Ricardo Huerta Andrade
Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Huerta Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco de octubre del año en curso, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez; de ahí que el estado de autos se acuerda hasta el día de hoy. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó el presente asunto promovido por Ricardo Huerta Andrade, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Ana Victoria Díaz Contreras por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D.S.H.C. para los siguientes efectos: ".la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 1665/2022-II. Posteriormente, en su lugar emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, para lo cual deberá realizar un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, y con base en ello armonice el aseguramiento de alimentos extraordinario sometido a su potestad, para posteriormente determinar el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete el concepto de alimentos a favor de los acreedores alimentarios que debe regir en el juicio de su conocimiento, justificando debidamente las conclusiones que alcance." En esas condiciones, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de nueve de octubre del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así tomando en consideración el oficio número 6467/2023, signado conjuntamente por el Juez y Secretario ambos del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario civil 1665/2022-II. Ahora del análisis de la citada determinación se aprecia que el Juez de lo Familiar ordenó dejar sin efectos el acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la cual modificó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de ANA VICTORIA DÍAZ CONTRERAS y el menor de identidad reservada identificado con las iniciales D.S.H.C., de dos salarios mínimos diarios, al 50% (cincuenta por ciento) respecto del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral, a razón del 25% (veinticinco por ciento) para cada una de las acreedoras alimentarias. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta los recursos de reclamación intentado por el demandado Ricardo Huerta Andrade, en contra del auto de inicio y en contra del depósito del menor de iniciales D.S.H.C., en primer orden procedió a resolver la reclamación intentada en contra del auto de inicio de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el cual se decretó pensión provisional. En ese orden, consideró lo estipulado en el artículo 210 párrafo tercero del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, precisando que únicamente se atenderá las pruebas exhibidas al momento del desahogo de la vista y al recurso intentado. Sin dejar de observar los agravios expuestos por el reclamante que en lo conducente estableció los siguientes: Se encuentra cursando la carrera de Médico Cirujano, en la Universidad Veracruzana; relacionado con la documental pública consistente en constancia de estudios emitida por el Director de la Facultad de Medicina Región Veracruz. Que trabaja en Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios percibiendo un salario semanal de $934.64 (novecientos treinta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional) relacionado con la documental privada consistente en constancia expedida por el Gerente General de la citada personal moral, donde se obtuvo el horario laboral e ingresos semanales que recibe el reclamante. Tiene cubierto el rubro de asistencia médica al tener inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social al menor hijo, relacionado con la documental pública consistente en solicitud de registro o aviso de baja de beneficiario emitida por el referido seguro. Que cumple con su obligación al realizar depósitos de manera voluntaria; relacionada con cuarenta y ocho comprobantes de transferencia realizados a la cuenta bancaria de Ana Victoria Díaz Contreras. No obstante lo anterior, manifestó como agravio que la madre del infante cuenta con estudios universitarios, máxime que no se encuentra con incapacidad física temporal o permanente, para desarrollar un empleo y solventar sus propias necesidades; argumento sin relación algún medio de pruebas exhibido por el reclamante; todo lo anterior concediendo valor en términos de los numerales 210, 235, fracciones II, III y VII, 261, fracciones II y IV, 262, 265, 266 y 333 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. En las relatadas consideraciones, el Juez de lo Familiar consideró fundado uno de los agravios vertidos por el reclamante para modificar la pensión alimenticia provisional decretada en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior bajo las siguientes consideraciones. En primer aspecto, declaró inoperante e insuficiente el hecho que el reclamante cumple con el rubro de asistencia médica; toda vez que tiene dado de alta al menor en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sin embargo dicha circunstancia no satisface la totalidad de las necesidades y obligaciones alimentarias, pues dicho rubro solo cubre uno de los muchos rubros, por lo tanto, dicha circunstancia resultó insuficiente para disminuir el monto de la pensión al no resultar lo único para la subsistencia del menor, debiendo cumplir con lo citado en el numeral 239 del Código Civil del Estado de Veracruz. En el mismo sentido declaró infundado e insuficiente, el hecho de cumplir de manera voluntaria con su obligación al realizar diversas transferencias; sin embargo precisó que dicha acción en modo alguno significa que cumpla con su obligación de proporcionar alimentos; toda vez que no es dable sujetar la obligación alimentaria al arbitrio del deudor alimentario; por lo tanto, la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlo no constituye prueba idónea en el recurso de reclamación y justifica la reducción al resultar de tracto sucesivo. En otro aspecto, consideró inoperante e ineficaz para provocar la reducción el hecho que la madre del infante sea autosuficiente para proveer sus propias necesidades alimentarias por alguna actividad laboral y contribuir con su carga alimentaria, pues si bien es cierto el arábigo 234 del Código Civil obliga ambos padres hacer frente a las necesidades del menor, no menos cierto resulta el hecho que no quedo demostrado con prueba que acredite que la madre del menor cuenta con los estudios de contabilidad en la Universidad Cristóbal Colon; por tanto, resultó improcedente la reducción de la pensión provisional. Posteriormente, y como se manifestó en párrafos que antecede, declaró fundado y eficaz el hecho de que actualmente el reclamante se encuentra estudiando la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Veracruzana, frenando la disponibilidad de tiempo para desarrollar un empleo del cual obtener ingresos, sin soslayar que manifestó encontrándose laborando en la empresa Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios, percibiendo un salario semanal de $934.64 (novecientos treinta y cuatro pesos 34/100 moneda nacional). En ese contexto, el juez responsable desconocía dichas circunstancia, fijando como tal una pensión alimenticia provisional consistente en dos salarios mínimos diarios a favor de los acreedores alimentistas (esposa e infante) por lo que decretó la modificación de dicha medida de cantidad liquida a una porcentual por concepto de pensión. En ese sentido, al tener conocimiento de la fuente de ingresos del padre el menor, valoró las verdaderas posibilidades del deudor, así como las necesidades de ambos acreedores alimentarios, a fin de cumplir con el principio fijado en el artículo 242 de Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual prevé en confrontar las necesidades básicas de los acreedores y la verdadera capacidad. Asimismo, en estricto derecho procedió al estudio de las necesidades de los acreedores alimentarios, destacando que el infante cuenta con dos años de edad, tal y como se acreditó con el acta de nacimiento de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, es decir se encuentra en pleno desarrollo físico y psicológico y en atención al artículo 239 y 242 Bis del Código Civil del Estado de Veracruz, consideró que necesita relacionarse con otros menores de su edad, esto es, asistir al servicio de guardería a fin de lograr el desarrollo cognitivo del menor, por lo que, en suplencia del interés superior del menor y en términos del artículo 3° de la Constitución, consideró necesario garantizar el inicio y continuidad de los estudios en el rubro de educación. Igualmente, destacó que respecto al rubro de salud quedó parcialmente garantizado por la fuente laboral del padre; en otro aspecto en el rubro de habitación, no advirtió que la madre erogue gastos por arrendamiento o crédito hipotecario; sin embargo decretó presumir el rubro de gastos de vivienda tomando en cuenta el alto costo de la vida diaria de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; sin dejar de observar el rubro de vestido y recreación para no dejar de enfocarse en las necesidades indispensables para la subsistencia de los acreedores. Cabe resaltar que el deudor cuenta con capacidad para sufragar las necesidades básicas de los acreedores, considerando el único ingreso obtenido de la empresa Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios, percibiendo un salario semanal de $934.64 (novecientos treinta y cuatro pesos 34/100 moneda nacional) lo cual al momento de multiplicarlo por las cuatro semanas del mes arroga un ingreso de $3,662.06 (tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 06/100 moneda nacional) sin dejar de observar que debe de sufragar sus propios alimentos, comprar su vestimenta, transporte de su fuente laboral a su centro de estudio y asegurar su subsistencia y un nivel digno. En ese sentido, una vez analizado e identificado las necesidades básicas y la verdadera capacidad del deudor alimentario, y confrontarlos entre ambos, estimo justo y equitativo que la medida provisional decretada deba modificarse de dos salarios mínimos diarios, al cincuenta y cinco por ciento sobre salario y demás prestaciones que recibe el reclamante Ricardo Huerta Andrade. Lo anterior distribuido de la siguiente manera: 27.5% para el menor de identidad reservada de iniciales D.S.H.C. y 27.5% a favor de Ana Victoria Díaz Contreras. En tales condiciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se formalizaron; toda vez que el Juez responsable ordenó dejar insubsistente la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 1665/2022-II, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación intentado por el deudor alimentario, analizando los puntos que integran la litis de reclamación, en contravención al principio de congruencia que establece el numeral 577 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, analizó los agravios y el material probatorio, así como la verdadera posibilidad y las necesidades básicas de ambos acreedores, confrontando ambos estimo justo y equitativo modificar la medida provisional de dos salarios mínimos diarios al cincuenta y cinco sobre salario y demás prestaciones, restituyendo a las partes sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sin dejar de observar que este órgano jurisdiccional analizó la constitucionalidad del acto reclamado, esto es, la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, que modificó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de ANA VICTORIA DÍAZ CONTRERAS y el menor de identidad reservada identificado con las iniciales D.S.H.C. No obstante se advierte que el Juez responsable se pronunció respecto al diverso recurso de reclamación intentado por el padre del menor involucrado, el cual se inconformó contra la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, en la cual se determinó como medida provisional el depósito judicial del menor de identidad reservada identificado con las iniciales D.S.H.C. en favor de ANA VICTORIA DÍAZ CONTRERAS, en su carácter de progenitora del menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo al juicio de amaro 281/2023 y su acumulado 307/2023, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que concedió la protección constitucional. En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que en el expediente registrado bajo el número 307/2023, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés.********************En un hecho notorio para suscrito que en los del juicio de amparo 281/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice:********************".Boca del Río, Veracruz, trece de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco de octubre del año en curso, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez; de ahí que el estado de autos se acuerda hasta el día de hoy.********************Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación al respecto.********************Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.********************Ahora, en sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó el presente asunto promovido por ********************, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ******************** ******************** por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ******************** para los siguientes efectos:********************".la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil ********************. ********************Posteriormente, en su lugar emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, para lo cual deberá realizar un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, y con base en ello armonice el aseguramiento de alimentos extraordinario sometido a su potestad, para posteriormente determinar el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete el concepto de alimentos a favor de los acreedores alimentarios que debe regir en el juicio de su conocimiento, justificando debidamente las conclusiones que alcance."****************************************En esas condiciones, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz.********************Posteriormente, en auto de nueve de octubre del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo.********************De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos.********************Lo anterior es así tomando en consideración el oficio número 6467/2023, signado conjuntamente por el Juez y Secretario ambos del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario civil ********************.********************Ahora del análisis de la citada determinación se aprecia que el Juez de lo Familiar ordenó dejar sin efectos el acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la cual modificó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de ******************** y el menor de identidad reservada identificado con las iniciales ********************, de dos salarios mínimos diarios, al 50% (cincuenta por ciento) respecto del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral, a razón del 25% (veinticinco por ciento) para cada una de las acreedoras alimentarias.********************Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta los recursos de reclamación intentado por el demandado ********************, en contra del auto de inicio y en contra del depósito del menor de iniciales ********************, en primer orden procedió a resolver la reclamación intentada en contra del auto de inicio de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el cual se decretó pensión provisional.********************En ese orden, consideró lo estipulado en el artículo 210 párrafo tercero del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, precisando que únicamente se atenderá las pruebas exhibidas al momento del desahogo de la vista y al recurso intentado.********************Sin dejar de observar los agravios expuestos por el reclamante que en lo conducente estableció los siguientes:********************Se encuentra cursando la carrera de Médico Cirujano, en la Universidad Veracruzana; relacionado con la documental pública consistente en constancia de estudios emitida por el Director de la Facultad de Medicina Región Veracruz.****************************************Que trabaja en Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios percibiendo un salario semanal de ******************** (novecientos treinta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional) relacionado con la documental privada consistente en constancia expedida por el Gerente General de la citada personal moral, donde se obtuvo el horario laboral e ingresos semanales que recibe el reclamante.****************************************Tiene cubierto el rubro de asistencia médica al tener inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social al menor hijo, relacionado con la documental pública consistente en solicitud de registro o aviso de baja de beneficiario emitida por el referido seguro.****************************************Que cumple con su obligación al realizar depósitos de manera voluntaria; relacionada con cuarenta y ocho comprobantes de transferencia realizados a la cuenta bancaria de ******************** ********************.****************************************No obstante lo anterior, manifestó como agravio que la madre del infante cuenta con estudios universitarios, máxime que no se encuentra con incapacidad física temporal o permanente, para desarrollar un empleo y solventar sus propias necesidades; argumento sin relación algún medio de pruebas exhibido por el reclamante; todo lo anterior concediendo valor en términos de los numerales 210, 235, fracciones II, III y VII, 261, fracciones II y IV, 262, 265, 266 y 333 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz.********************En las relatadas consideraciones, el Juez de lo Familiar consideró fundado uno de los agravios vertidos por el reclamante para modificar la pensión alimenticia provisional decretada en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior bajo las siguientes consideraciones.********************En primer aspecto, declaró inoperante e insuficiente el hecho que el reclamante cumple con el rubro de asistencia médica; toda vez que tiene dado de alta al menor en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sin embargo dicha circunstancia no satisface la totalidad de las necesidades y obligaciones alimentarias, pues dicho rubro solo cubre uno de los muchos rubros, por lo tanto, dicha circunstancia resultó insuficiente para disminuir el monto de la pensión al no resultar lo único para la subsistencia del menor, debiendo cumplir con lo citado en el numeral 239 del Código Civil del Estado de Veracruz.********************En el mismo sentido declaró infundado e insuficiente, el hecho de cumplir de manera voluntaria con su obligación al realizar diversas transferencias; sin embargo precisó que dicha acción en modo alguno significa que cumpla con su obligación de proporcionar alimentos; toda vez que no es dable sujetar la obligación alimentaria al arbitrio del deudor alimentario; por lo tanto, la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlo no constituye prueba idónea en el recurso de reclamación y justifica la reducción al resultar de tracto sucesivo.********************En otro aspecto, consideró inoperante e ineficaz para provocar la reducción el hecho que la madre del infante sea autosuficiente para proveer sus propias necesidades alimentarias por alguna actividad laboral y contribuir con su carga alimentaria, pues si bien es cierto el arábigo 234 del Código Civil obliga ambos padres hacer frente a las necesidades del menor, no menos cierto resulta el hecho que no quedo demostrado con prueba que acredite que la madre del menor cuenta con los estudios de contabilidad en la Universidad Cristóbal Colon; por tanto, resultó improcedente la reducción de la pensión provisional.********************Posteriormente, y como se manifestó en párrafos que antecede, declaró fundado y eficaz el hecho de que actualmente el reclamante se encuentra estudiando la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Veracruzana, frenando la disponibilidad de tiempo para desarrollar un empleo del cual obtener ingresos, sin soslayar que manifestó encontrándose laborando en la empresa Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios, percibiendo un salario semanal de ******************** (novecientos treinta y cuatro pesos 34/100 moneda nacional).********************En ese contexto, el juez responsable desconocía dichas circunstancia, fijando como tal una pensión alimenticia provisional consistente en dos salarios mínimos diarios a favor de los acreedores alimentistas (esposa e infante) por lo que decretó la modificación de dicha medida de cantidad liquida a una porcentual por concepto de pensión.********************En ese sentido, al tener conocimiento de la fuente de ingresos del padre el menor, valoró las verdaderas posibilidades del deudor, así como las necesidades de ambos acreedores alimentarios, a fin de cumplir con el principio fijado en el artículo 242 de Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual prevé en confrontar las necesidades básicas de los acreedores y la verdadera capacidad. ********************Asimismo, en estricto derecho procedió al estudio de las necesidades de los acreedores alimentarios, destacando que el infante cuenta con dos años de edad, tal y como se acreditó con el acta de nacimiento de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, es decir se encuentra en pleno desarrollo físico y psicológico y en atención al artículo 239 y 242 Bis del Código Civil del Estado de Veracruz, consideró que necesita relacionarse con otros menores de su edad, esto es, asistir al servicio de guardería a fin de lograr el desarrollo cognitivo del menor, por lo que, en suplencia del interés superior del menor y en términos del artículo 3° de la Constitución, consideró necesario garantizar el inicio y continuidad de los estudios en el rubro de educación. ********************Igualmente, destacó que respecto al rubro de salud quedó parcialmente garantizado por la fuente laboral del padre; en otro aspecto en el rubro de habitación, no advirtió que la madre erogue gastos por arrendamiento o crédito hipotecario; sin embargo decretó presumir el rubro de gastos de vivienda tomando en cuenta el alto costo de la vida diaria de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; sin dejar de observar el rubro de vestido y recreación para no dejar de enfocarse en las necesidades indispensables para la subsistencia de los acreedores.********************Cabe resaltar que el deudor cuenta con capacidad para sufragar las necesidades básicas de los acreedores, considerando el único ingreso obtenido de la empresa Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios, percibiendo un salario semanal de ******************** (novecientos treinta y cuatro pesos 34/100 moneda nacional) lo cual al momento de multiplicarlo por las cuatro semanas del mes arroga un ingreso de ******************** (tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 06/100 moneda nacional) sin dejar de observar que debe de sufragar sus propios alimentos, comprar su vestimenta, transporte de su fuente laboral a su centro de estudio y asegurar su subsistencia y un nivel digno.********************En ese sentido, una vez analizado e identificado las necesidades básicas y la verdadera capacidad del deudor alimentario, y confrontarlos entre ambos, estimo justo y equitativo que la medida provisional decretada deba modificarse de dos salarios mínimos diarios, al cincuenta y cinco por ciento sobre salario y demás prestaciones que recibe el reclamante ********************.********************Lo anterior distribuido de la siguiente manera:********************27.5% para el menor de identidad reservada de iniciales ******************** y 27.5% a favor de ******************** ********************.********************En tales condiciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se formalizaron; toda vez que el Juez responsable ordenó dejar insubsistente la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil ********************, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación intentado por el deudor alimentario, analizando los puntos que integran la litis de reclamación, en contravención al principio de congruencia que establece el numeral 577 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, analizó los agravios y el material probatorio, así como la verdadera posibilidad y las necesidades básicas de ambos acreedores, confrontando ambos estimo justo y equitativo modificar la medida provisional de dos salarios mínimos diarios al cincuenta y cinco sobre salario y demás prestaciones, restituyendo a las partes sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales.********************Sin dejar de observar que este órgano jurisdiccional analizó la constitucionalidad del acto reclamado, esto es, la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, que modificó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de ******************** y el menor de identidad reservada identificado con las iniciales ****************************************No obstante se advierte que el Juez responsable se pronunció respecto al diverso recurso de reclamación intentado por el padre del menor involucrado, el cual se inconformó contra la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, en la cual se determinó como medida provisional el depósito judicial del menor de identidad reservada identificado con las iniciales ******************** en favor de ********************, en su carácter de progenitora del menor.********************Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS.********************Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo al juicio de amaro 281/2023 y su acumulado ********************, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo.********************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que concedió la protección constitucional.********************En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que en el expediente registrado bajo el número ********************, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años.********************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General."****************************************En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva.********************Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte quejosa el proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco de octubre del año en curso, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; cabe destacar que adicionalmente en la primera circular, de manera retroactiva, declaró inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez; de ahí que el estado de autos se acuerda hasta el día de hoy. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación al respecto. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó el presente asunto promovido por Ricardo Huerta Andrade, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Ana Victoria Díaz Contreras por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales D.S.H.C. para los siguientes efectos: ".la autoridad responsable deje insubsistente la resolución dictada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 1665/2022-II. Posteriormente, en su lugar emita otra en la que con plenitud de jurisdicción resuelva nuevamente la litis sometida ante su potestad, sin incurrir en los mismos vicios formales que motivaron la concesión del amparo, para lo cual deberá realizar un adecuado juicio de valor apegado a la técnica jurídica, y con base en ello armonice el aseguramiento de alimentos extraordinario sometido a su potestad, para posteriormente determinar el porcentaje de pensión alimenticia provisional que mejor concrete el concepto de alimentos a favor de los acreedores alimentarios que debe regir en el juicio de su conocimiento, justificando debidamente las conclusiones que alcance." En esas condiciones, mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz. Posteriormente, en auto de nueve de octubre del presente año, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así tomando en consideración el oficio número 6467/2023, signado conjuntamente por el Juez y Secretario ambos del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, al cual anexó copia certificada de la resolución de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario civil 1665/2022-II. Ahora del análisis de la citada determinación se aprecia que el Juez de lo Familiar ordenó dejar sin efectos el acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la cual modificó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de ANA VICTORIA DÍAZ CONTRERAS y el menor de identidad reservada identificado con las iniciales D.S.H.C., de dos salarios mínimos diarios, al 50% (cincuenta por ciento) respecto del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su fuente laboral, a razón del 25% (veinticinco por ciento) para cada una de las acreedoras alimentarias. Asimismo, procedió a resolver de nueva cuenta los recursos de reclamación intentado por el demandado Ricardo Huerta Andrade, en contra del auto de inicio y en contra del depósito del menor de iniciales D.S.H.C., en primer orden procedió a resolver la reclamación intentada en contra del auto de inicio de cuatro de octubre de dos mil veintidós, en el cual se decretó pensión provisional. En ese orden, consideró lo estipulado en el artículo 210 párrafo tercero del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, precisando que únicamente se atenderá las pruebas exhibidas al momento del desahogo de la vista y al recurso intentado. Sin dejar de observar los agravios expuestos por el reclamante que en lo conducente estableció los siguientes: Se encuentra cursando la carrera de Médico Cirujano, en la Universidad Veracruzana; relacionado con la documental pública consistente en constancia de estudios emitida por el Director de la Facultad de Medicina Región Veracruz. Que trabaja en Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios percibiendo un salario semanal de $934.64 (novecientos treinta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional) relacionado con la documental privada consistente en constancia expedida por el Gerente General de la citada personal moral, donde se obtuvo el horario laboral e ingresos semanales que recibe el reclamante. Tiene cubierto el rubro de asistencia médica al tener inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social al menor hijo, relacionado con la documental pública consistente en solicitud de registro o aviso de baja de beneficiario emitida por el referido seguro. Que cumple con su obligación al realizar depósitos de manera voluntaria; relacionada con cuarenta y ocho comprobantes de transferencia realizados a la cuenta bancaria de Ana Victoria Díaz Contreras. No obstante lo anterior, manifestó como agravio que la madre del infante cuenta con estudios universitarios, máxime que no se encuentra con incapacidad física temporal o permanente, para desarrollar un empleo y solventar sus propias necesidades; argumento sin relación algún medio de pruebas exhibido por el reclamante; todo lo anterior concediendo valor en términos de los numerales 210, 235, fracciones II, III y VII, 261, fracciones II y IV, 262, 265, 266 y 333 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. En las relatadas consideraciones, el Juez de lo Familiar consideró fundado uno de los agravios vertidos por el reclamante para modificar la pensión alimenticia provisional decretada en auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior bajo las siguientes consideraciones. En primer aspecto, declaró inoperante e insuficiente el hecho que el reclamante cumple con el rubro de asistencia médica; toda vez que tiene dado de alta al menor en el Instituto Mexicano de Seguro Social, sin embargo dicha circunstancia no satisface la totalidad de las necesidades y obligaciones alimentarias, pues dicho rubro solo cubre uno de los muchos rubros, por lo tanto, dicha circunstancia resultó insuficiente para disminuir el monto de la pensión al no resultar lo único para la subsistencia del menor, debiendo cumplir con lo citado en el numeral 239 del Código Civil del Estado de Veracruz. En el mismo sentido declaró infundado e insuficiente, el hecho de cumplir de manera voluntaria con su obligación al realizar diversas transferencias; sin embargo precisó que dicha acción en modo alguno significa que cumpla con su obligación de proporcionar alimentos; toda vez que no es dable sujetar la obligación alimentaria al arbitrio del deudor alimentario; por lo tanto, la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlo no constituye prueba idónea en el recurso de reclamación y justifica la reducción al resultar de tracto sucesivo. En otro aspecto, consideró inoperante e ineficaz para provocar la reducción el hecho que la madre del infante sea autosuficiente para proveer sus propias necesidades alimentarias por alguna actividad laboral y contribuir con su carga alimentaria, pues si bien es cierto el arábigo 234 del Código Civil obliga ambos padres hacer frente a las necesidades del menor, no menos cierto resulta el hecho que no quedo demostrado con prueba que acredite que la madre del menor cuenta con los estudios de contabilidad en la Universidad Cristóbal Colon; por tanto, resultó improcedente la reducción de la pensión provisional. Posteriormente, y como se manifestó en párrafos que antecede, declaró fundado y eficaz el hecho de que actualmente el reclamante se encuentra estudiando la carrera de Médico Cirujano en la Universidad Veracruzana, frenando la disponibilidad de tiempo para desarrollar un empleo del cual obtener ingresos, sin soslayar que manifestó encontrándose laborando en la empresa Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios, percibiendo un salario semanal de $934.64 (novecientos treinta y cuatro pesos 34/100 moneda nacional). En ese contexto, el juez responsable desconocía dichas circunstancia, fijando como tal una pensión alimenticia provisional consistente en dos salarios mínimos diarios a favor de los acreedores alimentistas (esposa e infante) por lo que decretó la modificación de dicha medida de cantidad liquida a una porcentual por concepto de pensión. En ese sentido, al tener conocimiento de la fuente de ingresos del padre el menor, valoró las verdaderas posibilidades del deudor, así como las necesidades de ambos acreedores alimentarios, a fin de cumplir con el principio fijado en el artículo 242 de Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual prevé en confrontar las necesidades básicas de los acreedores y la verdadera capacidad. Asimismo, en estricto derecho procedió al estudio de las necesidades de los acreedores alimentarios, destacando que el infante cuenta con dos años de edad, tal y como se acreditó con el acta de nacimiento de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, es decir se encuentra en pleno desarrollo físico y psicológico y en atención al artículo 239 y 242 Bis del Código Civil del Estado de Veracruz, consideró que necesita relacionarse con otros menores de su edad, esto es, asistir al servicio de guardería a fin de lograr el desarrollo cognitivo del menor, por lo que, en suplencia del interés superior del menor y en términos del artículo 3° de la Constitución, consideró necesario garantizar el inicio y continuidad de los estudios en el rubro de educación. Igualmente, destacó que respecto al rubro de salud quedó parcialmente garantizado por la fuente laboral del padre; en otro aspecto en el rubro de habitación, no advirtió que la madre erogue gastos por arrendamiento o crédito hipotecario; sin embargo decretó presumir el rubro de gastos de vivienda tomando en cuenta el alto costo de la vida diaria de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; sin dejar de observar el rubro de vestido y recreación para no dejar de enfocarse en las necesidades indispensables para la subsistencia de los acreedores. Cabe resaltar que el deudor cuenta con capacidad para sufragar las necesidades básicas de los acreedores, considerando el único ingreso obtenido de la empresa Sistemas Eléctricos Mantenimiento y Servicios, percibiendo un salario semanal de $934.64 (novecientos treinta y cuatro pesos 34/100 moneda nacional) lo cual al momento de multiplicarlo por las cuatro semanas del mes arroga un ingreso de $3,662.06 (tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 06/100 moneda nacional) sin dejar de observar que debe de sufragar sus propios alimentos, comprar su vestimenta, transporte de su fuente laboral a su centro de estudio y asegurar su subsistencia y un nivel digno. En ese sentido, una vez analizado e identificado las necesidades básicas y la verdadera capacidad del deudor alimentario, y confrontarlos entre ambos, estimo justo y equitativo que la medida provisional decretada deba modificarse de dos salarios mínimos diarios, al cincuenta y cinco por ciento sobre salario y demás prestaciones que recibe el reclamante Ricardo Huerta Andrade. Lo anterior distribuido de la siguiente manera: 27.5% para el menor de identidad reservada de iniciales D.S.H.C. y 27.5% a favor de Ana Victoria Díaz Contreras. En tales condiciones, se aprecia que los efectos de la ejecutoria de amparo se formalizaron; toda vez que el Juez responsable ordenó dejar insubsistente la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés en el juicio ordinario civil 1665/2022-II, procediendo a resolver de nueva cuenta el recurso de reclamación intentado por el deudor alimentario, analizando los puntos que integran la litis de reclamación, en contravención al principio de congruencia que establece el numeral 577 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, analizó los agravios y el material probatorio, así como la verdadera posibilidad y las necesidades básicas de ambos acreedores, confrontando ambos estimo justo y equitativo modificar la medida provisional de dos salarios mínimos diarios al cincuenta y cinco sobre salario y demás prestaciones, restituyendo a las partes sus garantías de legalidad y seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sin dejar de observar que este órgano jurisdiccional analizó la constitucionalidad del acto reclamado, esto es, la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, que modificó la pensión alimenticia provisional fijada a favor de ANA VICTORIA DÍAZ CONTRERAS y el menor de identidad reservada identificado con las iniciales D.S.H.C. No obstante se advierte que el Juez responsable se pronunció respecto al diverso recurso de reclamación intentado por el padre del menor involucrado, el cual se inconformó contra la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, en la cual se determinó como medida provisional el depósito judicial del menor de identidad reservada identificado con las iniciales D.S.H.C. en favor de ANA VICTORIA DÍAZ CONTRERAS, en su carácter de progenitora del menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el incidente único de suspensión relativo al juicio de amaro 281/2023 y su acumulado 307/2023, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es de carácter conservable, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General, toda vez que concedió la protección constitucional. En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que en el expediente registrado bajo el número 307/2023, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada el proveído de nueve de octubre de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos. Agréguese el oficio número 6467/2023 signado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene remitiendo las constancias en copia certificada con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el oficio y anexo de cuenta con registro 17436, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.
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