Ricardo Guzmán Ruiz
Expediente 825/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Guzmán Ruiz
- Juez Cuadragésimo Tercero en Materia Civil de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 825/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario da nueva cuenta y hace constar que las partes no ofrecieron medio de prueba alguna. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por precluido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta que ninguna de las partes formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Ricardo Guzmán Ruiz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: Autoridades responsables: * Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil; y, * Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: * La ejecución a la orden de embargo emitido dentro del juicio hipotecario 1036/2012 del índice del Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México. Segundo. Admisión de la demanda. Una vez que la parte quejosa cumplió con la prevención formulada en autos, mediante auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda que originó el presente expediente; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Ministerio Público de la Federación la intervención que le corresponde y el veintidós de enero pasado se fijó fecha para celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Una vez integrado el expediente, el día de hoy se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; pues el acto reclamado es de carácter positivo atribuido a autoridad responsable ejecutora, con residencia en este Distrito Judicial, lugar donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. También sirve de fundamento el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: * La ejecución a la orden de embargo emitido dentro del juicio hipotecario 1036/2012 del índice del Juzgado Cuadragésimo Tercero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, al momento de rendir su informe justificado manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables mencionadas se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, se sobresee en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013, adicionado y reformado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Guzmán Ruiz, contra el acto reclamado a las autoridades responsables. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno dentro del presente juicio concluyó el término de tres días respecto a la vista otorgada a la parte quejosa para que proporcionara la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, sin que haya dado cumplimiento a tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del presente juicio, con fundamento en los artículos 5, fracción II y 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad y se ordena suspender toda comunicación con ésta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las doce horas del ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 825/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. Ahora bien, cabe destacar que mediante proveído del día veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dentro de la presente incidencia concluyó el término de tres días respecto a la vista otorgada a la parte quejosa para que proporcionara la denominación correcta de la autoridad responsable señalada como Juez Cuadragésimo Tercero de lo Civil, con residencia en la Ciudad de México, sin que haya dado cumplimiento a tal requerimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado dentro del presente incidente, con fundamento en los artículos 5, fracción II y 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, interpretados en sentido contrario, se tiene por no señalada como responsable a la referida autoridad y se ordena suspender toda comunicación con ésta. Dentro del periodo probatorio el secretario hace constar que no obran medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar. El juez acuerda: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos se hace constar que solamente las formuló la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social; y, a las demás partes les precluye su derecho para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad; y 2. Actuario del juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, en esta ciudad. Y como acto reclamado: Que lo pretenden embargar de la bodega ubicada en papaya bodega número veinte de la Central de Abastos. Segunda. Las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil y Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, ambos con residencia en esta ciudad, al momento de rendir sus informes previos manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto precisado con anterioridad reclamado a la autoridad responsable, por falta de materia sobre la cual decretarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19, visible en la página ciento treinta y tres del Tomo II, Julio de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, materia común, novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". No pasa desapercibido por este juzgado que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, manifiesta que solamente se localizaron los expedientes números 20/2012 relativo a un juicio ejecutivo mercantil, promovido por Grupo Leomar S.A. DE C.V. frente al quejoso, el cual se desechó por auto de treinta y uno de enero de dos mil doce y el número 856/2020 relativo al juicio sumario civil, el cual a la fecha no se ha admitido; por tanto no se ha dictado orden de emplazamiento o embargo, que tiendan a violar sus garantías constitucionales. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se resuelve: Único. Se niega a Ricardo Guzmán Ruiz, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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