Ricardo Guerrero González
Expediente 190/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 190/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Guerrero González
- Rafael Covarrubias Rios
- Jesús Covarrubias Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Juez Mixto de Tanhuato, Michoacán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 229/2018 por el cual se le encomendó llevar a cabo la notificación de los quejosos Raúl Covarrubias Tamayo, Rafael Covarrubias Ríos, Ricardo Guerrero González y Jesús Covarrubias Ríos, en virtud de lo asentado en su oficio de cuenta. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y dese de baja la comunicación oficial en cita. Ahora bien, de las constancias relativas al despacho de mérito, se aprecia la imposibilidad que tuvo el actuario del Juzgado Mixto de Tanhuato, Michoacán, para dar cabal cumplimiento a lo encomendado ya que no pudo localizar el domicilio de los quejosos por resultar inexacto; por lo que, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional. En consecuencia, se ordena al actuario adscrito a este juzgado, realizar en esa forma las notificaciones correspondientes al acuerdo de cinco de marzo de dos mil dieciocho, para que obre constancia y surtan los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.... ...Se notifica por medio de lista a la parte tercera interesada el proveído de fecha 5 de marzo de 2018 que sustencialmente dice : "..Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo que por vía electrónica promueven Raul Covarrubias Tamayo, Rafael Covarrubias Ríos, Ricardo Guerrero González y Jesús Covarrubias Ríos, contra actos del Presidente Municipal del Tanhuato de Guerrero, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 190/2018. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia se deberá desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Por su parte el artículo 107, fracción I, Constitucional, dice: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ..." En tanto que el artículo 5°, fracción I, párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo expresan: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. ." Asimismo, el artículo 6°, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Los preceptos constitucionales y legales transcritos, permiten establecer que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5° y 6°, de la Ley de Amparo, estos últimos numerales aplicados a contrario sensu, por las consideraciones legales que enseguida serán expuestas. Interpretadas en sentido contrario dichas disposiciones, se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando se advierta que la norma, acto u omisión reclamados no violan los derechos previstos en el artículo 1° de la citada ley y con ello no se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, o cualquier otro acto que se reclame no perjudique a la parte que lo promueve (indirecta); de ahí que al no corroborarse el agravio personal y directo o indirecto, el juicio de amparo sería improcedente. Asimismo, tomando en consideración que la fracción I del artículo 107 Constitucional, y la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo exigen que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada. Al emplear la expresión "agraviada", alude a que, quien promueve un amparo, lo haga porque ha resentido un agravio, ya sea directo o indirecto. Es importante señalar, que los preceptos invocados, amplían el carácter de parte agraviada, ya que se otorga a: a) Quien aduce ser titular de un derecho; b) Quien aduce tener un interés legítimo individual; o, c) Quien aduce tener un interés colectivo; Ello siempre y cuando el promovente alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por nuestra Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico que reclama (indirecto). Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito XXVII.1o.(VIII Región) J/4, consultable en la página 1807, Libro XIX, tomo III de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil trece, materia común, décima época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número II. 2o. 214 K de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 259, Tomo XIV, Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso". Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. En ese tenor, apreciada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la misma fue presentada vía electrónica, por lo que debe analizarse lo establecido por el artículo 3° de la Ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Por otra parte, el artículo 72 del Acuerdo General 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establece lo siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica con excepción de las promovidas en términos del articulo 15 de la Ley de Amparo los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas el nombre del quejoso una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o en caso de que no existe directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. [.]" "Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónico en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos la fecha y hora de envío y recepción electrónica. [.]" "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente." Ahora como se advierte de los preceptos legales invocados la firma electrónica es aquella que quedará asentada en la parte final como una evidencia criptográfica, siempre y cuando el certificado sea reconocido y se encuentre vigente, lo que en la especie no acontece toda vez que al realizar un análisis del escrito de demanda, a simple vista se aprecia que no cuenta con la firma electrónica, lo que indica una falta de voluntad para promover dicho juicio de amparo por parte de Raul Covarrubias Tamayo, Rafael Covarrubias Ríos, Ricardo Guerrero González y Jesús Covarrubias Ríos, ello atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, con el cual en el presente caso no cumple el quejoso, pues al no haberse firmado electrónicamente su escrito de demanda, no puede considerarse que es su voluntad instar ante este Órgano Jurisdiccional para que conozca del juicio de amparo que pretendía promover. De lo relatado anteriormente, es evidente que el escrito de demanda, es notoriamente improcedente atendiendo a que no cumple con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 5° y 6º, de la Ley de Amparo, en virtud de que los quejosos Raul Covarrubias Tamayo, Rafael Covarrubias Ríos, Ricardo Guerrero González y Jesús Covarrubias Ríos, no firmaron electrónicamente su demanda, lo que evidencia la falta de voluntad del promovente de amparo, no siendo posible subsanar dicha deficiencia, ni presumir lo contrario. En las anotadas condiciones se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, y 6°de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional, estos últimos numerales aplicados a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Encuentra aplicación al caso, el contenido de la Jurisprudencia que se identifica con los siguientes datos: Registro No. 242775 Localización: Séptima EpocaInstancia: Cuarta SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación181-186 Quinta PartePágina: 71JurisprudenciaMateria(s): Común "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio.". Asimismo, resulta aplicable, la Tesis visible en la página 314, del Tomo X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia.". Ahora, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Cuauhtémoc, número 33, colonia Centro de Yurecuaro, Michoacán; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Estado, con sede en Tanhuato, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva comisionar a quien corresponda, a fin de que se constituya en el domicilio referido y realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe la notificación del presente auto a la parte quejosa; b) De no encontrarla presente o a sus autorizados, efectué la notificación por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos la notificación respectiva, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; y d) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que efectué la notificación aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar. e) Hágasele saber que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al juzgado auxiliar para que acuse recibo de la comunicación oficial correspondiente por vía fax al número 01 44 33 21 54 41. Asimismo, se requiere a la autoridad auxiliar, para que realizada la diligencia respectiva, verifique que la misma se haya llevado a cabo de conformidad con los lineamientos planteados en los incisos que anteceden, tomando como base los preceptos legales que en ellos se contienen, ya que de no ser así, deberá ordenar que se realicen nuevamente e informarlo de manera inmediata a este juzgado por vía acelerada. Una vez realizada la diligencia requerida, de inmediato deberá enviar a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, o bien, informar el impedimento legal o material que haya surgido para no realizarla, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden actualizados de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De acuerdo con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso sea señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe..."
- Principal
se notifica a la parte quejosa el proveído de cinco de marzo de dos mil dieciocho de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la ley de amparo vigente.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito firmado por los quejosos Raú********************, mediante el cual pretenden cumplir con los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo; sin embargo, dígaseles que se estén a lo acordado en auto de cinco de marzo del año en curso, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo que originó el presente cuaderno. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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