Ricardo Hernández Rugerio, representante legal
Expediente 282/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ricardo Hernández Rugerio, representante legal
- Colegio Josep Alcobe Freinet, Asociación Civil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído dictado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente sumario. En consecuencia, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al archivo, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo, es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse sobreseído en el juicio. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyanse el juicio principal, dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Plazo de conservación. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Finalmente, realice las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Insértese este acuerdo en el cuaderno original. Incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en los incidentes de suspensión fue negada la medida definitiva, el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción de conformidad con el numeral 21, inciso c) del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, de conformidad con el numeral 20, fracción II, inciso a), del multicitado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en los cuadernos originales y en los duplicados de los incidentes de suspensión, para constancia. Devolución de documentos. Por otra parte, no obstante, que los documentos exhibidos por la parte quejosa, no se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensiones 1307 o 1308, (dentro de un horario de trece a dieciocho horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Sonia López Marquez, Secretaria que autoriza y da fe.
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Apizaco, Tlaxcala, treinta de agosto de dos mil veintiuno. . S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 282/2020, promovido por Ricardo Hernández Rugerio, en su carácter de representante legal del Colegio Josep Alcobe Freinet, Asociación Civil; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el dos de julio de dos mil veinte, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnado el mismo día este órgano jurisdiccional, Ricardo Hernández Rugerio, en su carácter de representante legal del Colegio Josep Alcobe Freinet, Asociación Civil demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. El H. Congreso del Estado de Tlaxcala. 2. El C. Gobernador del Estado de Tlaxcala. 3. El C. Secretario de Gobernación del Estado de Tlaxcala. 4. El C. Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala. 5. El C. Subsecretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala... 6. Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala." (sic). "ACTO RECLAMADO. 1. Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. Se reclama el ilegal proceso legislativo de aprobación y envío al Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para su publicación, circulación y cumplimiento de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, publicado en el periódico Oficial del Estado el veintiséis de mayo de dos mil veinte, específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180. 2. Del C. Gobernador del Estado de Tlaxcala, reclamo la promulgación y publicación de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiséis de mayo de dos mil veinte, específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180. 3. Del C. Secretario de Gobernación, reclamo el refrendo, firma y publicación de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiséis de mayo de dos mil veinte, específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180. 4. Del C. Secretario de Educación Pública, reclamo el refrendo, firma, publicación y aplicación de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiséis de mayo de dos mil veinte, específicamente la inconstitucionalidad de los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180. 5. Del C. Subsecretario de Educación Pública, reclamo la materialización y ejecución de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras. 6. Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, reclamo la materialización y publicación de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiséis de mayo de dos mil veinte." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 3, 5, 14, 16, 17, 22, 25, y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de tres de julio de dos mil veinte (fojas 81 a 86), este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 282/2020, y reservó proveer lo conducente en virtud de la suspensión de labores decretada mediante Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito recibido el diez de julio de dos mil veinte, la parte quejosa interpuso recurso de queja (fojas 91 a 93), del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito bajo el número 41/2020, mismo que se declaró fundado mediante ejecutoria de veintinueve de octubre del mismo año (fojas 106 a 115). En cumplimiento a la ejecutoria de referencia, por auto de trece de noviembre de dos mil veinte (fojas 116 a 118), se proveyó lo conducente respecto a la demanda de amparo, y se previno a la parte quejosa a fin de que: "1. Manifieste bajo protesta de decir verdad, si reclama la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en su carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa; 2. En caso de reclamar la norma con el carácter de heteroaplicativa, precise el acto de aplicación y la fecha en que tuvo conocimiento de dicha aplicación". Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte (fojas 119 y 120), la parte quejosa desahogó la prevención formulada, señalando que reclamaba la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala en su carácter de autoaplicativa. Atento a lo anterior, en auto de veinticuatro de noviembre del mismo año, se admitió a trámite la demanda de mérito, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional (fojas 121 a 124). CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previos diferimientos. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). I. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo , en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. II. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama una norma general que por su sola entrada en vigor causa perjuicio al quejoso. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación del decreto identificado con el número 208, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de mayo de dos mil veinte, por el cual se emitió la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en concreto los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180 del citado ordenamiento legal, así como los vicios en el proceso de su creación. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al Oficial Mayor de Gobierno y Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala (fojas 135 a 139), Secretario del Gobierno del Estado de Tlaxcala (fojas 140 a 145), Consejero Jurídico del Ejecutivo en representación legal del Gobernador del Estado de Tlaxcala (fojas 131 a 134); Representante legal del Congreso del Estado (fojas 146 a 178), en virtud que al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 278 del entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por su parte el Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y el Subsecretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, omitieron rendir su respectivo informe, no obstante estar debidamente notificados del requerimiento del mismo, por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos que se les reclaman. Aunado a lo anterior, respecto de los actos pertenecientes al proceso de creación del ordenamiento legal impugnado, esa certeza les es implícita, atendiendo al principio de derecho que prevé que las leyes no son objeto de prueba, plasmado en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 260, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, apoya lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis visible en la página 337, del Informe de Labores rendido por el presidente del aludido Alto Tribunal al finalizar el año de mil novecientos setenta y cuatro, que al respecto menciona lo siguiente: "LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo sin necesidad de que se le ofrezca como prueba el decreto que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarlo en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba". CUARTO. Oportunidad de la demanda. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En ese orden de ideas, toda vez que los actos reclamados encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo de treinta días. En el caso concreto, la legislación que por esta vía se tilda de inconstitucional se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el veintiséis de mayo de dos mil veinte; por tanto, el plazo empezó a computarse el veintisiete siguiente y concluyó el siete de julio posterior; en consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el dos de julio de dos mil veinte. QUINTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo VII, Materia Común, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". I. Refrendo y publicación del decreto promulgatorio de Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en concreto los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180. En la especie, respecto de los actos consistentes en el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en concreto los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180, atribuidos a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, se estima fundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; ello, en virtud de las siguientes consideraciones. En primer términos, es conveniente reproducir el contenido de los numerales a que se ha hecho referencia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios [.]". Conforme a lo anterior, cuando en el amparo indirecto se controvierten normas generales, la parte quejosa deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación; sin embargo, tratándose de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo o en la publicación del decreto promulgatorio de la ley, la parte promovente de amparo solo podrá señalarlas con el carácter de responsables, cuando se impugnen sus actos por vicios propios. Así, al efectuar una interpretación en sentido contrario de tal disposición (artículo 108, fracción III de la Ley de la Materia), en relación con el 61, última fracción, del propio ordenamiento legal, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra los titulares de los órganos de Estado que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley reclamada en el propio juicio constitucional, o en su publicación, y no se combata tal participación por vicios propios, como acontece en el caso. Es así, porque en la demanda de amparo, la parte quejosa no dirige concepto de violación alguno encaminado a atacar el refrendo y publicación del decreto promulgatorio de Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en concreto los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180, atribuidos a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, sino que sus motivos de disenso se dirigen a impugnar la constitucionalidad de la norma reclamada por violaciones a su derecho de libertad contractual, de comercio, de trabajo, propiedad y posesión, entre otros. Además, es oportuno indicar que tales actos se impugnan en razón de que los artículos de la referida Ley de Educación, se considera inconstitucional, más no se encuentra dirigido a atacar por vicios propios su refrendo y publicación, ya que la parte solicitante del amparo omite señalar cuál es la lesión o el agravio que estima le causa ésta y cuáles son los motivos que originaron ese agravio o lesión. De lo que se sigue que, si en la especie, la parte peticionaria de amparo no controvirtió el refrendo y la publicación del decreto promulgatorio de Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en concreto los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180, con base en vicios propios, se concluye que se actualiza la improcedencia del presente asunto por cuanto hace al Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y, por ende, se sobresee respecto a tales actos y autoridades en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracciones III, ambos de la legislación en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en la página 2248 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Décima Época, Materia Común , cuyo contenido es: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo". II. Falta de interés Por otra parte, respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto identificado con el número 208, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de mayo de dos mil veinte, por el cual se emitió la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en concreto los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180 del citado ordenamiento legal, este juzgador federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no demuestra su interés jurídico. Esto, porque con las documentales que exhibió la quejosa, si bien quedó acreditada su constitución como asociación civil, cuyo objeto es, entre otros ".crear, organizar y mantener una institución bicultural, laica y mixta, la cual combine as características del sistema educativo Mexicano en un solo programa de estudios, de acuerdo con el reglamento interno académico vigente de la propia institución. La enseñanza será impartida por maestras y maestros con el propósito de formar individuos pensantes e independientes quienes, como resultado de una constante exposición a distintos estímulos culturales, aprecien y estén conscientes de diferencias culturales y posean la capacidad de adaptarse a distintas culturas y beneficiarse de su diversidad."; lo cierto es que no se advierte que cuente con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que ésta actualmente esté vigente. De ahí que no está demostrado que la ley reclamada afecte su esfera jurídica. En efecto, como quedó expuesto, la parte quejosa controvierte en la presente instancia la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala en concreto los artículos 9, 28, 108, 109, 126, 157 y 180 del citado ordenamiento legal, precisando que desde su entrada en vigor se le imponen diversas obligaciones en su calidad de particular autorizado para impartir educación preescolar. Al respecto, es necesario señalar que conforme a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ley es autoaplicativa cuando desde su entrada en vigor produce efectos vinculantes y genera a sus destinatarios obligaciones concretas de manera automática, en forma incondicionada, es decir, sin que para ello resulte necesaria la emisión de acto de autoridad alguno. Lo anterior, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 198200, de rubro "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Así, para reclamar en amparo leyes autoaplicativas con motivo de su entrada en vigor, bastará con que el particular demuestre ser destinatario de la norma, es decir, estar en el supuesto de la misma, de manera que por su posición frente a ella esté incondicionadamente vinculado a esta. Ahora bien, tratándose de sistemas jurídicos complejos, el Máximo Tribunal del país ha reconocido que para impugnarlos no es indispensable que el particular se sitúe en cada una de las hipótesis que la ley respectiva contemple en su articulado, sino que basta que se ubique de manera general dentro del sistema, para estar en aptitud de combatir cada uno de los preceptos que puedan eventualmente serle aplicables atendiendo a la categoría de sujeto obligado que demostró tener. Al respecto son ilustrativas las jurisprudencias P./J. 121/99 y P./J. 90/2006, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con números de registro 192903 y 174752, de rubros: "ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DISPOSICIONES RELACIONADAS ENTRE SÍ, LO QUE DA LUGAR A QUE QUIENES SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS DE SU AUTOAPLICACIÓN, TENGAN INTERÉS JURÍDICO EN RECLAMAR CUALQUIERA DE LOS PRECEPTOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO PREVISTO PARA LA CATEGORÍA DE CONTRIBUYENTE QUE SE DEMOSTRÓ TENER." "COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, QUE ESTABLECEN DICHA DEDUCCIÓN, CONSTITUYEN UN SISTEMA JURÍDICO INTEGRAL DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE EL GOBERNADO SE SITÚE EN CADA UNA DE LAS HIPÓTESIS QUE LO CONFORMAN PARA RECLAMARLO EN AMPARO INDIRECTO." En suma, de la sistematización de las jurisprudencias, tesis y precedentes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre dicho tema, es posible establecer que son leyes autoaplicativas cuando desde su entrada en vigor, produce efectos vinculantes y genera obligaciones concretas de manera incondicionada para quienes se ubican en la hipótesis legal, sin que para ello resulte necesario la emisión de acto de autoridad alguno; pero, tratándose de sistemas normativos complejos, resulta innecesario que el gobernado se sitúe dentro de cada una de las hipótesis del sistema para impugnar su articulado desde su entrada en vigor, de modo que no tiene que esperar y soportar, para su impugnación, el impacto del acto de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio. En mérito de lo anterior, en el caso se advierte que de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala que se reclama, deriva de un sistema normativo complejo que incluye un entramado de obligaciones para sus distintos destinatarios, algunas de las cuales se actualizan desde la entrada en vigor de esa ley, mientras que otras están sujetas a que se surta el supuesto normativo concreto. Además, a las distintas obligaciones legales que contempla la ley, se asocian diversas sanciones por incumplimiento a las que pueden hacerse acreedores los sujetos obligados en cualquier momento, de manera que una clasificación pormenorizada entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas que componen al ordenamiento generaría la carga para el gobernado de promover una diversidad de juicios de amparo en cada nuevo momento en que se vayan actualizando las distintas hipótesis previstas por la norma, lo que podría, en último término, afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas frente a las leyes que estiman inconstitucionales. Ahora bien, en los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, se prevé lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". De los numerales en comento, se advierte que para determinar la procedencia del juicio de amparo, la promovente deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que deriva una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Respecto de la regla general que se prevé en el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo, que consiste en que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el promovente del juicio de amparo siempre deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, en otras palabras, demostrar tener interés jurídico para impugnar el acto reclamado. De igual forma, debe tomarse en cuenta lo previsto en la fracción I del artículo 107 Constitucional, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo lo que se traduce en que el promovente debe: Ser titular de un derecho jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que sufre una afectación directa por el acto reclamado (interés jurídico). Ser titular de un interés jurídicamente reconocido a su favor en la Constitución Federal, que por encontrarse ubicado en una especial situación frente al orden jurídico, sufre una afectación (interés legítimo). Desde esa óptica, se puede decir que lo previsto en el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de legitimación del promovente del amparo indirecto, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al interés legítimo, puesto que en ambos supuestos, al promovente que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa en un juicio de amparo debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. De ese modo, ya que se trata de un presupuesto esencial de procedencia del juicio constitucional, tanto el interés jurídico como el interés legítimo, deben estar plenamente probados con medios de convicción idóneos, sin que se puedan establecer de manera presuntiva. En consecuencia, cuando la parte quejosa aduzca en la demanda de amparo ser titular de un derecho subjetivo o ser titular de un interés legítimo derivado de su especial situación frente al orden jurídico y, con base en ello, promueva el juicio constitucional, debe acreditar de manera plena que la norma impugnada o el acto de autoridad producen una afectación real y actual a su esfera jurídica. De este modo, tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de la ley, sino que debe probarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos de la norma de observancia general o con motivo de un acto de aplicación que lo actualice. Ahora bien, en el caso, la quejosa a fin de acreditar la afectación a su esfera jurídica, únicamente exhibió las documentales siguientes: 1) Copia certificada de la escritura pública número 63,713, Volumen 728, de fecha dieciocho de abril de dos mil seis, pasada ante la fe del entonces Notario Público Número 1 de la demarcación de Zaragoza, Tlaxcala, con el objetivo de acreditar la constitución de la Asociación. 2) Primer testimonio del instrumento número 66,667, volumen número 574, expedida por el Notario Público Número 1 del distrito de Hidalgo, Tlaxcala. 3) Instrumento número 2,760, volumen número 4, expedida por el Notario Público Número 1 del Distrito de Hidalgo, Tlaxcala. 4) Licencia de funcionamiento expedida por el Ayuntamiento de Papalotla, Tlaxcala, expedida el ocho de octubre de dos mil diecinueve. 5) Resoluciones DIRE-EE-055/06 y SEPE-DIRE/5/2018; así como, oficio DIRE 1019/2008. Medios de prueba que se valoran de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, como lo establece su artículo 2. Así, con las documentales descritas en los incisos 1,2 y 3, se acredita la constitución de la Asociación Civil quejosa, la legitimación del promovente del amparo como representante legal de la moral quejosa y, el contrato de comodato respecto del inmueble que ocupa la institución educativa, mientras que de la documental referida en el inciso 4, se desprende únicamente que la sociedad quejosa pagó las contribuciones y/o impuestos establecidos por el Ayuntamiento de Papalotla, Tlaxcala para que se permita el funcionamiento de un establecimiento. Respecto a las documentales referidas en el último inciso, se desprende que efectivamente la quejosa contaba con autorización para impartir educación preescolar, por el ciclo escolar 2006-2007; sin embargo, omitió acreditar que dicho permiso continúa vigente. Al respecto, es oportuno señalar que los artículos 146, fracciones I, II y II, 147, 148 y 149 fracciones I, II, IV y VIII, de la Ley General de Educación, establecen lo siguiente: "Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio; por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior. (.). Artículo 147. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: I. Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación; II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables, y III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica. Artículo 148. Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios. Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en dicha lista de las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, así como aquellas que sean clausuradas. De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan. Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes. Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una Leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió. Artículo 149. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados; (.) IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 147 de esta Ley; (.) VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y (.)". Por su parte, en el resolutivo sexto de la indicada resolución DIRE-EE-055/06, suscrita por el Secretario de Educación Pública del Estado, en la que se otorgó la autorización correspondiente a la parte quejosa, la autoridad educativa hizo del conocimiento de la impetrante lo siguiente "SEXTO.- El cumplimiento de este Acuerdo requiere ser refrendado anualmente por la autoridad educativa respectiva a petición expresa de la parte interesada sesenta días antes del inicio escolar correspondiente, y de no hacerlo quedará sin efecto". De este modo, para que la institución educativa representada por la aquí quejosa, estuviera en posibilidad de continuar impartiendo educación preescolar, era imperioso que contara con el referendo anual de la autorización que le fue otorgada; de lo contrario, dicha determinación pierde su validez y, por ende, queda sin efectos. Por tanto, ante la falta de certeza de que la parte quejosa cuenta con una autorización vigente para prestar el servicio de educación, es evidente que carece de interés jurídico para promover el presente juicio, pues no demostró que la ley reclamada infrinja sus derechos. Así, el solo hecho de que la quejosa se constituyera como una asociación civil, cuyo objeto social lo constituye la impartición de educación, entre otros, resulta insuficiente para considerar que goza de esas facultades de manera permanente, o bien, que cuenta con un derecho adquirido que la legitime para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, si la parte quejosa no acreditó alguna afectación con la emisión de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, es patente que carece de interés jurídico para impugnar la norma general tachada de inconstitucional, pues cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que causa perjuicio, es requisito indispensable que la parte solicitante del amparo acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, en los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa), o bien, que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa), lo cual no acontece en el particular. En suma, la parte quejosa no acreditó la afectación a su esfera jurídica con motivo de la entrada en vigor del ordenamiento reclamado, por lo que no se prueba la generación de algún perjuicio con el que se estime procedente su impugnación. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, en los términos expuestos, con fundamento en la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Habiéndose declarado improcedente el juicio de amparo respecto de los actos reclamados, resulta innecesario entrar al estudio de las diversas causales que hacen valer las autoridades responsables Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala (fojas 140 a 145) y Representante legal del Congreso del Estado de Tlaxcala (fojas 146 a 178), pues no es menester para decretar el sobreseimiento que opere más de una causal de improcedencia respecto de los actos que se reclaman. Apoya lo anterior la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Sexta Parte, Materia Común, Séptima Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PARA DECRETARLO BASTA LA JUSTIFICACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Estando justificada la causal de improcedencia de extemporaneidad en la presentación de la demanda, resulta innecesario analizar si en la especie se surte o no la diversa causal de improcedencia invocada por el Juez Federal para sobreseer en el juicio y que la hizo consistir en que se trataba de actos derivados de otros consentidos, porque independientemente de que esta causal se surtiera o no, lo cierto es que habiéndose justificado una de ellas, el juicio de amparo resulta improcedente y ello amerita el sobreseimiento; sin que sea menester para decretarlo que opere más de una causal de improcedencia respecto del mismo acto reclamado". Al actualizarse las causas de improcedencia aludidas, no se entra al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa; es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335 del Apéndice de 1995, tomo VI, parte SCJN, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 5, 61, 63, 73 al 75, 108 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 282/2020, promovido por Ricardo Hernández Rugerio, en su carácter de representante legal del Colegio Josep Alcobe Freinet, Asociación Civil, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero, por las razones y fundamentos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno, cuando lo permitieron las labores propias de este órgano jurisdiccional, asistido de Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiséis de marzo del presente año, se difirió la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de marzo de este año, acordó declarar como días no laborales el treinta y uno de marzo; así como uno y dos de abril del año en curso; por lo que en dichas fechas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo, no correrían los términos de Ley. No obstante lo anterior, se advierte que no obra acuse de entrega a las autoridades responsables Secretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala, Subsecretario de Educación Pública del Estado de Tlaxcala y Congreso del Estado de Tlaxcala, de los oficios con el cual se les hace del conocimiento del mismo. Diferimiento de audiencia constitucional Finalmente, para dar margen a lo anterior y a fin de no transgredir las reglas esenciales del juicio de amparo, SE DIFIERE para las TRECE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv
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