Ricardo Mendoza Pimentel y Otros.
Expediente 411/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Mendoza Pimentel y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la diligencia de reconocimiento de firma que antecede, de la que se advierte que ********** y **********, cumplieron con el requerimiento que se le formuló en proveído de veintiocho de mayo del año en curso, consistente en reconocer el contenido y firma del ocurso presentado ante este juzgado el veintisiete del mismo mes y año. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, pues es a través de la firma o de la impresión de las huellas digitales que se externa la voluntad de las partes de ejercitar un derecho. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: a) Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, supuestamente ********** y ********** promovieron el presente juicio de amparo. b) Por razón de turno le correspondió conocer a este juzgado, la cual se radicó el veinte de mayo pasado, bajo el número 411/2019-IV, y se requirió a los promoventes para que, por escrito y con cuatro copias para correr traslado a cada una de las partes: Precisaran el lugar de residencia de la autoridad que desean señalar como responsable. c) Mediante escrito recibido el veintisiete de mayo de la anualidad que transcurre en la oficialía de este tribunal, se pretendió cumplir con el auto aclaratorio, el cual se mandó reconocer en virtud de que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advirtió que las firmas que lo calzaban, de la simple confrontación con la demanda, eran notoriamente discrepantes. d) En diligencia de treinta de mayo de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la diligencia de reconocimiento de firma. En la especie, el suscrito advierte de la simple confrontación de las firmas que calzan la demanda de amparo (1), el escrito aclaratorio (2) y las asentadas en la diligencia de reconocimiento (3), que son totalmente diferentes entre sí. Se afirma lo anterior, porque las firmas asentadas en el libelo constitucional (1), en el escrito aclaratorio (2) y en la diligencia de reconocimiento de firma (3), tienen elementos caligráficos completamente diferentes. Ciertamente, el suscrito sin ser un perito en la materia advierte de la simple confrontación, así como atendiendo a las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, que entre las firmas que calzan la demanda de amparo (1), el escrito aclaratorio (2) y en la diligencia de reconocimiento (3), existe una diferencia notaria, por las siguientes razones: Respecto de las plasmadas por **********: La primera (demanda), los trazos son ilegibles, discontinuos, gruesos, irregulares, con altura diferente, con un peso y color intenso, con inclinación vertical y caracterizada por una línea curva que rodea completamente las letras cursivas formando un ovalo y finaliza con una extendida línea inclinada, con un gancho ligeramente curveado, que pasa a través de todos los trazos. La segunda (escrito aclaratorio) los trazos son ilegibles, continuos, finos, regulares, con altura similar entre las letras cursivas, con peso ligero y color suave, con inclinación vertical, con una línea curva que recae sobre la parte izquierda formando un medio circulo y termina con una línea inclinada, con un gancho ligeramente triangular, que cubre parcialmente los trazos. La tercera (diligencia de reconocimiento) los trazos son ilegibles, continuos, simples, no contiene letras cursivas ni tampoco inclinación, es una combinación de líneas curvas rodeadas por un circulo. Respecto de la plasmada por **********: La primera (demanda), los trazos son legibles, continuos y regulares, compuesta por cuatro letras mayúsculas de molde, separadas entre si, en línea recta, con rasgos gruesos y redondeados, con un trazo amorfo en la parte superior derecha. La segunda (escrito aclaratorio) los trazos son legibles e irregulares, compuesta por cuatro letras mayúsculas de molde, separadas entre si, ligeramente inclinadas, rasgos finos y lineales, con un trazo en forma de estrella en la parte superior derecha La tercera (diligencia de reconocimiento) los trazos son ilegibles e irregulares, con letras cursivas unidas de manera continua y fluida, con rasgos finos y una ligera inclinación vertical, así como dos líneas paralelas que atraviesan en forma horizontal las letras, sin figura en la parte superior. También, se observa que las características de calidad de las firmas de los escritos de demanda (1) y aclaratorio (2) son similares; a diferencia de las plasmadas en la diligencia de reconocimiento de firma (3), las cuales presenta características de escritura notoriamente diferente. Lo anterior que se corrobora de la confrontación de las credenciales para votar con que se identificaron ambos quejosos, con las firmas de la demanda y del escrito aclaratorio, ya que éstas (firmas 1 y 2 ) y aquéllas (firmas 3), a simple vista son evidentemente discrepantes. De lo anterior se colige que si la demanda de amparo presentada en este juzgado y con la que se formó el presente controvertido, así como el escrito aclaratorio, no contienen las firmas autógrafas de ********** y **********, es incuestionable que ésta no exteriorizó su deseo a través del signos gráficos consistentes en las firmas de promover el presente juicio, ya que de lo expuesto en la presente determinación se concluye que aquellas firmas (demanda y escrito aclaratorio) ni siquiera son parecidas o semejantes, sino TOTALMENTE DISTINTAS a la asentada en la diligencia de reconocimiento. En ese sentido, si los antes nombrados no suscribieron la demanda de amparo ni el escrito aclaratorio, es inconcuso que existe ausencia de voluntad para accionar ante la autoridad judicial a fin de que se analice su solicitud de amparo y, por ende, falta uno de los presupuestos necesarios para la procedencia del presente juicio, como lo es que debe instaurarse a instancia de parte agraviada, por lo que, procede desechar la demanda que se estudia. Estimar lo contrario y admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría fomentar la práctica viciosa de que cualquier persona, sin ser la interesada, firmara una demanda con el propósito de presentarla oportunamente, para después, en cualquier tiempo subsanar la omisión de voluntad con la ratificación de quien no la suscribió. Máxime que a la diligencia de reconocimiento de firma no puede otorgársele el alcance de tener por presentada la demanda, en tanto que el objeto de dicha diligencia se limita a que el autor del documento reconozca como suya la firma impresa en él y no a hacer suyo el contenido de un instrumento que no suscribió. Finalmente, cabe señalar que el suscrito no soslaya la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1234, Tomo II, Junio de 2017, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES."; sin embargo, se estima que la misma no es aplicable, ya que en el caso se está en presencia de una hipótesis diferente a la prevista en dicha jurisprudencia, pues aquella parte de la base de la notoria diferencia entre la firma de la demanda y la de la ratificación, y en la especie se está en el supuesto de que las firmas de la demanda y el escrito aclaratorio son totalmente distintas a las plasmadas en la diligencia de reconocimiento, es decir, que ni siquiera son parecidas o semejantes para presumir que exista una notoria diferencia, sino que son totalmente disímiles a simple vista. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por los quejosos ********* y *********, antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del ocurso de cuenta con el escrito inicial de demanda, que las firmas que calza aquél tiene rasgos notoriamente discrepantes con las estampadas en el libelo constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a los solicitantes del amparo para que dentro del término de tres días legalmente computado, comparezcan ante este juzgado debidamente identificados, en día y horas hábiles, a fin de que en diligencia formal reconozcan las firmas del ocurso de cuenta; apercibidos que de no hacerlo se tendrá por no presentado.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********** y **********, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Tramitación Común I, de la Procuraduría General del Estado de Guanajuato, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 411/2019-IV. De conformidad con el numeral 13 de la Ley de la Materia, se nombra como representante común al primero de los mencionados; sin perjuicio de que los quejosos sustituyan dicha designación en cualquier momento. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la ley de la materia como a continuación se verá: La fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta textualmente dice: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios". El primero de los preceptos establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa tiene la obligación de señalar en su demanda de amparo a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalaron en el capítulo respectivo como autoridad responsable a la que denominaron como: "Agente del Ministerio Público adscrito a la unidad de investigación de tramitación común I, de la Procuraduría General del Estado de Guanajuato" Sin embargo, dicha designación resulta obscura e imprecisa, toda vez que omitieron indicar el lugar de residencia de la citada autoridad, por lo que, es imprescindible que ante el acto concreto y específico como lo es el citatorio que reclaman, determinen con claridad a qué autoridad desean señalar como responsable, ello a efecto de llevar a cabo su debido llamamiento a juicio, sin que sea factible la designación que hicieron, porque, como se dijo, la responsable no estaría en aptitud de hacer defensa del acto que se le endilga, además de que dicha omisión imposibilita a este juzgado su emplazamiento, ya que no se puede determinar cuál es el lugar de residencia del Agente del Ministerio Público que refieren. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción III, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase a los promoventes para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, por escrito y con cuatro copias para correr traslado a cada una de las partes: Precisen el lugar de residencia de la autoridad que desean señalar como responsable, de acuerdo con lo expuesto en el presente proveído. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114, último párrafo, de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si los promoventes son quienes la desahogan, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Toda vez que los solicitantes del amparo no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado federal. Téngasele a la quejosa autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, en virtud de que cuentan con su cédula profesional número ***********, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a la diversa persona que señalan por no encontrarse en el supuesto de los citados profesionistas. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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