Ricardo Mendoza Hernandez
Expediente 514/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 514/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 04/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Mendoza Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el treinta de julio de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. No pasa inadvertido para la suscrita Juzgadora que no obra en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de la referida resolución; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que ésta sobreseyó en el presente juicio de amparo y sólo están legitimadas para interponer el recurso de revisión, las partes a quienes resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las siguientes tesis aisladas: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." "REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique." "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley)." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión en virtud de que se concedió la medida cautelar, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas que remitió la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele los discos versátiles digitales DVD´S, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo indirecto 514/2018-D, promovido por Ricardo Mendoza Hernández, respecto de los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el diverso sexto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado y remitido por el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla; por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 429/2018 (orden 647/2018) de este juzgado de Distrito, del que se advierte que el once de julio del actual, la Diligenciaria adscrita a dicho órgano, se constituyó en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de realizar la notificación del proveído de cuatro de junio del año en curso (suspensión provisional, fojas 28 a 32), al quejoso ********************, dictado en la presente incidencia. Sin embargo, al entrevistarse con el encargado del área de informática de dicho centro penitenciario, le informó que el cinco de julio del actual, el referido quejoso obtuvo su libertad, por lo que se vio imposibilitada para llevar a cabo la diligencia de mérito. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de mérito, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dado lo acordado en párrafos precedentes y, toda vez que del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que el aquí quejoso ********************, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************; en consecuencia, notifíquese el proveído de cuatro de junio del año en curso (suspensión provisional, fojas 28 a 32), así como el presente auto, por medio de lista. EL PROVEÍDO DE CUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo en vigor, con las dos copias de la demanda, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 514/2018-D, promovido Ricardo Mendoza Hernández, contra actos del 1. Juez de Oralidad y Ejecución adscrito al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y otra autoridad, consistentes en: a) El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable, en contra del aquí quejoso el cinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 51/2018, por su probable responsable del delito de usurpación de funciones públicas; y, b) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra. Se precisa que el nombre del quejoso es Ricardo Mendoza Hernández, pues así lo asentó el quejoso en el proemio y al calce del escrito inicial de demanda; no obstante, que en el apartado correspondiente de quejoso se asienta como diverso; por lo que tal irregularidad se estima que se trata de un error mecanográfico. CUESTIONES PRELIMINARES. Como se ordenó en el juicio principal, no obstante que la autoridad ordenadora señalada como responsable no aplica el nuevo sistema de justicia penal establecido en la reforma constitucional en esa materia, difundida el dieciocho de junio de dos mil ocho, el presente incidente debe tramitarse conforme a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 12/2018, al resolver la Contradicción de Tesis 100/2017. Acotado lo anterior, y previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión de los actos reclamados tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que los actos que lo motiva se consuman irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, consistentes en: a) El auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable, en contra del aquí quejoso el cinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 51/2018, por su probable responsable del delito de usurpación de funciones públicas; y, b) La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en su contra. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. I. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado por el juez responsable, en contra del aquí quejoso el cinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 51/2018, por su probable responsable del delito de usurpación de funciones públicas, se niega la suspensión provisional, pues dicho acto tiene por objeto someter a los imputados a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso, esto es, a la investigación formalizada y, el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que con la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. No obstante lo anterior, hágase saber al Juez responsable, que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento dentro de la causa penal 51/2018, por lo que hace a la parte quejosa una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificado de la sentencia o resolución definitiva con la que concluya el presente juicio de amparo. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. II. Respecto del acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con fundamento en el artículo 166, fracción I, de la Ley de amparo, se concede la suspensión provisional al aquí quejoso para el efecto de quede a disposición de éste órgano jurisdiccional en el lugar en que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla), en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición del juez de la causa, para la continuación del procedimiento. Lo anterior es así, ya que no procede el otorgamiento de la suspensión para el efecto que lo pide, esto es, que sea puesto en libertad, ya que dicho efecto restitutorio sólo podría ser otorgado en la sentencia amparadora que, en su caso, se emita dentro del juicio de derechos fundamentales del que deriva este incidente. INFORME(S) PREVIO(S) En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) y requiérasele(s) su informe previo que deberá(n) rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalará(n): Si es cierto o no el acto reclamado que se le(s) atribuye. 2. Podrá(n) expresar las razones que estime(n) pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberá(n) proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrá(n) rendir vía fax al número telefónico (222) 303 72 76 ó al correo institucional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S). De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se niegue(n) a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstenga(n) o sea(n) omisa(s) en rendir el informe previo o lo haga(n) sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) que si del contenido de su informe se advierte que afirmare(n) una falsedad o negare(n) la verdad; o, en su caso remitiere(n) constancias equivocadas, podrá(n) ser sancionada(s) en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la audiencia incidental se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del once de junio de dos mil dieciocho, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En mérito de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Ricardo Mendoza Hernández, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -incidente de suspensión 514/2018-D; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Gilberto Estrada Matías, Gilberto Estrada Abad y Jenifer Cesar Pinto, designado(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Y, por autorizada con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en su libelo de cuenta, pues la parte quejosa, no proporcionó datos de su cédula profesional, a fin de corroborar que la misma se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DE LAS NOTIFICACIONES A LA(S) AUTORIDAD(ES). Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica: http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último, acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. "
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Intégrense las constancias remitidas por el Juzgado de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla; a través de las cuales devuelve sin diligenciar los despachos 430/2018, 493/2018 y 523/2018 del índice de este Juzgado Federal que se giraron para notificar los autos de cuatro, quince, veintidós, veintiocho de junio, y diez de julio de dos mil dieciocho, al quejoso Ricardo Mendoza Hernández, en el lugar en el que se encontraba recluido (Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla). Dense de baja las comunicaciones oficiales en comento y háganse las anotaciones de ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, atento a que de las razones asentadas por la Diligenciaria adscrita al Juzgado remitente, se aprecia que al constituirse en el Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla, fue informada por el encargado del área de informativa de ese lugar, que el quejoso de mérito obtuvo su libertad el cinco de julio de dos mil dieciocho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle los autos de cuatro, quince, veintidós, veintiocho de junio, y diez de julio de dos mil dieciocho, por lista de acuerdos. En otro orden de ideas, a efecto de corroborar la información proporcionada por el encargado del área informática del Centro de Reinserción de Tepexi de Rodríguez, Puebla; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente, remita copia certificada de la boleta de libertad del quejoso Ricardo Mendoza Hernández. Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. EL PROVEÍDO DE CUATRO DE JUNIO DEL ACTUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 514/2018-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Ricardo Mendoza Hernández, contra actos del 1. Juez de Oralidad y Ejecución adscrito al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 Constitucionales. Se precisa que el nombre del quejoso es Ricardo Mendoza Hernández, pues así lo asentó el quejoso en el proemio y al calce del escrito inicial de demanda; no obstante, que en el apartado correspondiente de quejoso se asienta como diverso; por lo que tal irregularidad se estima que se trata de un error mecanográfico. VISTA MINISTERIAL. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de junio de dos mil dieciocho. INFORME(S) JUSTIFICADO(S). Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) informe con justificación, el que deberá(n) rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir informe previo. En dicho informe justificado deberá(n) exponer las razones y fundamentos que estime(n) pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el registro audiovisual de las audiencias en las que se hubieren dictado los actos reclamados, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes. En el entendido, que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envió se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s) que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que al rendir su(s) informe(s) no podrá(n) variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda(n) el informe con justificación o lo haga(n) sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), que en el caso de que se niegue(n) a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se le(s) impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. Hágase saber al Juez responsable, que deberá suspender el procedimiento dentro del proceso penal 51/2018, del que emanan los actos reclamados, por lo que hace a la parte quejosa una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificado el quejoso de la sentencia o resolución definitiva con la que concluya el presente juicio de amparo; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte) de la Ley de Amparo en vigor. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". EMPLAZAMIENTO DE TERCERO(S) INTERESADO(S). Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere al 1. Juez de Oralidad y Ejecución adscrito al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione: 1) el nombre del agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal de origen; y, 2) el nombre y domicilio correcto y actual de la parte agraviada, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Resérvese por el momento acordar tener como tercero interesado persona alguna, hasta en tanto el juez responsable de cumplimiento al requerimiento formulado en el párrafo que antecede. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión del acto reclamado, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado, el cual, debe tramitarse conforme a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 12/2018, al resolver la Contradicción de Tesis 100/2017. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En mérito de lo anterior, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Ricardo Mendoza Hernández, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 514/2018-D; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Apercibida que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. AUTORIZADOS. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Gilberto Estrada Matías, Gilberto Estrada Abad y Jenifer Cesar Pinto, designado(s), atento a que de los datos proporcionados acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Y, por autorizada con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere en su libelo de cuenta, pues la parte quejosa, no proporcionó datos de su cédula profesional, a fin de corroborar que la misma se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación Pública o en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. " EL PROVEÍDO DE QUINCE DE JUNIO DEL ACTUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, dirigido a la autoridad responsable "1. Juez de Oralidad y Ejecución adscrito al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla", con la leyenda asentada al reverso que dice: "INFORMÓ OFICIAL MAYOR DE JUGADO, NO EXISTE AUTORIDAD EN ESTA POBLACION". En ese orden, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un hecho notorio que en autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto, se tuvo por rendido el informe previo del 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a través del encargado del despacho, en el que manifestó lo siguiente: "(.) INFORME PREVIO Es CIERTO el acto reclamado por el quejoso pero no violatorio de Derechos Humanos y/o Garantías; a razón de que la Abogada Rosa Celia Pérez González Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución Sede Regional, Puebla, en fecha 05 de mayo del presente año le impuso la medida cautelar de prisión preventiva necesaria y en fecha 09 de mayo de 2018 le dictó auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delitos de Usurpación de Funciones Públicas dentro de la causa penal número 51/2018/SAN MARTIN." (foja 46). En consecuencia, se deja de tener con el carácter de autoridad responsable al Juez de Oralidad y Ejecución adscrito al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y en su lugar se tiene con dicho carácter a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución sede Regional, Puebla: Rosa Celia Pérez González. Por tanto, se ordena reexpedir el oficio de mérito, dirigido a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución sede Regional, Puebla: Rosa Celia Pérez González, para los efectos legales procedentes. " EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE JUNIO DEL ACTUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el INFORME JUSTIFICADO rendido por la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119, ambos de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. " EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DEL ACTUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable 1. Jueza de Control del Juzgado de Oralidad y Ejecución, con sede Regional en Puebla: Rosa Cecilia Pérez González, rinda su informe de ley; en virtud de que de la constancia de notificación que antecede, deriva que el trece del propio mes y año le fue notificado el oficio mediante el cual se le requirió. Ante tal circunstancia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. En ese orden, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído y los similares de quince y veintidós de junio pasados, corriéndole traslado con copia simple del informe justificado rendido por el 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla). Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi De Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso Ricardo Mendoza Hernández, los autos indicados, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Ricardo Mendoza Hernández, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 514/2018-D; d) Notifique al quejoso el presente proveído, y los similares de quince y veintidós de junio pasados; e) Le corra traslado con copia autorizada de los citados acuerdos, así como con copia simple del informe justificado rendido por el 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. " EL PROVEÍDO DE DIEZ DE JULIO DEL ACTUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes agréguese a los autos el INFORME JUSTIFICADO que rinde la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. En ese orden, por cuanto hace a la prueba consistente en los discos versátiles digitales que acompaña en el oficio de cuenta, no ha lugar a señalar fecha para que sean reproducidos en audiencia pública, pues dicha probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Se cita por su aplicabilidad, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido se citan a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdense en un sobre cerrado los discos versátiles digitales que acompaña, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, tomando en consideración que la autoridad responsable 1. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de Sentencias de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Martín Texmelucan, Puebla, fue omisa en dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de cuatro de junio de dos mil dieciocho, en el que se le dijo que al rendir su informe justificado, acompañara un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, indicando el orden de intervención de cada una de las partes; proporcionara: 1) el nombre del agente del Ministerio Público que interviene en la causa penal de origen; y, 2) el nombre y domicilio correcto y actual de la parte agraviada, remitiendo las constancias necesarias relativas de donde se advierta tal información. En consecuencia, se le requiere nuevamente, y por última ocasión para que en el plazo de veinticuatro horas computado legalmente cumpla con dichos requerimientos, esto es, proporcione la siguiente información: a) Remita el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado. b) Proporcione la denominación completa y correcta del Agente del Ministerio Público que interviene en los autos de la carpeta judicial 51/2018/SAN MARTÍN (materia del acto reclamado); y, c) Nombre y domicilio (completos y correctos) de la parte agraviada, a efecto de emplazarla al presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que en caso de no cumplir cabalmente con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En diverso orden, en virtud que el aquí quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; y, toda vez que dicho centro penitenciario se encuentra fuera de la circunscripción de éste órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2, gírese atento despacho (vía estafeta) al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso el presente acuerdo, y le corra traslado con copia simple del informe justificado de cuenta, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Ricardo Mendoza Hernández, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 514/2018-D; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído. e) Le corra traslado con copia simple del informe justificado de cuenta, y con copia autorizada del presente proveído; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En ese orden, dígase al juez requerido que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, las constancias que acrediten que se practicó la diligencia de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo vigente. Queda a cargo del Secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. "
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