Ricardo Morales Aguilar
Expediente 452/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Morales Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintidós. FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de mayo pasado, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que no se ordenó la apertura de los cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a), del acuerdo general citado porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por último, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y electrónicamente a los autorizados del inconforme.
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. DESPACHO DILIGENCIADO Agréguese sin mayor acuerdo el oficio del juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 363/2022 del índice de este juzgado federal, mediante el cual se ordenó el emplazamiento del tercero interesado ************, representante legal y padre de la víctima directa, quien en vida respondió al nombre de **************, dado que el diecisiete de este mes y año, se sobreseyó el presente asunto, fuera de la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, dése de baja en la estadística de este juzgado y hágase las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFICACIONES POR LISTA PARTE TERCERA INTERESADA Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que el tercero interesado *************, representante legal y padre de la víctima directa, quien en vida respondió al nombre de *************, a la fecha no ha señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. En tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento de diez de mayo de este año y, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la referida parte el presente proveído, así como los subsecuentes autos, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. INFORMES JUSTIFICADOS Agréguese los oficios de los magistrados integrantes de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y de otra autoridad, mediante los cuales rinden su INFORME JUSTIFICADO; sin que proceda dar vista a las parte con su contenido, atendiendo las razones que se citarán más adelante. PERSONALIDAD NO RECONOCIDA DEL PROMOVENTE Previo a establecer la actualización de la improcedencia invocada, del estado de los autos aparece que en auto de diez de mayo pasado, se conminó a la sala responsable para que remitiera las constancias en las que apareciera la personalidad del promovente Antonio Hernández Victoria, quien se ostentó con el carácter de defensor particular del quejoso Ricardo Morales Aguilar, para instar en su favor el presente sumario de derechos humanos. La sala responsable en su informe justificado manifestó: ".por acuerdo de fecha 1 uno de abril del año 2022 dos mil veintidós se tuvo al procesado RICARDO MORALES AGUILAR nombrando como sus defensores particulares a ANTONIO HERNÁNDEZ VICTORIA y NIDYA AYERIM JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, señalando medios electrónicos para recibir todo tipo de notificaciones y solicitando copias certificadas de la resolución dictada por esta Alzada; por lo que esta Sala autorizó los medios electrónicos y concedió tres días para que los abogados comparecieran a aceptar y protestar el cargo únicamente para los efectos que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud que el presente toca se encuentra terminado, acuerdo que fue notificado, sin que comparecieran a protestar el cargo los Licenciados ANTONIO HERNADEZ VICTORIA y NIDYA AYERIM JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, por lo que NO tienen la calidad de defensores particulares del sentenciado en el presente toca de apelación, quedando subsistente el nombramiento de la Defensora Publica Adscrita a esta Sala." Para corroborar su dicho, la sala responsable remitió copia certificada de diversas constancias deducidas del toca de apelación 120/2021 de su índice, en las que aparece que por acuerdo de uno de abril pasado la sala tuvo al procesado Ricardo Morales Aguilar nombrando como sus defensores particulares a Antonio Hernández Victoria y Nidya Ayerim Jiménez Hernández, y conminó a estos para que dentro del término de tres días comparecieran a aceptar y protestar el cargo, sin que se desprenda que hayan comparecido. También aparece que la sala designó a la defensora pública Teresa Hernández López, quien protestó el cargo conferido el seis de septiembre del año pasado, para asistir al procesado Ricardo Morales Aguilar y el veintiuno de septiembre siguiente, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de vista, asistiendo al procesado la licenciada Teresa Hernández López, defensora pública adscrita a la alzada, y el cuatro e octubre de dos mil veintiuno, se emitió ejecutoria, la cual fue notificada a dicha defensora. En ese sentido, se desconoce la personalidad de Antonio Hernández Victoria, como defensor particular del aquí quejoso Ricardo Morales Aguilar. Sin que en el caso proceda realizar el procedimiento previsto en el artículo 14 de Ley de Amparo, esto es, requerir a la parte inconforme para que ratifique la demanda presentada en su nombre, pues se advierte la actualización de una causal de improcedencia que, aun ratificándose la demanda por el quejoso, en nada cambiaría su actualización. SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Luego, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En el caso, la parte quejosa reclama de los magistrados integrantes de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca 120/2021, así como su ejecución. Ahora, de las constancias generadoras de los actos reclamados, aparece que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, la sala responsable tuvo a Enrique Pérez Serrano, defensor particular del procesado Ricardo Morales Aguilar, aquí quejoso, interponiendo recurso de apelación contra el auto de formal prisión de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso 23/2016 del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Digno Solano Flores; y le reconoció a Enrique Pérez Serrano, el carácter de apelante. Con motivo de lo anterior, la sala responsable notificó al quejoso Ricardo Morales Aguilar, así como al apelante Enrique Pérez Serrano, la determinación reclamada el dieciséis de marzo de dos mil veintidós (foja 23 vuelta del anexo exhibido por sala). A mayor abundamiento, consta la notificación practicada a Teresa Hernández López, defensora pública nombrada al quejoso en segunda instancia, la cual fue practicada el veintitrés de marzo de este año (foja 23 vuelta del anexo exhibido por sala), la cual aparece firmada por dicha profesionista al margen de la constancia de notificación respectiva. Al respecto, cabe precisar que para efectos del presente juicio de amparo, debe tomarse en cuenta la última de las notificaciones practicadas al quejoso, a través de su defensora, Teresa Hernández López, en tanto es la que mayor beneficio le genera para la temporalidad en la promoción del presente juicio de amparo. Conforme a lo relatado, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que impone desechar la demanda, con fundamento en los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos para ello. Así, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo genérico para presentar la demanda de amparo es de quince días, con las salvedades ahí precisadas, las cuales no se surten en el caso, pues se reclamó un acto que si bien afecta la libertad personal, sin embargo, se emitió dentro del procedimiento penal en el que el quejoso es parte. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo se establece que ese plazo se computará a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Tales supuestos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, si conforme a la hipótesis indicada en el inciso 1) anterior, el plazo en cuestión debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; entonces, debe atenderse al artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que establece: "Artículo 48. Los términos judiciales establecidos en este Código son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, sin incluirse los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al acusado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria o de resolver, sobre su situación jurídica. Tal precepto no prevé cuándo surte efectos una notificación, sin embargo, al establecer que los términos judiciales son improrrogables y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación respectiva, ello lleva a concluir que surte efectos en el momento en que se practica." De tal manera, si de las constancias relativas al toca de apelación aparece que la determinación de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se notificó al quejoso, por conducto de la defensora pública que se le designó, el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el plazo de quince días transcurrió del veinticuatro de marzo al dieciocho de abril pasado, descontando los días veintiséis, veintisiete de marzo, dos, tres, nueve, diez, trece, catorce, quince, dieciséis y diecisiete de abril de la presente anualidad, por ser inhábiles para la promoción del juicio de amparo. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veintidós de abril de dos mil veintidós, su promoción fue extemporánea, pues lo hizo un día después del vencimiento del plazo con que contaba para instar este medio extraordinario de defensa, de ahí que consintió tácitamente la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca 120/2021. De ahí que se actualice la causal de improcedencia, prevista en la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el quejoso Ricardo Morales Aguilar consintió tácitamente el acto reclamado ya que no obstante haber sido notificado de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el veintitrés de marzo siguiente, a través de la defensora pública que le nombró la sala responsable, se promovió este juicio hasta el veintidós de abril de dos mil veintidós, según la data que obra en el sello fechador de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, lo que, como se precisó, excede el plazo de quince días hábiles establecido en el artículo 17 del mismo ordenamiento legal. En tales condiciones, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia referida y, por ende, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con doce minutos del dos de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. No pasa inadvertido que el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo. De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa. Por otra parte, si bien en el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia se estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", sin embargo, ello torna evidente que excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo un auto de formal prisión, en virtud de ser una determinación que se emite dentro de procedimiento. Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la interposición de la demanda de garantías en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el único afán de retrasar la continuidad y celeridad del mismo. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión; electrónicamente a la autorizada del quejoso; vía correo institucional a la representación social federal de la adscripción y mediante oficio a las responsables y a la autoridad tercera interesada.
- Principal
Puebla, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese el escrito de Antonio Hernández Victoria, quien se ostenta con el carácter de defensor particular del quejoso Ricardo Morales Aguilar, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el veintiséis de abril pasado, señala, bajo protesta de decir verdad, que el tercero interesado es Leocadio Solano Aveuno, representante legal y padre de la víctima directa, quien en vida respondió al nombre de Digno Solano Flores, con domicilio en Privada Hidalgo, sin número, de San Baltazar Atlimeyaya, Municipio de San Juan Tíanguismanalco, del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, la parte quejosa reclama del juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, el auto de formal prisión de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el proceso 23/2016 de su índice, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondió al nombre de Digno Solano Flores. Respecto a ese acto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme a lo transcrito el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Causa de improcedencia que está orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada. Por tanto, conforme a tal supuesto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto controvertido, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia cuyos de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Este supuesto de improcedencia también se extiende a aquellos actos respecto de los cuales no es dable emprender el análisis de su legalidad al haberse sustituido por otros, esto es, cuando un acto reclamado a virtud de una determinación posterior no puede generar consecuencias legales, sino que la afectación que resiente el gobernado deriva de aquél que lo sustituyó, que, lógicamente, resulta posterior al acto primigenio del que derivó, en un primer momento, la afectación controvertida. Esto ocurre, entre otros casos, cuando la resolución de primera instancia que se reclama, es sustituida procesalmente por la emitida en el recurso de apelación que se interpuso en su contra; en tal supuesto, el juicio de amparo es improcedente respecto a aquélla, en tanto que dejó de tener efectos propios a virtud de tal sustitución y, por ende, no procede el análisis de su ajuste a la legalidad, pues emprenderlo afectaría la segunda determinación, de la cual constituyó la materia de estudio. Apoya tal consideración la jurisprudencia con rubro: Época: Décima Época Registro: 2002188 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 77/2012 (10a.) Página: 841 RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Criterio jurisprudencial que es aplicable al caso, no obstante que se refiere al artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada; pues su contenido es similar al del articulo y fracción citados al inicio de este acuerdo. En el caso, la determinación de plazo constitucional fue apelada por el quejoso; recurso que constituye otro de los actos reclamados en este juicio. Lo cual evidencia que el primero de esos actos dejó de surtir efectos, pues fue materia de tal medio de impugnación Consecuentemente, se desecha la demanda únicamente respecto al acto reclamado al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, consistente en la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el proceso 23/2016; ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS ACTOS DE LA SALA PENAL En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que hace a los actos atribuidos a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, así como a la directora del Centro Penitenciario de Puebla, consistente en la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, en el toca 120/2021, así como su ejecución. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se ordena la apertura de los cuadernos incidentales, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con doce minutos del dos de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficios que el secretario podrá firmar indistintamente de manera electrónica o autógrafa, los que indistintamente se podrá presentar o enviar por correo ordinario o electrónico, al que se adjunte demanda y escrito aclaratorio de la misma, requiérase el informe justificado que las autoridades responsables deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciban el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada digitalizada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Destacando que dicho plazo es suficiente para que las responsables rindan su respectivo informe, pues atendiendo a las circunstancias del caso, es innecesario alterar ese periodo general previsto en el párrafo primero del arábigo 117 de la ley de la materia. En su defecto, las responsables deberán informar y acreditar las circunstancias extraordinarias y desconocidas por este órgano jurisdiccional, que ameriten el otorgamiento de un plazo mayor, no bastando la simple manifestación de que la prórroga es necesaria a fin de recabar los datos y documentos requeridos para sustentar el informe y remitir las copias certificadas que le servirán de apoyo. Apercibidas las autoridades antes mencionadas, que con independencia de presumirles cierto el acto reclamado, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que deberán remitir su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, lo anterior conforme a lo previsto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020. La dirección de las instalaciones es: Dirección: calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410. Y el correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Quedan obligadas a confirmar su recepción al teléfono con número 22 22 37 76 60 en un horario de las nueve a las quince horas de lunes a viernes. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas. REQUERIMIENTOS AL DEFENSOR PROMOVENTE Y CONSTANCIAS DE PERSONALIDAD A LA SALA Tomando en consideración que Antonio Hernández Victoria, se ostenta con el carácter de defensor particular del quejoso Ricardo Morales Aguilar, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase a la sala responsable para que dentro del término de tres días contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el carácter de defensor con que se ostenta el promovente; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se impondrá, a cada uno, una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se apercibe a Antonio Hernández Victoria, que en caso de no demostrar ser el abogado defensor del quejoso Ricardo Morales Aguilar, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley de Amparo; además se procederá en términos de lo previsto en el artículo 14 de la ley de la materia. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dése a Ariadna Aguilar Hernández en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le corresponde; asimismo, se habilita al actuario para que practique la correspondiente notificación electrónica a través de los correos electrónicos institucionales Ariadna.aguilar@fgr.org.mx y Ariadna.aguilar_@pgr.gob.mx; córrasele traslado con copia digitalizada de la demanda y del escrito aclaratorio de la misma, este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente; ello, porque así lo informó el entonces agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante escrito acordado el nueve de febrero de dos mil veintidós, agregado al expediente varios 1/2022 de este juzgado, lo que se invoca como un hecho notorio. TERCEROS INTERESADOS. Ahora, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, incisos c) y e), de la ley de la materia, téngase con el carácter de terceros interesados a: a) agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. b) Leocadio Solano Aveuno, representante legal y padre de la víctima directa, quien en vida respondió al nombre de Digno Solano Flores, con domicilio en Privada Hidalgo, sin número, de San Baltazar Atlimeyaya, Municipio de San Juan Tíanguismanalco, del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes. EMPLAZAMIENTO VÍA OFICIO Entonces, con relación al agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se ordena emplazarlo mediante oficio que al efecto se gire con inserción de este acuerdo y con copia de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio de la misma; a fin de que esté en aptitud de intervenir en lo que a su representación competa. EMPLAZAMIENTO VÍA DESPACHO Ahora, tomando en consideración que Leocadio Solano Aveuno, representante legal y padre de la víctima directa, quien en vida respondió al nombre de Digno Solano Flores, tiene su domicilio fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 310, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, gírese atento despacho, vía electrónica, al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva emplazar al citado tercero interesado en el domicilio ubicado en: Privada Hidalgo, sin número, de San Baltazar Atlimeyaya, Municipio de San Juan Tíanguismanalco, del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, debiendo correrle traslado con copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio de la misma y del presente proveído; haciéndole saber la fecha en la que tendrá verificativo la audiencia constitucional, esto es, a las nueve horas con doce minutos del dos de junio de dos mil veintidós, misma que se diferirá hasta lograr su emplazamiento al presente juicio de amparo, así como que dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, deberá señalar domicilio en esta ciudad de Puebla para oír y recibir sus notificaciones personales, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal; lo anterior, conforme el arábigo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. También deberá informarle la actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes a cargo del Poder Judicial de la Federación y la facultad de los juzgadores para exhortar a las partes que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Hágase del conocimiento de la autoridad a quien corresponda diligenciar la comunicación de mérito, que el funcionario al que le designe llevarla a cabo, deberá practicar los emplazamientos ajustándose a lo previsto en la Ley de Amparo, particularmente los artículos 24 y 27, por lo cual éstas deben efectuarse de inmediato; y una vez practicadas las mismas, la autoridad requerida deberá devolver dicha comunicación oficial con la misma prontitud o, en su caso, informar las razones por las que no se llevó a cabo dicha diligencia. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiese, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Se solicita al aludido juez que de no tener inconveniente legal alguno con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite al funcionario encargado de practicar los emplazamientos que nos ocupan, para que de ser necesario se pueda constituir en el domicilio proporcionado en distintos días y horas inhábiles, sin que sea obstáculo para llevar a cabo el emplazamiento encomendado el hecho de que al momento de recibir la respectiva comunicación, haya transcurrido la fecha de la audiencia constitucional, ya que con independencia de que la misma pueda diferirse, lo que importa es que sea debidamente emplazado. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. FORMA DE NOTIFICACIÓN En otro orden de ideas, se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado; ello, atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia1, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutorias -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable ejecutora no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se tendrán por inexistente en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, o bien, corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable ejecutora, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por electrónicamente al defensor particular del quejoso, personalmente al inconforme en el lugar de su reclusión; emplácese vía despacho al tercero interesado; mediante correo institucional a la representante social federal de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables, así como a la autoridad tercera interesada.
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