Ricardo Navarro Valle y Otros.
Expediente 512/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Navarro Valle y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b) del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, para que cumpliera con la prevención ahí efectuada, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que presenta ****************, por su propio derecho, y en representación del menor ***************, contra actos del Juez Civil Especializado en Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 512/2022-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir a la promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones I, II, III, y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones I, III, y IV, todos de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: A) La primera irregular, consiste en el requisito establecido en el artículo 108, fracciones I, de la ley de la materia, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo. Pues bien, de la demanda de amparo se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional como representante legal de su menor hijo ****************. Sin embargo, del análisis minucioso de las constancias que adjuntó a la demanda de amparo, el quejoso únicamente exhibió copia simple del acta de nacimiento para justificar la representación del menor *****************; sin embargo, dicho documento, por sí solo, es insuficiente para acreditar la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio. Ello, toda vez que de acuerdo a la facultad que otorga el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el suscrito considera que la copia simple de referencia, por sí sola, sólo genera un indicio de la existencia del documento que reproduce, pero sin que sea bastante, por no encontrarse adminiculada con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que pretende demostrarse. Esto, cuenta habida que la copia fotostática es una simple reproducción fotográfica de documento que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documentos realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Entonces, al constituir la personería un presupuesto procesal de análisis oficioso debe quedar completamente satisfecha desde la radicación de la demanda, como se estatuye en la jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." B) La segunda irregularidad, se advierte en cuanto a lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo señaló, entre otras, como autoridades responsables a la siguiente: (.) "ASÍ, COMO TODA AQUELLA AUTORIDAD JUDICIAL Y/O DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE CON MANDAMIENTOS O LA EJECUCIÓN DE ACTOS PUEDA VULNERAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE MI MENOR HIJO Y EL SUSCRITO COMO CONSECUENCIA DE LOS ACTOS QUE DAN MOTIVO AL PRESENTE. " Sin embargo, tal señalamiento es ambiguo, toda vez que omitió precisar con claridad qué autoridades judiciales y/o administrativas enuncia como responsables, lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación y, como consecuencia, dejarlos en estado de indefensión. Por ello, es imprescindible que el promovente, ante el acto que reclama, determine con claridad a las autoridades que estima lo emitieron y/o pretenden ejecutarlo, sin que pueda ser factible hacer el señalamiento o designación genérica que hizo, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa del acto que se les endilga y, si tienen facultades para ejecutar el mandato que se les reclama, lo podrían llevar adelante argumentando no haber sido señalada como responsable. Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad. C) La tercera irregularidad, establecida en la fracción IV del referido precepto 108 de la ley de la materia refiere: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión puede dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente. b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse. c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En ese sentido, en el caso concreto el quejoso en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tales: LA NEGATIVA U OMISIÓN PARA DICTAR LAS MEDIDAS URGENTES PROVISIONALES Y/O CAUTELARES PARA IMPEDIR QUE LA MADRE DE MI HIJO URIEL ORLANDO NAVARRO NORIA PUEDA SACARLO DE LA CIUDAD Y DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE HA VIVIDO SIEMPRE MI HIJO, ELLO DE MANERA ARBITRARIA SIN MI CONSENTIMIENTO Y/O AUTORIZACIÓN JUDICIAL Y SIN CONSIDERAR Y PONDERAR SUS DERECHOS HUMANOS sumados al interés superior del menor". Sin embargo, en el capítulo atinente a los antecedentes, en lo que aquí interesa indicó: "Con fecha 31 de enero del año 2019, se llevó a cabo audiencia de juicio familiar en el expediente F2723/2017, en la cual se ratificó convenio, resolviendo lo relativo a la GUARDA Y CUSTODIA de nuestros hijos, conservando la de mi hijo ***************** la madre del mismo. "Así las cosas con fecha 25 de marzo del presente año, la madre de mi hijo ****************, presentó entre otros un escrito en el juzgado familiar, expediente **************, en el que de manera confusa imprecisa y omisa pretende sorprendiendo la buena del juez familiar "avisar" de un cambio de domicilio respecto al en que se ejercerá la guarda y custodia de mi menor hijo". "Al referido escrito recayó un acuerdo emitido por el juez familiar *************, en el cual medularmente cita: auto de fecha 30 de marzo de 2022, publicado en lista en fecha 31 de marzo del 2022, ".se tiene a la promovente haciendo las manifestaciones. señalando como nuevo domicilio de guarda y custodia el ubicado en AUTOPISTA QUERÉTARO-MÉXICO, KILOMETRO 132.5, C.P. 54200, ESTADO DE MÉXICO.", omitiendo su señoría darme vista para manifestar lo que a mi interés conviniera". "A dicho acuerdo el suscrito promoví recurso de revocación del acuerdo, sin embargo me fue negada su admisión mediante un auto de fecha 07 de abril de 2022, aduciendo que solo se tuvo señalando nuevo domicilio de guarda y custodia el ahí indicado, sin se requiere a ******************(sic), para que informe la razón por la cual cambia su residencia fuera de esta ciudad, debiéndose justificar la necesidad de ello." "Luego, en expediente familiar diverso **********, en el cual demando CAMBIO DE GUARDA Y CUSTODIA de mi menor hijo ***************, en el que NO ha sido posible el emplazamiento a la demandada por los diversos cambios de domicilio que ha realizado, ante la inminente salida de mi hijo no solo de la ciudad, sino de la Entidad, promoví en éste una MEDIDA PROVISIONAL URGENTE DE GUARDA Y CUSTODIA, misma que me fue negada por el juez **************, quien también es el juez que por orden tocó conocer de este expediente". "Como consecuencia de lo anterior, el suscrito presenté una denuncia en el ministerio público de esta ciudad, quedando mi carpeta en la agencia dos de trámite común, bajo el número de carpeta 40801/2022, EN LA CUAL SOLICITE SE FIJARAN MEDIDAS NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE MI HIJO Y NO FUERON ESCUCHADAS A LA FECHA". (.) De la narrativa anterior no se puede establecer con exactitud cuál es realmente la intención de la promovente del amparo, dado que como actos destacados reclama la negativa u omisión para dictar las medidas urgentes provisionales y/o cautelares para impedir que la madre del menor Uriel Orlando Navarro Noria, pueda sacarlo de la ciudad y de la entidad Federativa; sin embargo, en el capítulo de antecedentes hace referencia a los expedientes familiares **************, radicados ante el Juez Civil Especializado en Oralidad Familiar, con residencia en esta ciudad, así como a una carpeta de investigación número **************, radicada ante el Agente de la Unidad de Investigación y Tramitación Común 2, con sede en esta ciudad, en donde se emitieron diversas resoluciones, sin que estas fueran señaladas como acto reclamado de manera destacada. Lo que hace que su demanda se torne obscura e irregular, dado que no se puede establecer con exactitud cuál es el acto o actos que en esta instancia constitucional reclama; lo cual resulta necesario para no dejar en estado de indefensión a las responsables, ya que solamente sabiendo los actos que se les imputa estarían en condiciones de rendir su informe con justificación. Por ello, ante la vaguedad en la precisión de los actos que reclama, es necesario que precise el acto u omisión que de cada autoridad reclame, así como la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de esos actos. En ese sentido, al ser requisitos que deben satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirla para que las subsane. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y IV, en relación con el 114, fracción I, II, III y IV, ambos de la ley de la materia, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Acredite con documento fehaciente el carácter que aduce tener como representante del menor ************. Precise cuántas y cuáles autoridades judiciales y/o administrativas, enuncia como responsables. Especifique la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame, así como la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de esos actos. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *************, en virtud de que cuenta con cédula profesional número *************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. y en términos de la última parte segundo párrafo del citado numeral, a *************, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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