Ricardo Martínez Reyes

Expediente 47/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
47/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Martínez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se aprecia que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Reyes. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, la cual deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 18 DE ENERO DE 2023, QUE A LA LETRA DICE "...Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diez de enero del año en curso, dictado en los autos del amparo directo civil ********************, del que se advierte que declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************, ******************** y ******************** contra actos del Juzgado Segundo Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato y otras autoridades, a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, por lo que remite lo siguiente: ... Por los motivos expuestos por el Tribunal Colegiado, este Juzgado asume competencia en el conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 47/2023-IV. Acúsese recibo. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, ********************, promueve la demanda de amparo por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************, ******************** y ******************** y señala como acto reclamado el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil hipotecario ********************del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el que se ordenó poner en posesión a la parte actora como nuevo depositario. La demanda que ******************** promovió por propio derecho está afectada por la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tal numeral se refiere al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el carácter extraordinario de la defensa constitucional; por lo cual, el quejoso debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previamente a la promoción del amparo. De esta manera, el juicio de amparo será improcedente cuando el quejoso inobserve el principio de definitividad. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé el recurso de revocación, cuya procedencia se encuentra regulada en los artículos 232 y 233 de la legislación en cita, así como el 704-O interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: ... Como se advierte, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y los decretos, y para su conocimiento es competente el mismo juez que dictó la determinación impugnada. Su trámite se encuentra previsto en los artículos 232 a 235 del mismo ordenamiento. De ahí que los gobernados tienen a su alcance la revocación como medio ordinario de defensa en contra de todos los actos emitidos por un juez de primera instancia, siempre que no sean apelables ni sean irrecurribles. En el caso, el solicitante del amparo reclama el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil hipotecario ********************del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el que se ordenó poner en posesión a la parte actora como nuevo depositario. No obstante lo anterior, el acto reclamado pudo impugnarse a través del recurso de revocación, en tanto que no existe artículo que establezca que la orden de poner en posesión con motivo del cambio de despositario sea irrecurrible. Al no haberlo interpuesto, es improcedente el amparo. En el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento o alguno prohibido por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de un acto que restrinja la libertad en el procedimiento penal ni el amparo es pedido por un tercero extraño a juicio. Ello obedece a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Es así, ya que, según se estableció en el juicio de amparo ******************** de este índice, los menores quejosos, por conducto de su madre, ya se habían enterado desde dos mil veinte de la existencia del proceso de origen y de que el derecho litigioso era el inmueble que ahora defienden. En efecto, el nueve de septiembre de dos mil veinte la madre de los menores de edad recibió el citatorio dirigido al demandado ******************** para su emplazamiento al citado sumario. Así se aprecia en el acta de esa fecha, en que la actuaria literalmente asentó: "Sí conozco la persona que busca, a quien busca es mi esposo: aquí vive; este es su domicilio y el domicilio es correcto, pero él ahorita no se encuentra, está trabajando". Además, firmó al calce de la diligencia, lo que pone de manifiesto que, al menos desde el nueve de septiembre de dos mil veinte, los niños ********************, ******************** y ********************, por conducto de su madre, sabían de la existencia del juicio hipotecario en que se halla inmerso el inmueble. Entonces, el plazo que los menores de edad tenían para promover juicio de amparo, por conducto de su representante legal, trascurrió del diez de septiembre al cinco de octubre de dos mil veinte, sin contar por ser inhábiles los sábados y domingos comprendidos dentro de ese periodo, así como los días catorce, quince y dieciséis de septiembre de ese año, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y de la Circular 13/2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello resulta así, dado que del sello de recepción de la demanda de amparo, se observa que ésta fue presentada el catorce de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común Civil del partido judicial de Irapuato, Guanajuato; por tanto, la parte quejosa dejó transcurrir en demasía el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto de los actos reclamados en esta instancia. Es verdad que la actuación que los niños quejosos, por conducto de su padre, combaten en esta instancia, es posterior a la fecha en que, por conducto de su madre, se enteraron de la existencia del proceso de origen. No obstante, en el amparo promovido por un tercero extraño, el reclamo no se dirige en contra de actos específicos, sino en contra de todos los que agravien el derecho que defienda y se halle inmerso en el juicio frente al cual se dice extraño. Esto explica que, en asuntos del estilo, el efecto que generalmente tiene un fallo amparador consista en excluir el derecho de la controversia a la que el quejoso sea ajeno, no sólo en dejar insubsistentes algunos actos de entre todos los que le hubieren afectado. En ese sentido, si los quejosos ya habían tenido conocimiento del proceso civil y de que el derecho que en él se discute es el crédito garantizado con el inmueble que aquí defienden, no es posible que planteen la misma pretensión a través de una nueva demanda de amparo. Ni siquiera bajo el argumento de que con ella reclaman actuaciones judiciales recientes que no existían cuando supieron por primera vez del proceso de origen. Asumir lo contrario permitiría que un quejoso [tercero extraño] que hubiera obtenido una sentencia desfavorable en un primer juicio de amparo, aguarde a que el juez responsable emita nuevas resoluciones que ocasionen una afectación similar a la que ya había combatido, con la esperanza de que la sentencia a emitir en el segundo amparo le otorgue la tutela que pretendía desde un inicio. En un escenario así, el quejoso, como persona extraña, podría plantear indefinidamente la misma litis constitucional, a través de diferentes juicios de amparo. En consecuencia, al actualizarse, de manera notoria e indudable, las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ********************, por propio derecho y en representación de sus hijos ********************, ******************** y ********************; lo anterior, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ********************, por no contar con ese registro. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, ********************, interior ********************, colonia ********************de esta ciudad, pues es el domicilio que señaló en su demanda de amparo para ese fin. se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se entablen comunicaciones no oficiales, en caso de ser necesario. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información..."

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diez de enero del año en curso, dictado en los autos del amparo directo civil ********************, del que se advierte que declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************, ******************** y ******************** contra actos del Juzgado Segundo Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato y otras autoridades, a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad, por lo que remite lo siguiente: ... Por los motivos expuestos por el Tribunal Colegiado, este Juzgado asume competencia en el conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 47/2023-IV. Acúsese recibo. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, ********************, promueve la demanda de amparo por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************, ******************** y ******************** y señala como acto reclamado el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil hipotecario ********************del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el que se ordenó poner en posesión a la parte actora como nuevo depositario. La demanda que ******************** promovió por propio derecho está afectada por la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tal numeral se refiere al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el carácter extraordinario de la defensa constitucional; por lo cual, el quejoso debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previamente a la promoción del amparo. De esta manera, el juicio de amparo será improcedente cuando el quejoso inobserve el principio de definitividad. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, prevé el recurso de revocación, cuya procedencia se encuentra regulada en los artículos 232 y 233 de la legislación en cita, así como el 704-O interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: ... Como se advierte, el recurso de revocación procede contra los autos que no fueren apelables y los decretos, y para su conocimiento es competente el mismo juez que dictó la determinación impugnada. Su trámite se encuentra previsto en los artículos 232 a 235 del mismo ordenamiento. De ahí que los gobernados tienen a su alcance la revocación como medio ordinario de defensa en contra de todos los actos emitidos por un juez de primera instancia, siempre que no sean apelables ni sean irrecurribles. En el caso, el solicitante del amparo reclama el auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio civil hipotecario ********************del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, en el que se ordenó poner en posesión a la parte actora como nuevo depositario. No obstante lo anterior, el acto reclamado pudo impugnarse a través del recurso de revocación, en tanto que no existe artículo que establezca que la orden de poner en posesión con motivo del cambio de despositario sea irrecurrible. Al no haberlo interpuesto, es improcedente el amparo. En el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento o alguno prohibido por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de un acto que restrinja la libertad en el procedimiento penal ni el amparo es pedido por un tercero extraño a juicio. Ello obedece a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Es así, ya que, según se estableció en el juicio de amparo ******************** de este índice, los menores quejosos, por conducto de su madre, ya se habían enterado desde dos mil veinte de la existencia del proceso de origen y de que el derecho litigioso era el inmueble que ahora defienden. En efecto, el nueve de septiembre de dos mil veinte la madre de los menores de edad recibió el citatorio dirigido al demandado ******************** para su emplazamiento al citado sumario. Así se aprecia en el acta de esa fecha, en que la actuaria literalmente asentó: "Sí conozco la persona que busca, a quien busca es mi esposo: aquí vive; este es su domicilio y el domicilio es correcto, pero él ahorita no se encuentra, está trabajando". Además, firmó al calce de la diligencia, lo que pone de manifiesto que, al menos desde el nueve de septiembre de dos mil veinte, los niños ********************, ******************** y ********************, por conducto de su madre, sabían de la existencia del juicio hipotecario en que se halla inmerso el inmueble. Entonces, el plazo que los menores de edad tenían para promover juicio de amparo, por conducto de su representante legal, trascurrió del diez de septiembre al cinco de octubre de dos mil veinte, sin contar por ser inhábiles los sábados y domingos comprendidos dentro de ese periodo, así como los días catorce, quince y dieciséis de septiembre de ese año, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y de la Circular 13/2020 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ello resulta así, dado que del sello de recepción de la demanda de amparo, se observa que ésta fue presentada el catorce de noviembre de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común Civil del partido judicial de Irapuato, Guanajuato; por tanto, la parte quejosa dejó transcurrir en demasía el plazo previsto para promover el juicio de amparo indirecto en protección de sus derechos respecto de los actos reclamados en esta instancia. Es verdad que la actuación que los niños quejosos, por conducto de su padre, combaten en esta instancia, es posterior a la fecha en que, por conducto de su madre, se enteraron de la existencia del proceso de origen. No obstante, en el amparo promovido por un tercero extraño, el reclamo no se dirige en contra de actos específicos, sino en contra de todos los que agravien el derecho que defienda y se halle inmerso en el juicio frente al cual se dice extraño. Esto explica que, en asuntos del estilo, el efecto que generalmente tiene un fallo amparador consista en excluir el derecho de la controversia a la que el quejoso sea ajeno, no sólo en dejar insubsistentes algunos actos de entre todos los que le hubieren afectado. En ese sentido, si los quejosos ya habían tenido conocimiento del proceso civil y de que el derecho que en él se discute es el crédito garantizado con el inmueble que aquí defienden, no es posible que planteen la misma pretensión a través de una nueva demanda de amparo. Ni siquiera bajo el argumento de que con ella reclaman actuaciones judiciales recientes que no existían cuando supieron por primera vez del proceso de origen. Asumir lo contrario permitiría que un quejoso [tercero extraño] que hubiera obtenido una sentencia desfavorable en un primer juicio de amparo, aguarde a que el juez responsable emita nuevas resoluciones que ocasionen una afectación similar a la que ya había combatido, con la esperanza de que la sentencia a emitir en el segundo amparo le otorgue la tutela que pretendía desde un inicio. En un escenario así, el quejoso, como persona extraña, podría plantear indefinidamente la misma litis constitucional, a través de diferentes juicios de amparo. En consecuencia, al actualizarse, de manera notoria e indudable, las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ********************, por propio derecho y en representación de sus hijos ********************, ******************** y ********************; lo anterior, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. Téngase como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a ********************, por no contar con ese registro. Asimismo, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, ********************, interior ********************, colonia ********************de esta ciudad, pues es el domicilio que señaló en su demanda de amparo para ese fin. se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se entablen comunicaciones no oficiales, en caso de ser necesario. se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.-

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