Ricardo Barrera Germán

Expediente 53/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
53/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Ricardo Barrera Germán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho dictada dentro de la queja administrativa 30/2018, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto por el que se desechó la demanda que dio origen a este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, sin que sea necesario glosar el cuaderno de antecedentes respectivo, pues éste se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado en cita, por lo que ahora ya se cuenta con los autos originales del presente asunto, de ahí que dicho cuaderno puede ser susceptible de destrucción de conformidad con el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que se ordena glosar al presente expediente únicamente las constancias originales que obren en dicho cuaderno para los efectos legales conducentes. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo conjunto en cita. De conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, se determina que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el cual se rindió informe justificado y se remitió el expediente de amparo 53/2018 e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el cual se desechó la demanda de amparo, el cual quedó registrado con el número 30/2018. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hacen valer el quejoso Ricardo Barrera German, contra el auto que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, se ordena rendir el informe respectivo sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que en auto de siete de febrero pasado se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. Con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro de los tres días siguientes remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, los autos originales del presente asunto, el escrito original de agravios y una copia del mismo, para que determine lo que en derecho proceda; lo anterior, previa integración del cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Ricardo Barrera Germán, mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de veinticinco de enero del año en curso y desahoga los puntos requeridos en dicho proveído. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acuerdo dictado el doce de julio de dos mil diecisiete, por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, en el que sobreseyó de plano el juicio testamentario 190/2017, a bienes de Genaro Barrera García y/o Jenaro Barrera García, declarando la nulidad de todo lo actuado, incluyendo la escritura otorgada con motivo de la protocolización realizada por la Notaría Pública número 128, con ejercicio y residencia en esta ciudad. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el artículo 61, fracciones I a XXIII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, de los hechos narrados por el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, se advierte que interpuso recurso de apelación contra el auto reclamado en esta instancia, dictado el doce de julio de dos mil diecisiete, en el que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, sobreseyó de plano el juicio testamentario 190/2017; de dicho recurso conoció el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el cual resolvió el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, donde confirmó el auto emitido por el juez responsable. En principio debe precisarse, que en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la Ley de Amparo, prevé que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en la especie, al quedar sustituido procesalmente por la resolución der recurso de apelación en el que se confirmó el auto reclamado. En consecuencia el acuerdo dictado el doce de julio de dos mil diecisiete, en el que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, sobreseyó de plano el juicio testamentario 190/2017, cesó en sus efectos al quedar sustituido procesalmente por la resolución del recurso interpuesto contra dicho acto; de ahí, la improcedencia del juicio de amparo respecto del acto reclamado en la presente instancia, al haber cesado en sus efectos por sustitución procesal. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia Sustenta lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/29, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, registro 219031, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. AMPARO IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMA LA. La sentencia de primera instancia, cuando ha sido apelada, deja de tener efectos legales propios al ser sustituida, procesalmente, por el fallo que se dicta en la apelación. En tal virtud, el amparo que contra aquélla se promueva es improcedente, porque opera la causal prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo." Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizadas para tal efecto a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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