Ricardo Flores Ramírez

Expediente 1855/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1855/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2015

Partes del expediente

  • Ricardo Flores Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    En veintiséis de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciséis al veintidós de octubre del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de siete de octubre del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías en el juicio de amparo número 1855/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de siete de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Ricardo Flores Ramírez, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y otras autoridades, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Finalmente, devuélvanse al Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital el juicio especial hipotecario 93/2010 y tres cuadernillos relativos al mismo, que en su oportunidad remitió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito al determinar su incompetencia para conocer del juicio de garantías intentado por el quejoso Ricardo Flores Ramírez. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y MDIANTE OFICIO DEVUELVANSE LAS CONSTANCIAS ENUNCIADAS EN ESTE AUTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En catorce de octubre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con el folio 20074.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de octubre de dos mil quince. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Lidio Castañeda López, por el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil quince, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se le tiene por interponiendo el recurso de revisión en contra de la resolución de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo, toca de apelación civil 271/2015 y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del presente proveído, envíese este expediente al citado Órgano Colegiado, para la substanciación del indicado recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERO INTERESADA, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. *mash

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN TREINTA DES EPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, EL CUQAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "En treinta de septiembre de dos mil quince, se da cuenta al Juez con el oficio registrado con el número 19346 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto con número de orden 884/2015 y de origen 361/2015, que le fue enviado a fin de que se emplazara al juicio de garantías al tercero interesado Roberto Gustavo Méndez García, por los motivos expuestos en el acta levantada el veinticinco de septiembre del año en curso, por el Actuario Judicial adscrito a dicho Juzgado. Acúsese el recibo de estilo. En atención a lo anterior, se determina requerir al quejoso para que dentro del plazo de TRES DÍAS proporcione el domicilio actual y correcto del citado tercero interesado, para estar en condiciones de emplazarlo al presente juicio garantías, apercibido que de no hacerlo, se seguirá el procedimiento que establece el ordinal 27 de la Ley de Amparo, y se ordenará el emplazamiento de mérito por medio de edictos a su costa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo 760/2015, del que se advierte que ese Órgano Colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por Ricardo Flores Ramírez, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y otras autoridades y remite como anexos el juicio especial hipotecario 93/2010 y tres cuadernillos relativos al mismo; en consecuencia, por los motivos que expone el Tribunal declinante, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y en atención a la incompetencia planteada este órgano jurisdiccional provee lo siguiente: Vista la demanda de garantías promovida por Ricardo Flores Ramírez, contra actos del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1855/2015, que por su orden progresivo le corresponde. En tales condiciones, se provee: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado consiste en el acuerdo de trece de agosto de la presente anualidad, dictado en el juicio especial hipotecario 93/2010 en el que se señalan las nueve horas del veinticinco de septiembre de dos mil quince, a efecto de que tenga verificativo la diligencia de remate en primera almoneda, publica y al mejor postor del bien inmueble hipotecado dentro del juico de origen, así como la omisión de notificar dicho proveído al ahora quejoso. De lo apuntado en párrafos precedentes se obtiene que los actos de los que el impetrante se duele fueron dictados dentro de la etapa ejecución de sentencia, por lo que no se está en el supuesto de que se trate del último acto dictado dentro del procedimiento de ejecución, pues por última resolución -que sería en todo caso contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto-, debe entenderse aquella en la que en forma definitiva ordene la escrituración de los bienes adjudicados y la entrega física de los bienes rematados; y al respecto, debe acotarse que el auto de trece de agosto del año en curso, dictado en el juicio especial hipotecario 93/2010, así como la falta de su notificación de que se duele el impetrante, se verificaron dentro del procedimiento de ejecución de sentencia dictada dentro del referido sumario, y que el citado proveído no constituye la última resolución dictada en esa etapa; lo que significa que en el particular no se actualiza el contenido del último párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. En otras palabras, el auto de que se duele el impetrante de garantías, forma parte de un proceso de ejecución que tiene como finalidad dar cabal cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de origen, misma situación que en el particular acontece con la falta de notificación que aduce, y si tales actos forman parte de un procedimiento de ejecución pues en esa etapa se emitieron, no es sino hasta que la citada autoridad responsable, ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien materia del litigio, cuando el ahora quejoso puede impugnar las violaciones que cometan en esa fase ejecutiva entre estas la falta de notificación que refiere, junto con la última resolución que en la misma se emita. Asimismo, cabe destacar que la finalidad que persigue el legislador respecto del último párrafo de la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia se abuse de la promoción del juicio de garantías; motivo por el cual dicha instancia constitucional solamente procede cuando se trata de la última resolución en la que la autoridad responsable se pronuncia en relación al otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien materia del litigio. En relación con el tema de que se trata, conviene traer a colación -por identidad de razones- la Jurisprudencia número P./ J.32/2001, resultado de la contradicción de Tesis 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ULTIMA RESOLUCION, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la Tesis número XX. 291 K, visible en la Página 545, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo título y contenido a la letra dicen: "ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN LA FASE DE EJECUCION DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento." Lo antes expuesto, pone de manifiesto que el amparo indirecto, cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y concretamente, tratándose del procedimiento de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pues si bien es cierto el Juez natural mediante proveído de trece de agosto de dos mil quince, señaló hora y fecha a efecto de que tuviera verificativo la diligencia de remate en primera almoneda, publica y al mejor postor del bien inmueble hipotecado dentro del juico de origen, es evidente que habrá de existir un posterior acto mediante el cual la autoridad judicial ordene al demandado ejecutado la entrega del bien rematado, momento en el que se surtirá la procedencia del juicio de amparo; sin que sea óbice a lo anterior que la parte quejosa señale también como acto reclamado la omisión de notificarle el proveído de mérito. De igual forma, es dable precisar que ha sido criterio interpretativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el justificar que en tratándose de la etapa de ejecución de cualquier procedimiento judicial, el juicio de amparo no debe convertirse en un instrumento que dilate o entorpezca los procesos judiciales en dicha fase, de ahí que se ha considerado que el juicio constitucional debe proceder de modo excepcional, de ahí que se ha llegado a crear una distinción de lo que son actos "para" y "en" ejecución, así como la categoría de actos autónomos al procedimiento de ejecución que de modo irreparable afecten un derecho fundamental. La síntesis precisada encuentra origen en la interpretación de lo que era la fracción III del numeral 114 de la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que quedó establecida en los diversos criterios que de modo ejemplificativo enseguida se destacan, a saber: Jurisprudencia 1a./J. 6/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 60 del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO"; tesis de la tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1053 del tomo LIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "LIQUIDACIÓN, INCIDENTE DE, EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA EL"; tesis visible de la extinta Tercera Sala visible en la página 1956 del tomo XLIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "MEDIOS DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR UNA SENTENCIA, IMPROCEDENCIA DE LOS". Asimismo, en la Jurisprudencia número 1ª./J.29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del tomo XVIII, junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA"; tesis 2ª.VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS"; Jurisprudencias 1ª./J.28/2010 y 1ª./J.90/2011 (9ª), visibles en las página 60 del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época, y 810 del libro I, octubre de 2011, tomo 2, Décima Época, ambos tomos del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, de rubros siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUÍDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA" y "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR". Lo anterior permite robustecer la afirmación de que tratándose de actos judiciales emitidos dentro de un juicio concluido, particularmente en su fase de ejecución, el amparo sólo debe considerarse procedente de modo excepcional, sobre todo cuando el acto reclamado tienda a establecer un efecto de afectación irreparable a un derecho fundamental, buscándose colmar con ello el no entorpecimiento indebido de los procedimiento de ejecución. Lo anterior evidencia, como ya se dijo, que el juicio de amparo indirecto constituye un instrumento de revisión a la regularidad constitucional de los actos realizados en la etapa de ejecución y remate de cualquier procedimiento judicial; lo cual así se ha considerado necesario en función de que es en dicha fase procesal en la que particularmente se concreta la afectación al derecho fundamental de un gobernado que fue condenado en el correspondiente juicio de origen al cumplimiento de ciertas prestaciones. Pues bien, en la especie, ninguno de tales principios que interpretativamente se han ponderado como sustento para la procedencia del juicio de amparo contra actos judiciales emitidos dentro de la fase de ejecución -sobre todo en la del tipo de remate-, se colman si se admite la posibilidad de considerar que el juicio de amparo proceda contra un acto que no cumpla con la dupla categórica que exigió el legislador en el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en principio, porque de acuerdo a una interpretación literal tal porción normativa exige copulativamente que la última resolución deba contener dos elementos necesarios, a saber: a). La orden de escrituración de los bienes adjudicados y, b). La orden de entregar físicamente los bienes rematados. Lo anterior, al haber ocupado el redactor de dicha norma la letra "y" al mencionar los requisitos que debía cumplir el tipo de resolución última susceptible de ser impugnada en el juicio de amparo. En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, los actos que en esta instancia constitucional se reclaman no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que se concluye que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; y, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Ricardo Flores Ramírez. En otro aspecto, como lo solicita el ocursante, se le tiene por señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Calle Unión, número ciento uno (101), Interior Veinte (20), Zona Centro de esta ciudad. Una vez que quede firme la presente determinación devuélvanse al Juez responsable las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el juicio especial hipotecario 93/2010 y tres cuadernillos relativos al mismo. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. "

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