Ricardo Garza Gonzalez
Expediente 1519/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1519/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Garza Gonzalez
- Lilibeth Arroyo Gonzalez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio telegráfico de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, por medio del cual acusa recibo del oficio 941, por el que se le remitió el juicio de amparo 1519/2016 del índice de este juzgado. Ahora bien, la suscrita Jueza de Distrito toma conocimiento de que la autoridad oficiante aceptó la competencia del referido expediente (1519/2016), para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Finalmente, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, recibido vía fax, por medio del cual acusa recibo del exhorto 203/2016 (orden 812/2016) del índice de este juzgado, el que quedó registrado bajo la comunicación oficial 301/2016 (orden 430/2016), e informa que procedió a su diligenciación, de lo que queda enterada la suscrita Jueza Federal, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mediante el cual, acompaña los autos en que se actúa, un tomo de pruebas y copia certificada de la ejecutoria dictada el veinte de octubre de dos mil dieciséis en el toca de revisión R-296/2016 de su índice, de la que se advierte resolvió en los siguientes términos:"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.SEGUNDO. La justicia de la unión AMPARA y PROTEGE a las quejosas María Juana Balbina Huitle de Aquino y Elizabeth Pacheco Huitle, para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión."Por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, como consecuencia de lo anterior, glósese al presente expediente el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Municipal en Materias Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, contra cuyos actos se confirmó la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: (.)"a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el seis de abril de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 203/2015. b) En caso de que no lo haya hecho, informe a las inculpadas de la posibilidad de mediación como método de solución alterna al proceso penal, y en caso de que éstas manifiesten su interés por mediar citar a una audiencia en los términos del artículo 405 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, o derivar el caso a mediadores nombrados por la Procuraduría General de Justicia o profesionales, quienes intervendrán en los términos que establece la sección del procedimiento de mediación, en términos de los artículos 395 al 405 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social; o en su caso, manifieste las razones por las que se encuentra impedido para ello y tome en cuenta el indicio contenido en la documental que obra en las fojas 128 y 129 del tomo de prueba, del que presuntamente se puede advertir la existencia de una averiguación previa relacionada con el proceso de origen.c) Provea lo necesario para que se desahogue el interrogatorio a cargo de José Adrián Lucio Cuautle Moreno, en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se le notifique personal y oportunamente mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita- para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma. d) Respecto al interrogatorio a cargo Catalina Aída Huitle de Aquino y Albino Vicente Huitle de Aquino, cuya falta de desahogo no fue causa imputable a la responsable; se estima que dado el sentido del presente fallo, estará en condiciones de desahogarla, por lo que deberá tomar las providencias necesarias a efecto de que se les notifique personal y oportunamente mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma.e) En caso de que no lo haya hecho, gire los respectivos oficios tanto a la Segunda Mesa de Trámite de la Dirección General para la Atención de los Delitos relacionados con Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, y a la Contraloría Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para que envíen los documentos ofrecidos como prueba por las inculpadas.f) Dado el sentido de la presente resolución, y en virtud de que obra en autos el oficio no.SSPT/DJSP/078/2016, suscrito por el Encargado del Despacho de la Dirección de Policía Municipal de San Andrés Cholula Puebla, en el que informó el Policía Municipal que estuvo en servicio entre las doce y catorce horas del tres y cuatro de enero de dos mil quince, si así lo decide, podrá desahogar el interrogatorio al citado elemento de la policía ofrecido por la parte quejosa mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma.g) Señale dentro del término constitucional ampliado, nueva fecha para el desahogo de la ampliación de las declaraciones de las inculpadas, así como nueva fecha para el desahogo de la testimonial de descargo ofrecida por la parte quejosa a cargo de Yazmín Pacheco Huitle y Cesario Tome Cuautle y al efecto tome las providencias necesarias a efecto de que se les notifique personal y oportunamente a efecto de que comparezcan para desahogar el interrogatorio ofrecido por la parte quejosa mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-, para que al momento de resolver la situación jurídica de las inculpadas ahora quejosas, sea tomada en cuenta la misma.Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa de la parte inculpada, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que la parte inculpada quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo.Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera las quejosas gozarán del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debió practicarse dichas diligencias.Concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la Directora del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla; por reclamarse en vía de consecuencia del auto de bien preso que se impugna y no por vicios propios."(.)Apercibiendo a dicha responsable, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según el mismo decreto citado con antelación en este auto; que asciende a un monto de $7,304.00 M.N. (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a $73.04 M.N. (SETENTA Y TRES PESOS CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).De igual forma, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, el Juez responsable incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.Sin que se inadvierta por la suscrita Secretaria encargada del despacho, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse de la Juez Municipal en Materias Civil y Penal de San Andrés Cholula, Puebla, esta cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carecen de superior jerárquico, lo anterior, por analogía, al criterio de la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1519/2016-II-B. En primer lugar, en virtud de que la parte promovente señala que presenta demanda de garantías a nombre de RICARDO GARZA GONZÁLEZ, en razón de que éste se encuentra en grave estado de salud en el Centro de Reinserción Social Número 5 "Oriente", ubicado en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz (por encontrarse privado de su libertad personal derivado de la causa penal 4/2011 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, que se le instruye por el delito de delincuencia organizada), sin que se le proporcione la atención urgente e inmediata que requiere; en consecuencia, se provee: Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado consistente en la negativa a proporcionar atención médica, o cualquier acto de los previstos en el artículo 22, primer párrafo constitucional, para el efecto de que dichos actos cesen de manera inmediata como medida para evitar la consumación de los mismos y se le proporcione de manera urgente la atención médica que requiera, así como los tratamientos y medicamentos necesarios para atender su padecimiento, pues de no concederse, se causarían al quejoso daños de difícil reparación. Asimismo, la autoridad responsable, de no contar con los elementos necesarios para la atención medica requerida, bajo su más estricta responsabilidad y de considerarlo pertinente autorice el traslado del quejoso, quien se encuentra interno en el centro de reclusión del Municipio de Villa Aldama, Veracruz a un centro hospitalario con medidas de seguridad adecuadas, para que reciba la atención médica de acuerdo a su padecimiento. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que deberá acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberá informar a este Juzgado de Distrito, dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan, constancias que podrá remitir a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Es decir, que el derecho a la salud protegido constitucionalmente incluye, entre otras cosas, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. El contenido de esta norma constitucional y la interpretación que de ésta ha realizado el Alto Tribunal de la Nación, es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Así se observa de los siguientes ordenamientos, a saber: El artículo 25 párrafo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios); el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho); el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social); lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y otros instrumentos internacionales. Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Esto es, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que, el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Estado, a través de los órganos de supervisión o ejecución que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente. En tales condiciones, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal previsto en el artículo 265, fracción I de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. En razón de que el quejoso directo RICARDO GARZA GONZÁLEZ, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social Número 5 "Oriente", ubicado en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 fracción II y 116 segundo párrafo de la Ley de Amparo en vigor, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado, realice lo siguiente: Comisione al Actuario Judicial de su adscripción, a fin de que previamente las formalidades de Ley, se avoque a la localización del quejoso RICARDO GARZA GONZÁLEZ, para lo cual deberá constituirse en el Centro de Reinserción Social Número 5 "Oriente", ubicado en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, o bien, en el lugar en el que le indique la autoridad responsable que se encuentre el referido quejoso, y una vez localizado éste: a). Notifique la presente determinación al promovente; b). Corra traslado con la copia autorizada del presente proveído; c). Deberá asentar las condiciones físicas en que se encuentra el quejoso, preguntarle si se le ha proporcionado servicio médico (y, en todo caso, deberá constatar que a partir de ese momento se le otorgue atención médica). Desde este momento, por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración del presente asunto, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se solicita al juez Federal exhortado que, de no tener inconveniente legal alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. Queda a cargo de la Secretaría encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. No obstante la determinación anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se debe pronunciar respecto a la competencia legal de la demanda que se presenta, de la que se advierte que la autoridad responsable es el Director del Centro Federal de Reinserción Social número "5" Oriente, con domicilio en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, lugar en el que se encuentra interno el quejoso RICARDO GARZA GONZÁLEZ; por lo que, al respecto, se provee: En primer lugar, resulta conveniente transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado artículo transcrito establece las reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, pues precisa que cuando conforme a las prescripciones de esa ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esa jurisdicción, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada cuando ésta no requiera ejecución material; última regla que también se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viola alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. En ese contexto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, y en atención a que el acto reclamado tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito (pues el quejoso RICARDO GARZA GONZÁLEZ se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social número "5" Oriente, con domicilio en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz), esto es, en el Estado de Veracruz, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se declara legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo y la declina a favor del JUZGADO DE DISTRITO, EN TURNO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN XALAPA. Cobra aplicación, la siguiente jurisprudencia tesis: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." En esas condiciones, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno. Hecho lo anterior, se solicita al Juez de Distrito al que competa recibir la demanda de amparo y sus anexos, se sirva informar la determinación que adopte respecto si acepta o no la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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