Ricardo Forcelledo Caram

Expediente 900/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
900/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Forcelledo Caram
  • Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Cuatro, Orientadora de la Unidad de Atención Y Determinación, Puebla (Licenciado Roberto Salvador Carreón).

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO Agréguese a los autos el oficio del Director de Garantías adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos Coordinación de Garantías y Procedimientos Legales de la Dirección de Garantías Subdirección de Garantías "B" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual acusa recibo del oficio 698/2023, por el que se le remitió el billete de depósito ********************, expedido por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional); de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. SE INFORMA NUEVA DENOMINACIÓN DE ESTE JUZGADO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; lo que se hace del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue presentada físicamente. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ******************** promovido por el quejoso ********************, de lo que se advierte, que a la fecha de este proveído, feneció el término de dos años que se otorgó al aludido peticionario de amparo, en proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, para que compareciera ante esta potestad, a solicitar la entrega del billete de depósito N-871304 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional); que exhibió en su oportunidad, para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida en auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; sin que a la data en que se emite este proveído, haya comparecido a este Juzgado Federal, a realizar tal solicitud. Ante esa circunstancia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se previno al referido quejoso en auto de quince de junio de dos mil veintiuno y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción del billete de depósito N-871304 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, valioso por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional); por ende, mediante oficio que al efecto se envíe, remítase dicho documento bancario a la Tesorería de la Federación, a fin que lo haga efectivo a favor del Erario Federal. En ese orden, se requiere al Tesorero General de la Federación, para que en el término de diez días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio por el que se le comunique este proveído, acuse recibo del billete de depósito de referencia, que se le envía para el efecto antes indicado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 59, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. Finalmente, en razón a que el presente proveído deberá notificarse por oficio, al Tesorero General de la Federación, por tanto, con fundamento en los artículos 3°, fracciones III y XII, 10 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asunto de la competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo; así como el 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; se ordena generar la impresión del presente proveído, así como de la minuta derivada del mismo, con la evidencia criptográfica de las firmas respectivas y agregarlos al expediente físico del incidente de suspensión. Notifíquese electrónicamente al quejoso; y, por oficio al Tesorero de la Federación.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada (suspensión provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 871304, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de las doce horas a las doce horas con treinta minutos, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y copia simple de la misma para los efectos legales correspondientes; y, durante la vigencia del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, deberá ajustarse a las condiciones previstas en el propio Acuerdo, para la asistencia de personas mediante el programa para la generación de citas, al que se refiere en el capítulo II. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica].

  4. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 900/2020-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Ricardo Forcelledo Caram, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre dos mil veinte, mediante buzón judicial, y remitido en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Ricardo Forcelledo Caram, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Cuatro, Orientadora de la Unidad de Atención y Determinación, Puebla (Licenciado Roberto Salvador Carreón), y otra autoridad. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que pase inadvertido para el suscrito Juez, que el quejoso señaló como precepto constitucional violado, el artículo 22, sin embargo, se destaca que ninguno de los actos combatidos, se ubican en alguna de las hipótesis previstas en el citado numeral. SEGUNDO. Desechamiento, admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se desechó parcialmente, la demanda de amparo promovida por el quejoso Ricardo Forcelledo Caram, respecto de los siguientes actos reclamados: - La citación emitida dentro de la carpeta de investigación FED/PUE/0001622/2020 oficio PUE-X-10105/2020, radicada en la Agencia del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa Cuatro Orientadora de la Unidad de Atención y Determinación, Puebla (Licenciado Roberto Salvador Carreón); al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, toda vez que en el caso de la citación ante autoridad ministerial con apercibimiento de multa, no hay restricción ni afectación alguna a la libertad personal. - El apercibimiento de la imposición de una multa en caso de no comparecer ante la responsable ordenadora; al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y con el numeral 113 de la misma ley, que conlleva al desechamiento de la demanda; ello, en virtud que el apercibimiento de multa no produce una afectación actual, real y directa conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, por ser un acto futuro e cierto, que dependerá de sí el quejoso acude o no a la citación y, de la postura que asuma la responsable ante tal omisión. Mientras que en el mismo auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo que ve al resto de los actos reclamados consistentes en: -las órdenes de comparecencia, aprehensión, detención y, búsqueda, así como su ejecución-; formándose por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Mediante auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a César Liévano Grijalva, autorizado del quejoso directo Ricardo Forcelledo Caram, interponiendo recurso de queja en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dentro del presente sumario constitucional, por el que se desechó parcialmente la demanda de amparo, motivo por el cual, se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto se tuviera conocimiento de la resolución que en su oportunidad se emitiera por la superioridad, dejando sin efectos el día y la hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Por lo que, en auto de nueve de diciembre siguiente, se ordenó remitir debidamente integrado el juicio de amparo 900/2020, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Posteriormente, mediante oficio II.2091/2020 signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se le tuvo haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que en proveído dictado el catorce de diciembre de dos mil veinte, por el Magistrado Presidente de dicho órgano Colegiado, dentro de la queja 140/2020 de la estadística del citado Tribunal Colegiado, se desechó el recurso de queja interpuesto por el referido quejoso Ricardo Forcelledo Caram, en contra del auto de diecinueve de noviembre de la anualidad pasada, emitido en este sumario constitucional. Y, por auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, informando que dentro del recurso de queja 140/2020 de su índice, al no interponer recurso de inconformidad en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, emitido por la Presidencia de dicho órgano Colegiado, por el que se desechó el medio de impugnación interpuesto por el supracitado quejoso, contra el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, del índice de este Juzgado Federal, causó estado el referido auto de presidencia, para los efectos legales a que hubiera lugar; por lo que se reanudó el procedimiento en el presente asunto, suspendido por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se acordó el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se dio vista a las partes, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se señalaron las nueve horas con veinticuatro minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso Ricardo Forcelledo Caram, reclama: 1. Las órdenes de comparecencia, aprehensión, detención y, búsqueda, emitidas en su contra, y; 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa IV Orientadora de la Unidad de Atención y Determinación, Núcleo I, Delegación Estatal Puebla. Niega. 2 Delegado Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Puebla -en su denominación correcta-. Niega. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Ricardo Forcelledo Caram, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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