Ricardo Forcelledo Cabrera

Expediente 83/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
83/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Forcelledo Cabrera
  • RICARDO FORCELLEDO CABRERA y Otros.
  • Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada En Violencia Familiar Y Delitos de Género, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Maricela Castro Irene)
  • Cesar Lievano Grijalva (Apoderado Legal)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dos de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó el ocho de junio de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el nueve de junio del año actual; por lo que el aludido plazo transcurrió del diez al treinta de junio de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) doce (sábado), trece (domingo), diecinueve (sábado), veinte (domingo), veintiséis (sábado) y veintisiete (domingo) de junio de dos mil veintiuno, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; asimismo, insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Diez discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el siete de agosto, doce de agosto, veintisiete de agosto, veintiocho de agosto, veintidós de octubre, catorce de diciembre, todas de dos mil veinte, así como el trece de enero, uno de mayo, tres de mayo y cuatro de mayo, estas de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 1447/2020/PUEBLA. ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formaron los tomos I y II de pruebas del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran los sobres que contiene los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su apoderado legal César Liévano Grijalva; por lista a Víctor Edgar León Rueda, asesor jurídico Victimal de la tercera interesada María Alejandra Cebada Fernández; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio III-1981/2021 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite el incidente de suspensión original derivado del juicio de amparo 83/2021, así como testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el veinte de mayo del año en curso, en el recurso de revisión R-35/2021 de su índice, interpuesto por el quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera, a través de su apoderado legal César Liévano Grijalva, contra la resolución de quince de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la presente incidencia, la cual se resolvió en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la interlocutoria que se revisa. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva a Ricardo Forcelledo Cabrera, solicitada con la finalidad de que con efectos restitutorios, se le ordenara a la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, que se abstuviera de prejuzgarlo con base en datos de prueba que no satisfacían el estándar suficiente que se requería para tener por demostrados hechos previstos por la norma como delitos." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, hágase del conocimiento de las partes el contenido de este acuerdo. Finalmente, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado de la presente incidencia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa (de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suprimiendo los datos personales de la parte quejosa, únicamente en la versión electrónica de la lista de acuerdos que se publica en la dirección electrónica www.cjf.gob.mx); mediante oficio a la autoridad responsable, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y a la Superioridad...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinte de mayo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto al cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento inmediato del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El treinta de abril de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, se sobreseyó la acción constitucional; y, por otra, se concedió el amparo al quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera, respecto de la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintiuno, dentro de audiencia oral desahogada en la causa penal 1447/2020/PUEBLA, en donde se declaró improcedente la sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta en diversa audiencia de siete de agosto de dos mil veinte; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del fallo. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdos de cuatro, siete y diez de mayo, de todos de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Así las cosas, mediante auto emitido el veinte de mayo del año en curso, la sentencia de amparo causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; en ese tenor, con los oficios 14648/2021/JC (con anexo), 14767/2021/JC, 14860/2021/JC (con anexo), 15045/2021/JC, 15080/2021/JC y 15080/2021/JC (con anexo), se dio vista a las partes quejosa y terceras interesadas para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de treinta de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional estimó que la problemática jurídica a resolver, consistió en determinar si fue correcto o no que la jueza responsable, después de tener por acreditado el arraigo domiciliar del quejoso, haya mantenido subsistente la prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar que el resto de los motivos que asentó seguían vigentes. Así, ese cuestionamiento se contestó de forma negativa -medularmente- por lo siguiente: ( Que el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes; así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad, previstos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado. ( Que, bajo este contexto, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación. ( Que de esta manera, la prisión preventiva termina siendo una genuina medida de última ratio que -fuera de los casos previstos en el texto constitucional- procederá excepcionalmente y sólo cuando otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar: i) la presencia del imputado en el procedimiento, ii) la integridad o seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o iii) que no se obstaculice el procedimiento. ( Que, contrario a lo resuelto por la jueza de control, se consideró que los cuatro supuestos contenidos en el artículo 167, primero párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales para la imposición de la prisión preventiva justificada, no se aplicaron bajo el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva. ( Que, en ese sentdio, no se había probado la necesidad de imponer la prisión preventiva ni cómo esa medida era las más idónea para asegurar la comparecencia del quejoso al procedimiento, tomando en cuenta que en audiencia se había acreditado su arraigo domiciliario, resultando ineficaces la falta de arraigo laboral, la penalidad del delito, la doble nacionalidad del quejoso y, en su caso, las facilidades tanto económicas como internacionales para salir del país, al no relacionarse con otros aspectos, como una actitud negativa del imputado ante la pena o la falsedad en el domicilio proporcionado. ( Que, de igual forma, no se había justificado por qué la prisión preventiva era la medida cautelar idónea para mitigar un posible riesgo para la testigo y la comunidad, tomando en cuenta que existen diversas que sirven para ese fin, distintas y menos lesivas que la prisión preventiva, así como la anulación de un posible riesgo para la víctima, quien otorgó al quejoso su más amplio y cumplido perdón y, además, se dio por pagada de la reparación del daño. ( Que fue incorrecta la apreciación de la jueza de control al determinar que el quejoso representaba un peligro para la comunidad, en especial para el género femenino, al existir información derivada: i) de otra carpeta de investigación -en la que es investigado por hechos diversos con apariencia de los delitos de violencia familiar y violación a la intimidad sexual-; y, ii) de diversas páginas de internet, que apuntan a que el quejoso ha violentado a la víctima de dicha indagatoria y a otras mujeres, que porta armas de fuego y que participa en arrancones clandestinos; lo anterior, porque tomar en cuenta la información derivada de diversos medios de comunicación para sustentar la imposición y vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, violaba en perjuicio del quejoso el principio de presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal. Ante ello, se consideró inconstitucional la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintiuno, en donde la jueza responsable, después de tener por acreditado el arraigo domiciliar del quejoso, matuvo subsistente la prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar que el resto de los motivos seguían vigentes y eran suficientes por sí solos para ese efecto, por contravenir los principios de imparcialidad, igualdad procesal, proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal y extraprocesal, consagrados en los artículos 17 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución; por ende, se concedió a Ricardo Forcelledo Cabrera el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la jueza de control señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector, en la que debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada. 2. Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en audiencia de trece de enero del año en curso; luego, su determinación en el sentido de tener por acreditado el arraigo domiciliario del quejoso. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia y con plenitud de jurisdicción, resolver la solicitud planteada, en donde debía analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que tendría imponer al quejoso. Finalmente, se aclaró que la concesión del amparo no implicaba que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, se pudiera imponer nuevamente al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada o diversas que tuvieran mayor rigor, ya sea porque éste incumpliera con las medidas cautelares impuestas y/o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dentro de la causa penal 1447/2020/PUEBLA, comunicó los actos efectuados en cumplimiento a la sentencia de amparo, a saber: 1. En audiencia oral de uno de mayo del año en curso, realizó lo siguiente: 1.1 Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal de origen, en la que se atendió la solicitud de revisión, modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, después de tener por acreditado el arraigo domiciliar del quejoso, se mantuvo subsistente dicha medida, al considerar que el resto de los motivos seguían vigentes y eran suficientes por sí solos para ese efecto -acto reclamado-. 1.2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en diversa audiencia de trece de enero del año en curso, luego, su determinación en el sentido de tener por acreditado el arraigo domiciliario del quejoso. 1.3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada, en donde analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada. 1.4. En ese sentido, impuso al quejoso las medidas cautelares siguientes: i) el resguardo de domicilio; y, ii) la exhibición de los dos pasaportes tanto mexicano como español, con la finalidad de que el quejoso no salga del país; por lo que otorgó el termino de tres días para que, por conducto de su defensor particular, exhibiera dichos pasaportes. 1.5. Asimismo, ordenó girar oficio a la Dirección de Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal del Estado, para que en el término de cuarenta y ocho horas le informaran a dicha autoridad responsable, si el domicilio proporcionado por la defensa particular del aquí quejoso era localizable y si se encontraba en condiciones óptimas para el resguardo domiciliario; por lo que, ordenó que el citado quejoso permaneciera en calidad de depósito en el Centro Penitenciario de Puebla hasta en tanto y cuanto la Unidad de Medidas Cautelares informara a la autoridad responsable lo concerniente a dicho domicilio. 2. En auto dictado el tres de mayo de dos mil veintiuno, tuvo al Jefe del Departamento de Medidas Cautelares Región I dando cumplimiento a lo requerido en audiencia oral de uno de mayo de dos mil veintiuno; por lo que, a fin de respetar el principio de contradicción y de control horizontal, señaló las dieciséis horas del tres de mayo pasado para que tuviera verificativo una diversa audiencia de revisión de medidas cautelares. 3. En audiencia oral de tres de mayo de la presenta anualidad, ordenó a la unidad administrativa correspondiente realizar las gestiones necesarias para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, informara si el domicilio ubicado en Calle 39 A sur, número 4359, fraccionamiento "La Providencia" de la ciudad de Puebla había sido modificado y resultaba viable para el resguardo domiciliario impuesto como medida cautelar. 4. En auto dictado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, tuvo al Encargado del despacho de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal dando cumplimiento a lo requerido en audiencia oral de tres de mayo del actual; por lo que, a fin de respetar el principio de contradicción y de control horizontal, señaló las veinte horas del cuatro de mayo pasado para que tuviera verificativo una audiencia de revisión de medida cautelar. 5. En audiencia celebrada el cuatro de mayo de dos mi veintiuno, confirmó la viabilidad de la imposición de medida cautelar consistente en arraigo domiciliario, el cual tendría lugar en el domicilio ubicado en Calle 39 A sur, número 4359, fraccionamiento "La Providencia" de la ciudad de Puebla, por todo el tiempo que durara el procedimiento y únicamente por cuanto a la causa penal de origen; por lo que ordenó a la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal Estatal que, de acuerdo sus facultades, procediera a su debida supervisión y vigilancia, designando, para tal fin, a un elemento de la policía procesal, quien debería estar en el domicilio las veinticuatro horas. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) Dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en audiencia de trece de enero del año en curso; luego, su determinación en el sentido de tener por acreditado el arraigo domiciliario del quejoso; iii) Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada, en donde analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada (1. el resguardo de domicilio y 2. la exhibición de los dos pasaportes tanto mexicano como español, con la finalidad de que el quejoso no salga del país); y, iv) Realizó actos tendentes para que las nuevas medidas cautelares se pudieran cumplir, vigilar y supervisar. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente al quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera, por conducto de su apoderado legal César Liévano Grijalva; personalmente a Víctor Edgar León Rueda, asesor jurídico Victimal de la tercera interesada María Alejandra Cebada Fernández -en el domicilio señalado en el escrito con registro 4229 de 2021-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE tercero interesado LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinte de mayo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto al cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento inmediato del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El treinta de abril de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, se sobreseyó la acción constitucional; y, por otra, se concedió el amparo al quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera, respecto de la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintiuno, dentro de audiencia oral desahogada en la causa penal 1447/2020/PUEBLA, en donde se declaró improcedente la sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva necesaria impuesta en diversa audiencia de siete de agosto de dos mil veinte; por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del fallo. Haciendo hincapié que se requirió su cumplimiento inmediato en términos del antepenúltimo párrafo de artículo 77 de la Ley de Amparo. Por acuerdos de cuatro, siete y diez de mayo, de todos de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, informando el cumplimiento inmediato dado a la sentencia de amparo; sin embargo, se reservó acordar lo relativo a dicho cumplimiento, hasta en tanto existiera sentencia firme en el presente asunto. Así las cosas, mediante auto emitido el veinte de mayo del año en curso, la sentencia de amparo causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; en ese tenor, con los oficios 14648/2021/JC (con anexo), 14767/2021/JC, 14860/2021/JC (con anexo), 15045/2021/JC, 15080/2021/JC y 15080/2021/JC (con anexo), se dio vista a las partes quejosa y terceras interesadas para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de treinta de abril de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional estimó que la problemática jurídica a resolver, consistió en determinar si fue correcto o no que la jueza responsable, después de tener por acreditado el arraigo domiciliar del quejoso, haya mantenido subsistente la prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar que el resto de los motivos que asentó seguían vigentes. Así, ese cuestionamiento se contestó de forma negativa -medularmente- por lo siguiente: ( Que el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva justificada solicitada por el Ministerio Público tiene el carácter de excepcional, ya que debe pedirse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes; así, de acuerdo con los principios de proporcionalidad e idoneidad, previstos en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que el Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, tome en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención, según las circunstancias particulares de cada persona, en términos del precepto constitucional citado. ( Que, bajo este contexto, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga procesal de solicitar la prisión preventiva justificada, así como demostrar y justificar por qué otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, además de aportar los medios de prueba necesarios y argumentos objetivos que permitan al juzgador determinar que resulta idónea, proporcional o necesaria, y no limitarse a mencionar genérica y subjetivamente que la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada, es suficiente para continuar adecuadamente con la investigación. ( Que de esta manera, la prisión preventiva termina siendo una genuina medida de última ratio que -fuera de los casos previstos en el texto constitucional- procederá excepcionalmente y sólo cuando otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar: i) la presencia del imputado en el procedimiento, ii) la integridad o seguridad de la víctima, ofendido o testigo, o iii) que no se obstaculice el procedimiento. ( Que, contrario a lo resuelto por la jueza de control, se consideró que los cuatro supuestos contenidos en el artículo 167, primero párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales para la imposición de la prisión preventiva justificada, no se aplicaron bajo el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva. ( Que, en ese sentdio, no se había probado la necesidad de imponer la prisión preventiva ni cómo esa medida era las más idónea para asegurar la comparecencia del quejoso al procedimiento, tomando en cuenta que en audiencia se había acreditado su arraigo domiciliario, resultando ineficaces la falta de arraigo laboral, la penalidad del delito, la doble nacionalidad del quejoso y, en su caso, las facilidades tanto económicas como internacionales para salir del país, al no relacionarse con otros aspectos, como una actitud negativa del imputado ante la pena o la falsedad en el domicilio proporcionado. ( Que, de igual forma, no se había justificado por qué la prisión preventiva era la medida cautelar idónea para mitigar un posible riesgo para la testigo y la comunidad, tomando en cuenta que existen diversas que sirven para ese fin, distintas y menos lesivas que la prisión preventiva, así como la anulación de un posible riesgo para la víctima, quien otorgó al quejoso su más amplio y cumplido perdón y, además, se dio por pagada de la reparación del daño. ( Que fue incorrecta la apreciación de la jueza de control al determinar que el quejoso representaba un peligro para la comunidad, en especial para el género femenino, al existir información derivada: i) de otra carpeta de investigación -en la que es investigado por hechos diversos con apariencia de los delitos de violencia familiar y violación a la intimidad sexual-; y, ii) de diversas páginas de internet, que apuntan a que el quejoso ha violentado a la víctima de dicha indagatoria y a otras mujeres, que porta armas de fuego y que participa en arrancones clandestinos; lo anterior, porque tomar en cuenta la información derivada de diversos medios de comunicación para sustentar la imposición y vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, violaba en perjuicio del quejoso el principio de presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal. Ante ello, se consideró inconstitucional la resolución dictada el trece de enero de dos mil veintiuno, en donde la jueza responsable, después de tener por acreditado el arraigo domiciliar del quejoso, matuvo subsistente la prisión preventiva justificada como medida cautelar, al considerar que el resto de los motivos seguían vigentes y eran suficientes por sí solos para ese efecto, por contravenir los principios de imparcialidad, igualdad procesal, proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal y extraprocesal, consagrados en los artículos 17 y 20, Apartados A, fracción V, y B, fracción I, de la Constitución; por ende, se concedió a Ricardo Forcelledo Cabrera el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la jueza de control señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector, en la que debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada. 2. Reiterar todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en audiencia de trece de enero del año en curso; luego, su determinación en el sentido de tener por acreditado el arraigo domiciliario del quejoso. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia y con plenitud de jurisdicción, resolver la solicitud planteada, en donde debía analizar la procedencia, en su caso, de la medida cautelar o medidas cautelares -distinta a la prisión preventiva justificada- que tendría imponer al quejoso. Finalmente, se aclaró que la concesión del amparo no implicaba que con posterioridad, previa solicitud del fiscal, se pudiera imponer nuevamente al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada o diversas que tuvieran mayor rigor, ya sea porque éste incumpliera con las medidas cautelares impuestas y/o por estimarse que variaron de manera objetiva las condiciones que motivaron su imposición, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable Magally Escamilla Rodríguez, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dentro de la causa penal 1447/2020/PUEBLA, comunicó los actos efectuados en cumplimiento a la sentencia de amparo, a saber: 1. En audiencia oral de uno de mayo del año en curso, realizó lo siguiente: 1.1 Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el trece de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal de origen, en la que se atendió la solicitud de revisión, modificación o sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, después de tener por acreditado el arraigo domiciliar del quejoso, se mantuvo subsistente dicha medida, al considerar que el resto de los motivos seguían vigentes y eran suficientes por sí solos para ese efecto -acto reclamado-. 1.2. Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en diversa audiencia de trece de enero del año en curso, luego, su determinación en el sentido de tener por acreditado el arraigo domiciliario del quejoso. 1.3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada, en donde analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada. 1.4. En ese sentido, impuso al quejoso las medidas cautelares siguientes: i) el resguardo de domicilio; y, ii) la exhibición de los dos pasaportes tanto mexicano como español, con la finalidad de que el quejoso no salga del país; por lo que otorgó el termino de tres días para que, por conducto de su defensor particular, exhibiera dichos pasaportes. 1.5. Asimismo, ordenó girar oficio a la Dirección de Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal del Estado, para que en el término de cuarenta y ocho horas le informaran a dicha autoridad responsable, si el domicilio proporcionado por la defensa particular del aquí quejoso era localizable y si se encontraba en condiciones óptimas para el resguardo domiciliario; por lo que, ordenó que el citado quejoso permaneciera en calidad de depósito en el Centro Penitenciario de Puebla hasta en tanto y cuanto la Unidad de Medidas Cautelares informara a la autoridad responsable lo concerniente a dicho domicilio. 2. En auto dictado el tres de mayo de dos mil veintiuno, tuvo al Jefe del Departamento de Medidas Cautelares Región I dando cumplimiento a lo requerido en audiencia oral de uno de mayo de dos mil veintiuno; por lo que, a fin de respetar el principio de contradicción y de control horizontal, señaló las dieciséis horas del tres de mayo pasado para que tuviera verificativo una diversa audiencia de revisión de medidas cautelares. 3. En audiencia oral de tres de mayo de la presenta anualidad, ordenó a la unidad administrativa correspondiente realizar las gestiones necesarias para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, informara si el domicilio ubicado en Calle 39 A sur, número 4359, fraccionamiento "La Providencia" de la ciudad de Puebla había sido modificado y resultaba viable para el resguardo domiciliario impuesto como medida cautelar. 4. En auto dictado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, tuvo al Encargado del despacho de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal dando cumplimiento a lo requerido en audiencia oral de tres de mayo del actual; por lo que, a fin de respetar el principio de contradicción y de control horizontal, señaló las veinte horas del cuatro de mayo pasado para que tuviera verificativo una audiencia de revisión de medida cautelar. 5. En audiencia celebrada el cuatro de mayo de dos mi veintiuno, confirmó la viabilidad de la imposición de medida cautelar consistente en arraigo domiciliario, el cual tendría lugar en el domicilio ubicado en Calle 39 A sur, número 4359, fraccionamiento "La Providencia" de la ciudad de Puebla, por todo el tiempo que durara el procedimiento y únicamente por cuanto a la causa penal de origen; por lo que ordenó a la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Procesal Estatal que, de acuerdo sus facultades, procediera a su debida supervisión y vigilancia, designando, para tal fin, a un elemento de la policía procesal, quien debería estar en el domicilio las veinticuatro horas. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la autoridad responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) Dejó insubsistente la resolución reclamada; ii) Reiteró todo lo manifestado por las partes en el debate efectuado en audiencia de trece de enero del año en curso; luego, su determinación en el sentido de tener por acreditado el arraigo domiciliario del quejoso; iii) Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo protector y con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud planteada, en donde analizó la procedencia de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva justificada (1. el resguardo de domicilio y 2. la exhibición de los dos pasaportes tanto mexicano como español, con la finalidad de que el quejoso no salga del país); y, iv) Realizó actos tendentes para que las nuevas medidas cautelares se pudieran cumplir, vigilar y supervisar. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese electrónicamente al quejoso Ricardo Forcelledo Cabrera, por conducto de su apoderado legal César Liévano Grijalva; personalmente a Víctor Edgar León Rueda, asesor jurídico Victimal de la tercera interesada María Alejandra Cebada Fernández -en el domicilio señalado en el escrito con registro 4229 de 2021-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano