Ricardo García Rios
Expediente 651/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo García Rios
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja, en contra del auto de once de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado de plano la demanda en el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, y en atención a su contenido, como lo solicita con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, devuélvansele las documentales que alude, y hágase entrega, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia, debiendo exhibir las copias simples de los mismos al momento de la recepción para que obren en autos.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo García Ríos, en su carácter de apoderado legal de Rosa Margarita Hernández Hernández, personalidad que acredita con copia certificada del instrumento público 7663 expedida por el Notario Público Número Diecinueve, con sede en Coatzacoalcos, contra actos del Director General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 651-2018 FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia número I.6o.C.J-19, sustentada por la Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO. El promovente reclama lo siguiente: 1. La falta de contestación a su escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso, ante la Delegación Jurídica de la Dirección General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, por el que solicitó el nombre y domicilio de la persona que informó la muerte de su poderdante. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En relación al acto reclamado este órgano de control de la constitucionalidad de oficio considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el artículo 5°, fracción I, primer párrafo y 6°, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Constitución Federal. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De los preceptos legales transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos, omisiones o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Ahora, por perjuicio debe entenderse como la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona, tal como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 330, en materia común, de la Quinta Época, consultable en el Apéndice 2000, Tomo VI, visible en la página 279, misma que a la letra dice: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". De igual manera se surte la cita del precedente relevante de la propia Sala del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 100 del Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Común, P.R. SCJN, que prescribe: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.- La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Es oportuno precisar que, para efectos del juicio de amparo, el agravio personal y directo a que se refiere el principio antes enunciado, en el caso de un juicio deriva de ser parte del mismo y la determinación que se reclame sea contraria a los derechos del reclamante, o en una diversa hipótesis, cuando se trata de una persona que sin ser parte en el controvertido de origen se le cause afectación a alguno de sus derechos públicos subjetivos tutelados por nuestra Constitución. En el caso, de las constancia que anexó el promovente a la demanda que se provee, se advierte que el poder otorgado por la finada Rosa Margarita Hernández Hernández a Ricardo García Ríos, mediante el instrumento público 7663 de la Notaría Pública Número Diecinuevde, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, se realizó el tres de enero de dos mil nueve. Posteriormente, al presentarse el promovente en la Dirección General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, a realizar el trámite de empadronamiento de la concesión de taxi a nombre de su mandante, la Delegación Jurídica le informó que toda vez que se enteraron que Rosa Margarita Hernández Hernández había fallecido, dicho trámite quedaba suspendido. En ese tenor, mediante escrito presentado el veintisiete de abril del año en curso, ante la Delegación Jurídica de la Dirección General de Transporte del Estado, solicitó le dijeran el nombre y domicilio de la persona que les había hecho saber el fallecimiento de su poderdante, sin que a la fecha le hayan dado contestación al citado escrito, lo cual, constituye el acto combatido en esta vía. Ahora, cabe destacar que la poderdante Rosa Margarita Hernández Hernández falleció el diecinueve de febrero de dos mil nueve, tal y como se desprende de la copia certificada del acta de defunción número 0054; y el promovente de amparo presentó su escrito ante la autoridad el veintisiete de abril de dos mil dieciocho; por tanto, resulta inconcuso que el promovente carece de legitimación para promover en representación de Rosa Margarita Hernández Hernández, pues al momento de la presentación de la demanda que se provee, ya no existía la parte agraviada que debiera representarse, en términos de lo dispuesto por el artículo 2528, ya que quedó sin efecto el mandato por la muerte del poderdante; de ahí que, carece de facultades para promover el amparo a nombre de quien ya falleció. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2.o.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguiente: "MANDATARIO. NO ESTA LEGITIMADO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN REPRESENTACION DE SU MANDANTE, SI ESTE FALLECIO CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACION DE LA DEMANDA. Si al momento de fallecer el poderdante, no se había promovido el juicio de garantías, es decir, no existía negocio pendiente del cual los herederos tuvieran que proveer, y obligaran al apoderado a continuar en su encargo a efecto de no causar perjuicios a la sucesión a bienes del de cujus, sino que la demanda de garantías se promovió posteriormente al fallecimiento del poderdante, en este caso, se actualizó la hipótesis a que se refiere el artículo 2494, fracción III, del código sustantivo de la materia, o sea el apoderado dejó de tener el encargo que se le confirió a partir de la muerte del quejoso, pues en aquel tiempo aún no se había promovido juicio de garantías alguno, o algún otro acto que impidiera que el poder no concluyera y, por tanto, no se dio la excepción a que se refiere el artículo 2499 del Código Civil vigente en el Estado, por ello, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de garantías, con fundamento, en el artículo 74, fracción III, del precitado ordenamiento jurídico. Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 2528, fracción III del Código Civil para el Estado de Veracruz, establece que el mandato termina por la muerte del mandante o del mandatario, lo que en el caso se actualizó, es decir, feneció el poder otorgado a Ricardo García Ríos con la muerte de la mandante; en ese sentido, el promovente de amparo no se encuentra legitimado para ejercitar la acción constitucional ostentándose como apoderado legal de Rosa Margarita Hernández Hernández, ya que en todo caso, la agraviada sería la aludida Hernández Hernández, quien falleció el diecinueve de febrero de dos mil nueve, esto es, nueve años antes de que se presentara la demanda de amparo que nos ocupa. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que el promovente haya referido en su escrito de demanda, que en términos del artículo 2533 del Código Civil para el Estado de Veracruz, no puede dejar de fungir como apoderado, sino hasta que los herederos se hagan cargo de los negocios de la de cujus; ya que si relacionamos el artículo 2528 del mismo ordenamiento con el numeral antes citado, que infieren que el mandato se extingue con la muerte de cualquiera de las partes contratantes, es decir, con la muerte del mandante o con la del mandatario y que la excepción contenida en el primero de los preceptos, relativa a que aun cuando el mandato termine tal consideración dependerá de que al no darse continuidad en el encargo se podría causar perjuicio a quien legalmente suceda en los derechos y bienes del de cujus, es menester que al momento de fallecer el mandante, el mandatario haya ejecutado actos jurídicos que se encuentren pendientes de concluir, y que por encontrarse en etapa de trámite procesal tales actos no pueden abandonarse por no haberse designado albacea. Lo que en el caso no aconteció, pues como quedó expuesto en párrafos que anteceden, al constituirse en la Delegación Jurídica de la Dirección General de Transporte para realizar el trámite de empadronamiento de la concesión, se le informó que éstos habían quedado suspendidos con motivo del fallecimiento de la señora Rosa Margarita Hernández Hernández, de lo que se colige que no existe algún trámite pendiente que haya iniciado antes de que falleciera su mandante, en relación a la aludida concesión. Desde luego, también debe hacerse notar que si bien es cierto que el artículo 16 de la Ley de Amparo permite la continuación del juicio por parte del representante y se refiere exclusivamente al caso del fallecimiento del quejoso o del tercero perjudicado, una vez instado el juicio constitucional, no menos cierto es que el espíritu que inspira tal determinación es el no dejar indefensa alguna de las partes contendientes durante el proceso, admitiendo la prórroga del mandato, en caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado durante el trámite; por consiguiente, si como ya quedó establecido, al momento de la presentación de la demanda que se provee, la parte agraviada ya no existe, ya que ésta falleció el diecinueve de febrero de dos mil nueve, resulta evidente que no se actualiza la hipótesis establecida en el precitado numeral 16 de la ley de la materia. En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el artículo 5°, fracción I, primer párrafo y 6°, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de amparo intentada por Ricardo García Ríos. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Hernández Hernández, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 45591y por autorizada con la restricción que impone el citado precepto, a Juana Flores García, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco acreditó contar con dicho documento. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Notifíquese personalmente.
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