Ricardo Ortigoza Rufino

Expediente 761/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
761/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Ortigoza Rufino

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente de amparo Ricardo Ortigoza Rufino, interpusiera recurso de queja contra el auto de dieciséis de agosto dos mil veintitrés, en el que, se decretó la separación de juicios y por lo que respecta a los actos reclamados objeto de estudio en el presente asunto, se desechó de plano la demanda de amparo interpuesta, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes y archívese el asunto como totalmente concluido; por lo tanto, deberán realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 20, fracción IV), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS. Ahora bien, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. ... De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de este órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de defensora particular de ********************contra actos reclamados al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz y Director General del Centro de Reinserción Social de Misantla, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 761/2023-2-B. Al respecto, se acuerda: SEPARACIÓN DE JUICIOS. Atendiendo a que la demanda de amparo se promueve por ********************en su carácter de defensora particular de ********************y en donde el acto reclamado lo es: Del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz: La ilegal omisión de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado; y, Del Director General del Centro de Reinserción Social de Misantla, Veracruz: La ilegal omisión de otorgar al quejoso la atención médica necesaria y requerida. Es innegable que la situación que se pudiera presentar con cada acto, podría ser diversa, lo que implica que cada uno amerite un estudio personalizado y particular; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio es procedente la separación material de juicios, con el fin de que los actos reclamados por ********************en su carácter de defensora particular de ********************se estudien por separado, a efecto de garantizar los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. .... Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento en el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto al acto reclamado al Director General del Centro de Reinserción Social de Misantla, Veracruz, consistente en la omisión de otorgar al quejoso la atención médica necesaria y requerida. Y respecto del acto reclamado al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, consistente en la omisión de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, se provee en el sentido que más adelante será establecido. ... INCOMPETENCIA POR CONOCIMIENTO PREVIO. En cumplimiento al anterior mandato, la suscrita determina procedente proveer lo siguiente únicamente por cuanto al acto reclamado por ********************en su carácter de defensora particular de ********************y en donde el acto reclamado al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, es la omisión de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado atendiendo al estado en el que se encuentra. Este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia para conocer y tramitar el juicio de amparo en que se actúa, en atención a las siguientes consideraciones: Del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que: El aquí quejoso ********************a través de su defensora particular, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, con residencia en Martínez de la Torre, del que reclamó la resolución de once de mayo del año en curso, emitida en los autos del proceso penal ********************, en la que dictó auto de vinculación a proceso contra ********************por el delito de ******************** en agravio de la adolescente con clave numérica ********************, representada por su madre ********************; tocando conocer de la misma al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual registró bajo el número de juicio de amparo ******************** ... Así como una diversa demanda contra el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, del que reclamó la resolución que niega la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada el once de mayo de dos mil veintitrés dentro del proceso penal ********************, tocando conocer de la misma al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la cual registró bajo el número de juicio de amparo ******************** ... De lo que se concluye que, en el caso, se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, resulta evidente que el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, tuvo conocimiento previo de las actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado en el presente controvertido constitucional, lo cual hace evidente que adquirió el conocimiento de los antecedentes de éste. Aunado que de acuerdo a la jurisprudencia 129/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, aplicada por analogía y razones que se exponen en el presente asunto, el conocimiento previo es amplio y simple, es decir, se actualiza de forma primordial cuando existe un pronunciamiento anterior en cuanto al fondo del asunto, pero incluso cuando no lo haya puede configurarse, inclusive, si lo hubiere desechado. En ese orden de ideas, cabe precisar que los artículos 45, fracción II y 46, fracción II, del Acuerdo previamente referido, en el primero de ellos se estableció el turno relacionado de asuntos, conforme al cual al órgano jurisdiccional que conoce o conoció de un asunto se le debe turnar el asunto o asuntos que se vinculen con él, sin que sea relevante si se abordó el fondo del asunto, y en el segundo precepto invocado se establecen los criterios generales en relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso será turnado al órgano jurisdiccional que conozca o conoció de un antecedente relacionado con otro diverso acto vinculado, por ello, en el caso específico de un amparo indirecto promovido contra un acto reclamado derivado de un mismo expediente, deberá ser turnado al órgano jurisdiccional que haya conocido primeramente de otro amparo promovido contra actos derivados de ese mismo expediente. Atento a todo lo anterior, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, declara carecer de competencia para avocarse y tramitar la demanda de amparo promovida por ********************en su carácter de defensora particular de ********************y en donde el acto reclamado al Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Martínez de la Torre, Veracruz, es la omisión de modificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado atendiendo al estado en el que se encuentra. Por tanto, con fundamento en el artículo 46 Quater, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionado por Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil veintidós, remítase copia certificada del presente juicio de amparo al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por considerar que corresponde conocer, por razón de turno, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del mismo, solicitando el acuse de recibo que corresponda. Ahora, por cuanto hace al acto reclamado al Director General del Centro de Reinserción Social de Misantla, Veracruz, consistente en la omisión de otorgar al quejoso la atención médica necesaria y requerida: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a la suscrita juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia ... ACTO RECLAMADO La omisión de otorgar al quejoso la atención médica necesaria y requerida. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone:... El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO. En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: ... Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes; ello es así, porque de lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el solo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así las cosas, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal, es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme al actual sistema penal acusatorio. Es así, ya que según el artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, deben aplicarse los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1° constitucional, lo que tiene congruencia con lo definido en la .... emitida incluso cuando estaba en vigor el sistema tradicional mixto, cuya base argumentativa está sustentada en la reforma constitucional de los artículos 18 y 21, que involucra tanto a ese sistema como al nuevo sistema penal acusatorio. Además, del proceso legislativo se advierte la finalidad de que las personas privadas de la libertad hagan valer los procedimientos administrativos o jurisdiccionales al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas. Precisado lo anterior, el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, dispone: ... Por su parte, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 128 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen lo siguiente: ... De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad- cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Admitida la petición, el Director del Centro, tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. El Director del Centro, estará obligado a resolver, dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación, dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: Podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrán acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Máxime que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el planteamiento de la petición, el Juez de Ejecución debe suspender de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, sin que se advierta que dicho dispositivo exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor al estipulado para resolver sobre la suspensión provisional; de ahí que, se establecen símiles exigencias al solicitante para obtener la medida cautelar (comparado con las establecidas en los numerales 128 y 129 de la Ley que rige a la materia). Cabe mencionar que, en los casos urgentes, la citada ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no considere que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En el caso particular, la parte promovente reclama la omisión de otorgar al quejoso la atención médica necesaria y requerida, por lo que es inconcuso que, respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa, es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el acto pudiera requerir atención urgente, ya que no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. De tal manera que, es claro que el quejoso debió observar el principio de definitividad, pues opinar lo contrario, daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, pues se dejaría al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persigue el juicio de amparo y la propia Constitución Federal. Lo anterior es así, ya que por virtud de la condición del quejoso como interno en un centro de reclusión, le son aplicables los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí que resultaría innecesario esperar al resultado de la tramitación del juicio, si de cualquier forma la evaluación posterior del acto, en ese mismo escenario, no conduciría a una conclusión distinta. ... No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho de que la tesis citada haya sido emitida por un Pleno correspondiente a un diverso circuito al que este juzgado pertenece, no obstante el tema analizado tiene aplicación en toda la república por tratarse de la obligación de brindar atención médica a personas privadas de su libertad, máxime que las condiciones de internamiento de las mismas, se encuentran reguladas por un mismo ordenamiento que rige para todos los Centros Federales de Readaptación Social en el país. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y peticiones y, pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que se tiene que seguir, al tener regulación expresa en la materia. ... De igual manera, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: ... Luego, si bien la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, prevé una hipótesis de excepción, lo cierto es que este juzgado considera que la misma no se actualiza, por las consideraciones siguientes. En principio, cabe destacar que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los Jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de ahí, que el Juez de ejecución podrá analizar lo relativo a la omisión por parte de las responsables de brindarle atención médica, para sus padecimientos consistentes en un fuerte dolor en todo el cuerpo y dermatitis. Por eso, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el juez de ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada. ... Por otra parte, no debe perderse de vista que, aun cuando el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que garantiza la protección de los derechos humanos, lo cierto es que, solamente está para cuando no existe alguna autoridad con facultades constitucionales para remediar dichas violaciones a esos derechos humanos, como en el caso, que el legislador mexicano decidió otorgar la facultad de garante como juez natural de esos derechos fundamentales previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al Juez de Ejecución. Además de que, dicha herramienta prevista en la citada Ley Nacional, favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Máxime que, el legislador en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previó una mayor protección de derechos humanos que la propia Ley de Amparo, en virtud de que, en el amparo únicamente la protección es relativa, esto es, solo para quien promueve el juicio de amparo. Sin embargo, el legislador en el artículo 128 de dicha Ley Nacional, le otorgó al Juez de Ejecución, la herramienta de protección erga homnnes a través de realizar una declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, es decir, con efectos no solo para el quejoso o quien promueve la petición administrativa o el recurso, sino también para otros que no promovieron el medio de defensa. En tal sentido, como ya se precisó, se debe de acudir ante el Juez de Ejecución, quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que por reserva de ley, no se actualiza el caso de excepción previsto por el segundo párrafo de la fracción XX del numeral citado. Aunado a que, conforme a lo ordenado en el artículo 1° Constitucional, de privilegiarse el mayor beneficio de la persona, que se consigue aplicando, en este caso específico, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, cuando se reclama en el juicio de amparo la falta o negativa de atención médica adecuada, es inconcuso que existe el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, tal y como quedó establecido en párrafos que anteceden, el cual debe agotarse previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa que se rige, entre otros principios, por el de definitividad. ... Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. ... Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente". COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estrados de este juzgado y por autorizados con las restricciones del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los señalados en su demanda por así haberlo solicitado la parte quejosa. DATOS DE CONTACTO ... Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz.

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