Ricardo Jesús Cante Zapata
Expediente 712/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ricardo Jesús Cante Zapata
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Por otra parte, con fundamente en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad responsable, ofreciendo como pruebas las documentales que anexa a su informe; mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, refiere que el acto reclamado si fue cierto; sin embargo, refiere que ya se dictó el laudo en el expediente laboral 409/2019. Así entonces, del contenido informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio. En ese tenor, debe destacarse que del análisis de las documentales aportadas por la autoridad oficiante, de las constancias se advierte que el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dictó el dictó el laudo dentro del expediente laboral 409/2019 del índice de la autoridad responsable. Lo expuesto pone de relieve que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir el laudo correspondiente del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio laboral 409/2019, del índice de la Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la quejosa; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte del quejoso, consistente en: "LA OMISIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLE en dictar el laudo que dirima el conflicto sustanciado bajo el expediente número 409/2019". Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente de la Junta Especial número 46 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado exhibió copia certificada del laudo emitido el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 409/2019, de su índice, circunstancia que se acreditan con las copias certificadas del referido auto y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, pues como ya se dijo el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se emitió el laudo dentro del expediente laboral 409/2019 del índice de la autoridad responsable, circunstancia que colma las pretensiones de la parte quejosa. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Ricardo Jesús Cante Zapata, sin que resulte necesario dar vista al quejoso, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de enero de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, así como los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, emitidas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como la Secretaria ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio para este juzgador y demás partes en este asunto. Ahora, atendiendo a que a través de la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal se decretaron diversas medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, por circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal se determinó que debían reanudarse las actividades jurisdiccionales; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Se reanuda procedimiento. En consecuencia, en vista de que fueron suspendidos los plazos y términos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional; y, por lo mismo, no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo, y por ende, se reanuda el procedimiento en el punto en que quedó pausado. Tal circunstancia deberá comunicarse a las partes de manera personal para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Audiencia constitucional Precisado lo anterior y atendiendo al estado que guardan los presentes autos, se aprecia que en la fecha programada para el desahogo de la audiencia constitucional, no fue posible emitir pronunciamiento alguno, toda vez que aconteció durante el periodo de suspensión de labores previsto en los Acuerdos Generales previamente citados, por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. En tal virtud, dado que con esta fecha se reanuda el procedimiento, se fijan las TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido que las partes podrán presentar sus alegatos por escrito o a través de firma electrónica, haciéndoles saber además, que, para el caso que deseen estar presentes en la audiencia constitucional, deberán hacerlo saber al juzgado con tres días de anticipación, por lo menos, para los efectos prescritos en los artículos 25 y 26 del precitado Acuerdo General 21/2020, relativo al desahogo de diligencias y celebración de audiencias mediante el uso de videoconferencia. Se ordena notificación personal. A fin de que las partes queden debidamente enteradas de la presente determinación, por conducto del actuario de este juzgado, notifíqueseles de manera personal, lo cual deberán realizar dentro de los plazos contemplados en el artículo 24 de la Ley de Amparo, además conforme lo permitan las cargas de trabajo, con excepción de los casos previstos en el artículo 2, fracciones III y IV del invocado Acuerdo General 21/2020, los cuales se regirán por dicho precepto y a los que específicamente ya se hizo referencia en párrafos precedentes; ello de conformidad con el numeral 2, del apartado II, de la Circular SECNO/1/20201, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese, personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.
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