Ricardo Martínez Reyes
Expediente 1149/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1149/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Martínez Reyes
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de nueve de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que lo hiciera. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Devuélvanse los tomos de prueba a su lugar de origen por ser innecesario su resguardo en este juzgado.
- Principal
isto el oficio 6688/2023 remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, copia certificada del oficio 2702, así como con el diverso 2701 que contiene el informe justificado del Juez Segundo Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, expediente C-404/2020 en tres tomos, escrito original y dos copias simples de la demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Reyes, y auto de veintiuno de septiembre del año en curso. Lo anterior, con motivo de que en acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso, dictado en el amparo directo civil 897/2023 de su índice, aquel tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, por razón de la vía. Radicación. En consecuencia, regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 1149/2023-III, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. Desechamiento De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Acto reclamado En el caso, el quejoso reclama todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario C404/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, esencialmente, la orden de embargo del inmueble materia de la garantía hipotecaria, como consecuencia de la falsa y mala representación en dicho contencioso; así como la omisión de ordenar la reposición oficiosa del procedimiento. Causa de improcedencia. En relación con el acto reclamado, y al tener a la vista el juicio de amparo 675/2023-III de este órgano jurisdiccional, por ser un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, este órgano de control constitucional estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" Esta causa de improcedencia se actualiza cuando el acto reclamado ya fue materia de una sentencia en un juicio de amparo, que ya causó ejecutoria. Para que se actualice, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, y por la referencia a la fracción que le precede, se contrae a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Además, se refiere a juicios terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. La improcedencia así considerada por el legislador se estableció para evitar la promoción de tantos juicios de amparo como lo desee la parte quejosa en contra de una ley específica o un concreto acto reclamado, dado que cuando ya fueron analizados en diversa ejecutoria pronunciada por el órgano de control constitucional, lo resuelto en dicha ejecutoria constituye cosa juzgada; es decir, la verdad legal que no admite ya ulterior recurso ni existe forma de modificarla ante la identidad de sujetos y de autoridades, así como del objeto que lo constituye en sí el acto concretamente reclamado. Sobre el particular, conviene citar el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 41, del Volumen XCIX, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." Ahora bien, es preciso mencionar que si bien por regla general una sentencia de sobreseimiento o el desechamiento de una demanda no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. En este orden de ideas, puede concluirse que la finalidad de la institución es dar certeza y definitividad a las situaciones jurídicas sancionadas por la sentencia, lo cual es necesario para mantener la paz social, de otro modo, los litigios podrían replantearse, indefinidamente. Las consideraciones anotadas encuentran sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 132, en la página 108, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente tenor literal: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia analizada en líneas anteriores, pues en el juicio de amparo indirecto 675/2023-II del índice de este órgano jurisdiccional, se concluyó en lo conducente que lo reclamado no constituye la última actuación en etapa de procedimiento de remate y que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación en el expediente civil 404/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, pues tuvo una participación activa durante el proceso antes del dictado de la resolución definitiva. Obténgase una reproducción con las firmas electrónicas respectivas de los autos relativos a aquel juicio biinstancial (675/2023) y agréguense al expediente en que se actúa para los efectos legales conducentes. En ese sentido, el acto ahora reclamado es el mismo que fue materia de pronunciamiento en el amparo 675/2023, donde fue desechada de plano la demanda planteada, toda vez que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu y, ante la falta de impugnación de dicha resolución en el plazo legal, causó estado y, por ende, se ordenó el archivo definitivo del asunto. En esa perspectiva, en el amparo indirecto 675/2023-II de la estadística de este juzgado de distrito existe pronunciamiento respecto a que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, pues sí fue emplazado en ese sumario, aunado a que no se ha dictado la última resolución en el procedimiento de remate. Y se indicó que en todo caso, la alegada omisión de ordenar la reposición del procedimiento derivada de la "nula y torpe defensa de la que fue objeto" debió hacerla valer durante el procedimiento de origen o, en su caso, al promover demanda de amparo directo contra la aprobación del convenio celebrado en dicho sumario. Sin embargo, el quejoso no demuestra que a la presentación de la nueva demanda imperen nuevas situaciones de hecho que modifiquen lo antes analizado en cuanto a la calidad con la que se ostenta, ni se advierte en los autos del juicio ordinario civil C-404/2020 la emisión de algún pronunciamiento que ordene la adjudicación del inmueble litigioso. Por tanto, no es dable que el promovente impugne de nueva cuenta lo ahora reclamado cuando fue pronunciamiento en el juicio antes citado, dado que la determinación emitida en dicho sumario adquirió firmeza procesal; de ahí que por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, es improcedente el nuevo juicio que pretende la solicitante del amparo, pues estimar lo contrario implicaría desconocer las decisiones previas adoptadas, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Ahora, la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente siempre que la ley o acto que se reclamen hayan sido materia de otro juicio de amparo en el que exista sentencia firme, para lo cual, en términos de la fracción X, debe existir: a) Identidad del quejoso, es decir, que ambos juicios sean promovidos por la misma persona; b) Que se dirija contra las mismas autoridades; y, c) Que se señale el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean distintas. En el caso, se actualiza dicha causa, pues en los dos juicios: A) El quejoso es Ricardo Martínez Reyes; B) La autoridad responsable es el Juez Segundo Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato; C) El acto reclamado es lo actuado en el juicio especial hipotecario C404/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, esencialmente, la orden de embargo del inmueble materia de la garantía hipotecaria, como consecuencia de la falsa y mala representación en dicho contencioso; así como la omisión de ordenar la reposición oficiosa del procedimiento. De todo lo anterior se concluye que el acto reclamado en el presente sumario fue materia de pronunciamiento en el referido juicio de amparo, en el que quedó firme el desechamiento de plano de la demanda promovida por el mismo quejoso en contra de la misma autoridad responsable y contra el mismo acto reclamado; por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha la demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Reyes, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Ello, sin perjuicio de que en el caso se actualice una diversa causa de improcedencia. No se soslaya que el quejosa anteriormente reclamó vía amparo directo -530/2023 radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito- idénticos actos a los aquí reclamados, de lo cual se proveyó lo conducente en el amparo indirecto 675/2023 de este índice. En ese contexto, apercíbase al quejoso y su autorizado que en caso de que este juzgado constate que están haciendo uso inadecuado del juicio de amparo, se dará vista a la representación social para que actúe conforme a sus atribuciones, de conformidad con la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo. Además, comuníquese al quejoso que en el supuesto de promover demanda en la vía directa a sabiendas que contra los actos como los aquí reclamados y los dictados en etapa de procedimiento de remate son impugnables en amparo indirecto, se tomará como fecha para computar el término de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, aquella en la que se reciba en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. Es así, pues de conformidad con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto debe presentarse ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, según corresponda. Y en caso de un error en la vía, es decir, cuando debiendo tramitarse el juicio de amparo en la vía indirecta, la demanda se formula al tenor de los requisitos del artículo 175 de la ley de la materia (relativo a la demanda de amparo directo) y se presenta ante la autoridad responsable (y no ante el Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito); tal circunstancia, por regla general y única ocasión debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar a la parte quejosa sin defensa, por lo que debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda ante la responsable. Así, una ulterior equivocación del quejoso en la vía que debe intentar contra actos dictados en el procedimiento de remate, ya no permitirá presumir su buena fe, pues implicaría la obstaculización injustificada de la buena marcha del juicio y, por ello, no se interrumpe el plazo para la presentación de la demanda. Tomos de pruebas. Fórmense tres cuadernos auxiliares de pruebas, con las constancias del juicio de origen que fueron allegadas y una vez concluido el presente asunto devuélvanse a su lugar de origen. Domicilio La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; sin embargo, ningún precepto de la Ley de Amparo, ni de la que es supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis, en ese sentido no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones hágansele por lista de acuerdos en tanto subsane dicha omisión. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las actuaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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