Ricardo Galeana Bacilio
Expediente 894/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ricardo Galeana Bacilio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Análisis de constancias. Visto lo de cuenta, se procede a calificar el cumplimiento dado a la resolución constitucional conforme el estado procesal que guarda el presente asunto. Efectos de la concesión del amparo. En dicho fallo, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, dicte laudo en el juicio laboral 1656/2021, de su índice. Ejecutoria. Por auto veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria dicho fallo; asimismo, se dio vista al quejoso con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo del presente juicio, en virtud que en proveído de trece de octubre del año en curso, se agregó el oficio firmado por la autoridad responsable, al que anexó diversa constancia con la que acreditó que el veintiséis de septiembre de la presente anualidad, dictó laudo en el juicio 1656/2021, de su índice. El citado proveído, se notificó personalmente al quejoso dieciocho de octubre de dos mil veintidós; asimismo, se le otorgó vista por el plazo de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que lo hubiere realizado. Por las consideraciones vertidas la sentencia de amparo se califica cumplida para todos los efectos legales a que haya lugar. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo y archívese este asunto como concluido. Valoración del expediente. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado. Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintidós. Vista cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo presentados por la autoridad responsable, a través de los cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciara sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. .Fabián
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Del estado de autos se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que concedió el amparo. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informe las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fueron para lo siguiente: ".dicte laudo en el juicio laboral 1656/2021.". Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así en el plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO.". Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las diez horas con catorce minutos del dos de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado de autos se advierte que en el proveído de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Asimismo, se advierte que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documental ofertada por la junta responsable. El juez acuerda. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidos y desahogados por su especial naturaleza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 894/2022 L-III; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Ricardo Galeana Bacilio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 2. El siete de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerando: I. Competencia. 3. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado 4. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado, la omisión de dictar laudo en el juicio arbitral 1656/2021. 5. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de este, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 6. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Existencia del acto reclamado. 7. Es cierto el acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. 8. Certeza que se corrobora con las diversas constancias relativas al juicio laboral 1656/2021 que la Junta responsable acompañó al rendir su informe con justificación, las cuales se tienen a la vista para resolver y que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. IV. Consideraciones jurídicas 9. Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se actualice alguna; por tanto, se procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. 10. La parte quejosa aduce esencialmente en su concepto de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales de justicia pronta y expedita, contenidos en el artículo 17 constitucional, dado que la responsable no se ha ajustado a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo para el dictado del laudo. 11. El concepto de violación es fundado, toda vez que el artículo 17 constitucional, consagra a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, el cual, contempla las subgarantías o principios siguientes: a. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. b. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos controvertidos. c. Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de administrar justicia, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. 12. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." 13. Con base en las directrices del artículo 17 constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que la autoridad laboral viola el derecho de acceso a la impartición de justicia, cuando no tramite, resuelva o ejecute los juicios laborales en los plazos y términos establecidos en la ley de la materia. 14. Lo anterior, en virtud de que el precepto constitucional mencionado, decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: no retrasar injustificadamente el procedimiento y la solución de la controversia. 15. La naturaleza expedita de esta prerrogativa se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 16. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. 17. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes: La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. 18. Por su parte, de los numerales 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que una vez desahogada la totalidad de las pruebas y formulados los alegatos de las partes, el secretario hará la certificación correspondiente y se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, con la precisión que de no realizar manifestación alguna, de oficio se procederá al cierre de instrucción. 19. Una vez cerrada la instrucción, el auxiliar de la junta, dentro del plazo de diez días, formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará copia a los integrantes de ésta, quienes a su vez, dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrán ordenar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo dentro de un lapso de ocho días. 20. Después de haber transcurrido dicho plazo o desahogadas las diligencias pendientes, el presidente de la junta citará a los miembros para la audiencia, discusión y votación, la que se llevará a cabo dentro de los diez días siguientes al que haya concluido el término fijado, o el desahogo de las diligencias respectivas. 21. Finalmente, una vez aprobado el proyecto de resolución, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los integrantes de la junta, el cual, se pasará al actuario para que lo notifique personalmente a las partes; lo anterior, suma un aproximado de treinta y tres días. 22. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa realizadas bajo protesta de decir verdad, así como de la constancia remitida por la autoridad responsable en su informe justificado, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La parte quejosa entabló demanda laboral ante la responsable radicada bajo el número de expediente 1656/2021. Seguida la secuela procesal, el veintiséis de abril de dos mil veintidós, la responsable declaró cerrada la instrucción y se citó el juicio de origen para oír resolución definitiva; sin embargo, no hay constancia alguna que acredite que se haya dictado el laudo correspondiente. 23. Por lo que es notorio que la responsable no se ha ajustado a los plazos que rigen el procedimiento laboral, toda vez que a la fecha han transcurrido más de un año, sin que se advierta que se hubiere dictado el laudo respectivo. 24. En ese tenor, se concluye que vulnera el derecho fundamental de administración pronta y expedita de justicia que tutela a favor de los justiciables el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se ha retardado la resolución del juicio; por lo que se impone conceder la protección constitucional solicitada. 25. Por otra parte, no se desconoce que los tribunales laborales cuentan con una carga de trabajo excesiva, sin embargo, dicha circunstancia no los exime de la obligación que les impone la ley laboral, en cuanto a los tiempos fijados para el trámite del juicio. V. Decisión 26. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, dicte laudo en el juicio laboral 1656/2021. 27. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: 28. Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Galeana Bacilio, contra el acto reclamado a la autoridad responsable que se identificó en el apartado II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los apartados IV y V de este fallo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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