Ricardo Guadalupe González Castillo
Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 20/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ricardo Guadalupe González Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...
- Incidental
Se ordena la valoración de los cuadernos de suspensión relativos al juicio de amparo, en virtud de quedarse sin materia, al haber quedado firme la sentencia de amparo.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, el informe justificado rendido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejoso, persona y autoridades terceras interesadas y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impusieran del referido informe. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas documentales de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las parte para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indicado al rubro, promovido por Ricardo Guadalupe González Castillo, contra el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el trece de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día siguiente a este Juzgado de Distrito, Ricardo Guadalupe González Castillo, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de veintinueve de enero siguiente, este juzgado de Distrito admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento; se emplazó a las terceras interesadas -agentes del Ministerio Público del Fueron Común Especializados en la Investigación de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, y de la asesora jurídica del Fuero Común adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en representación de la ofendida Valeria Ibeth Castro Samaniego -madre de la víctima-, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuido a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso de quince de diciembre de dos mil veinte, dictado en contra del quejoso por hechos posiblemente constitutivos del delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 263 Bis-1, fracciones I, VII y VIII, del Código Penal para el Estado de Sonora. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la juez responsable, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con la documental que al efecto acompañó a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 3873/2020 de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 192, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional que alberga el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, parte del principio que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, pues al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción en cuanto a que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de tales normas o actos. Por otra parte, de los numerales el artículo 17 y 18 de la ley de la materia se evidencia que la improcedencia del juicio de amparo se materializa cuando la demanda de amparo no se promueva dentro de los quince días siguientes: Al día en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame; Al en que se haya tenido conocimiento de dicho acto o resolución o su ejecución; y, Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; Asimismo, que se exceptúan del plazo genérico de quince días para promover la demanda: Cuando se reclame una norma como autoaplicativa o se trate del procedimiento de extradición, cuyo plazo será de treinta días; Cuando se reclame una sentencia definitiva que imponga una pena de prisión, en cuyo caso la demanda se promoverá dentro de los ocho años siguientes, Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados, y Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, caso en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Hipótesis de excepción a la regla general dentro las cuales el auto de vinculación a proceso no encuadra; de ahí que, para su presentación deba atenderse al plazo genérico de quince días. En efecto, conforme al artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones serán personales en audiencia; asimismo, el último párrafo del numeral en comento, establece que las notificaciones realizadas en los aludidos términos, surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. En ese tenor, en la continuación de audiencia de quince de diciembre de dos mil veinte, desahogada en la causa penal 3873/2020, la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de feminicidio, previsto y sancionado en el artículo 263 Bis-1, fracciones I, VII y VIII, del Código Penal para el Estado de Sonora. Asimismo, según se advierte del registro de audio y video relativo a dicha diligencia, el solicitante del amparo y su defensor se encontraban presentes al momento en que la autoridad responsable dictó auto de vinculación a proceso en su contra; por tanto, dicha resolución les fue notificada en esa propia fecha. En este punto, es importante destacar que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las Medidas de Contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19", el cual, en lo que interesa, ordenó la suspensión en su totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al diecinueve de abril del año en comento, quedando exceptuados de lo anterior, los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia, exclusivamente para la atención de asuntos urgentes comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; y 48, fracciones I, III a IX, XI y XII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Posteriormente, el trece abril de dos mil veinte, fue publicado el diverso "Acuerdo General 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 4/2020, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", en el que se amplió la suspensión de labores hasta el cinco de mayo siguiente. Enseguida, en sesión extraordinaria de veintisiete de abril de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expidió el "Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID- 19", el cual estableció que el catálogo de "asuntos urgentes", no era limitativo, y amplió la suspensión de actividades no esenciales del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte; acuerdo cuya parte medular dice: "A C U E R D O Artículo 1. Esquema de contingencia. Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, así como reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, se establece que durante el período del 6 al 31 de mayo de 2020, la función jurisdiccional se regirá por los siguientes postulados: I. Trámite y resolución de casos urgentes. Únicamente se dará trámite a los casos nuevos que se califiquen como "urgentes", ya sea que se promuevan de forma física o mediante "juicio en línea" en uso de la firma electrónica, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo I del presente Acuerdo. Para efectos del presente acuerdo, la "firma electrónica" comprende a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Adicionalmente, cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes", para lo cual se fijarán los avisos respectivos sobre el personal de contacto, en términos de lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de la actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. [.] Capítulo I Atención a casos urgentes Artículo 3. Durante el período definido en el artículo 1, sólo se dará trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, es decir, no radicados previamente, cuando se trate de casos urgentes, con independencia de que se promuevan física o electrónicamente. Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: [.] II. En materia penal: [.] f) Las vinculaciones a proceso; [.]" Dicho acuerdo fue modificado por el diverso 10/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de mayo siguiente, que amplió el plazo al quince de junio de esa anualidad. Seguidamente, el doce de junio de dos mil veinte, fue publicado el diverso "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", en el que se estableció que durante el periodo del dieciséis al treinta de junio del dos mil veinte, la función jurisdiccional solo se daría trámite a los escritos iniciales que se presentaren físicamente o en forma electrónica en aquellos asuntos que se califiquen como "urgentes", de conformidad con lo dispuesto en capítulo I del mismo acuerdo; modificado por el diverso 15/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio pasado. Posteriormente, entró en vigor el diverso Acuerdo General 21/2020, a través del cual se dio paso a una tercera etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional, mediante la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones; en los considerandos séptimo y noveno menciona que la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. Razón por la cual la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", por lo que permanecerían las medidas de sana distancia y reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, estableciendo una regulación especial, entre otros aspectos, con reglas específicas para el mes de agosto en cuanto a plazos para acordar y reactivar los asuntos ya radicados y presentados en dicho periodo. Por último, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que se determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020 del citado Consejo, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, a fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, esto es, a la tramitación de los escritos iniciales que se presenten físicamente o en forma electrónica en aquellos asuntos que se califiquen como "urgentes". Como se ve de los Acuerdos Generales y Circular citados, a partir del seis de mayo del año próximo pasado, se decretó la reanudación de labores o actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, únicamente para el efecto de que se diera trámite y resolución, ya sea de forma física o "mediante juicio en línea", a todos aquellos casos considerados como "urgentes", entre los que estableció se encuentran "las vinculaciones a proceso". Con base en lo anterior, si la notificación del auto de vinculación a proceso se practicó el quince de diciembre de dos mil veinte -es decir, en la audiencia de esa data-, la notificación surtió efectos el dieciséis siguiente. Por tanto, el plazo de quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda inició el diecisiete de diciembre de ese año y concluyó el ocho de enero del año en curso, siendo inhábiles los días diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis y veintisiete de diciembre de dos mil veinte, así como uno, dos y tres de enero del presente año, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de derechos fue presentada el trece de enero de dos mil veintiuno, es inconcuso que se presentó de manera extemporánea. Deviene aplicable a las consideraciones que anteceden, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Debe destacarse que no pasa inadvertida para este juzgador la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO". Sin embargo, se destaca que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 37/2020 (10a.), de título: "AMPARO INDIRECTO. LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2018 (10a.) EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO ES APLICABLE PARA DETERMINAR SI LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CUANDO SE RECLAME ALGUNA DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL.", determinó que aquélla tesis resulta inaplicable en asuntos derivados de un procedimiento penal acusatorio y oral, como en el caso acontece. Decisión Atento a las consideraciones que anteceden, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de derechos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VI. R e s u e l v e Ùnico. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ricardo Guadalupe González Castillo, respecto del acto y autoridad precisados en el apartado II, por las razones expuestas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y terceras interesadas, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de marzo de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede y del estado de los autos, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional fijada para hoy, en virtud de que no median por lo menos ocho días entre la fecha en que se emplazó a las partes terceros interesadas y la celebración de la audiencia de mérito. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las diez horas con cuarenta y dos minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes
- Ricardo Francisco Vega Galaz848/2021
- Ricardo Franco Hernández1278/2019
- Ricardo Galeana Bacilio894/2022
- Ricardo Galeana Bacilio1370/2021
- Ricardo Galeana Bacilio1112/2021
- Ricardo Garibaldi Munguía1754/2023
- Ricardo Guadalupe Montaño562/2022
- Ricardo Isaac Cáñez Méndez1601/2021
- Ricardo Javier Nido Mendoza1726/2023
- Ricardo Lizarraga López1404/2019
- Ricardo Martinez Macias311/2018
- Ricardo Mercado Simancas1262/2021