Ricardo Fuertes de los Santos
Expediente 1087/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1087/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ricardo Fuertes de los Santos
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en la que se negó el amparo a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General, sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la responsable 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de pruebas que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz al día siguiente, Ricardo Fuentes de los Santos promovió juicio de amparo contra actos del Titular del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz (fojas 2 a 14). SEGUNDO. Mediante auto de veinticuatro de noviembre dos mil veintidós, se ordenó admitir la demanda de amparo; requerir de la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dar la intervención que le compete a Sahain Huerta Rosas como tercero interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y a la Fiscal de la Federación de la adscripción, así como fijar fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 15 a 19). TERCERO. Agotada la secuela procesal por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 25) y las constancias de la notificación de la representación social de la federación (foja 23) así como el emplazamiento a la tercero interesada (foja 24) quien compareció a juicio mediante escrito de once de enero de dos mil veintidós, en el que solicitó se negara la protección constitucional solicitada (fojas 29) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 33) quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto que es susceptible de afectar directa e irreparablemente derechos fundamentales relacionados con la legalidad y debido proceso, lo que permite que sea materia de impugnación en amparo indirecto. Por razón de la materia (mixta) en razón de que actúa tanto como órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado surte efectos dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuál es el acto que se reclama al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con sede en Veracruz, Veracruz, siendo en este caso el siguiente: La resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 86/2022 por el titular del juzgado responsable, en la que se declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso en el juicio de origen y confirmó el porcentaje de pensión alimenticia provisional decretada a favor de la aquí tercero interesada del veinticinco por ciento de las percepciones del quejoso, así como la ejecución de dicha resolución. Interlocutoria notificada personalmente al aquí quejoso en actuación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (foja 160 del tomo de prueba). De esta forma, establecida la fijación clara y precisa del acto reclamado, por cuestión de método debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Titular del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, como se aprecia del contenido de su informe justificado (foja 25). Lo que además se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 86/2022 de su índice, en las que se aprecia la resolución reclamada (fojas 152 a 159 del tomo probatorio) documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos consistentes en copias certificadas que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley, y de las cuales se advierte la existencia del acto que se reclama. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional, sin que en el caso se advierta de oficio, ni hayan hecho valer las partes, motivo de improcedencia del juicio. Sin que sea obstáculo para lo anterior que la resolución reclamada se haya pronunciado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, mientras que la demanda de garantías se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, el veintitrés de noviembre siguiente. Esto dado que aun con el citado lapso de tiempo, la demanda de garantías fue presentada dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior porque la interlocutoria reclamada fue notificada de forma personal al quejoso Ricardo Fuentes de los Santos, en el domicilio que señaló para tal efecto, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por lo que en términos de la legislación laboral dicha notificación surtió efectos al día siguiente viernes veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En esas condiciones, el citado plazo de quince días, transcurrió del treinta y uno de octubre al veintidós de noviembre del dos mil veintidós, sin que sean de tomarse en cuenta el citado cómputo, el uno, dos y veintiuno de noviembre; al haber sido declarados inhábiles, así como los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de noviembre por tratarse de sábados y domingos. De ahí que, se itera, la citada demanda de amparo fue presentada dentro del plazo marcado por la ley para ello. Por tanto, se pasa al estudio de los conceptos de violación, los que se omite reproducir al ser innecesario hacerlo y no exigirlo precepto legal alguno. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, se concluye que los conceptos de violación expresados por el quejoso resultan infundados, sin que éste tribunal advierta deficiencia que suplir que en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, por lo que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso en atención a lo que se expondrá a continuación. MARCO NORMATIVO Es importante señalar que tratándose de resoluciones jurisdiccionales del orden civil, los tribunales se encuentran obligados a fundar y motivar debidamente sus determinaciones respecto a la garantía de legalidad establecida en el artículo 14 constitucional, la cual refiere, en lo que aquí importa, que en los juicios del orden civil, las resoluciones que se dicten deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho, esto es, en los principios rectores de nuestro sistema jurídico que se encuentran explícitos o implícitos en el mismo. Así como a fundar y motivar sus determinaciones respecto a la garantía contenida en el primer párrafo del numeral 16 constitucional, que establece la garantía de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. De esta forma, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, esto es, en el estudio de las acciones y excepciones en controversia, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión. Ello aunado a la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate; pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones, ya que en las resoluciones jurisdiccionales, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. A título de premisas, se considera pertinente explicar la institución de los alimentos establecida en el Código Civil de Veracruz. Los artículos 242 del Código Civil y 210 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado, señalan: "Artículo 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días.- En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.- Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.- En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." La institución de los alimentos, ya sea que se decreten de manera provisional o definitiva, tiene como finalidad el otorgar a los acreedores lo necesario para su subsistencia, es decir, el garantizarles lo indispensable para sus necesidades más apremiantes, mediante el otorgamiento de los conceptos que señala el numeral 239 del Código Civil de la entidad, a través de una medida que respete el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 242 de ese ordenamiento, esto es, debe atender a las necesidades de la acreedora y a las posibilidades del deudor para satisfacerlas; aunado a ello, deben tomarse en consideración otras circunstancias, tales como el entorno social en que aquél se desenvuelve, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a que pertenece. Asimismo, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el trámite procesal de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, en el cual se tomarán en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverla, así como las pruebas documentales que obren hasta esa etapa procesal; con lo cual se concede al deudor un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje fijado provisionalmente, pues el juzgador toma como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda y los documentos que aportó, en razón de la prontitud con que se ordena resolver; pero la reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales y justifica otras circunstancias que el propio juzgador no tuvo en consideración al fijar la pensión provisional o que apreció incorrectamente en el auto de inicio y que sean idóneas para tal fin. No obstante lo anterior, al menos para efectos de la resolución de la reclamación contra la pensión alimenticia provisional, las necesidades del acreedor exigen un estándar probatorio menos rígido, en razón de la celeridad con que se resuelve, dando valor a los documentos presentados en juicio y porque, de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la premura con que debe resolverse el recurso de reclamación, sólo permite tomar en cuenta los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta esa etapa procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el juez valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, en razón de la prontitud con que se ordena resolver. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1314, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin." En otro aspecto, relativo al dictado de la resolución de reclamación debe señalarse que, de una correcta interpretación del artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se desprende que las sentencias (entendidas éstas en un sentido amplio) que emitan las autoridades civiles deben ser congruentes con la demanda y la contestación, así como con el resto de las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, decidiendo todos los puntos litigiosos del debate. De esto, se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado de toda resolución: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. El principio de congruencia, está referido a que la resolución debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna y externa. Entendida la primera como aquella característica de que la sentencia no contenga consideraciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por la segunda, que atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. Tiene aplicación en cuanto a este punto, la tesis cuyos datos, rubro y texto son: SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia. Es en la congruencia externa, donde queda comprendido el principio de exhaustividad, pues en la medida que la resolución resulte congruente con lo pretendido y lo alegado en la defensa, deberá también atender a todas y cada una de las cuestiones hechas valer sin dejar a un lado ninguna; es decir, debe ser exhaustivo en cuanto a todas las cuestiones que conformaron el proceso, dependiendo de la etapa en que se dicte la resolución. Éste principio de exhaustividad comprende obviamente la exigencia de que sean analizadas todas las pruebas aportadas por las partes, lo cual se justifica desde el punto de vista de que éste es el único medio a través del cual se les permite acreditar a las partes, y sostener, ya sea las afirmaciones en que fundan sus pretensiones, o bien aquellas en que sustentan sus excepciones y defensas. Hasta aquí dichas premisas. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes del acto reclamado, de las copias certificadas remitidas por el Juez responsable del juicio ordinario civil 86/2022 que remitió la autoridad responsable: 1. El diecinueve de enero de dos mil veintidós, Ricardo Fuentes de los Santos promovió en la vía ordinaria civil en la cual demandó de Sahain Huerta Rosas la disolución del vínculo matrimonial existente entre el actor y la demandada (fojas 2 a 10 del tomo de prueba). 2. En proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, el juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoséptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, admitió la demanda de referencia, ordenó el emplazamiento de la demandada, lo que se realizó en diligencia de emplazamiento de siete de abril de dos mil veintidós (fojas 12 a 15, 16 del tomo probatorio). 3. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintidós, Sahain Huerta Rosas dio contestación a la demanda presentada en su contra, asimismo demandó en reconvención de Ricardo Fuentes de los Santos el pago de una pensión alimenticia a su favor y pidió como medida cautelar el pago de una pensión alimenticia provisional a cargo del demandante de sus percepciones. Reconvención que se admitió en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en la cual además se decretó como medida cautelar, una pensión alimenticia provisional del 25% (veinticinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibe el actor Ricardo Fuentes de los Santos como empleado de la Secretaría de Marina, Armada de México, con base en Veracruz (fojas 22 a 34 del cuaderno probatorio). 4. Una vez que se emplazó a Ricardo Fuentes de los Santos sobre la citada demanda en reconvención, mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos ml veintidós, éste dio contestación a la demanda presentada en su contra, asimismo interpuso recurso de reclamación en contra de la pensión alimenticia provisional decretada a su cargo, medio de impugnación que se acordó en auto de catorce de junio de dos mil veintidós, dándose vista al actor en reconvención por el plazo de tres días (fojas 54 a 91 del cuaderno de prueba). 5. Por auto de diez de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por recibido escrito mediante el cual Sahain Huerta Rosas desahogó la vista que se le dio con el recurso de reclamación que presentó el aquí quejoso y en ese mismo proveído se ordenó turnar los autos para resolver (fojas 133 a 143 del tomo de prueba). 6. El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoséptimo Distrito Judicial con residencia en Veracruz, Veracruz, resolvió: declarar infundada la reclamación, por lo que confirmó la pensión alimenticia provisional inicialmente fijada a favor de Sahain Huerta Rosas, del veinticinco (25%) del salario y percepciones que percibe el deudor alimentario (fojas 152 a 159) determinación que constituye el acto reclamado principal en el presente juicio de amparo. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En principio se precisa que, por cuestión de método, los argumentos que vía conceptos de violación hace valer el quejoso, son analizados en un orden que garantice la depuración de los temas a debate, así como la exposición ordenada y coherente de las consideraciones que sostienen el sentido de esta resolución, para su mejor comprensión. Así, el quejoso esencialmente plantea como materia de sus conceptos de violación lo siguiente: El juez natural no valoró las diversas documentales que acompañó el quejoso a su escrito de reclamación, para establecer que la actora en reconvención tiene una profesión, y por lo tanto se encuentra en aptitud de trabajar por lo que no necesita de los alimentos solicitados. La promovente no aportó medios de prueba para acreditar su estado de necesidad, siendo falsa su afirmación que durante su matrimonio ella se dedicó a las labores del hogar. El juez no valoró que el ahora quejoso por encontrarse fuera del hogar conyugal tiene erogar gastos demasiado altos, como renta y otros. El quejoso se encuentra en la actualidad divorciado de la actora en reconvención por lo que no tiene el derecho a percibir la citada pensión alimenticia. La resolución reclamada deriva de un proceso en el que no se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, privándosele del derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes. Con relación a lo anterior, se considera que los citados conceptos de violación resultan infundados. En tal sentido, del estudio de la interlocutoria reclamada se considera que la misma se apega al principio de proporcionalidad que establece el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ya que el Juez responsable emprendió un criterio razonable al confirmar la pensión alimenticia provisional establecida en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, consistente en el veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el hoy quejoso en su fuente de trabajo. Esto porque en primer lugar, tuvo por justificado, el derecho alimentario a favor de la acreedora Sahain Huerta Rosas, esto a través de la copia certificada del acta de matrimonio número 001139, de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, expedida por el Encargado del Registro Civil de Veracruz, Veracruz, documental publica con valor probatorio en términos de los numerales 235, fracción II, 261, fracción IV, del Código Procesal Civil, de la que se desprende la filiación por el lazo conyugal existente entre la citada acreedora y el demandado en reconvención Ricardo Fuentes de los Santos. De igual forma, como lo señaló la propia autoridad, al momento en que se estableció dicho porcentaje se contaba únicamente con el relato efectuado por la parte actora y los medios de convicción acompañados por ésta a su escrito de demanda, de los que se advierte que en la fecha de emisión del citado acuerdo la parte actora señaló que ella no pudo desarrollarse profesionalmente dado los conflictos con su pareja, lo que incluso provocó en su caso problemas de salud que aún al momento de presentar su demanda le impedían tener un trabajo estable, por lo que en su caso se presume la necesidad de los alimentos, los cuales comprenden los rubros de comida, vestido, habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, entretenimiento, entre otros. Sustenta la anterior consideración la jurisprudencia 1ª./J. 6/2013 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias." En ese sentido, resulta incorrecta la afirmación del impetrante de garantías relativa a que el operador judicial de origen no valoró las documentales que acompañó a su escrito de reclamación, para establecer que la quejosa tiene terminada la carrera de licenciada en criminología, las que en su criterio acreditan que la demandante en reconvención no tiene la necesidad de recibir alimentos por parte del aquí quejoso. Lo anterior porque el juzgador si señaló en la interlocutoria examinada que fueron exhibidas copias de la credencial del Colegio Libre de Estudios Universitarios (CLEU) así como de las fichas de pago de colegiaturas todos a nombre de Sahain Huerta Rosas las cuales indicó que al haberse presentado en copia simple tienen valor de indicio; y si bien es cierto, le asiste la razón al quejoso al señalar que la impresión de la página oficial del Registro Nacional de Profesionistas en la que se aprecia el número de Cédula Profesional 12561068 a nombre de la citada demandante, no tiene el valor meramente indiciario que pretende el juez de origen dado que de la misma se desprenden datos que permiten su constatación al encontrarse contenidos en una medio de difusión abierto al público, también es verdad que tal valoración no le perjuicio que amerite la concesión de la protección constitucional. Ello es así, dado que el resolutor de Primera Instancia indicó que aun cuando pueda tenerse como cierto que la actora en reconvención cuenta con estudios en criminalística ello no implica que aquella tenga un trabajo y por lo tanto los medios para procurarse los satisfactores para su supervivencia; circunstancia que se considera correcta máxime que la propia promovente señaló que por cuestiones de salud no podía conseguir trabajo, sin que exista prueba contraria a dicha afirmación, que desvirtúe la percepción existente en favor de la demandante de alimentos de necesitarlos derivada de su citada manifestación de no haberse dedicado a trabajo diverso al doméstico. Guarda relación, por identidad de razón, la tesis VII.2o.C.234 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN COMPENSATORIA. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, REVIERTE LA CARGA DE LA PRUEBA AL DEUDOR ALIMENTARIO. El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género. En ese sentido, la mujer que se dedicó a las labores domésticas y a la crianza de los hijos durante la relación matrimonial, debe ser objeto de una protección reforzada por parte del Estado, pues la ruptura de la convivencia conyugal impide su acceso a un nivel de vida adecuado, cuando no pudo hacerse de una independencia económica por asumir el cuidado del hogar. Ahora bien, cuando la mujer demandó el pago de alimentos bajo el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y al cuidado y educación de sus hijos, se presume que esa argumentación es cierta, ya que en México por la permanencia de roles de género, la mayoría de las mujeres se dedican principalmente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos. De manera que si el cónyuge reconvino el divorcio y, en consecuencia, la pérdida o cancelación del derecho a recibir alimentos, corresponde a éste demostrar que su cónyuge no desempeñó durante el matrimonio dichas actividades domésticas y de cuidado, así como que está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias, para la procedencia de su pretensión relativa a la cancelación o pérdida del derecho a percibir alimentos de su consorte. Lo anterior es así, pues aplicar la herramienta de perspectiva de género implica revertir la carga de la prueba al deudor, a fin de que desvirtúe lo aseverado por la actora, cuando su necesidad alimentaria se sustente en hechos negativos; de ahí que esta determinación coloca a las partes en la misma posición para acreditar la procedencia de una pensión compensatoria, ya que corresponde al demandado acreditar que ésta no prospera, dada la desigualdad estructural que sufre la mujer ama de casa al momento del divorcio." De ahí que el aludido concepto de violación resulta infundado. De igual forma, no le asiste la razón al quejoso relativo que la promovente no acreditó su estado de necesidad, ello en virtud que, como ya se expresó dadas las manifestaciones de Sahain Huerta Rosas tiene su favor la presunción de requerir el citado sustento económico, ello con independencia que exhibió diversas constancias médicas referentes a la dolencia que afirma padece y que le impide el tener un trabajo fijo, sin que se haya aportado medio de convicción adecuado por parte del reclamante para demostrar lo desproporcionado de la medida cautelar decretada. Asimismo se señaló que no le beneficia al reclamante su afirmación que la demandante no tiene gastos de vivienda porque reside con sus padres, puesto que, como lo indicó el operador judicial de origen, en términos del artículo 333 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no es obligación de los progenitores de la demandante en reconvención el proporcionarle habitación, por lo que no puede alegar que tiene cubierto por su parte dicho rubro. Del mismo modo, la diversa manifestación que la aquí tercero interesada se encuentra afiliada al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas tampoco le beneficia, puesto que dicha circunstancias no constituye un hecho novedoso para el Juzgador y ya había sido considerada al establecer la pensión alimenticia provisional. En ese mismo sentido resulta infundado el concepto de violación referente a que no se valoró que al encontrarse fuera del hogar conyugal el aquí quejoso incurre en mayores gastos, ello dado que el resolutor de Primera Instancia señaló que el reclamante únicamente exhibió copia fotostática simple de un contrato de arrendamiento a la cual sólo se le podía otorgar el valor de indicio, pero que además no justifica la existencia de una desproporcionalidad en la fijación de la pensión provisional, puesto que del diverso certificado de percepciones y deducciones del quejoso, expedido por la Secretaría de Marina, se advierte una percepción de doce mil ciento ochenta pesos mensuales, de la que, en los términos fijados le resta un setenta y cinco por cierto, por lo que se requiere de diverso material probatorio para demostrar que tal porcentaje le resulta insuficiente para su subsistencia, máxime que ya no resulta un argumento definitivo el relativo a que el esposo al encontrarse viviendo en diverso lugar genera mayores gastos. Guarda relación, por las razones que la informan, la tesis VII.2o.C.173 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL NO DEBE DISMINUIRLA BAJO EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO RELATIVO A QUE "TODOS LOS HOMBRES QUE VIVEN SEPARADOS DEL HOGAR CONYUGAL AUMENTAN EN MONTO SUS NECESIDADES". De acuerdo con el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los estereotipos son: "todas aquellas características, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidas a las personas en razón de alguna de las condiciones enumeradas como 'categorías sospechosas'". Para calificar una afirmación expresa o implícita como estereotipo, no importa si dichos atributos o características son o no comunes a las personas que conforman el grupo o sus miembros de hecho, poseen o no éstos; es decir, si se trata de una descripción acertada de las necesidades, habilidades, circunstancias o los deseos de una persona en particular; el elemento clave es que, en tanto se presume que el grupo específico posee esos atributos o características o cumple con esos roles, se cree que una persona, por el solo hecho de pertenecer a él, actuará de conformidad con la visión generalizada o preconcepción existente acerca del mismo. En ese sentido, el concepto "estereotipar" se refiere al proceso de atribuirle a un individuo características o roles únicamente en razón de su pertenencia a un grupo particular. De esta forma, cualquier consideración que reconduzca al hecho de que: "los hombres solteros tienen mayor necesidad o gastan más para satisfacer sus necesidades que los hombres casados o que viven con mujeres", sin constatarse la veracidad del aumento en dichos gastos, constituye un estereotipo de género que se encuentra construido sobre la idea de una distribución de los roles o actividades domésticas en función del sexo o género. Se piensa que los hombres que viven en el hogar conyugal junto con una mujer: su madre, esposa o pareja, tienen menos gastos porque corresponde a éstas, ocuparse de actividades domésticas como preparar los alimentos, lavar y planchar la ropa, o realizar labores de limpieza del hogar en general y/o el cuidado de los hijos; y que un hombre que vive soltero y que no cuenta con el apoyo de una mujer que ejecute estas tareas "debe" realizar erogaciones para que sean efectuadas. Sin embargo, el monto económico que significa el quehacer doméstico del hombre en general no sufre variación y es exactamente el mismo, cuando vive inserto en el núcleo familiar o no, pues sus necesidades o actividades personales no se incrementan, sino que al vivir con una mujer, dado el rol que se les atribuye a las mujeres, se invisibiliza el gasto real o actividad económica que representa; en tanto, cuando el hombre vive solo, sale a la luz el monto económico que representa el trabajo del hogar realizado por la persona que se dedica al hogar. Por tanto, si se trata de la pensión alimenticia la autoridad jurisdiccional no debe disminuirla bajo el estereotipo de género relativo a que "todos los hombres que viven separados del hogar conyugal aumentan en monto sus necesidades", al considerar que el monto económico que se destina a satisfacer las necesidades del deudor aumentó derivado de la separación del hombre del hogar familiar, pues no sólo debe atenderse a los hechos que alcancen a advertirse del proceso, y pruebas que al efecto se aporten, sino que debe analizarse que se trata de un gasto derivado de una necesidad que anteriormente no tenía el deudor, o que no estaba invisibilizado por el rol de la mujer." Por otra parte, atinente al concepto de violación relativo a que al encontrarse divorciados los contendientes en el juicio de origen, no existe derecho por parte de la actora en reconvención de recibir la pensión señalada por la autoridad responsable, el mismo resulta infundado. Lo anterior es así, dado que tal como lo señaló el Juez de Primera Instancia, la disolución del vínculo matrimonial entre las partes se declaró en interlocutoria de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, esto es, con posterioridad al inicio de la presentación de la demanda en reconvención presentada por Sahain Huerta Rosas e incluso después de la fijación de la pensión alimenticia provisional reclamada, de ahí que no puede alegarse dicha interlocutoria pronunciada en el mismo juicio como una causa para dejar sin efectos la citada medida, sino en todo caso debe resolverse lo que corresponda hasta el momento del dictado de la resolución definitiva. Finalmente por lo que hace al concepto de violación referente a que la resolución resulta inconstitucional al haberse dictado en un juicio en el que no se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, privándolo del derecho a la correcta administración de justicia, el mismo resulta infundado. Ello es así, puesto que en primer lugar, el impetrante de garantías en su concepto de violación se limita a expresar de forma genérica que en el proceso correspondiente no se siguieron las citadas formalidades y posteriormente hace referencia a diversas garantías previstas la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sin precisar la conducta violatoria de los mismos en que haya incurrido la autoridad responsable o señalar las transgresiones al debido proceso. De esta forma, el quejoso no expresó en qué consistieron los violaciones al procedimiento que alega existen, si que este juzgado perciba de oficio infracción alguna a sus derechos que deba subsanarse; ello debido a que fue oportunamente notificado de la fijación de la demanda en reconvención, así como de la fijación de la pensión alimenticia provisional, se recibió y dio trámite a su recurso de reclamación, con el que se dio vista a su contraparte y se turnaron los autos para resolver el mismo, dictándose la interlocutoria correspondiente. En ese orden de ideas, el juez responsable emitió su resolución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, esto es, atendiendo al aludido principio de proporcionalidad, pues al resolver el recurso de reclamación que le fue planteado, tomó en cuenta las posibilidades reales del deudor alimenticio, así como las necesidades del acreedor alimentario, ambas hasta la época de emisión de la resolución. Por las razones anteriormente expuestas, se estima que al momento de resolver, la autoridad responsable no dejó de aplicar, en perjuicio del quejoso, la jurisprudencia VII.2o.C. J/32 (9a.) invocada por éste en su demanda de amparo de rubro: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. QUIEN LOS DEMANDA DEBE PROBAR LA NECESIDAD DE RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." puesto que no debe perderse de vista que del cuerpo de la citada tesis se desprende que la carga probatoria señalada en la misma opera al momento de fijar en la sentencia la pensión alimenticia definitiva por lo que no resulta plenamente aplicable al caso; ello con independencia que se considera que el juez natural motivó su resolución con los datos que contaba al momento de emitirla, los cuales se estiman hasta este momento suficientes para determinar lo infundado de la reclamación planteada. CONCLUSIÓN. En ese contexto es claro que el quejoso, al no desvirtuar los fundamentos utilizados, ni las razones aducidas, para la emisión de la resolución reclamada, al resultar infundados los conceptos de violación que hizo valer, y al no advertirse violación de garantías individuales en el presente caso, ni deficiencia que suplir a favor del quejoso, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, pudiera beneficiarle; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, impetrado por Ricardo Fuentes de los Santos. Negativa que se hace extensiva a la ejecución de la resolución reclamada, al no haber sido atacada la misma por vicios propios sino como consecuencia del acto reclamado principal. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, así como su publicación a través del SISE para su consulta por cualquier persona, en términos del reformado numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2020. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Ricardo Fuentes de los Santos contra el acto que reclamó al 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo en términos del considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Atento a las constancias de autos, se aprecia que ya fue emplazada al presente juicio de amparo Sahian Huerta Rosas, en su carácter de tercera interesada, quien en el acto de la diligencia señaló domicilio procesal. DOMICILIO PROCESAL Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en la referida diligencia. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase del conocimiento de la parte tercero interesada que en caso de que si al pretender realizarse una notificación personal en su domicilio procesal, y de darse cualquiera de los siguientes supuestos establecidos por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo; a saber: I) Si no se encuentra a la persona que deba ser notificada; o, II) Si el actuario encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se practicará la notificación encomendada, mediante lista de acuerdos que se publique para tal efecto en este Órgano Jurisdiccional. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio signado por el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho correspondapor el plazo de ocho días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 19 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la prueba documental que anexa la autoridad responsable en su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebra, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, dado lo voluminoso de las constancias que se anexaron, fórmese un cuaderno de pruebas para el mejor manejo del presente asunto.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Auxiliar de Trámite de la Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, por medio del cual refiere anexar copia certificada de la resolución incidental de catorce de noviembre de dos mil veintidós, con la que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, del sello de recepción de este Juzgado, se aprecia que al oficio de cuenta no se anexó ninguna constancia. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, para que dentro del improrrogable plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita en copia certificada las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En el entendido de que subsiste el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós, esto es, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese en términos de ley.
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