Ricardo Martinez Ortega

Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
531/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
15/08/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Martinez Ortega
  • Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento En el Estado de Puebla, Abelardo Gil Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se negó el amparo, no es de relevancia documental pero es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción, III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del Acuerdo General. Se ordena indicar la anterior valoración en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad responsable Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, ********************, remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia certificada de la causa penal ********************, de su índice con la que se formaron los anexos I y II, así como los registros audiovisuales de las audiencias celebradas en dicho expediente judicial, que obran en discos versátiles digitales adheridos a las caratulas de los cuadernos auxiliares. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas toda vez que la autoridad responsable destinataria radica dentro de la zona conurbada del lugar de residencia de este juzgado; por tanto, se instruye al actuario judicial a quien corresponda entregar el oficio respectivo, cerciorarse que en el acuse de dicha misiva se haga constar la entrega de la documental descrita. DEVOLUCION DE DISCO VERSATIL DIGITAL A LA PARTE QUEJOSA En diverso aspecto, hágase saber al quejoso ********************, que de conformidad con lo que al respecto dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que ofreció como prueba en este expediente, consistente en el registro audiovisual de la audiencia celebrada dentro de la causa penal ********************, contenida en un disco versátil digital, glosado al expediente en un sobre agregado a los autos de este sumario (fojas 87); con el apercibimiento que de no hacerlo, correrá la misma suerte que el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, toda vez que el quejoso ******************** se encuentra recluido en el centro penitenciario de Tehuacán, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y en relación con lo dispuesto en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, de inmediato, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 522/2023 y su acumulado 531/2023- d) Le corra traslado con copia autorizada del presente proveído. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. Asimismo, la diligencia que se encomienda deberá practicarse en términos de lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, dígase al juez auxiliante que, una vez realizada la diligencia ordenada, deberá devolver inmediatamente, copia certificada de las constancias que acrediten que se llevó a cabo la encomienda; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo del Actuario adscrito cerciorarse que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente y genera notificaciones. Notifíquese personalmente a********************, en el domicilio señalado para tal efecto por conducto de sus autorizados procesales; personalmente vía despacho al quejoso ********************; por lista a la tercera interesada; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 522/2023 y su acumulado 531/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Rogelio Castillo Sánchez y Ricardo Martínez Ortega; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda que originó el juicio de amparo 522/2023. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas 2 a 13), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado y recibido en este juzgado el mismo día, Edgar Martínez Rosas, en su carácter de defensor particular de Rogelio Castillo Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que precisó en los términos siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen ese carácter: a) Como autoridad ordenadora: Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal de Puebla, encargado de la causa penal 12/2023/JO/NORTE, quien al ser autoridad cuenta con domicilio conocido. b) Como autoridad ejecutora: Director del Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla, con domicilio oficial en dicha población. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTOS U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAMO. a) En su carácter de ordenadora, al Tribunal de Enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal de Puebla, encargado de la causa penal 12/2023/JO/NORTE, le reclamo la resolución dictada en la audiencia de revisión de medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa que se dictó el día CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. b) En su carácter de ejecutora, al Director del Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla, con domicilio oficial en dicha población, la ejecución de la prisión preventiva oficiosa, que se prolongó en la Audiencia de revisión de medida cautelar descrita en el inciso anterior.". La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del asunto, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y los numerales 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo 522/2023. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés (fojas 14 a 20), se radicó y admitió la demanda referida en el resultando que antecede, como juicio de amparo indirecto 522/2023 de este índice, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado (foja 28). TERCERO. Demanda que originó el juicio de amparo 531/2023. Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas 82 a 86), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día y recibido en este juzgado el treinta de mayo siguiente, Ricardo Martínez Ortega, por derecho propio y en unión de su defensor particular Braulio Enrique Martínez Hernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que precisó en su demanda en los términos siguientes: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE, Señalo como responsable a la siguiente: ABELARDO GIL MARTÍNEZ JUEZ DE TRIBUNAL UNITARIO DE ENJUICIAMIENTO CON JURISDICCIÓN ESTATAL. IV. ACTO RECLAMADO: RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DE FECHA 4 DE MAYO DE 2023 DENTRO DE LA CAUSA PENAL 12/2023/JO/NORTE, RADICADA EN CASA DE JUSTICIA DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO Y SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA.". El quejoso, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del asunto, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y expresó que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 20, apartado B, fracción IX, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo 531/2023. En acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 88 a 95), se radicó y admitió la demanda referida en el resultando que antecede, como juicio de amparo indirecto 531/2023 de este índice, sin incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado (foja 114). QUINTO. En el presente expediente obran los emplazamientos de los terceros interesados siguientes: 1. José Antonio Carbente Rosas, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, notificado mediante oficio el doce de junio de dos mil veintitrés (dentro del juicio de amparo 522/2023 -foja 66- ) y uno de junio del mismo año (dentro del expediente 531/2023 -foja 113- ). Víctima de identidad reservada A.S.H. y J.A.S.C., notificados por conducto de su asesor jurídico Jonatán Vera Carvajal, el veintisiete de junio del dos mil veintitrés (dentro del juicio de amparo 522/2023 -fojas 78 bis y 79- ) y el diecinueve de junio del presente año (dentro del expediente 531/2023 -fojas 164 y 165- ) SEXTO. Acumulación de los juicios de amparo 522/2023 y 531/2023. En acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés (fojas 193 a 196), se decretó la acumulación del juicio de amparo 531/2023 al 522/2023, ambos de este índice, al considerar que existe conexidad entre los actos reclamados en dichos controvertidos constitucionales. SÉPTIMO. Cita para audiencia. En acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 243 vuelta), la cual, en sus dos primeras etapas, se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, del contenido integral de las demandas de amparo se advierte que Rogelio Castillo Sánchez y Ricardo Martínez Ortega, reclaman: - Del Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, Abelardo Gil Martínez: a) La resolución dictada en audiencia celebrada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal 12/2023/JO/NORTE, en la que se prorrogó la prisión preventiva oficiosa en contra de los quejosos por el plazo de cinco meses y cinco días. Además, el quejoso Rogelio Castillo Sánchez, reclama: - Del Director del Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla: b) La ejecución de la resolución antedicha. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, en relación con el acto reclamado precisado en el considerando que antecede, las autoridades responsables rindieron informe justificado en los términos siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, Abelardo Gil Martínez Aceptó 72 a 74 y 181 a 183 2 Director del Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla Negó (solo por Rogelio) 211 Existencia de los actos reclamados. En relación con el acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la resolución dictada en audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, al rendir su informe, el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, Abelardo Gil Martínez, aceptó haber pronunciado dicha determinación, por lo que se tiene plena certeza de su existencia. Lo que se corrobora con las constancias que remitió el mencionado juez, consistentes en copia certificada de la causa penal 12/2023/JO/NORTE (anexos I y II), así como el registro audiovisual de la audiencia correspondiente a su dictado; documentos que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de donde se advierte que el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se dictó la resolución combatida. Ahora, en relación con el acto de autoridad identificado con el inciso b), consistente en la ejecución de la resolución antedicha, reclamado únicamente por el quejoso Rogelio Castillo Sánchez, al rendir su informe la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla negó su existencia; sin embargo, del propio informe se advierte que dicha autoridad penitenciaria admitió que el quejoso de mérito continúa en ese centro de reclusión con motivo de la prórroga de la medida cautelar decretada en su contra, por lo que es evidente que se encuentra ejecutando la resolución reclamada en la que se determinó la extensión de la restricción de la libertad deambulatoria del peticionario de amparo aludido, por lo que se desvirtúa la negativa y se establece la existencia del acto de ejecución reclamado únicamente por Rogelio Castillo Sánchez. CUARTO. Oportunidad en la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto combatido, se sigue que la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza ninguna excepción al mismo. La resolución reclamada se notificó tanto a los quejosos como a sus respectivos defensores particulares en la misma audiencia donde se pronunció, esto fue el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, notificación que surtió efectos el ocho de mayo del mismo año (día hábil siguiente), conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del nueve al veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron en ese lapso, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si las demandas de amparo se presentaron el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, es evidente que su presentación fue oportuna. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia no obstante haber sido integradas con la Ley de Amparo abrogada, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. II. Normas aplicables. La carpeta judicial administrativa de donde deriva la resolución reclamada se tramita conforme al sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto reclamado será analizado conforme las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que los quejosos tienen el carácter de acusados en el procedimiento penal de origen. SEXTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público, deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia; no obstante, en el presente asunto las partes no hicieron valer causales de improcedencia y esta autoridad no advierte que se actualice alguna, por lo que el juicio de garantías resulta procedente. SÉPTIMO. Antecedentes. Para facilitar la comprensión del asunto, es pertinente narrar brevemente los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de la copia certificada de la causa penal 12/2023/JO/NORTE que remitió la autoridad responsable como justificación de su informe (valorada anteriormente), así como del registro audiovisual de la audiencia donde se pronunció la resolución combatida; en el entendido que sólo se destacarán aquellos que resultan relevantes para el presente asunto, que son los siguientes: 1. El siete de marzo de dos mil veintitrés, el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, Puebla, Aarón Hernandez Chino, dictó auto de apertura a juicio dentro de la carpeta judicial administrativa 77/2021/ZACATLÁN, respecto a los acusados Rogelio Castillo Sánchez, Ricardo Martínez Ortega y otros, por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 7 a 22 del anexo I). 2. Mediante oficio presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, José Antonio Carbente Rosas, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro, solicitó al Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, Abelardo Gil Martínez, celebrar audiencia de revisión de medida cautelar, dado que la vigencia de la prisión preventiva impuesta a los peticionarios de amparo, fenecería el veintiséis de abril siguiente (foja 32 del anexo I). 3. En acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés (foja 31 del anexo I), el citado tribunal de enjuiciamiento, declaró carecer de competencia legal para conocer de la revisión de medida cautelar solicitada, dado que, a su juicio, corresponde a los jueces de control atender peticiones de esa naturaleza, por lo que ordenó remitir la solicitud formulada por el Ministerio Público al Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán; no obstante, este último, en acuerdo de la misma fecha (foja 42 del anexo I), rechazó la competencia planteada por el tribunal de enjuiciamiento bajo el argumento que la intervención de esa autoridad culminó con el dictado del auto de apertura a juicio y le devolvió la solicitud respectiva; en determinación de veintisiete de abril de dos mil veintitrés (fojas 40 y 41 del anexo I), el tribunal de enjuiciamiento responsable insistió en su postura, por lo que planteó conflicto competencial, que correspondió conocer al Magistrado de la Octava Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla dentro del expediente 1/2023 VARIOS y, en ejecutoria de cuatro de mayo de dos mil veintitrés (fojas 60 a 69 del anexo I), el ad quem determinó que el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento con Jurisdicción Estatal, Abelardo Gil Martínez, es competente para conocer y resolver sobre la revisión de medida cautelar solicitada por la representación social. 4. En acato a lo anterior, a las veintidós horas con cinco minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el citado tribunal de enjuiciamiento, celebró audiencia de revisión de medida cautelar, la cual se llevó a cabo en los términos siguientes: - El juez de tribunal de enjuiciamiento individualizó a las partes, quienes lo hicieron en el siguiente orden: José Antonio Carbente Rosas (fiscal); Edgar Martínez Rosas (defensor del quejoso Rogelio y diversa acusada); Braulio Enrique Martínez Hernández (defensor particular del quejoso Ricardo); Daniel Martínez Silva (defensor particular de diverso acusado); Rogelio Castillo Sánchez, Ricardo Martínez Ortega, Edgar Cruz Vargas y Daniela Pérez Santos (acusados). Cabe señalar que el juzgador verificó con la encargada de sala que los defensores particulares de los acusados cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho y que sus respectivas cédulas se encuentran inscritas en el registro correspondiente. - El agente del Ministerio Publico, solicitó al tribunal de enjuiciamiento prorrogar la prisión preventiva oficiosa impuesta como medida cautelar a los acusados; sustentó su petición en los términos siguientes: ".Gracias su señoría, haré un argumento cuidadoso en razón de evitar contaminar a este órgano jurisdiccional quién funge como tribunal de enjuiciamiento y resolverá el fondo de la presente controversia, por lo cual está fiscalía considera que la información que verterá a continuación será suficiente para que determine la prórroga de la medida cautelar que impera en contra de los cuatro justiciables, citando como antecedente que ante el juez de control que conoció de la carpeta judicial administrativa de origen 77/2021/ZACATLÁN ya hubo un debate en este tópico; es decir, la prórroga de la medida cautelar, lo cual en control horizontal se estableció que la misma fenecería el veintiséis de abril del año en curso, la cual, es evidente que esa fecha ya se cumplió. Partiendo de este punto su señoría se debe de decir, que para justificar la pretensión de una prórroga de la medida cautelar en comentó se ha expuesto y se considera y sigue vigente el criterio para que este órgano jurisdiccional también adopte lo de una jurisprudencia tesis con número de registro 2 024 608 que al rubro dice: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO "B" FRACCIÓN IX CONSTITUCIONAL, QUE EN SU CASO DETERMINA SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN", tenemos que dentro de este criterio de carácter obligatorio ya se prevé el fundamento, ya se ha evidenciado para que se prolongue la medida cautelar, dentro de esta tesis jurisprudencial se establece tres rubros como lo son la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, en este momento nos encontramos que ya se ha rebasado ese término máximo se prevé a rango constitucional e incluso también en el código adjetivo de la materia, esto es, que se han rebasado los dos años; sin embargo, se establece que a consideración de esta fiscalía, está patente aún esa vértice de la conducta de las autoridades, eso se ve reflejado su señoría en el actuar propiamente del despacho de los asuntos que tienen las autoridades, eso se ve reflejado así, puesto por la carga de trabajo que tienen los Tribunales de Enjuiciamiento con jurisdicción Estatal, que es un hecho notorio conocido por las partes litigantes en nuestra Entidad Federativa existen cinco Tribunales de Enjuiciamiento, lo cual se considera no ha resultado suficiente para dar quizás una pronta impartición de Justicia, esto se evidencia así puesto que el auto de apertura a juicio se emitió con fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, y su radicación lo fue el tres de abril de dos mil veintitrés. Dentro de este auto de radicación propiamente emitido por este Tribunal de Enjuiciamiento ya se hizo cargo de conforme a la carga de trabajo ha señalado fecha y hora para que tenga verificativo la respectiva audiencia de juicio oral, lo cual se ha establecido el nueve de agosto del año en curso, en punto de las nueve horas. Se ha mencionado por parte de este hablante al inicio, que se considera que esta actividad, este tópico que nos marca esa tesis jurisprudencial con el inciso c) de la conducta de las autoridades se advierte claramente su señoría, sin que se trastoquen posiblemente derechos humanos de los justiciables, ya se tiene en cuenta que ya existe señalada una fecha para que inicie la respectiva audiencia de debate. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y sin dejar a un lado la finalidad de la medida cautelar de prisión preventiva, en este caso de carácter oficioso, es para garantizar la comparecencia de los justiciables a las audiencias, es evidente que es dable que se prorrogue la misma, esto por un tiempo razonable, sí partimos que hasta en este momento ya se cuenta con una fecha determinada, un tiempo razonable a considerar de esta fiscalía lo sería que se prorrogue al menos por dos meses más de la fecha que ya se ha establecido del nueve de agosto del año corriente, para que inicie la audiencia de debate, está a considerar que no es un hecho aislado para las partes litigantes que el cúmulo probatorio estipulado en el auto de apertura a juicio el cual quedó asentado que por parte de esta fiscalía se admitieron veintiséis medios de prueba, para que tenga la producción de la prueba aunado a que dos de las defensas particulares, en concreto el letrado Edgar Martínez Rosas y el letrado Braulio Martínez Hernández, de igual manera fueron admitidos en el auto de apertura a juicio medios de prueba, por lo cual, si consideramos que el desahogo del total de los medios de prueba ofertados por las partes litigantes, sería congruente que al menos nos tardaremos al menos cinco semanas, eso también tomando en consideración la carga de trabajo por parte de este Tribunal de Enjuiciamiento, como decía su señoría dentro de ese criterio jurisprudencial se establecen tres rubros lo cual me he hecho cargo de que se insiste que prevalece que sigue vigente esa situación, esa circunstancia de la conducta de las autoridades pues se ha quedado evidenciado, pues han señalado la fecha para que tenga desahogo la audiencia de juicio oral en el mes de agosto. Sin que también quede desapercibido que la complejidad del asunto es evidente, toda vez que el hecho materia de la acusación lo es por el delito de secuestro agravado, en este tenor su señoría he manifestado y se ha expuesto en esta audiencia que el cúmulo probatorio por parte de la fiscalía es extenso, toda vez que fue necesario hacer una investigación exhaustiva de esa etapa correspondiente, esto a fin de sustentar la teoría del caso que ha cimentado esta representación social. Sin embargo, las defensas, de la misma manera, en el ejercicio de sus funciones propiamente de ejercer actos de defensa, generaron ante autoridad diversa, esto es, el juez de control, diversas prórrogas de investigación complementaria e incluso reaperturas de la misma, esto ha generado que hayamos llegado hasta este momento y no se haya resuelto de fondo la presente litis. En esta arista, hago patente un antecedente que es de imperiosa necesidad mencionarlo esto es, por lo que hace al justiciable Rogelio quién lo asiste el letrado Edgar Martínez Rosas, ante el juez control generó diversas prórrogas de investigación complementaria, pero sin hacer ocioso la argumentación por parte de este hablante mencionaré que por el justiciable Rogelio Castillo Sánchez, ante el juez de control en esa actividad de ejercer una defensa técnica y adecuada agotó los medios que estaban a su alcance para generar actos defensivos que trajo a lugar en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, ante el juez de control que conoció inicialmente de la causa, se estableció la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva por todo lo que dure el procedimiento, ese fue el deseo y la estrategia que siguió dicho justiciable debidamente asesorado por el abogado que incluso está presente también en esta audiencia. Por lo cual, ante el principio de lealtad, objetividad al menos por el justiciable Rogelio no habría necesidad de ejercer alguna contradicción, toda vez que en esa data mencionada veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se quedó de manifiesto que en esa fecha fue inclusive cuando se le otorgó una reapertura de la investigación por dos meses lo cual a la postre generó que se tuvieran que realizar diversas gestiones para normar el procedimiento, existió una unión de acusaciones, y, se logró que se llevará a cabo una sola audiencia intermedia, sin que sobre decir que la defensa, por lo que hace al justiciable Ricardo Martínez Ortega, de la misma manera agotó esos medios para lograr una prórroga; asimismo, el justiciable Edgar Cruz Vargas, tuvo diversas defensas particulares siendo este su derecho y por unidad de condiciones la autoridad judicial juez de control respetando su derecho a la libre elección de defensa, le fue otorgando que fuera cambiando de defensores, siendo esta actividad propia de que al momento de cambiar defensa particular no existieron en diversas ocasiones las condiciones para desahogar la etapa intermedia puesto que las diversas defensas que estuvieron asistiendo al justiciable Edgar Cruz Vargas, solicitaron el diferimiento hasta que el ahora abogado que lo asiste fue que desahogo la audiencia intermedia. En suma y a manera de conclusión su señoría se establece que este criterio de carácter obligatorio, el criterio jurisprudencial invocado, se considera que la conducta principalmente, la conducta de las autoridades siendo ello que la carga de trabajo los ha rebasado y conforme a su agenda lo permite para despachar los asuntos de los cuales conocen, es que se ha señalado una fecha en el mes de agosto del año corriente, por lo que se considera que un término razonable el ya mencionado de, al menos, dos meses más de esa fecha indicada, es dable que se establezca prórroga de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que lo mencionado el hecho materia de la acusación es delito de secuestro, en el supuesto de que se decrete el cese de la medida cautelar actual y en su lugar se imponga una diversa, esto podría generar que los justiciables no comparezcan a la audiencia de debate tomando en consideración la punibilidad del delito por el que se les ha formulado la acusación, no escapa del conocimiento de este hablante que el máximo tribunal se ha pronunciado al respecto que la punibilidad del tipo penal no es un requisito único que deben considerar los órganos jurisdiccionales para establecer la medida cautelar; sin embargo, si es atendible que por el tipo penal de secuestro agravado, los justiciables pudieran optar por ese incorrecto actuar de no volver a comparecer, esto impediría que no se logre lo establecido en el artículo 20, apartado "A", fracción I, qué es el objeto del sistema de justicia penal, esto es, el esclarecimiento de los hechos, la reparación del daño, que el hecho no quede impune, por lo que se considera que el término o el plazo que se ha solicitado no escapa de la razonabilidad, esto sería cuánto por el momento, señoría.". - Daniel Martínez Silva (defensor particular de diverso acusado), solicitó el cese de la prisión preventiva oficiosa en contra de su defendido. - Luego, Edgar Martínez Rosas (defensor particular del quejoso Rogelio Castillo Sánchez y de diversa acusada), contradijo la solicitud del fiscal y solicitó el cese de la prisión preventiva de su defendido y expuso los argumentos que estimó pertinentes. - Después, Braulio Enrique Martínez Hernández (defensor particular del quejoso Ricardo Martínez Ortega), también solicitó el cese de la prisión preventiva de su representado y realizó las manifestaciones conducentes para sustentar su petición. - Finalmente, las partes debatieron sobre los puntos controvertidos; después, el juzgador declaró cerrado el debate y al resolver las solicitudes planteadas, prorrogó la prisión preventiva oficiosa en contra de los acusados por el plazo de cinco meses y cinco días; para lo cual expuso las siguientes consideraciones: ".Estimo fundada la solicitud del agente del ministerio público por las siguientes razones: En primer término es claro que el de la voz no desconoce los criterios a los que se ha hecho mención por parte de las defensas relativos a las resoluciones emitidas por la corte interamericana en los casos Tzompaxtle Tecpile, y en el caso García Rodríguez y otros vs México, mediante los cuales se determinó en alguno de sus párrafos o interpretaciones la inconvencionalidad de lo que implica la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y destaco el término "aplicación" a la que se ha hecho referencia por parte de las defensas, específicamente en el párrafo 303, al que han hecho alusión de la sentencia García Rodríguez y Reyes Alpizar en el que se restringe a las autoridades de orden interamericano la aplicación ejerciendo este control de convencionalidad para considerar que la aplicación de la prisión preventiva de carácter oficiosa única y exclusivamente resulta violatoria de derechos humanos. Ahora, no me aparto de este criterio, me considero en cierta medida, juez interamericano, sin embargo, me parece que, este criterio choca no solamente con la aplicación de la prisión oficiosa, justificada en su caso, si no también con el derecho interno en todas sus aspectos; ¿Por qué lo refiero?, porque también existen otros derechos humanos de suma relevancia en un estado democrático de derechos y entre ellos destaco el de seguridad jurídica, primordialmente contemplados en diversas disposiciones como lo son 14, 16, 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y destaco lo anterior por que la pregunta para el de la voz sería si inaplicar en cualquier momento este examen resulta legal o no, ¿por qué?, porque inaplicar en este momento lo que en su, valga la redundancia, lo que en otro momento decidió un Juez de control diverso, un homólogo de la misma jerarquía implicaría revocar su decisión, la cual quedó firme ante la falta de la interposición de algún recurso en su perjuicio. Es claro que durante el transcurso del proceso se pueden generar la variación de las condiciones como se ha señalado por parte de alguna de las defensas y que ello motiva la revisión de la medida cautelar, lo cual también se sustenta en la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia 2,024,608 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en efecto lo que varió las condiciones es la aplicación de la prisión preventiva oficiosa de manera arbitraria, es decir su aplicación en una primera fase, pero una vez aplicada me parece que el de la voz carece de facultades para revocar la decisión emitida por un juez homologo distinto, partiendo desde esta base, esto por cuanto hace al criterio invocado. En relación a lo que ha señalado el agente del ministerio público como parte del sustento, bueno, además es importante destacar esto lo que se generó la inaplicación es de la prisión preventiva oficiosa al menos desde esta óptica de la corte interamericana, considerarlo de una manera amplia, implicaría dejar nugatorio el criterio de la jurisprudencia antes indicada, es decir, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación contempló la posibilidad de generar una prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva, dejémoslo sin etiquetas, si es oficiosa o si es justificada y para este propósito generó al menos como criterios orientadores tres de ellos que ya se han hecho referencia, la complejidad del asunto, conducta de las autoridades y de los intervinientes en el proceso; permitir este análisis por parte del de la voz también implicaría una violación al artículo 217 de la ley de amparo, es decir, inobservar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también es de carácter obligatoria, y esto tiene estrecha relación directa con el principio de seguridad jurídica, y digo con seguridad jurídica porque todas la autoridades internas tienen la obligación de aplicar los criterios de la corte suprema de este país y de la corte interamericana cuando esto resulte aplicable, porque inobservarlo también generaría una afectación a dicho principio y una violación al ordenamiento interno. Luego sí resulta relevante desde mi perspectiva algunos principios a los que ha hecho mención las defensas particulares, circunstancia no controvertida debe de ser considerada como cierta, ello lo traigo a colación porque se hizo mención de que no se aportaron datos de prueba relacionados con las actividades generadas durante el proceso por las distintas defensas, esta es una de las problemáticas que el de la voz planteó al momento de generar esta declinación de competencia que a la postre, bueno un tribunal superior ordeno al de la voz ingresar a este análisis; precisamente porque el de la voz a manera de hecho notorio no tiene conocimiento de las circunstancias que derivaron en los distintos diferimientos de la audiencia intermedia o en su caso prórrogas de la investigación complementaria de las que se hicieron mención y que a la postre derivaron en la unión de acusaciones que fueron distintos actos procesales que a dicho del agente del ministerio público derivaron de una dilación en el transcurso del procedimiento ordinariamente, ¿Por qué? Porque además también la Corte ya se ha pronunciado respecto a que estas prórrogas, desconozco los plazos que se hayan generado, si fue dentro del plazo de seis meses o no, si bien son permitidas cuando en el caso del delito de secuestro que es de aquellos que se puede generar una investigación complementaria hasta del plazo de seis meses, desconozco si esta excedió del plazo de seis meses o no, pero se hizo mención que fueron múltiples prórrogas al grado que se tuvo que reaperturar la investigación por un plazo de dos meses. Luego esta actividad por parte de los interesados no fue controvertida, es decir, se invocó que no hubo dato de prueba pero tampoco se controvirtió al establecer que estas circunstancias no ocurrieron tanto que otra de las defensas admitió que su representado genero múltiples prorrogas por el nombramiento de distintos abogados, en su caso no escuché controversia a que no hubo prorroga de cierre de investigación complementaria o en su caso ello derivó, esta dilación fue consecuencia de la unión de acusaciones para que en una sola audiencia intermedia se llevara a cabo un solo auto de apertura a juicio oral y que a la postre trae este juicio de manera única, al ser un hecho no controvertido efectivamente debe ser tomado como cierto. Respecto a la complejidad del asunto, bueno me parece que el legislador precisamente al tratar de combatir de crear esta especie o simulación de derecho penal del enemigo, crear el artículo 19 Constitucional y contemplar específicamente el delito de secuestro como de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, tiene una base fundamental que es la de considerar este tipo de delitos como de mayor riesgo para la sociedad que si bien comparto el aspecto relativo que esta medida viola el principio de presunción de inocencia, lo cierto es que el legislador contempló que este tipo de delitos por las consecuencias y la afectación a los bienes jurídicos protegidos ameritan un mayor énfasis por parte del estado. Énfasis en el sentido de establecer que no solamente la investigación es compleja, porque por lo regular como en el caso concreto hay una multiplicidad de interventores en la ejecución del delito, sino porque además el número de pruebas en la investigación por lo general son amplias; y esto se puede desprender efectivamente a partir de que los órganos de prueba ofertados por la fiscalía y que fueron admitidos para esta fase procesal es el de 26, más aun la posibilidad de la defensa de generar o incorporar nuevos, es decir, existe una contradicción, una controversia, de no existir esta controversia no habría razón de que hubiera un juicio, ello motiva que derivado de la unión de acusaciones por dos defensas de ellas se ofertaran distintos medios de prueba, ello conjuntamente pone de relieve la complejidad del asunto en su resolución. En torno a la conducta de las autoridades, bien, se hizo la precisión por parte del ministerio público de dos aspectos me parece relevantes, invocó por ahí la finalidad de la medida, cualquier medida cautelar tiene por objeto lograr los fines del proceso que es el esclarecimiento de los hechos y es lograr la presencia del justiciable a todas las fases del juicio incluyendo desde luego en la que nos encontramos, que es la fase de juicio oral. Luego entonces la razonabilidad de mantener esta medida cautelar, bueno encuentra sustento en precisamente generar las condiciones para que este juicio se concluya, no estimo relevante en este momento la pena a imponer porque, bueno, no estamos en el análisis de la imposición de la medida cautelar sino, específicamente, en si esta debe ser prorrogable o no y su finalidad no deriva en la probable pena que pueda imponerse por que efectivamente esto sería violatorio del principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, pero sí resulta importante señalarlo en cuanto al despacho de los asuntos y la complejidad que tiene para el órgano jurisdiccional que tiene para el órgano jurisdiccional generar las condiciones, porque evidentemente existe una imposibilidad para llevar a cabo la audiencia dentro de los plazos establecidos, es decir, dentro del plazo de 60 días a partir de la emisión del auto de apertura, ¿por qué?, porque la carga de trabajo que se ha impuesto a cinco órganos jurisdiccionales la rebasa, y que además lograr la comparecencia de todos los testigos a una fase de juicio, conlleva a una ardua tarea no solamente por parte de las partes, del órgano acusador y de las defensas si no por el órgano jurisdiccional en auxilio de ellas, luego entonces, el hecho de que se haya señalado la audiencia hasta el 9 de agosto de esta anualidad, revela por sí mismo que existe una dilación en la administración de justicia, desde mi perspectiva no imputable al órgano jurisdiccional, al menos administrativamente, por que se incumple con los plazos pero esta es una razón justificada, ¿por qué?, porque no existe una posibilidad material de llevar a cabo una audiencia en el plazo de 60 días dada esta carga laboral. Luego entonces es un aspecto que genera dilación y que motiva la prórroga de la medida cautelar, ¿por qué?, porque es un asunto complejo, un asunto que a virtud de su complejidad y de la carga laboral del órgano jurisdiccional, son aspectos que han generado dilación, que no ha podido ser resuelto con anticipación; tan no ha podido ser resulto con anticipación que las defensas generaron una serie de estrategias como lo fue la unión de acusaciones, modificar distintos abogados que generaron la dilación de la etapa intermedia, la reapertura de la investigación hasta por dos meses, son aspectos que pone de relieve que no se ha podido cumplir la fase de juicio en su totalidad o el esclarecimiento de los hechos en el término que prevé la ley, ¿por qué?, porque la ley contempla un año para la resolución de los asuntos, excepcionalmente dos considerando estos aspectos, y aun excepcionalmente un plazo mayor cuando deriva de la actividad de las defensas como es el caso que nos ocupa y de estos criterios orientadores a los que se ha hecho referencia que derivan de la jurisprudencia que resulta obligatoria conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo para todas las autoridades, Entidades Federativas que comprenden el Estado Mexicano. Luego, tomando en consideración que se ha hecho mucho énfasis ya respecto a la imposibilidad del órgano jurisdiccional al menos en ese criterio adoptó del no poder revocar la decisión de un homólogo, tampoco quiero, no sé si fue suficientemente claro, es decir, comparto el criterio de que este, la aplicación del artículo 19 conforme a lo que establece la Corte Interamericana resulta inconvencional, esto por cuanto a su aplicación, por un lado es aplicada teniendo la posibilidad las partes de generar controversia al respecto, es incuestionable que esto deriva de un acto posterior, las sentencias que emite la Corte, o la jurisprudencia que emite es de carácter posterior, es decir, a la causa que nos ocupa porque estas son de reciente creación, de este mismo año, pero ello conllevaría tener como consecuencia la violación a distintos principios como lo es el de seguridad jurídica, implicaría generar un acto ilegal que es que un homólogo pueda revocar una decisión y no un órgano superior que en su caso por conducto del órgano encargado de la tutela de la inaplicación ex oficio a que se refiere la propia Corte que desde mi perspectiva corresponde a los órganos de carácter federal, lo cual implicaría rebasar las facultades con las que cuenta el órgano jurisdiccional de enjuiciamiento para poder pronunciarse al respecto; de ahí que el plazo que solicita el ministerio público para la resolución del asunto, es decir, lo que conlleva desde este momento hasta el inicio de la fase de juicio considerando dos meses más, dado el número de órganos de prueba que están pendientes por desahogar y en su caso la complejidad que tiene su comparecencia ante el órgano jurisdiccional resulta razonable la prórroga de la medida cautelar por cinco meses más o cinco meses cinco días más, porque solicitó el agente del ministerio público que esta se mantenga vigente hasta el 9 de octubre de la presente anualidad. En este sentido como lo señalé al inicio de esta resolución se acoge la postura del agente del ministerio público, se declara fundada su solicitud y se genera esta prórroga por el plazo solicitado a efecto de que sea informado a las autoridades penitenciarias correspondientes, esta prórroga hasta el nueve de octubre de esta anualidad, quedando todos debidamente notificados a virtud de su presencia en esta sala de audiencias, y se ordena generar la notificación respectiva a asesoría victimal, así como a las victimas directa e indirecta a efecto de que tengan conocimiento y puedan generar conforme a lo que la ley establece su pronunciamiento o postura al respecto.". Resolución que constituye el acto reclamado. OCTAVO. Estudio del acto reclamado y de los conceptos de violación. El estudio del acto reclamado se realiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Así, corresponde a esta autoridad determinar si lo reclamado, vulnera o no algún derecho fundamental de los quejosos. En el caso, se considera que la resolución reclamada se encuentra apegada a derecho. Para explicar lo que se afirma, como cuestión previa, resulta pertinente destacar que la libertad personal es un derecho humano complejo, integrado por un haz de distintas posiciones jurídicas que forma parte conceptualmente del derecho humano a la libertad en sentido amplio, el cual le permite a una persona ejercer libremente conductas en su vida privada y pública sin afectaciones u obstaculizaciones por parte del Estado. Entre sus múltiples posiciones jurídicas se encuentran aquellas relacionadas con la materia penal, en donde la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y la normatividad secundaria han establecido una variedad de contenidos normativos con el fin de respetar y proteger la libertad física de una persona, entendida como la ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados. El artículo 14 constitucional establece de forma generalizada que ninguna persona podrá ser privada de su libertad. Asimismo, los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 7, numerales 1, 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie puede ser privado de su libertad física, detenido o encarcelado arbitraria o ilegalmente. Sin embargo, el ejercicio del derecho humano a la libertad personal, como los demás derechos fundamentales, no es absoluto y admite limitaciones en su ejercicio. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19, prevé como restricción a la libertad personal la prisión preventiva; dispositivo que en la parte que interesa, a la letra dice: "Art. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." El texto del precepto constitucional transcrito, ordena llevar a cabo un control para determinar la procedencia de la prisión preventiva, que a su vez debe estar constituido por dos momentos que el propio artículo distingue. Por una parte, está la cuestión del supuesto fáctico que tiene que acreditarse para que proceda el auto de vinculación a proceso, que es la condición jurídica previa para que, de acuerdo con este numeral constitucional, proceda la prisión preventiva. En segundo lugar, en el segundo párrafo, establece los requerimientos para imponer la prisión preventiva, de acuerdo a una doble regulación, es decir, la relativa a los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y aquellos delitos en los que se requiere acreditar algún tipo de necesidad de cautela o, también, en los casos en que exista reincidencia. Por lo que se refiere al primer supuesto, también conocido como la acreditación del supuesto material, el juez deberá justificar la procedencia de la vinculación a proceso sobre la base de si existen datos sobre la existencia del hecho que permitan determinar "el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución" del delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, contiene importantes salvaguardas para la protección de la libertad personal desde el punto de vista de la aplicación de la prisión preventiva. En primer lugar, regula el supuesto de la prisión preventiva necesaria (también llamada "justificada") y señala que "el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes" para lograr ciertos fines dentro del proceso. De la redacción de esta primera oración derivan dos importantes principios: el de excepcionalidad y el de subsidiariedad, y acorde con ellos, el juzgador, para la imposición de la prisión preventiva justificada, deberá evaluar si el Ministerio Público logró acreditar la necesidad de la medida para los fines procesales autorizados, así como la razón por la que resulta la única procedente frente a otras posibles alternativas que podrían cumplir con los mismos objetivos y ser menos aflictivas. La segunda parte del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, hace referencia expresa a la necesidad de que el juez ordene la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos expresamente señalados en tal precepto. La determinación de la prisión preventiva oficiosa no está vinculada a una ponderación individualizada de la necesidad de cautela ni a criterios de necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad, subsidiariedad y razonabilidad. Luego, es imperativo destacar que al ser la prisión preventiva (oficiosa o justificada) una medida cautelar de carácter excepcional que asegura la presencia del imputado al proceso, que se rige, entre otros, bajo el principio de provisionalidad, al tener vigencia mientras no cambien los presupuestos en que se fundó su imposición o se dicte la sentencia respectiva, debe ponderarse que, por imperativo del artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad no puede prolongarla más allá del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y, en ningún caso, será superior a dos años, salvo que se encuentre justificada su extensión. Lo anterior, implica que, si su prolongación no se encuentra justificada, el órgano jurisdiccional debe ordenar su cese y poner de inmediato en libertad al imputado mientras se sigue el proceso; sin que ello obste imponer, previo debate, otras medidas cautelares que garanticen su presencia durante el proceso penal instruido en su contra, lo cual es coherente con el principio de presunción de inocencia del que todo indiciado debe gozar. Adicionalmente, debe señalarse que el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de que las partes soliciten la revisión de la medida cautelar impuesta, caso en el que el órgano jurisdiccional citará a las partes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en consideración para imponerla y la necesidad, en su caso, de mantenerla. En relación con el tema, esto es, con la revisión de las medidas cautelares, específicamente, la relativa a la prisión preventiva oficiosa, al resolver el amparo en revisión 315/2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, entendiendo que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, señaló la superioridad, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente y, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. Expusieron los Ministros que, en cuanto a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Respecto de la actividad procesal, no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Al respecto, la superioridad acotó que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Y, en relación con el último elemento, dijeron, debe considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. Además, acotaron que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Así mismo, determinó la mencionada Sala, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar, y la consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Concluyeron los Ministros que la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable." (Registro digital: 2024608. Instancia: Primera Sal. Undécima Época. Materias(s): Penal. Tesis: 1a./J. 32/2022 (11a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 2839. Tipo: Jurisprudencia). Ahora, en el asunto sometido a estudio, se advierte que el tribunal de enjuiciamiento responsable decidió prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los peticionarios de amparo debido a que consideró que la referencias aportadas por el fiscal son suficientes para justificar razonablemente la prolongación de dicha medida; determinación que se estima ajustada a derecho. Así es, esta autoridad comparte el criterio sostenido por el tribunal de enjuiciamiento en tanto que, como con acierto destacó el juez responsable en la resolución reclamada, en relación con el primer aspecto que abordó la superioridad en el precedente relatado, el juez de control indicó que se trata de un asunto complejo, en atención a que el delito por el que se sigue la causa penal (secuestro agravado) es de aquellos que por sus características y consecuencias causan gran impacto en la sociedad y su investigación se torna compleja dado que, regularmente, en su ejecución intervienen pluralidad de sujetos y la naturaleza de los hechos dificulta la obtención de pruebas sobre el suceso; lo que se evidencia con el hecho de que, en el caso particular, en el auto de apertura a juicio se admitieron veintiséis medios de prueba a la fiscalía, además de aquellos incorporados por cada defensa, lo que pone de manifiesto la dificultad tanto de la investigación para su obtención, como la que representará su desahogó. En el mismo sentido, esta autoridad coincide con la autoridad responsable en que la actividad de las partes constituyó el detonante para la prolongación del procedimiento, ya que el fiscal expresó, sin que se haya controvertido su afirmación, que los acusados Rogelio Castillo Sánchez y Ricardo Martínez Ortega, por conducto de sus defensores solicitaron diversas prorrogas del plazo de investigación complementaria y que, incluso, Rogelio Castillo Sánchez, solicitó la reapertura de dicho plazo por dos meses más; a lo anterior se añade el hecho de que los acusados de mérito agotaron los medios que estuvieron a su alcance para que se unificara la acusación formulada en su contra y se llevara a cabo una sólo audiencia intermedia, circunstancia que aunada al múltiple cambio de defensores de uno de los acusados, en conjunto, provocaron la dilación del asunto. Cabe señalar que, tal y como indicó la autoridad responsable, aun cuando los defensores de los acusados, aquí quejosos, expresaron que el fiscal omitió incorporar datos de prueba para demostrar sus afirmaciones, lo cierto es que tampoco negaron que las circunstancias relatadas por el representante social hayan sucedido o, en su caso, que éstas ocurrieron de distinta manera, de lo que se sigue que no se aportó información que contradijera o menguara las afirmaciones realizadas por la Fiscalía en torno a la actividad de las partes. Asimismo, el juzgador puso en relieve que el fiscal refirió que la conducta de las autoridades ha sido diligente, tan es así que ya se encuentra señalada una fecha específica para llevar a cabo la audiencia de juicio oral y, aun cuando se señaló una fecha lejana para esa actuación (nueve de agosto de dos mil veintitrés), ello obedece a la imposibilidad material que existe para celebrarla antes, dado que sólo están habilitados cinco tribunales de enjuiciamiento para ese fin. En relación con esto último, esta autoridad no soslaya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples precedentes se ha pronunciado en el sentido de que la carga de trabajo de las autoridades no debe ser justificante para el retardo en el despacho de los asuntos; no obstante, no debe perderse de vista que en el caso no se analiza la legalidad de la determinación en la que se fijó la fecha para celebrar audiencia de juicio oral, sino únicamente si existen motivos suficientes que justifiquen la necesidad de prorrogar la prisión preventiva en contra de los quejosos. En ese sentido, es menester indicar que, por cuanto hace a este último aspecto, el fiscal refirió que la actuación de las autoridades ha sido diligente y que la lejanía de la fecha obedece a la excesiva carga de trabajo de los tribunales de enjuiciamiento, circunstancia que tampoco fue controvertida por los defensores particulares; es decir, no se refirió por parte de las defensas particulares de los quejosos, información alguna tendente a evidenciar que el retardo en el despacho del asunto es imputable a las autoridades que conducen el proceso sino que, al contrario, se estableció que esto ocurrió a consecuencia de las gestiones que realizaron los propios acusados para prorrogar el plazo de investigación complementaria y para unificar las acusaciones para la celebración de una sola audiencia de etapa intermedia respecto a todos los acusados. Además, debe decirse que, en efecto, al tener ya señalada fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de debate (juicio oral), resulta evidente que el proceso penal de origen no se encuentra paralizado, con independencia de la lejanía de la fecha señalada, pues al respecto, si los acusados estaban inconformes con ello, estuvieron en aptitud de impugnar esa determinación judicial, sin que sea jurídicamente viable, se insiste, analizar la legalidad de aquella en esta instancia constitucional, al no formar parte de la litis. En esas circunstancias, como se adelantó, esta autoridad coincide con el juez que integra el tribunal de enjuiciamiento responsable, al considerar que el Ministerio Público justificó razonablemente la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta como medida cautelar en contra los quejosos, conforme a los parámetros analizados, por lo que la determinación en la que así se determinó se encuentra apegada a derecho. De ahí que los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos son infundados, sin que se advierta aspecto alguno en el que deba suplirse la queja en su beneficio. Al respecto, cabe aclarar que si bien este órgano de control constitucional no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en atención al principio de justicia completa previsto en el artículo 17 Constitucional, se realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en las demandas de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención de la parte quejosa, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. En ese contexto, el quejoso Rogelio Castillo Sánchez, expresó como conceptos de violación lo siguiente: - Que la autoridad responsable violó sus derechos al no resolver de fondo la solicitud de cese de prisión preventiva, argumentando que carece de facultades para revocar la decisión emitida por un juez homólogo, pues debió pronunciarse sobre la prolongación o el cese de la medida cautelar. El argumento que antecede es infundado, en virtud de que parte de una afirmación falsa, en tanto no es verdad que el juez de enjuiciamiento responsable haya omitido pronunciarse en torno al fondo de la solicitud de prolongación o cese de la medida cautelar, pues como se lleva visto, el órgano jurisdiccional responsable realizó un análisis sobre las aspectos relativos a la complejidad del asunto, la actividad de las partes y la conducta de las autoridades y, con base en la exposición e información que incorporaron las partes, resolvió el fondo de la cuestión planteada, pues decidió que es procedente la prolongación de la prisión preventiva oficiosa en contra de los acusados. Por otra parte, es pertinente señalar que si bien es cierto que el juez responsable expresó que carece de facultades para revocar la decisión de un juez homólogo, también es verídico que tal expresión la utilizó para explicar la razón por la que no es procedente revisar los argumentos relativos a la imposición de la medida cautelar, pues esa decisión jurisdiccional adquirió firmeza al no ser controvertida; por lo que dicha expresión no se utilizó para indicar que el juez no está facultado para resolver la cuestión planteada, como pretende hacer parecer el disconforme. Además, es dable señalar que la apreciación del juzgador responsable al respecto es correcta, en tanto la decisión judicial que se revisa debió partir del análisis relativo a las circunstancias antedichas, como adecuadamente se llevó a cabo en la resolución reclamada, en tanto lo que motivó la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva fue la extensión de ésta por más de dos años y no verificar las circunstancias relativas a su imposición. - Alega el quejoso Rogelio Castillo Sánchez, que el tribunal de enjuiciamiento inobservó el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se acreditó en audiencia que variaron las condiciones objetivas que justificaron las imposición de la medida cautelar, en atención al pronunciamiento que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros contra México, en la que se determinó la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, con lo que inobservó también la obligación impuesta al Estado Mexicano en esa sentencia. Lo anterior es infundado. Para explicarlo, primero es necesario establecer que, distinto a lo que afirma el quejoso Rogelio Castillo Sánchez, la revisión de la medida cautelar que nos ocupa no se originó debido a la variación de condiciones que justificaron su imposición inicialmente, sino, como se dijo, debido a la extensión temporal por más de dos años de aquella. Lo anterior obedece a que, en el caso, la prisión preventiva impuesta a los peticionarios de amparo fue oficiosa y no justificada, por lo que su imposición no estuvo condicionada a la satisfacción de ciertos criterios de necesidad, proporcionalidad y subsidiariedad, sino que atendió únicamente a que el delito por el que en su momento se les vinculó a proceso es de aquellos que ameritan la restricción oficiosa de la libertad del imputado. Al respecto, cabe señalar que previamente se explicaron las claras diferencias que existen entre la prisión preventiva necesaria y la oficiosa, por lo que es innecesario abundar sobre el tópico en obvio de repeticiones innecesarias. En el mismo sentido, debe decirse que el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la prisión preventiva no constituye la variación objetiva de las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar, sino que tal ejecutoria constituye un precedente en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, aun cuando las sentencias pronunciadas por dicho órgano de control de convencionalidad son vinculantes para el Estado de Mexicano, lo cierto es que, como se explicó previamente, existe una limitación en torno al derecho humano a la libertad personal, contenida en el artículo 19 Constitucional, que resulta de observancia obligatoria tanto para la autoridad jurisdiccional responsable como para este órgano de control constitucional. Así es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los Casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs México y García Rodríguez y otro vs México, resueltos, respectivamente, el siete de noviembre de dos mil veintidós y veinticinco de enero de dos mil veintitrés, determinó que la prisión preventiva, incluso la oficiosa, resulta una medida contraria a los derechos humanos a no ser privado de libertad personal arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación, reconocidos por los artículos 7.3, 7.5, 8.2 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ambos casos, se condenó al Estado Mexicano a adecuar su ordenamiento jurídico para que la prisión preventiva sea compatible con la Convención Americana, esto es, que dicha medida restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no afecte el derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno y en Salas, ha emitido diversos criterios en donde reconoce la obligatoriedad para el Estado Mexicano de acatar y observar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, de donde derivaron los criterios jurisprudenciales P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal de País determinó, entre otras cuestiones, que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Fuerza vinculante que, se dijo, deriva del artículo 1° Constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona; no obstante, señaló que este carácter vinculante no significa pasar por alto los precedentes del Poder Judicial de la Federación, aplicando indefectiblemente el estándar fijado por la corte internacional. Al respecto, también refirió que el criterio internacional no pretende ni puede sustituir a la jurisprudencia nacional ni debe ser aplicada de forma acrítica. Por el contrario, sostuvo que su aplicación debe hacerse en clave de colaboración y no de contradicción con la jurisprudencia nacional, de modo que los pronunciamientos que eventualmente impliquen una diferencia de criterio respecto a los alcances que pueda llegar a tener un derecho en específico deberán ser resueltos con base en el principio pro persona. Asimismo, determinó que los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional; sin embargo, precisó que cuando en la constitución existe una restricción expresa al ejercicio de aquellos derechos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Esta salvedad, derivó de la parte final del primer párrafo del artículo 1° Constitucional, pues de esa porción el Pleno entendió que cuando en la Constitución existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Este criterio fue reiterado por el Pleno del máximo tribunal del país en el expediente de varios 1396/2011, en donde si bien fijó las directrices para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la Federación en atención a las sentencias internacionales en los casos en los que el Estado Mexicano fue parte, señaló que ese ejercicio está sujeto a que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta debe prevalecer, en términos de la jurisprudencia mencionada -P./J. 20/2014 (10a.)-. En ese contexto, debe señalarse que en el amparo en revisión 315/2021, de donde derivó la jurisprudencia por precedente obligatorio 1a./J. 32/2022 (11a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa establecida por el artículo 19 Constitucional, reconoció a esta medida como una restricción constitucional a la libertad personal. Bajo ese marco referencial, es dable concluir que, al ser la prisión preventiva oficiosa una restricción al derecho fundamental de la libertad personal contenida en el texto constitucional y avalada jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia es obligatoria tanto para la autoridad responsable como para el suscrito juzgador, no es procedente, como pretende el quejoso, inaplicar el texto constitucional con motivo de lo resuelto por la corte internacional; de ahí lo infundado de su argumento. - Continúa diciendo el quejoso, que la autoridad responsable violó sus derechos fundamentales porque no ajustó su decisión a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA PROCEDE REVISAR Y EN SU CAS DETERMINAR SU CESE O PRÓRROGA", dado que el agente del Ministerio Público no aportó datos de prueba para demostrar que se cumplieron los parámetros establecidos en esa jurisprudencia; añade que el juez no motivó adecuadamente su resolución en esos aspectos y que violó los principios de imparcialidad judicial y contradicción, al incorporar argumentos que no fueron esgrimidos por el fiscal. Los conceptos de violación recién sintetizados son infundados en virtud de que, contrario a lo que afirma el quejoso Rogelio Castillo Sánchez, el juez responsable sí motivó suficientemente su decisión, en la medida que explicó razonadamente y con claridad por qué considera que el asunto es complejo, así como por qué la actividad de las partes provocó la dilación del asunto; en el mismo tenor, el juez responsable justificó lo relativo a la conducta de las autoridades en cuanto a la lejanía de la fecha señalada para celebrar audiencia de debate. Asimismo, el juzgador responsable expresó que aun cuando los defensores particulares de los imputados argumentaron que la fiscalía no incorporó datos de prueba, lo cierto es que tampoco contradijeron las circunstancias referidas por dicho órgano de acusación, en la medida que no expresaron que la información aducida por el fiscal en torno a los actos desarrollados durante la secuela procesal no sucedieron o, en su caso, que ocurrieron de distinta manera, criterio que se considera acertado, dado que al no existir controversia al respecto, debe tenerse por cierto que lo relatado por el fiscal acaeció como lo narró en su exposición. Considerar lo contrario conduciría al absurdo de imponer a las partes la carga de demostrar las actuaciones obrantes dentro del propio expediente judicial, cuando no se plateó controversia al respecto. Finalmente, por cuanto hace a los conceptos de violación del quejoso Ricardo Martínez Ortega, debe decirse que esta autoridad no advierte argumento alguno al que deba darse respuesta frontal, dado que en su escrito de demanda se limitó a relatar las consideraciones expuestas por el juez responsable pero sin expresar por qué considera que son incorrectas o que se apartaron del derecho y, su motivo de disenso radica, principalmente, en que no se decretó el cese de la prisión preventiva en su contra pese al pronunciamiento que al respecto emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los precedentes citados previamente, aspecto sobre el cual esta autoridad se ha ocupado de explicar las razones por las que tal planteamiento resulta infundado al atender el concepto de violación que en similar sentido esgrimió el diverso quejoso Rogelio Castillo Sánchez, por lo que se considera que se ha dado respuesta a su principal motivo de inconformidad, en la medida que se determinó indicó por qué la resolución reclamada se encuentra apegada a derecho, y eso hace innecesario abundar al respecto, en obvio de repeticiones. Así, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, se impone negar la protección constitucional solicitada por Rogelio Castillo Sánchez y Ricardo Martínez Ortega. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que Rogelio Castillo Sánchez, reclamó del Director del Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla, dado que no se combatió por vicios propios. Sin que resulte necesario realizar análisis y pronunciamiento sobre los alegatos que formuló la parte quejosa, por no formar parte de la litis, lo que no transgrede el principio de exhaustividad de las sentencias. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/93, que interpreta los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo abrogada, de contenido similar a los numerales 74 y 124 de la Ley de Amparo vigente, que señala: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." NOVENO. Notificación del quejoso Ricardo Martínez Ortega. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso Ricardo Martínez Ortega, la presente sentencia, en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, corriéndole traslado con copia de la misma, en virtud de que, pese a que promovió el juicio de amparo en conjunción con su defensor particular, no señaló domicilio para recibir notificaciones. En tal virtud, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los similares 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, para que en auxilio de las labores de este juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso Ricardo Martínez Ortega, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 522/2023 y su acumulado 531/2023-; d) Notifique al quejoso Ricardo Martínez Ortega la presente sentencia; e) Le corra traslado con copia autorizada de la misma; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá practicar la diligencia encomendada en el plazo de veinticuatro horas siguientes al en que reciba la comunicación oficial correspondiente; y una vez que se practique tanto la notificación a la parte quejosa como el emplazamiento encomendado, deberá devolverla en un plazo similar, acompañada de las constancias con las que se acredite que se practicaron las diligencias de mérito. Se apercibe al juez de primera instancia, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la persona actuaria judicial, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. DÉCIMO. Forma de publicación de la sentencia. Forma de publicación de la sentencia e integración de esta determinación al expediente físico. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dada su trascendencia. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rogelio Castillo Sánchez y Ricardo Martínez Ortega, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia e intégrese al expediente físico, en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a Rogelio Castillo Sánchez, en el domicilio señalado para tal efecto por conducto de sus autorizados procesales; personalmente vía despacho al quejoso Ricardo Martínez Ortega; por lista a la parte tercera interesada; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. ACUMULACIÓN DE JUICIOS. Del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo 522/2023 y el diverso 531/2023 del índice de este Juzgado Federal, se advierte que existe conexidad entre los actos reclamados por los quejosos ********************y ********************en dichos juicios, ya que ambos reclaman la resolución dictada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés en audiencia de revisión de medida cautelar, en la causa penal de juicio oral ********************. Así mismo, al rendir los informes justificados solicitados en ambos sumarios, la autoridad responsable Juez de Control de Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, con Jurisdicción Estatal, ********************, aceptó su existencia en ambos juicios. Al respecto, resulta pertinente indicar que el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo dispone: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo." El precepto legal reproducido debe aplicarse supletoriamente a la Ley de Amparo, para determinar lo conducente respecto a la acumulación de litigios constitucionales, conforme a la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Sin embargo, dicho precepto no establece cuáles son los supuestos en que procede la acumulación, pero conforme a la teoría general del proceso, esa figura opera en los supuestos siguientes: a) Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables; y, b) Cuando, se trate de diferentes juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado y diversos quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos. En ese tenor, en el presente asunto, se actualiza la hipótesis, que a la vez, concierta el supuesto b); pues en el caso, se trate de diferentes juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado y diversos quejosos, los cuales se encuentran íntimamente relacionados al haber sido dictados en la misma audiencia. Así, el suscrito juez de Distrito con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, resuelve de plano, la acumulación del juicio de amparo 531/2023 al presente sumario constitucional 522/2023, pues se tratan de juicios promovidos contra actos celebrados en la misma audiencia; de ahí que se tenga acreditada la conexidad de ellos. Por tanto, al ser procedente la acumulación de los referidos juicios de amparo, se ordena sumar el juicio 531/2023 al presente sumario constitucional 522/2023, toda vez que en el que se actúa es el más antiguo al haberse presentado en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con anterioridad, tal como se desprende de las papeletas de turno, de conformidad con el artículo 72 del Código federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. La anterior determinación encuentra sustento en el mandato contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que asegura que las autoridades encargadas de administrar justicia, estarán expeditas para impartirla de manera pronta, completa e imparcial, velando además porque las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez y prontitud que lo rigen, pues de no ser así, pueden tomar las medidas procesales necesarias para cumplir correctamente con su función jurisdiccional, atendiendo al diseño procesal concentrado en que fue diseñado este mecanismo de control constitucional, conforme a los plazos y términos que la Ley de Amparo prevé, bajo el principio de prosecución judicial. Entonces, al acumular los controvertidos de que se trata, se crea un beneficio a la parte quejosa, puesto que se protegerá su esfera jurídica contra los actos reclamados, de manera completa y cabal. Así como un provecho a favor de la justicia Federal, en relación a los recursos humanos y materiales que conlleva tramitar un juicio constitucional. Efectivamente, ningún beneficio otorgaría al inconforme tramitar los juicios que promovió por separado, sino por el contrario, ello podría generar retrasos e irregularidades en el procedimiento del juicio, e incluso, se podría suspender una pluralidad de veces el mismo acto reclamado (situación que no debe acontecer conforme a la técnica del juicio de amparo). De hecho, es una cuestión de orden público, cuyo análisis debe realizarse oficiosamente, con el fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias; incluso, para evitar suspender los efectos de un acto cuya constitucionalidad se encuentra pendiente de analizar en un juicio anterior. Más aún, evitar una conducta procesal dolosa o inadecuada que busque retrasar la ejecución de actos de autoridad de orden público, si fuera el caso. De ahí, que lo mejor sea unir los sumarios de que se trata para crear una litis estructurada, clara y unificada que otorgue el mayor beneficio a la parte quejosa, en aras de velar por lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, a fin de que las partes se impongan de la presente determinación y de las constancias que conforman los expedientes que ahora se acumulan y su estado procesal, se dejan sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo 522/2023, esto es, las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintinueve de junio de dos mil vientres; y subiste la señalada en el 531/2023 para las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés para su celebración. ANOTACIONES EN SISE. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO ********************VÍA DESPACHO. Toda vez que el quejoso ********************se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, así como el número del juicio de amparo 522/2023 y su acumulado 531/2023; d) Notifique a ********************, el contenido íntegro del presente acuerdo; e) Le corra traslado con copia autorizada del mismo; f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no, recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicaron las diligencias de mérito. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. ANEXOS Atento a lo anterior, se ordena cambiar la caratula del cuaderno de antecedentes I, formado en el juicio 531/2023, con la leyenda "cuaderno de antecedentes II" del sumario constitucional 522/2023. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Los registros con los que se dio cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, séptimo párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues impulsan el procedimiento. Notifíquese personalmente al quejoso ********************en el lugar de su reclusión, vía despacho, personalmente al ******************** por conducto de su defensor particular; al asesor víctima ********************, del tercero interesado de identidad reservada ********************.; por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. I. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos, sin mayor proveído, el oficio remitido por ********************, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla. Lo anterior, en razón de que dicho documento ya fue acordado mediante auto de seis de junio de dos mil veintitrés. II. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no se integra la presente determinación al expediente impreso, dado que no es de importancia documental. Cúmplase.

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