Ricardo García Talavera
Expediente 5/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo García Talavera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, entre otras cuestiones, se ordenó el archivo en el presente asunto; asimismo, se advierte que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copias certificadas de las constancias que integran el juicio de origen, con lo que se formó un tomo de pruebas. En consecuencia, al resultar innecesaria su subsistencia, devuélvase al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario que acuse de recibo al tratarse de copias certificadas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de julio de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada, mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, o no existe materia para la ejecución. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a RICARDO GARCÍA TALAVERA, para el efecto que: "[.] Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por RICARDO GARCÍA TALAVERA, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución combatida y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, atienda motivadamente y en congruencia, la petición formulada en dicho recurso de revocación y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. [...]" El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. En proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que mediante oficio 4282, el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada de la resolución de veintidós de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado consistente en el auto de siete de diciembre de dos mil veinte, única y exclusivamente por cuanto hace al recurso de revocación interpuesto por Ricardo García Talavera, en relación a la negativa de hacer efectiva la multa a la parte actora conforme al artículo 91 del Código Procesal Civil, dentro de los autos del juicio ordinario civil 974/2019 de su índice. Asimismo, con libertad de jurisdicción, con fundamento en los artículos 17 de la Constitución General de la República, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2.3 inciso a), b) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 506 y 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, admitió el recurso de que se trata por encontrarse en tiempo y forma, en contra del acuerdo dictado en audiencia del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la parte en donde se negó hacer efectiva la multa a la parte actora conforme al artículo 91 del Código Procesal Civil, resolviendo de plano en los siguientes términos. En primer término, consideró fundado el agravio del combatiente por cuanto hace a que centró su atención en la diligencia de doce de noviembre de dos mil diecinueve, realizada por el personal actuarial de ese Distrito Judicial, así como que se ciñó a analizar la diligencia de emplazamiento de ocho de enero de dos mil veinte, sin atender el escrito de demanda y los datos ahí proporcionados, pero los estableció inoperantes para provocar la revocación de negar el medio de apremio. En esa tesitura, procedió a analizar que el domicilio proporcionado por la accionante en el escrito de demanda no fue aquel en el que se logró el emplazamiento al demandado, empero no estimó actualizada la hipótesis que establece el artículo 91 del Código Adjetivo Civil, que establece que cuando no sea emplazado por cuestiones imputables al actor es procedente una multa de hasta diez unidades de medida de actualización, advirtiendo el elemento de "culpa", entendida como la conducta consiente de provocar el no emplazamiento personal al demandado. Así, bajo su óptica jurídica, determinó que para dar vida jurídica a la sanción que establece el artículo 91 del Código Procesal Civil, se requiere que se justifique fehacientemente que María de Jesús Gómez Sánchez, al momento de suscribir el domicilio del demandado en el escrito de demanda, tenía la voluntad de causar el efecto de no emplazarlo personalmente, de lo que no encontró elementos objetivos suficientes para determinar acreditada esa acción; además, no se cumplió el hecho de que no se haya logrado el emplazamiento, pues ese se verificó el ocho de enero de dos mil veinte. Asimismo, compartió el criterio del recurrente en el sentido que ante la diligencia de imposibilidad de emplazamiento, debió requerirse a la actora para que precisara el domicilio, lo que hizo en acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, sin concordar en que se debieron suspender las ordenes decretadas en autos, es decir, las medidas provisionales, pues iría en contra de un acreedor alimentario, lo que provocaría que quedara en estado de riesgo, contraviniendo el artículo 210 del Código Procesal vigente en el Estado. Sin que el juez responsable dejara de observar que en la diligencia de emplazamiento de ocho de enero de dos mil veinte, el deudor alimentario exhibió como identificación la credencial para votar con fotografía del Instituto Federal Electoral, lo que no consideró suficiente para acreditar que la acreedora tuviera el ánimo descrito con anterioridad. Aunado a lo anterior, estableció que María de Jesús Gómez Sánchez, tiene carácter de acreedora alimentaria, por lo que a su criterio es innegable que la imposición de la multa de diez unidades de medida de actualización resulta improcedente, pues atentaría contra los ingresos con los que cuenta y con los cuales se allega de sus alimentos. Ello, al tener en cuenta que, si bien, para hacer cumplir sus determinaciones el juez de origen se encuentra facultado y obligado a imponer las medidas que considere necesarias, lo cierto es, que tratándose de controversias del orden familiar, el juzgador debe vigilar que esa medida no resulte en perjuicio de la acreedora, ni de la estabilidad económica de la familia, pues lo único que lograría es un detrimento patrimonial en perjuicio de las propias obligaciones alimentarias. En relatadas condiciones, resolvió inoperantes los agravios hechos valer por la parte demandada en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, confirmando el proveído de que se trata. Por lo expuesto anteriormente, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo amparador, pues dejó insubsistente la resolución combatida y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, atendió motivadamente y en congruencia, la petición formulada en dicho recurso de revocación, resolviendo nuevamente la litis sometida ante su postestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Lo que se notifica por este medio a la parte quejosa y tercero interesada, así por estar ordenado en autos.
- Principal
V. Con esta fecha se notifica por este conducto a las partes quejosa y tercero interesado, el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene informando respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercero interesada con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a: "[.] Consecuentemente, de conformidad con lo considerado en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 77 de la ley de la materia, se concede el amparo y protección de la justicia federal solicitados por RICARDO GARCÍA TALAVERA, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución combatida y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, atienda motivadamente y en congruencia, la petición formulada en dicho recurso de revocación y resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo. [.]" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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