Ricardo González Vargas
Expediente 663/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo González Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que signa el Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso comunicado 17896/2017, por el que se le notifica el contenido del proveído de dieciséis de octubre del año en curso.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, en contra del acto reclamado a los Magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. La protección constitucional se concedió para que la responsable realizara lo siguiente: "1. Dejen sin efecto la sentencia interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitida en los autos del expediente 1600/11-10-01-7-OT, con motivo del recurso de queja, propuesto. 2. Con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones de este fallo, resuelvan lo que en derecho proceda, en el entendido que deberán referirse a los planteamientos cuya omisión se destaca en este fallo; asimismo, precisar las razones de su decisión y los preceptos legales en que ésta se sustente. 3. Al emitir el cumplimiento de este fallo, además de fundar y motivar debidamente, deberán ser coherentes con los aspectos sometidos a su potestad." En proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió a la autoridad para que cumpliera con la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió el oficio 10-1-1-97496/17, al que adjuntó copia certificada de la resolución de dos de octubre del presente año, del que se advierte que dejó insubsistente la diversa de diecinueve de mayo del presente año, procediendo a dictar una nueva en la que con plenitud de jurisdicción, se pronunció fundada y motivadamente respecto al recurso de quejosa planteado por la parte quejosa, abarcando cada uno de los agravios expuestos. Ahora, del examen de las constancias remitidas, las que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Dejó insubsistente la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió la diversa de dos de los actuales. En reparación al derecho fundamental infringido y tomando en consideración los lineamientos expresados en la sentencia amparadora, con plenitud de jurisdicción, se pronunció fundada y motivadamente respecto a cada uno de los agravios expuestos en el recurso de queja promovido por la parte quejosa; esto es: Precisó que la autoridad exactora cuenta con facultades para requerir el pago del Impuesto al Valor Agregado, que quedó intocado en la sentencia, al haberse reconocido su validez, sin que exista precepto legal alguno que obligue a la autoridad a emitir una nueva resolución por lo que hace de la arte de la determinante cuya validez se reconoció. Fundó y motivó las razones por las cuales la autoridad fiscalizadora se encontraba facultada para practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, respecto del tributo en cita. Asimismo, que contrariamente a lo manifestado por el quejoso, es competencia de la Oficina Recaudadora de Valle de Santiago, para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, en términos de los preceptos legales que invocó. En lo tocante al planteamiento de que transcurrió en demasía el plazo de cuatro meses de que disponía la autoridad fiscal para el cumplimiento de la sentencia de nulidad, sostuvo que tal agravio es infundado, dado que solo aquellas sentencias en las que se obligue a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar procedimiento, deberán cumplirse en ese plazo, siendo que en el caso, la sentencia emitida no estableció obligación alguna a la autoridad. Finalmente, estableció que los créditos fiscales pueden ser exigibles dentro del plazo de cinco años, sin que transcurrieran a la fecha en que se exigió al que se le reconoció validez. Por lo anterior, al haber atendido a las consideraciones plasmadas en la sentencia, esto es, refiriéndose a los razonamientos cuya omisión se destacó en la misma; asimismo, precisando las razones de su decisión y los preceptos legales en las que lo sustentó para resolver el recurso de queja, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, y no se tramitó incidente de suspensión, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, en contra del acto reclamado a los Magistrados de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. La protección constitucional se concedió para que la responsable realizara lo siguiente: "1. Dejen sin efecto la sentencia interlocutoria de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, emitida en los autos del expediente 1600/11-10-01-7-OT, con motivo del recurso de queja, propuesto. 2. Con libertad de jurisdicción, atendiendo a las consideraciones de este fallo, resuelvan lo que en derecho proceda, en el entendido que deberán referirse a los planteamientos cuya omisión se destaca en este fallo; asimismo, precisar las razones de su decisión y los preceptos legales en que ésta se sustente. 3. Al emitir el cumplimiento de este fallo, además de fundar y motivar debidamente, deberán ser coherentes con los aspectos sometidos a su potestad." En proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió a la autoridad para que cumpliera con la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió el oficio 10-1-1-97496/17, al que adjuntó copia certificada de la resolución de dos de octubre del presente año, del que se advierte que dejó insubsistente la diversa de diecinueve de mayo del presente año, procediendo a dictar una nueva en la que con plenitud de jurisdicción, se pronunció fundada y motivadamente respecto al recurso de quejosa planteado por la parte quejosa, abarcando cada uno de los agravios expuestos. Ahora, del examen de las constancias remitidas, las que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende lo siguiente: Dejó insubsistente la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió la diversa de dos de los actuales. En reparación al derecho fundamental infringido y tomando en consideración los lineamientos expresados en la sentencia amparadora, con plenitud de jurisdicción, se pronunció fundada y motivadamente respecto a cada uno de los agravios expuestos en el recurso de queja promovido por la parte quejosa; esto es: Precisó que la autoridad exactora cuenta con facultades para requerir el pago del Impuesto al Valor Agregado, que quedó intocado en la sentencia, al haberse reconocido su validez, sin que exista precepto legal alguno que obligue a la autoridad a emitir una nueva resolución por lo que hace de la arte de la determinante cuya validez se reconoció. Fundó y motivó las razones por las cuales la autoridad fiscalizadora se encontraba facultada para practicar la diligencia de requerimiento de pago y embargo, respecto del tributo en cita. Asimismo, que contrariamente a lo manifestado por el quejoso, es competencia de la Oficina Recaudadora de Valle de Santiago, para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, en términos de los preceptos legales que invocó. En lo tocante al planteamiento de que transcurrió en demasía el plazo de cuatro meses de que disponía la autoridad fiscal para el cumplimiento de la sentencia de nulidad, sostuvo que tal agravio es infundado, dado que solo aquellas sentencias en las que se obligue a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar procedimiento, deberán cumplirse en ese plazo, siendo que en el caso, la sentencia emitida no estableció obligación alguna a la autoridad. Finalmente, estableció que los créditos fiscales pueden ser exigibles dentro del plazo de cinco años, sin que transcurrieran a la fecha en que se exigió al que se le reconoció validez. Por lo anterior, al haber atendido a las consideraciones plasmadas en la sentencia, esto es, refiriéndose a los razonamientos cuya omisión se destacó en la misma; asimismo, precisando las razones de su decisión y los preceptos legales en las que lo sustentó para resolver el recurso de queja, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, y no se tramitó incidente de suspensión, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que suscribe el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad; mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio. En tal virtud, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
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