Ricardo Hernández Campos
Expediente 791/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 791/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Hernández Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la copia del auto de quince de noviembre del año en curso, con las firmas electrónicas correspondientes, dictado en el recurso de queja ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, del cual se advierte, en lo que aquí interesa, que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ********************, a través de su presidente ********************contra el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, radicándolo con el número de toca ******************** de ese índice, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Ricardo Hernández Campos, en su carácter de Presidente del organismo denominado Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación con relación a la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Asimismo, remítase atento oficio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en turno, con sede en Xalapa, Veracruz, a través de su Oficina de Correspondencia Común, para que, remita el medio de impugnación referido al tribunal que corresponda para la substanciación del recurso de queja citado. Aunado a lo anterior, con la finalidad de que la superioridad tenga un acceso total a este expediente, con apoyo en lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con relación al artículo 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante diverso Acuerdo General del citado Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, únicamente se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" para que habilite esa función. Asimismo, infórmese a la superioridad, que en caso de resultarle necesaria la consulta de alguna constancia que obre en el expediente físico, lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para que le sea remitida copia certificada de la misma; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la superioridad.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Ricardo Hernández Campos, en su carácter de Presidente del organismo denominado Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz, en atención a su contenido, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento formulado por auto de veintiocho de agosto del año en curso, de la demanda de amparo presentada contra actos reclamados a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 791/2023/II-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Ricardo Hernández Campos, en su carácter de Presidente del organismo denominado Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz y escrito aclaratorio, en ejercicio de la facultad que a la suscrita confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda intentada, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda y escrito aclaratorio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: - La determinación de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 445/2019, del índice de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte quejosa contra diversas constancias y actuaciones realizadas en el juicio laboral de origen, entre las que destacan el citatorio y cédula de notificación de cuatro y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través de los cuales se le emplazó a juicio. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE CAUSAS MANIFIESTAS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que la persona juzgadora tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4,4 del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO. En la especie, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, este aplicado en sentido contrario, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación en virtud de que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Por su parte, los preceptos 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] [.] Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] [.]V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad [.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales, es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, y 172, fracción V, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Por su parte, la fracción V, del numeral 107 referido, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, los actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación por lo que informa la tesis Jurisprudencial, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Lo anterior, significa que para que los actos reclamados sean considerados de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Resulta aplicable por su contenido, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), que se transcribe a continuación: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razóna las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." A su vez, el artículo 172, fracción V, establece que en aquellos juicios que sean tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; de tal modo, los autos que desechen o resuelvan los incidentes de nulidad promovidos por las partes, podrán impugnarse en amparo directo, siempre que afecten partes sustanciales del proceso. Es ilustrativa por su contenido la jurisprudencia I.6o.T. J/84, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad." RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En efecto, si el acto reclamado lo constituye la determinación de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 445/2019, del índice de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte quejosa contra diversas constancias y actuaciones realizadas en el juicio laboral de origen, entre las que destacan el citatorio y cédula de notificación de cuatro y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través de los cuales se le emplazó a juicio, ésta esencialmente constituye una resolución de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa protegidos por nuestra Carta Magna, de modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute de la garantía individual de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales, es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que inciden sólo en la posición que van tomando las partes en el proceso con miras a obtener sentencia favorable en él. Así, si la sentencia que se dicte en el controvertido natural le resulta favorable, la afectación que pudo resentir el promovente del amparo, dada la determinación de la junta señalada como responsable en la determinación de tres de agosto pasado, desaparecería por completo, pues quedaría satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos sustantivos, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en la esfera jurídica de la interesada. De lo contrario, esto es, si la sentencia fuese adversa a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal, que sería la vía correcta para su impugnación, en términos de lo previsto en los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En este contexto, el acto que se reclama a la autoridad responsable, en términos de lo establecido en el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, no resulta ser un acto de imposible reparación, sino un acto intraprocesal, por lo que el juicio de amparo indirecto que ahora se promueve en su contra resulta improcedente. Debe puntualizarse que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Por otro lado, respecto a la petición de la parte quejosa en torno a que le sea devuelta la copia certificada del primer testimonio del instrumento público número ocho mil setecientos noventa y cinco, de quince de enero de dos mil veintiuno, pasado ante la fe de la Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Tres de la Décima Primera Demarcación Notarial, con residencia en esta ciudad, que adjuntó el promovente como anexo a su escrito de demanda, se ordena el cotejo y compulsa del citado instrumento, para que sea tomado en cuenta en el presente juicio de amparo. En ese sentido, como lo solicita la parte promovente, devuélvasele la copia certificada del instrumento notarial que exhibe como anexo al escrito de demanda, previa copia certificada que se obtenga del mismo y se agregue en autos, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlo, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dicho documento correrá la suerte de este expediente una vez que se concluya. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Ricardo Hernández Campos, en su carácter de Presidente del organismo denominado Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz, en atención a su contenido, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento formulado por auto de veintiocho de agosto del año en curso, de la demanda de amparo presentada contra actos reclamados a la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. La cual fuera registrada en el Libro de Gobierno respectivo con el número 791/2023/II-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Ricardo Hernández Campos, en su carácter de Presidente del organismo denominado Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz y escrito aclaratorio, en ejercicio de la facultad que a la suscrita confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda intentada, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA Al analizar íntegramente la demanda y escrito aclaratorio que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: - La determinación de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 445/2019, del índice de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte quejosa contra diversas constancias y actuaciones realizadas en el juicio laboral de origen, entre las que destacan el citatorio y cédula de notificación de cuatro y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través de los cuales se le emplazó a juicio. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE CAUSAS MANIFIESTAS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que la persona juzgadora tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4,4 del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO. En la especie, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, este aplicado en sentido contrario, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación en virtud de que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Por su parte, los preceptos 107, fracción V y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] [.] Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] [.]V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad [.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales, es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, y 172, fracción V, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Por su parte, la fracción V, del numeral 107 referido, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, los actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Tiene aplicación por lo que informa la tesis Jurisprudencial, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Lo anterior, significa que para que los actos reclamados sean considerados de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Resulta aplicable por su contenido, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/2014 (10a.), que se transcribe a continuación: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razóna las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." A su vez, el artículo 172, fracción V, establece que en aquellos juicios que sean tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; de tal modo, los autos que desechen o resuelvan los incidentes de nulidad promovidos por las partes, podrán impugnarse en amparo directo, siempre que afecten partes sustanciales del proceso. Es ilustrativa por su contenido la jurisprudencia I.6o.T. J/84, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES POR IRREGULARIDADES EN EL EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, PROMOVIDO POR QUIEN COMPARECIÓ AL JUICIO LABORAL, DEBE RECLAMARSE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE INTERPONGA CONTRA EL LAUDO. Del artículo 159, fracción I, de la Ley de Amparo que establece: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley.", se advierte que en el amparo directo puede reclamarse como violación procesal la irregularidad en el emplazamiento. Por otra parte, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, cuando el quejoso se ostente como persona extraña al juicio por equiparación, por desconocimiento total de él; sin embargo, al quejoso no puede considerársele que tenga tal carácter cuando compareció al juicio natural y promovió incidente de nulidad de actuaciones contra el emplazamiento, de conformidad con el artículo 762, fracción I, en relación con los numerales 742, fracción I, 743 y 752, de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, si la resolución que se dicte en el mencionado incidente le es adversa, debe reclamarla como violación procesal en el amparo directo que promueva contra el laudo, en términos de la fracción V del referido artículo 159, que es la que contempla la ilegal resolución de un incidente de nulidad." RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En efecto, si el acto reclamado lo constituye la determinación de tres de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 445/2019, del índice de la Junta Especial Número Veintidós de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones planteado por la parte quejosa contra diversas constancias y actuaciones realizadas en el juicio laboral de origen, entre las que destacan el citatorio y cédula de notificación de cuatro y cinco de septiembre de dos mil diecinueve, a través de los cuales se le emplazó a juicio, ésta esencialmente constituye una resolución de índole procesal que no trastoca de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa protegidos por nuestra Carta Magna, de modo tal que la afectación que reclama no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente en el disfrute de la garantía individual de que se trate, teniendo en cuenta que el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales o meramente formales, es decir, únicamente se afectan derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que inciden sólo en la posición que van tomando las partes en el proceso con miras a obtener sentencia favorable en él. Así, si la sentencia que se dicte en el controvertido natural le resulta favorable, la afectación que pudo resentir el promovente del amparo, dada la determinación de la junta señalada como responsable en la determinación de tres de agosto pasado, desaparecería por completo, pues quedaría satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos sustantivos, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en la esfera jurídica de la interesada. De lo contrario, esto es, si la sentencia fuese adversa a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo y hacer valer tal cuestión como una violación procesal, que sería la vía correcta para su impugnación, en términos de lo previsto en los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En este contexto, el acto que se reclama a la autoridad responsable, en términos de lo establecido en el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, no resulta ser un acto de imposible reparación, sino un acto intraprocesal, por lo que el juicio de amparo indirecto que ahora se promueve en su contra resulta improcedente. Debe puntualizarse que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que el parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Por otro lado, respecto a la petición de la parte quejosa en torno a que le sea devuelta la copia certificada del primer testimonio del instrumento público número ocho mil setecientos noventa y cinco, de quince de enero de dos mil veintiuno, pasado ante la fe de la Titular de la Notaría Pública Número Treinta y Tres de la Décima Primera Demarcación Notarial, con residencia en esta ciudad, que adjuntó el promovente como anexo a su escrito de demanda, se ordena el cotejo y compulsa del citado instrumento, para que sea tomado en cuenta en el presente juicio de amparo. En ese sentido, como lo solicita la parte promovente, devuélvasele la copia certificada del instrumento notarial que exhibe como anexo al escrito de demanda, previa copia certificada que se obtenga del mismo y se agregue en autos, para los efectos legales a que haya lugar. En ese contexto, requiérasele para que dentro del término de noventa días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recogerlo, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, dicho documento correrá la suerte de este expediente una vez que se concluya. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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