Ricardo Espinoza Ramos

Expediente 1681/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1681/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Espinoza Ramos

Actuaciones

  1. Principal

    El veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, da cuenta al Juez con un escrito registrado en el libro de correspondencia con el folio 16931. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga prevención Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Ricardo Espinoza Ramos, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Actos reclamados Ahora, del análisis integral del escrito de demanda de amparo, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Se decreta separación de juicios Por lo tanto, se estima necesario proceder a la separación de juicios, por las razones que enseguida se exponen: Los artículos 66 de la Ley de Amparo, 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, disponen: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia". "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.-- La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero". "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental". La interpretación a contrario sentido de los citados preceptos, conduce a establecer que los autos que integran un juicio de amparo podrán separarse oficiosamente, cuando de ellos se advierta que se reclaman actos de distinta naturaleza y desvinculados entre sí, aunque se trate del mismo quejoso. Lo anterior, tiene su razón de ser en la facilidad que representa el manejo y resolución de asuntos en los que se controviertan actos u omisiones e incluso leyes aplicadas en distintos ámbitos territoriales o de distinta naturaleza, lo cual se refleja al proveer acerca del cumplimiento de fallos en los que se haya otorgado el amparo, pues los requerimientos destinados a ese fin, y el posterior pronunciamiento, versará sobre un sólo tema. En la especie la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Atento a lo anterior, se estima que tales actos se encuentran desvinculados entre sí; por tanto, los mismos tienen consecuencias evidentemente distintas; bajo ese contexto, resulta procedente la separación de juicios, respecto de dichos actos reclamados, a fin de que se analicen por separado. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 76/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Por ello, es evidente que no se justifica el análisis de dichos actos reclamados en un solo juicio de amparo; en tales condiciones, se concluye que en el presente caso, es procedente la separación de juicios. Luego, el presente juicio de amparo 1681/2023-III, sólo deberá tramitarse en este Juzgado de Distrito respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la causa judicial 884/2023, por el Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, así como su ejecución. Se remiten copias para nuevo juicios de amparo En vista de lo anterior, con apoyo en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 37, 107, 108, 115, 117, 118, y demás relativos de la Ley de Amparo, se ordena remitir copias de la demanda de amparo, así como su escrito aclaratorio, a fin de remitirla mediante oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia común, para que conozca de los siguientes actos reclamados: Omisión del Ministerio Público de citar o hacer comparecer a este quejoso a fin de hacer de su conocimiento los hechos que se investigan dentro de la carpeta de investigación FECCT/T1/241/2022 y la negativa de la representante social de dar acceso a la aludida carpeta de investigación. Por lo anterior, gírese oficio a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, a fin de que por su conducto sea turnada al Juzgado de Distrito en el Estado de Tlaxcala, de acuerdo a su sistema de turno y conozca de los actos que reclama el impetrante contra las autoridades en la materia precisadas con antelación. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 117 del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia". Se admite demanda de amparo con suspensión En atención a que la demanda y escrito aclaratorio satisface los requisitos que establecen los numerales 108 y 110 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Ricardo Espinoza Ramos, por propio derecho, contra actos del Jueza Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades; los que estima violatorios en su perjuicio de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días legalmente computados y requiérasele para que dentro del término concedido, remita copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se les otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Causas de sobreseimiento De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. Audiencia constitucional Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Incidente de suspensión -se apertura únicamente cuaderno original-. Con una copia de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en el entendido que únicamente se dará apertura al cuaderno original, conforme a lo dispuesto en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente juicio a la mencionada representante social por vía electrónica, a través del usuario precisado en los oficios que fueron recibidos y acordados en el cuaderno de varios 2/2023, de este Juzgado de Distrito, así también, se tiene informando el correo electrónico a fin de entablar comunicación no procesal. Terceros interesados Por otra parte, resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que conste en autos el expediente generador del acto reclamado. De las notificaciones a las autoridades responsable Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese; y vía electrónica al Agente del Ministerio Público Adscrito a este Juzgado. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    El veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, hace constar: Que en proveído de esta fecha, dictado en el expediente principal relativo al juicio de amparo 1681/2023-III, se ordenó formar el incidente de suspensión correspondiente; asimismo, se da cuenta al Juez con una copia de la demanda de amparo promovida por ********************. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Se ordena apertura de incidente... Audiencia incidental. Se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado.... En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. En la especie, se destaca que en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se establece que la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos que se enlistan: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se concede suspensión provisional respecto a la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución. Respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución, sí se cumplen con los requisitos señalados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues esta: a) Es solicitada por la parte quejosa, en el caso, ********************; y b) Con su concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público (dadas las medidas de aseguramiento que se imponen en este propio auto). Por tanto, con fundamento en los artículos 162, párrafo primero, 163, 166, fracción II, y 168 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada por la parte quejosa para los efectos siguientes: 1.- La parte quejosa queda a disposición de este Juzgado de Distrito sólo en lo que se refiere a su libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo (en caso de que alguna de las autoridades responsables reconozcan la existencia del acto reclamado), para la continuación del procedimiento. 2.- El quejoso ******************** no deberá ser detenido por ninguna de las autoridades responsables, pero quedará sujeto a las medidas de aseguramiento que más adelante se le impondrán. Inaplicación del artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el supuesto de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El artículo 166 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Como se podrá apreciar, cuando el amparo se pida contra orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, la suspensión se deberá decretar para diversos efectos, ya sea que el delito por el cual se haya dictado el acto reclamado amerite o no prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional. En el primer supuesto (fracción I), el efecto es que permanezca privado de la libertad a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En el segundo (fracción II), la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Empero, debe indicarse que en el caso de que el delito por el cual se haya dictado el acto reclamado amerite prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, en ejercicio de un control de convencionalidad ex officio, este órgano jurisdiccional inaplicará el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. En primer lugar, el 11 de febrero de 2022 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.), en la que sostuvo el criterio de que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Dicho criterio se localiza en la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2022 (11a.), con registro digital 2024159, de la Undécima Época, de rubro y contenido siguiente: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO [ABANDONO DE LAS TESIS AISLADAS P. IX/2015 (10a.) Y P. X/2015 (10a.)]. Hechos: Diversos Tribunales Colegiados de Circuito discreparon en torno al alcance del control de regularidad constitucional ex officio en el juicio de amparo, respecto a si debe limitarse a las leyes procesales que rigen el juicio de amparo (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles) o debe incluir, también, las normas procesales y sustantivas aplicadas en el acto reclamado. Criterio jurídico: Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación cuando actúan en amparo directo e indirecto deben realizar control de regularidad constitucional ex officio, tanto respecto de las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, como sobre las normas sustantivas y procesales que se aplicaron en el acto reclamado. Justificación: Conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 103 y 133 de la Constitución General, así como a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010, el control de regularidad constitucional debe realizarse por los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, en el ámbito de sus competencias y procedimientos. Así, de una nueva reflexión, este Tribunal Pleno considera necesario abandonar el criterio reflejado en las tesis aisladas P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", porque dichos órganos jurisdiccionales, para dar cumplimiento al mandato constitucional de proteger, respetar y prevenir violaciones a los derechos humanos previsto en el artículo 1o. constitucional, deben realizar control ex officio tanto sobre las disposiciones procesales que regulan el juicio de amparo, directo e indirecto (Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo), como sobre cualesquiera disposiciones aplicadas en los actos reclamados cuya constitucionalidad revisan en el juicio constitucional. Lo anterior, porque se estima que el ejercicio de ese control es necesario para proteger los derechos humanos reconocidos constitucionalmente; es compatible con razones de seguridad jurídica porque no interfiere con el funcionamiento de instituciones como la preclusión o la cosa juzgada; y armoniza con el funcionamiento del sistema, ya que respeta el régimen federal y la distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que el resultado de ese control se limita a la inaplicación de normas generales en el acto concreto de aplicación sin generar efectos futuros y de que, cuando ese control lo realice el Tribunal Colegiado de Circuito, tanto en amparo directo como indirecto en revisión, con fundamento en los artículos 64, párrafo segundo, y 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, aplicables por identidad de razón, y con la finalidad de permitir a las partes conocer la realización del control de regularidad constitucional ex officio, éste deberá publicar previamente el proyecto de sentencia y dar vista a las partes, para que tengan la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga." En segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recientemente emitió dos sentencias en las que declaró la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional, las cuales son: 1. La sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México; y, 2. La sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el caso García Rodríguez y otros vs México. Del contenido de ambas sentencias se advierte que la Corte Internacional, en lo referente a la prisión preventiva, ha establecido que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir, con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional; y, c) La decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones desarrolladas. En el entendido de que, por lo que respecta al primer punto, para que se cumplan los requisitos para restringir el derecho a la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso pudo haber participado en ese ilícito, debiendo enfatizarse que este presupuesto no constituye en sí mismo una finalidad legítima para aplicar una medida cautelar restrictiva a la libertad, ni tampoco es un elemento que sea susceptible de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia contenido en el artículo 8.2 de la Convención Americana. En lo atinente al segundo punto, la Corte internacional ha afirmado que corresponde a la autoridad judicial desarrollar un juicio de proporcionalidad al imponer una medida privativa de libertad, porque la prisión preventiva es una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, por lo que la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, por lo que corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Así, estableció que la prisión preventiva sólo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber: que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ello, porque las medidas privativas de la libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, siempre que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para la neutralización de riesgos procesales, en particular, a la finalidad relacionada con la comparecencia al proceso, sin que la gravedad del delito imputado sea, por sí misma, justificación suficiente de la prisión preventiva; asimismo, indicó que el peligro de fuga no puede medirse únicamente sobre la base de la gravedad de la posible pena a imponer, sino que debe evaluarse con referencia a una serie de otros factores relevantes que pueden confirmar la existencia de un peligro de fuga, como por ejemplo aquellos relacionados con el hogar, ocupación, bienes, y lazos familiares, afirmando que el peligro de que el acusado obstaculice la conducción adecuada de los procedimientos no se puede inferir en abstracto, sino que tiene que estar respaldado por evidencia objetiva, por ejemplo, el riesgo de presión sobre testigos o la pertenencia a una organización criminal o una pandilla. En cuanto a la necesidad, precisó que al ser la privación de la libertad una medida que implica una restricción a la esfera de acción individual, corresponde exigir a la autoridad judicial que imponga dicha medida, únicamente cuando considere que los demás mecanismos previstos en la ley, que impliquen un menor grado de injerencia en los derechos individuales, no son suficientes para satisfacer el fin procesal. Ahora, en lo referente al tercer punto, la Corte ha considerado que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violatoria del artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo que ha dejado establecido que la prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción, en el entendido de que el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen, y si el plazo de la privación a la libertad ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que parezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe; máxime que, precisó, son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento, por lo que en la determinación al respecto, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, es decir, debe estar fundada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. Así, la Corte Interamericana de Derechos humanos estableció que, entre otros, el numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional, porque en el mismo no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; tampoco se propone ponderar a través de un análisis la necesidad de la medida frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, sino sólo se limita a establecer preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso. Las dos sentencias de la Corte Internacional son de observancia obligatoria para el suscrito juzgador federal, en virtud de que, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Lo anterior, tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXLIV/2014 (10a.), publicada con registro digital 2006181, en la página 823, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del contenido siguiente: "SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. El Poder Judicial de la Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso en que sean partes." Con base en lo anterior, los fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos humanos obligan al suscrito juzgador de amparo a inaplicar aquellas disposiciones que regulan el incidente de suspensión en los que la figura de la prisión preventiva oficiosa determine la procedencia y los efectos que debe adquirir la concesión de la suspensión provisional o, en su caso, la definitiva, por virtud de la declaratoria de inconvencionalidad que emitió el mencionado tribunal supranacional. En el presente caso, como ya se dijo, la fracción I del artículo 166 de la ley de la materia determina ".Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad.", esto es, la porción normativa transcrita limita o restringe los efectos de la suspensión a que el quejoso permanezca privado de la libertad en el lugar que el órgano jurisdiccional de amparo determine. En cambio, la fracción II prevé que la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. En consecuencia, resulta procedente inaplicar el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto a los efectos que prevé para la suspensión que se debe otorgar en contra de órdenes de aprehensión o reaprehensión o de medidas cautelares que impliquen privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, cuando el delito por el cual se haya dictado el acto reclamado amerite la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional. De ahí que se provee la suspensión solicitada en los términos que disponen los artículos 162, párrafo primero, 163, 166, fracción II, y 168 de la Ley de Amparo, para los efectos precisados en párrafos anteriores. Por otro lado, cabe señalar que para el caso de que dicha orden sea dictada y ejecutada por autoridades administrativas con motivo de la comisión de un delito, la parte quejosa deberá ser inmediatamente remitida al Agente del Ministerio Público que corresponda; en caso contrario, deberá ser puesto en libertad sin dilación alguna. Lo que se informará en el término de veinticuatro horas con la precisión de la hora y fecha de la detención, de la libertad o puesta a disposición del representante social que corresponda. Si el acto reclamado emana de algún Agente del Ministerio Público, la parte quejosa podrá ser retenida hasta por cuarenta y ocho horas, tratándose de urgencia o flagrancia o noventa y seis horas para el caso de delincuencia organizada, a partir del momento en que fuera puesta a su disposición, plazo en el que deberán ordenar su libertad o consignarlos ante el Juez Penal respectivo; en la inteligencia de que si se trata de una detención inconstitucional, al no ser ordenada por autoridad judicial, ni tratarse de urgencia, flagrancia o delincuencia organizada, el Agente del Ministerio Público dispondrá la libertad correspondiente. Con la prevención de que la autoridad responsable tiene la obligación de informar dentro del plazo de veinticuatro horas acerca del cumplimiento dado a esta suspensión y justificarlo con copias certificadas de las constancias respectivas, si de dicho informe y constancias no se acredita la flagrancia, urgencia, en su caso delincuencia organizada, o si aquél no se rinde en el término en cita, se pondrá al quejoso en inmediata libertad, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 136 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1059, del tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Novena Época, correspondiente a octubre de 2011, que dice: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado , se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada." Hágase del conocimiento de las partes que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 261, fracción III de la Ley de Amparo, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en contra de las autoridades responsables. Limitantes de la medida cautelar concedida En la inteligencia que la medida cautelar concedida no tiene como efecto que las responsables suspendan el procedimiento del que emana el acto reclamado, ya que no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Por tanto, esta suspensión no surtirá efecto alguno en el caso de que las autoridades responsable no emitieron ninguna orden restrictiva de la libertad, sino que el mandamiento que emitieron fue una citación para audiencia inicial, supuesto en el que, se repite, no surtirá efecto la medida suspensional concedida. Asimismo, la suspensión que se concede no surtirá efecto legal alguno si se sorprende al quejoso en flagrante delito, o si se trata de alguno de los casos de urgencia que señala la ley, en cuyo caso podrá detenérseles porque así lo autoriza el artículo 16 constitucional, cuando bajo responsabilidad del Agente del Ministerio Público se haya ordenado la detención de la agraviada no podrá ser retenido por más de cuarenta y ocho horas, o noventa y seis, según corresponda, término dentro del cual deberá ordenar su libertad o su consignación ante la autoridad judicial. Fijación de garantía para suspensión provisional Con fundamento en los artículos 136 y 168 de la Ley de Amparo, se impone al quejoso la obligación de exhibir ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días legalmente computado, la garantía por el importe de $********************, en cualquiera de las formas autorizadas por la ley; cantidad que se fija discrecionalmente, en virtud de que no se cuenta con información que permita conocer las circunstancias a que alude el precepto 168 antes citado. Se apercibe a la parte quejosa que, en caso de que no cumpla con las medidas de aseguramiento fijadas en este proveído o, de ser el caso, con las obligaciones del procedimiento penal de donde emane el acto reclamado, la suspensión será revocada y se comunicará a las autoridades responsables, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Requerimiento a las autoridades responsables Por otra parte, con fundamento en el artículo 168, en relación con el 143, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables que admitan la existencia del acto reclamado al rendir su informe previo, para que en el término de cuarenta y ocho horas manifiesten de manera expresa la naturaleza, modalidades y características del delito o delitos por los que hayan emitido las órdenes privativas o restrictivas de la libertad en contra de la parte quejosa, así como las características personales y situación económica de la impetrante del amparo, e informen sobre la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, debiendo remitir las constancias que justifiquen tales extremos, por ser necesarias para resolver sobre las medidas de aseguramiento. Suspensión surte efectos contra actos emitidos con anterioridad a la presentación de la demanda La suspensión concedida solo surtirá efecto en caso de que la orden privativa de libertad, haya sido emitida con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, que lo fue el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, a las once horas con quince minutos, pues de haberse emitido con posterioridad no surtirá efectos la suspensión provisional concedida, estando expedita la jurisdicción de la autoridad responsable de ejecutar un acto de fecha ulterior. Notificación y consulta electrónica Como lo solicita la parte quejosa en términos amplios de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación y la consulta del expediente electrónico a través del usuario ********************, toda vez que se encuentra registrado y vinculado al correo electrónico garcia_derechounam@hotmail.com, mismo que la parte quejosa señala en su escrito de demanda para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se hace de su conocimiento de la parte quejosa que únicamente se harán vía electrónica las notificaciones que se ordenen de carácter personal, y las demás se realizarán por medio de lista. Lo anterior, en la inteligencia de que el Actuario de la adscripción deberá realizar lo conducente para la consulta del expediente electrónico y la realización de notificaciones electrónicas. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Adrián García Amaya, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del segundo párrafo del numeral 24 de la Ley de la materia, a ********************, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado da cuenta al Juez, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el folio 16683. Conste. Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Quejosa desahoga vista. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Francisca Cuahutepitzi Cuahutepitzi y/o María Francisca Victoriana Cuahtepitzi y/o Victoriana Cuatepitzi Corte; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que realiza respecto a la vista otorgada en proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, las cuales serán tomadas en consideración en la etapa procesal correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria que autoriza y da fe.

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