Ricardo Escarreaga Babuca

Expediente 485/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
485/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
06/07/2023

Partes del expediente

  • Juzgado Calificador del Municipio de Hermosillo, Dispositivo Preventivo de Alcoholimía de Seguridad Pública Municipal
  • Ricardo Escarreaga Babuca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, seis de julio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SE TIENE POR NOTIFICADA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO)

  3. Principal

    Juicio de amparo 485/2023 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hizo relación de las constancias de autos, dando lectura a todas las que obran en el expediente, y certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. Asimismo, revisado el estado procesal de autos, se advierte que en auto de admisión, se consideró que debido a la naturaleza de los actos reclamados no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede, para los efectos legales correspondientes. Abierto el período de pruebas, se hacen constar las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa junto con su demanda de amparo, así como las documentales aportadas por una de las autoridades responsables; el juez acuerda: se tienen por ofrecidas y admitidas las citadas probanzas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 485/2023; y Resultando Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el diez de abril de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Ricardo Esca******************** promovió demanda de amparo en contra del Juzgado Calificador del Municipio de Hermosillo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. El doce de abril siguiente, se radicó la citada demanda, registrándola bajo el juicio de amparo 493/2023, del propio índice, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerando Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que se reclaman actos a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: Autoridad: Acto reclamado: Juzgado Calificador del Municipio de Hermosillo. Inicio del procedimiento administrativo de calificación de infracción a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora e individualización de la sanción, de dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, así como el cobro por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por conducir en estado de ebriedad, así como la cantidad de $207.00 (doscientos siete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de certificado médico. Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Cobro realizado según recibo ACJLC001-26171, de uno de abril del año en curso, por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por conducir en estado de ebriedad, así como la cantidad de $207.00 (doscientos siete pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de certificado médico. Existencia del acto en reclamo Son ciertos los actos reclamados al Juzgado Calificador del Municipio de Hermosillo, y a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, pues así se advierte del contenido de las manifestaciones que realizan al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que anexó el quejoso a su demanda de amparo y las que acompañaron a sus informes justificados las citadas autoridades responsables, que al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de esta última. Causa de improcedencia actualizada No se analizarán los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues tal y como expone la directora Jurídica de la Tesorería Municipal de Hermosillo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio además es de oficio, de conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo. El artículo 61, en su fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." De la anterior transcripción, se advierte que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -reformado el seis de junio de dos mil once, aplicable al caso-, amplió el concepto de interés de parte agraviada. En efecto, del contenido de dicha norma constitucional se aprecia como requisito de procedencia de los juicios de amparo, lo siguiente: Que el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo (individual o colectivo), salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales en que se continúa exigiendo contar con el primero; y Que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Ahora bien, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que además, sea personal y directo como estaba antes de la reforma; en cambio, para el interés legítimo no se requieren dichas exigencias pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y además provenir de un interés individual o colectivo. Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparada. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. De lo que se colige, que no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo- pues la doctrina y la jurisprudencia así lo han estimado, al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la parte agraviada acredite cualquiera de ellas para su procedencia, esto es, ya sea que demuestre contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En efecto, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio constitucional, sino que es necesario que el peticionario de amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de la demanda de amparo, de la que se advierte, como se estableció en párrafos que anteceden, que el solicitante de amparo reclama el inicio del procedimiento administrativo de calificación de la infracción por conducir en estado de ebriedad de dieciocho de marzo de dos mil veintitrés, que originó el cobro por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por conducir en estado de ebriedad, así como el pago de la cantidad de $207.00 (doscientos siete pesos 00/100 moneda nacional), por la expedición del certificado médico, haciendo un total de $10,581.00 (diez mil quinientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional) según recibo de pago ACJLC001-26171, de veintidós de marzo siguiente, el cual obra en el sumario. Ahora bien, del análisis de la boleta de pago realizado con motivo de la infracción reclamada, se colige que en ésta no aparece que se encuentre dirigida al quejoso Ricardo Escá********************, sino a una persona de nombre Raymundo Andrade Urías, con independencia de lo que manifiesta el quejoso en el sentido de que le pidió de favor hacer el pago, puesto que tal versión no se encuentra acreditada, además que ante la autoridad exactora aparece que el contribuyente es precisamente éste último. Por lo que, es inconcuso que al quejoso Ricardo Esca********************, no se le causa afectación alguna con la expedición de la citada boleta de pago que reclama, puesto que el carácter de infractor a las normas de tránsito representa un concepto cuyo contenido debe determinarse en función de la falta que se considere cometida, por tanto no recae necesariamente en el conductor de un vehículo, sino también en el propietario del vehículo. En efecto, la infracción de referencia, es aplicable tanto al conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente, luego, el quejoso, debe demostrar que se encuentra en tales supuestos. De ahí que si en la especie, el inicio del procedimiento está a nombre del aquí quejoso, pero el pago en la Tesorería Municipal se hizo a nombre de diversa persona, siendo que el impetrante del amparo en su demanda hace referencia a que el vehículo que iba conduciendo cuando se le infraccionó, es de su propiedad, y que la persona que aparece como contribuyente le hizo el favor de hacer el pago; sin embargo, tales aseveraciones no las acredita con prueba alguna; por lo tanto, es inconcuso que en la especie no tiene interés jurídico para promover la demanda de amparo en la forma que se encuentra planteada. Lo anterior encuentra sustento, por las razones que expone, la tesis XXIII.2o.3 A, del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, página 1768, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LO TIENE LA PERSONA CUYOS DATOS APAREZCAN EN LA BOLETA DE INFRACCIÓN QUE SE IMPUGNA. De conformidad con el artículo 202, fracción I, del Código Fiscal de la Federación es improcedente el juicio de nulidad cuando el acto administrativo impugnado no afecte el interés jurídico del demandante. Ahora bien, cuando dicho acto consiste en la multa impuesta a través de una "boleta de infracción", por supuesta violación a las leyes de tránsito terrestre, sin que se precise en ella quién es el obligado al pago de la misma y en el referido documento aparecen tanto los datos del conductor del vehículo, como los de su propietario, ambos tienen interés jurídico para promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que se encuentran en situación de inseguridad jurídica por no tener la certeza de si están obligados al pago de la multa cada uno de ellos." (Lo subrayado es propio) Así, el peticionario de amparo para acceder a la justicia constitucional debe acreditar fehacientemente la afectación que resiente a su esfera de derechos, es decir, demostrar la existencia del derecho subjetivo afectado en forma personal y directa; sin que del sumario en que se actúa, se advierta que cuenta con alguna de las calidades antes mencionadas. Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a 1994, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Pues, el hecho de que de los informes justificados y anexos aportados por dos de las autoridades responsables, se advierta la existencia del acto reclamado, no implica que la acción constitucional ejercida sea procedente, pues, no releva al quejoso de la carga procesal de justificar su interés, y en el caso no lo demostró para promover el juicio de amparo, puesto que la boleta de pago de la infracción aparece a nombre de tercera persona, aunado que tampoco existe constancia que demuestre la propiedad del vehículo en el que se cometió la infracción; de ahí que no se acredita que el agraviado efectivamente es propietario del vehículo, o, en su caso, que él haya pagado dicha infracción impuesta por conducir en estado de ebriedad, por tanto, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior la tesis jurisprudencial 1a./J. 1/2002, de la Primera Sala de la SCJN, que se localiza en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Escá********************, contra los actos y autoridades precisadas en el apartado II, por los motivos expuestos en el diverso IV de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Visto lo de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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