Ricardo Martínez Reyes

Expediente 779/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
779/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Martínez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se observa que feneció el término de cinco días, previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que Ricardo Martínez Reyes recurriera el auto de seis de junio pasado, en el que se desechó de plano su demanda. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. En tales condiciones, devuélvanse al Juzgado Segundo Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato los cuadernos auxiliares de pruebas formados por separado, dado que es innecesaria su conservación en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 06 DE JUNIO DE 2022: "... Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remite: i. La demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Reyes y siete copias simples. ii. Copia certificada de oficio 1481, signado por el Juez Segundo Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato. iii. Cuadernillo de amparo 470/2022. iv. Copia certificada del Juicio Especial Hipotecario C-404/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato (cinco tomos). v. Oficios 1134 y 1135, suscritos por el Juez Segundo Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato. Al respecto, acúsese recibo e infórmese a la superioridad que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto declinado. En esa medida, fórmese expediente y regístrese con el número 779/2022-VII. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. En la especie, analizada la demanda y anexos, se obtiene que el quejoso reclama todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, esencialmente, la orden de remate en primera almoneda del inmueble materia de la garantía hipotecaria; lo anterior, como consecuencia de la falsa y mala representación en dicho contencioso; así como la omisión de ordenar la reposición oficiosa del procedimiento. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados destacados los vicios del procedimiento cometidos durante la tramitación del juicio del juicio de origen, con motivo de la falsa representación que el quejoso tuvo dentro del sumario, en virtud de que las alegadas violaciones a las leyes del procedimiento, en todo caso, debió hacerlas valer durante el procedimiento natural o, en su caso, al promover demanda de amparo directo contra la aprobación del convenido celebrado en dicho sumario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 172, fracciones II y XII de la Ley de Amparo De las constancias que integran el expediente, se aprecia que en el juicio de origen está en trámite el procedimiento de remate, pues la audiencia respectiva en primera almoneda, fue señalada para el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, se advierte que si bien es cierto que se está en fase de remate, el remate se encuentra ordenado no se ha adjudicado y como consecuencia no se ha dado la entrega y adjudicación del inmueble. En ese sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen: Lo anterior es así, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Bajo ese contexto, resulta improcedente el presente juicio, toda vez que en el juicio de origen, todavía no se ordena la entrega o escrituración del inmueble materia del acto reclamado. De ahí que el juicio de origen del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, que por regla general no debe paralizarse y procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en la etapa de ejecución, entendiéndose ésta como aquella en la que se ordena otorgar la escritura de adjudicación o entregarla posesión de los bienes rematados. Por ende, si no se ha ordenado la escrituración o entrega del inmueble materia del acto reclamado, la procedencia de la presente instancia constitucional aún no se colma, pues, se reitera, aún no se da alguna de las hipótesis previstas por el legislador. En el caso, en las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el aquí quejoso, demandado en el juicio de origen, fue emplazado el diez de septiembre de dos mil veinte, así como que el veinticuatro de noviembre de dicho año compareció a ante el juez responsable a ratificar el convenio que celebró con la parte actora en el referido sumario y solicitó que se elevara a categoría de cosa juzgada, por lo que por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se aprobó dicho acuerdo de voluntades y adquirió la firmeza de una resolución definitiva. En ese entendido de que dicho sumario se encuentra en etapa de ejecución del convenio, toda vez que en auto de diecinueve de octubre del año pasado, se ordenó requerir al demandado el pago de lo convenido, y al no haberlo hecho, se procedió al remate en primera almoneda del inmueble otorgado en garantía hipotecaria, señalándose como fecha para la audiencia el veintiséis de mayo del año que transcurre. Por lo anterior, no se observa la emisión por parte del juez responsable de algún pronunciamiento en que haya ordenado la escrituración o entrega del inmueble materia del acto reclamado. Ahora bien, únicamente cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, como se aprecia en las constancias que integran el expediente, el quejoso no es tercero extraño a juicio, sino parte demandada, lo que se corrobora con la diligencia de emplazamiento de diez de septiembre de dos mil veinte, así como con el convenio celebrado por el promovente dentro del sumario de origen; máxime que reconoce en la demanda de amparo ambas circunstancias. Sin embargo, en el caso no se advierte que el acto reclamado infrinja de manera actual y directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada, pues lo que se pretende es ejecutar un convenio celebrado por el quejoso y la parte actora en el juicio de origen. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Reyes. Lo anterior, aunado al hecho de que en el presente asunto no se actualiza el supuesto de procedencia prevista en el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, toda vez que el quejoso, como ya se refirió, compareció personalmente al juicio de origen e, incluso, celebró un convenio con su contraparte dentro de dichos autos; por ello, no se ubica en la categoría de tercero extraño a juicio por equiparación. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ricardo Martínez Reyes, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Se reconoce domicilio procesal de la promovente el ubicado en esta ciudad. Téngase a Arturo Alberto Skinfill Rivera, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral.- Se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

  3. Principal

    Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, remite: i. La demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Reyes y siete copias simples. ii. Copia certificada de oficio 1481, signado por el Juez Segundo Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato. iii. Cuadernillo de amparo 470/2022. iv. Copia certificada del Juicio Especial Hipotecario C-404/2020 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato (cinco tomos). v. Oficios 1134 y 1135, suscritos por el Juez Segundo Civil de Partido en Irapuato, Guanajuato. Al respecto, acúsese recibo e infórmese a la superioridad que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto declinado. En esa medida, fórmese expediente y regístrese con el número 779/2022-VII. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. En la especie, analizada la demanda y anexos, se obtiene que el quejoso reclama todo lo actuado dentro del juicio especial hipotecario del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, esencialmente, la orden de remate en primera almoneda del inmueble materia de la garantía hipotecaria; lo anterior, como consecuencia de la falsa y mala representación en dicho contencioso; así como la omisión de ordenar la reposición oficiosa del procedimiento. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados destacados los vicios del procedimiento cometidos durante la tramitación del juicio del juicio de origen, con motivo de la falsa representación que el quejoso tuvo dentro del sumario, en virtud de que las alegadas violaciones a las leyes del procedimiento, en todo caso, debió hacerlas valer durante el procedimiento natural o, en su caso, al promover demanda de amparo directo contra la aprobación del convenido celebrado en dicho sumario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 172, fracciones II y XII de la Ley de Amparo De las constancias que integran el expediente, se aprecia que en el juicio de origen está en trámite el procedimiento de remate, pues la audiencia respectiva en primera almoneda, fue señalada para el veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, se advierte que si bien es cierto que se está en fase de remate, el remate se encuentra ordenado no se ha adjudicado y como consecuencia no se ha dado la entrega y adjudicación del inmueble. En ese sentido, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, que establecen: Lo anterior es así, en virtud de que el remate está referido a un procedimiento específico, cuya finalidad es la obtención de dinero que de manera directa e inmediata constituye la satisfacción de la obligación prevista en la sentencia definitiva, por regla general, de dar una cantidad de dinero, que la parte deudora no cubrió voluntariamente. Bajo ese contexto, resulta improcedente el presente juicio, toda vez que en el juicio de origen, todavía no se ordena la entrega o escrituración del inmueble materia del acto reclamado. De ahí que el juicio de origen del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, que por regla general no debe paralizarse y procedencia del amparo se encuentra reservada a la última determinación que se dicte en la etapa de ejecución, entendiéndose ésta como aquella en la que se ordena otorgar la escritura de adjudicación o entregarla posesión de los bienes rematados. Por ende, si no se ha ordenado la escrituración o entrega del inmueble materia del acto reclamado, la procedencia de la presente instancia constitucional aún no se colma, pues, se reitera, aún no se da alguna de las hipótesis previstas por el legislador. En el caso, en las constancias que integran el juicio de origen, se advierte que el aquí quejoso, demandado en el juicio de origen, fue emplazado el diez de septiembre de dos mil veinte, así como que el veinticuatro de noviembre de dicho año compareció a ante el juez responsable a ratificar el convenio que celebró con la parte actora en el referido sumario y solicitó que se elevara a categoría de cosa juzgada, por lo que por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se aprobó dicho acuerdo de voluntades y adquirió la firmeza de una resolución definitiva. En ese entendido de que dicho sumario se encuentra en etapa de ejecución del convenio, toda vez que en auto de diecinueve de octubre del año pasado, se ordenó requerir al demandado el pago de lo convenido, y al no haberlo hecho, se procedió al remate en primera almoneda del inmueble otorgado en garantía hipotecaria, señalándose como fecha para la audiencia el veintiséis de mayo del año que transcurre. Por lo anterior, no se observa la emisión por parte del juez responsable de algún pronunciamiento en que haya ordenado la escrituración o entrega del inmueble materia del acto reclamado. Ahora bien, únicamente cuando la parte quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa los derechos sustantivos del promovente, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sin embargo, como se aprecia en las constancias que integran el expediente, el quejoso no es tercero extraño a juicio, sino parte demandada, lo que se corrobora con la diligencia de emplazamiento de diez de septiembre de dos mil veinte, así como con el convenio celebrado por el promovente dentro del sumario de origen; máxime que reconoce en la demanda de amparo ambas circunstancias. Sin embargo, en el caso no se advierte que el acto reclamado infrinja de manera actual y directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada, pues lo que se pretende es ejecutar un convenio celebrado por el quejoso y la parte actora en el juicio de origen. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia analizadas; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Martínez Reyes. Lo anterior, aunado al hecho de que en el presente asunto no se actualiza el supuesto de procedencia prevista en el artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, toda vez que el quejoso, como ya se refirió, compareció personalmente al juicio de origen e, incluso, celebró un convenio con su contraparte dentro de dichos autos; por ello, no se ubica en la categoría de tercero extraño a juicio por equiparación. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ricardo Martínez Reyes, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Se reconoce domicilio procesal de la promovente el ubicado en esta ciudad. Téngase a Arturo Alberto Skinfill Rivera, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del citado numeral.- Se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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