Ricardo Manuel Vazquez Molina
Expediente 941/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Manuel Vazquez Molina
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 32 a 36), en el que se desechó su demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Finalmente, como lo dispone el punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger la memoria USB que anexó a su escrito de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, esto podrá ser destruido junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de cuyo contenido se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar al quejoso Ricardo Manuel Vázquez Molina, el acuerdo de ocho de octubre de dos mil dieciocho, toda vez que al buscar el domicilio señalado en autos, se advierte que los datos de identificación proporcionados por el quejoso son insuficientes para localizar el inmueble. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho y el presente auto por lista, así como las subsecuentes notificaciones que le correspondan, hasta en tanto el quejoso de referencia proporcione su domicilio exacto. El proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 941/2018, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Guárdese en sobre cerrado la memoria USB que anexa el promovente a su escrito de demanda, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por Ricardo Manuel Vázquez Molina, a la 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla en su carácter de Jueza de Control (Joanna Karina Perea Cano) y otra autoridad; es lo siguiente: "(.) ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ORDENADORAS reclamo la resolución de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, que deniega la solicitud de sobreseimiento total de la causa penal PUE/352/2018, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. (.)" Ahora, la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, de los que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) 5.) Durante esta etapa procedimental, el imputado ofreció diferentes pruebas para efectos de acreditar la propiedad, y por ende la posesión lícita del petrolífero; llevándose a cabo la audiencia de sobreseimiento en fecha doce de septiembre de la presente anualidad, en virtud de que aparecía en autos de la carpeta de investigación claramente establecida su inocencia, sin embargo en dicha audiencia le fue rechazado el sobreseimiento. (.)" De lo anterior, se advierte que la parte quejosa promueve esta instancia constitucional para reclamar la audiencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la carpeta judicial administrativa PUE/352/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la que la Jueza de control responsable negó la solicitud del sobreseimiento total de la causa penal de referencia. Así, del análisis de lo que reclama el peticionario de amparo, es factible advertir que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, se reitera que la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la audiencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la carpeta judicial administrativa PUE/352/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la que la Jueza de control responsable negó la solicitud del sobreseimiento total de la causa penal de referencia. Por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda" Del contenido del citado precepto, se advierte que la parte quejosa se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama. El trámite para impugnar tales determinaciones se encuentra previsto en el artículo 466 del Código antes indicado, como a continuación se expone: "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (pues incluso, como se advierte de la demanda de cuenta, el peticionario de amparo goza de su libertad personal). Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Oswaldo González Espinoza, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que sí cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. "
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese con el número 941/2018, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. Guárdese en sobre cerrado la memoria USB que anexa el promovente a su escrito de demanda, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por Ricardo Manuel Vázquez Molina, a la 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla en su carácter de Jueza de Control (Joanna Karina Perea Cano) y otra autoridad; es lo siguiente: "(.) ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como ORDENADORAS reclamo la resolución de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, que deniega la solicitud de sobreseimiento total de la causa penal PUE/352/2018, del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. (.)" Ahora, la parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, de los que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "(.) 5.) Durante esta etapa procedimental, el imputado ofreció diferentes pruebas para efectos de acreditar la propiedad, y por ende la posesión lícita del petrolífero; llevándose a cabo la audiencia de sobreseimiento en fecha doce de septiembre de la presente anualidad, en virtud de que aparecía en autos de la carpeta de investigación claramente establecida su inocencia, sin embargo en dicha audiencia le fue rechazado el sobreseimiento. (.)" De lo anterior, se advierte que la parte quejosa promueve esta instancia constitucional para reclamar la audiencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la carpeta judicial administrativa PUE/352/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la que la Jueza de control responsable negó la solicitud del sobreseimiento total de la causa penal de referencia. Así, del análisis de lo que reclama el peticionario de amparo, es factible advertir que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, se reitera que la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la audiencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, celebrada en la carpeta judicial administrativa PUE/352/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en la que la Jueza de control responsable negó la solicitud del sobreseimiento total de la causa penal de referencia. Por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, conforme a lo estipulado en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda" Del contenido del citado precepto, se advierte que la parte quejosa se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama. El trámite para impugnar tales determinaciones se encuentra previsto en el artículo 466 del Código antes indicado, como a continuación se expone: "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.C. J/259, cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria, sin que en el caso opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso (pues incluso, como se advierte de la demanda de cuenta, el peticionario de amparo goza de su libertad personal). Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Oswaldo González Espinoza, atento a que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que sí cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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