéril esperarse a emitir una resolución en los mismo términos en la audiencia constitucional, pues tal circunstancia ninguna utilidad práctica ni jurídica depararía al promovente, al existir plena certeza del resultado de este asunto. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, invocado, se desecha de plano la demanda, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. Por otra parte, si bien en el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia se estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", sin embargo, ello torna evidente que excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo un auto de formal prisión, en virtud de ser una determinación que se emite dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de garantías en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el único afán de retrasar la continuidad y celeridad del mismo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase por autorizada a la profesionista Nidya Ayerim Jiménez Hernández, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública; y, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley citada, a las demás personas que menciona en su demanda, esto es, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones. AUTORIZACIÓN CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES Al margen de lo anterior, téngasele proporcionando el nombre de usuario "Jurídico91", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Y, como lo solicita, notifíquese por vía electrónica las resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar de manera personal, a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y vía electrónica por conducto de su autorizada.

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